Nota informativa del Colegio de Periodistas de Andalucía en defensa de los medios públicos de comunicación

Ante las declaraciones realizadas por diversos líderes políticos en estos días en las que se amenaza con el cierre de la Radio Televisión Pública Andaluza, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía rechazamos cualquier intento de limitar la libertad de expresión y  poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia.

La información pública es un derecho fundamental. El Colegio de Periodistas de Andalucía no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales.

La protección de los medios públicos y privados está contenida en el vigente Estatuto de Autonomía y como señala la UNESCO, los primeros “deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias”.

Nos mantendremos firmes en su defensa. Continuaremos exigiendo la participación de nuestra organización colegial en los consejos de administración de medios públicos, para garantizar la aplicación de criterios profesionales en los contenidos; convocatorias públicas de empleo; una apuesta clara por las producciones propias; por los contenidos de calidad y condiciones dignas de empleo en productoras y medios de comunicación privados. Y todo ello, para garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación.

Los medios de comunicación públicos deben regirse por criterios de pluralidad, participación, transparencia y rigor, y para ello los grupos políticos, sean cuales sean sus tendencias, han de respetar su necesaria independencia y asegurar su viabilidad como servicio público.