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Jornadas sobre Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales

La celebración de las  elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre y los acontecimientos políticos que han estado en el origen de esta convocatoria electoral han colocado en el centro del debate social la cuestión de la imparcialidad de los medios públicos de comunicación. Al mismo tiempo, en el Parlamento de Andalucía continúan los trabajos de la comisión encargada de la reforma de la ley electoral de Andalucía, en la que han participado diversas organizaciones  profesionales  de periodistas, entre ellas el Colegio, que han coincidido en la necesidad de actualizar la regulación de la información política que transmiten los medios públicos de comunicación durante los períodos electorales.

Todos elementos han sido argumentos suficientes para que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto con el Grupo de Investigación sobre Información Electoral de la Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces organicen una Jornada sobre “Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales“, que tendrá lugar el próximo lunes, 11 de diciembre, en el salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Y es que uno de los principales retos a afrontar en esta materia y al que se enfrentan periodistas, responsables de medios y legisladores es el de aunar la independencia e imparcialidad de los medios públicos de comunicación durante los procesos electorales con las necesidades informativas de la sociedad.

En la actualidad, la normativa que rige la cobertura informativa durante los periodos electorales impone un sistema de bloques informativos predeterminados, establecidos en relación a los resultados obtenidos por cada fuerza política en la legislatura anterior; pero este criterio se puso en duda cuando en las últimas elecciones confluyeron nuevas candidaturas que no contaban aún con representación parlamentaria. Los profesionales exigen que la ley otorgue mayor peso a los criterios informativos y periodísticos, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada; y ello, aún siendo evidente que son necesarios mecanismos de revisión y control que aseguren la imparcialidad en la aplicación de estos criterios. Al mismo tiempo, la ausencia de regulación específica sobre cuestiones como los debates electorales, su obligatoriedad o no y su formato, provocan una conflictividad a todas luces excesiva que debería evitarse desarrollando el mandato expreso del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Estas jornadas se plantean como un espacio en el que intercambiar opiniones sobre la materia por parte de los distintos actores implicados; de una parte, los distintos grupos políticos que tendrán ocasión de exponer sus posturas respecto a la cuestión y de otra, académicos, juristas, periodistas y jueces que podrán manifestar sus argumentos respectos a las diferentes circunstancias que serán objeto de debate. El objetivo es unificar criterios que ayuden a armonizar una cuestión en la que deben hacerse valer muchos intereses, pero por encima de todo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, también durante los períodos electorales.

Igualmente, en esta jornada no se ha querido olvidar una realidad que escapa a la actual regulación y normalización como es la de la influencia consolidada de internet en la opinión pública y sus diferentes accesos a la información electoral (actos y mítines, y debates), así como el seguimiento de contenidos aparentemente informativos. ¿Qué hay de cierto en un fenómeno inquietante: сочетание (la “combinación”), o el conjunto de instrumentos de la guerra de la información que aúna ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, y propaganda?. ¿Ha existido en los últimos meses en Cataluña? ¿Con qué actores y objetivos?

Para abordar todos estos temas se ha diseñado un intenso programa, de una mañana de duración, cuyo acceso es gratuito y sin plazas limitadas.

Programa de las Jornadas

  • 9:30 horas Inauguración.
    • María del Mar Ramírez, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
    • Eva B. Navarrete, Decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
    • Joaquín Urías, director del Grupo de investigación sobre información electoral de la Universidad de Sevilla
    • Centro de Estudios Andaluces (CENTRA)
  • 9:45 Mesa redonda “La regulación de la información y los debates electorales”
    • Ángeles Ferriz, representante del Grupo Parlamentario Socialista.
    • Guillermo García de Longoria, representante del Grupo Parlamentario Popular.
    • Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, representante del Grupo parlamentario Podemos.
    • Julio José Díaz Robledo, representante del grupo parlamentario Ciudadanos.
    • Inmaculada Nieto, representante del grupo parlamentario Izquierda Unida.
  • 11:15 Pausa
  • 11:30 Mesa redonda “Posibilidades de desarrollo de la libertad de información y los debates electorales”
    • Salvador Contreras, Letrado del Servicio Jurídico de la RTVA .
    • Joaquín Urías, profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Sevilla
    • M. Ángel Puche, periodista.
    • Francisco Collado, profesor de Ciencias Políticas.
  • 13:00 Conferencia de clausura “Elecciones, internet y ciberseguridad: información verus desinformación”. A cargo de Jorge Coronado, CEO de QuantiKa14 y vocal de APTAN.

 

El Colegio exige que la ley electoral andaluza proteja la independencia de los periodistas, ponga fin a los bloques electorales e incorpore el criterio de estos profesionales a las decisiones de la Junta Electoral

La decana (en funciones) del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete fue la responsable de exponer ayer en el Grupo de Trabajo para la Reforma de la Ley Electoral Andaluza las propuestas que desde la institución se han elaborado, con vistas a su incorporación en el texto que finalmente se consensue en el Parlamento para regular los procesos electorales en la Comunidad Autónoma.

En su exposición, Navarrete trasladó a los representantes de los distintos grupos políticos, Ciudadanos (impulsor de la iniciativa de reforma), PODEMOS, PSOE y PP, las principales preocupaciones del colectivo y las propuestas de mejora de la vigente norma, la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

La decana puso en primer lugar de manifiesto la legitimidad del Colegio para representar al colectivo conforme a lo establecido en su ley de creación y sus estatutos, “que nos atribuyen la función de garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática así como la defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos”

El Colegio, expresó la decana, tras el análisis del regulación actual y la comparada respecto a otros países de la Unión Europea, concluyó que la norma vigente y más concretamente su aplicación y uso por parte de los grupos en campaña, tanto a nivel estatal como andaluz, son contrarias a los principios establecidos por la Constitución y el propio el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Las propuestas del Colegio

La decana trasladó al Grupo de Trabajo las propuestas concretas de reforma que giran sobre la articulación de mecanismos de autorregulación internos, (como es el caso tanto del Consejo Profesional de Canal Sur TV y Canal Sur Radio, como del Consejo de RTVE en Andalucía, junto con otros instrumentos externos, como el propio Colegio Profesional de Periodistas); la eliminación de los bloques de información electoral y la inclusión del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía como órgano asesor de consulta preceptiva de la Junta Electoral; la supresión de los espacios de propaganda, por ser un foco de desprestigio para los medios públicos;  la eliminación del criterio de proporcionalidad sobre la representación parlamentaria aplicado en la distribución de los espacios, para no perpetuar a las grandes mayorías en detrimento de otras expresiones del pluralismo social; la incorporación de mecanismos y procedimientos que salvaguarden el trabajo independiente de los profesionales; y la inclusión de los debates durante los períodos electorales bajo criterios periodísticos y con respeto a la pluralidad social.

Navarrete planteó que la pregunta que deben hacerse es “si regulando en los medios de titularidad pública la presencia de las formaciones políticas que concurren a unas elecciones y estableciendo cuotas y controles sobre el trabajo de los periodistas, se incrementa el acceso a la información y la libertad de expresión de la ciudadanía y se respeta el pluralismo o por el contrario son medidas que limitan estos derechos fundamentales”.

Desde el punto de vista del Colegio, existe una clara “falta de coherencia entre las llamadas a la independencia, al pluralismo, la objetividad o la neutralidad informativas de las distintas normas, con las injerencias que suponen la creación de una figura de control y supervisión externa ajena a todos estos principios en el tratamiento de una información tan crucial como es la que rodea a un proceso electoral en una sociedad democrática.”

La norma, explicó, establece quién determina el uso de los medios públicos; cómo se determina ese uso y quién controla el cumplimiento y observación de lo que está legalmente establecido… pero en ninguna de estas instancias o competencias se incorpora la figura del profesional de la información o de sus representantes, con lo que los criterios periodísticos e informativos están totalmente ausentes del tratamiento de la información electoral de interés para la ciudadanía.

“Hay un claro desequilibrio que hay que corregir” pero desde la autorregulación, protegiendo a los profesionales e incorporando órganos de asesoramiento que aporten criterios periodísticos, como puede ser el Colegio Profesional, a la Comisión o a la Junta Electoral.

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