El CPPA recuerda el principio de publicidad de la justicia y la responsabilidad ante el Caso Gabriel

El Colegio ofrece su disposición a actuar como interlocutor en cuanto se considere necesario respecto a este asunto, tanto ante los profesionales para atender posibles incidencias en el desempeño de su labor informativa como ante aquellas circunstancias que puedan derivarse a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha trasladado a la Oficina de Comunicación del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla su preocupación ante la celebración del juicio por el “Caso Gabriel” que comenzará el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería, para el que ya se han acreditado más de 40 medios de comunicación.

En el marco del Protocolo de colaboración firmado entre el TSJA, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Colegio, el CPPA insta al Tribunal a garantizar el acceso igualitario de todos los medios informativos, procurando unas condiciones de trabajo adecuadas y que tengan en cuenta las necesidades de los distintos soportes. La Oficina ha confirmado que la Audiencia Provincial dispondrá de una sala destinada a los periodistas con señal institucional y que, aunque esta instancia no cuenta con responsable de prensa propio, será la Oficina quien gestione in situ las relaciones con los medios mientras dure el proceso. De hecho, ya se han dispuesto distintos canales de comunicación directa entre la Oficina y los periodistas acreditados, que recibirán una guía informativa del mismo explicando sus pormenores.

A pesar de que en nuestro país no existe una regulación clara y expresa sobre la condiciones de grabación en el interior de los recintos judiciales, el Colegio recuerda que el Consejo General del Poder Judicial actualizó en 2018 su propio Protocolo de Comunicación de la Justicia, en el que se establece que “las Oficinas de Comunicación facilitarán a los periodistas información sobre los asuntos que hayan despertado interés” esto es aquellos que hayan despertado “la atención de los medios de comunicación por las personas que intervienen, el objeto del proceso, la relevancia del hecho objeto del procedimiento, la relevancia jurídica de las resoluciones dictadas y/o las normas jurídicas aplicadas, la previa existencia de informaciones periodísticas sobre el mismo, incluso en su fase policial, o se considere que es de interés para la ciudadanía.”. El documento marca además las pautas tanto para las fases de instrucción como para la de vista oral, estableciendo los datos que deben ser facilitados a los periodistas, las relaciones entre el tribunal y los profesionales y las condiciones necesarias para que la función informativa pueda desarrollarse con normalidad. Así por ejemplo indica que se establecerá “un perímetro lógico donde puedan estar los periodistas para tomar imágenes sin dificultad ni obstáculos intermedios que impidan su grabación”; se facilitará ´”un espacio donde se puedan grabar declaraciones de cualquiera de las partes y delimitar un lugar donde los periodistas puedan realizar sus crónicas en directo” y se procurará “mantener abierto un espacio o facilitar un lugar en el que los medios de comunicación puedan trabajar fuera del horario de audiencia”, entre otras recomendaciones.

Igualmente, la Oficina del CGPJ, en referencia a la fase de juicio oral, señala que “no existe ninguna restricción de acceso a la vista y a la información, excepto las que marca la ley en el caso, por ejemplo, de menores o víctimas de violencia de género”, recordando que será necesario buscar siempre la conciliación entre el derecho a la información con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las partes que intervienen en el proceso.

En todo caso, tal y como acordaron en su día las tres instituciones, el Colegio hace una llamada a la responsabilidad de todas las partes para garantizar la buena cobertura del proceso y su traslado a la ciudadanía, poniendo igualmente a disposición de los profesionales de la información las pautas establecidas en el Código Deontológico y en la Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales así como el informe específico que el Consejo Audiovisual de Andalucía elaboró sobre la cobertura del caso en su día.

El Colegio ofrece además su disposición a actuar como interlocutor en cuanto se considere necesario respecto a este asunto, tanto para atender posibles incidencias que se detecten por los profesionales en el desempeño de su trabajo como aquellas que puedan derivarse a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio.