El Colegio exige que la ley electoral andaluza proteja la independencia de los periodistas, ponga fin a los bloques electorales e incorpore el criterio de estos profesionales a las decisiones de la Junta Electoral

La decana (en funciones) del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete fue la responsable de exponer ayer en el Grupo de Trabajo para la Reforma de la Ley Electoral Andaluza las propuestas que desde la institución se han elaborado, con vistas a su incorporación en el texto que finalmente se consensue en el Parlamento para regular los procesos electorales en la Comunidad Autónoma.

En su exposición, Navarrete trasladó a los representantes de los distintos grupos políticos, Ciudadanos (impulsor de la iniciativa de reforma), PODEMOS, PSOE y PP, las principales preocupaciones del colectivo y las propuestas de mejora de la vigente norma, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

La decana puso en primer lugar de manifiesto la legitimidad del Colegio para representar al colectivo conforme a lo establecido en su ley de creación y sus estatutos, “que nos atribuyen la función de garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática así como la defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos”

El Colegio, expresó la decana, tras el análisis del regulación actual y la comparada respecto a otros países de la Unión Europea, concluyó que la norma vigente y más concretamente su aplicación y uso por parte de los grupos en campaña, tanto a nivel estatal como andaluz, son contrarias a los principios establecidos por la Constitución y el propio el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Las propuestas del Colegio

La decana trasladó al Grupo de Trabajo las propuestas concretas de reforma que giran sobre la articulación de mecanismos de autorregulación internos, (como es el caso tanto del Consejo Profesional de Canal Sur TV y Canal Sur Radio, como del Consejo de RTVE en Andalucía, junto con otros instrumentos externos, como el propio Colegio Profesional de Periodistas); la eliminación de los bloques de información electoral y la inclusión del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía como órgano asesor de consulta preceptiva de la Junta Electoral; la supresión de los espacios de propaganda, por ser un foco de desprestigio para los medios públicos;  la eliminación del criterio de proporcionalidad sobre la representación parlamentaria aplicado en la distribución de los espacios, para no perpetuar a las grandes mayorías en detrimento de otras expresiones del pluralismo social; la incorporación de mecanismos y procedimientos que salvaguarden el trabajo independiente de los profesionales; y la inclusión de los debates durante los períodos electorales bajo criterios periodísticos y con respeto a la pluralidad social.

Navarrete planteó que la pregunta que deben hacerse es “si regulando en los medios de titularidad pública la presencia de las formaciones políticas que concurren a unas elecciones y estableciendo cuotas y controles sobre el trabajo de los periodistas, se incrementa el acceso a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía y se respeta el pluralismo o por el contrario son medidas que limitan estos derechos fundamentales”.

Desde el punto de vista del Colegio, existe una clara “falta de coherencia entre las llamadas a la independencia, al pluralismo, la objetividad o la neutralidad informativas de las distintas normas, con las injerencias que suponen la creación de una figura de control y supervisión externa ajena a todos estos principios en el tratamiento de una información tan crucial como es la que rodea a un proceso electoral en una sociedad democrática.”

La norma, explicó, establece quién determina el uso de los medios públicos; cómo se determina ese uso y quién controla el cumplimiento y observación de lo que está legalmente establecido… pero en ninguna de estas instancias o competencias se incorpora la figura del profesional de la información o de sus representantes, con lo que los criterios periodísticos e informativos están totalmente ausentes del tratamiento de la información electoral de interés para la ciudadanía.

“Hay un claro desequilibrio que hay que corregir” pero desde la autorregulación, protegiendo a los profesionales e incorporando órganos de asesoramiento que aporten criterios periodísticos, como puede ser el Colegio Profesional, a la Comisión o a la Junta Electoral.

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