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El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que actúe ante los despidos en las cabeceras de Joly

El órgano colegial trasladará la situación a la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía para que revise los contratos de publicidad en relación a los medios que han despedido profesionales desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Gobierno.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía expresa su más rotundo rechazo a los despidos planteados esta semana por el Grupo Joly y que afectarán a una veintena de personas en diversos puntos de la comunidad autónoma. Según la información que ha podido recabar la organización colegial, los últimos despidos afectan a empleados y empleadas de las provincias de Cádiz (Campo de Gibraltar) y Córdoba; en su mayoría periodistas pero también personal de las áreas comerciales, de administración y otras categorías profesionales. Este verano, la misma empresa ya anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Los últimos que hemos conocido, no hacen sino sumar a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando el grupo en los últimos años.

Para el Colegio de Periodistas de Andalucía, está claro que esta empresa está “desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos”, aunque el caso que hoy nos ocupa no es el único. El goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación es incesante desde que comenzó la crisis económica. “Informamos sobre manifestaciones laborales a diario, mientras las nuestras no ocupan ni una línea en ningún periódico”. Por ese motivo, la organización profesional cree que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una “campaña de vigilancia” para “evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces”.

“Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas -continúa el CPPA-; hablamos de empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios”. En 2017, la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía ha adjudicado dos contratos para “Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación” de esta Consejería, por valor de más de tres millones de euros (3.305.785,12 €) de los cuales, es probable, que parte se invierta en empresas del Grupo Joly u otras que durante este ejercicio hayan llevado a cabo despidos o reestructuraciones de plantilla. Por ello, reclama el Colegio, “las administraciones no pueden seguir indiferentes ante el despido de miles de personas” y recuerda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2016, y que se resume en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía“.

En esta Guía, se hace referencia expresa a criterios destinados a garantizar la estabilidad laboral en los contrataciones de las empresas adjudicatarias de ayudas, subvenciones o contratos por parte de la Junta de Andalucía, al respeto a los derechos de los trabajadores o a que las empresas con plantilla superior a los 250 empleados cuenten con plan de igualdad. En marzo de este año, se ha constituido la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

El CPPA pondrá el asunto en conocimiento de esta Comisión para que “estén vigilantes con  estas situaciones de manera que se tomen las medidas más adecuadas y destinadas a garantizar una mayor estabilidad en el sector”  explica el Colegio de Periodistas. Al mismo tiempo, expresa su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por estos despidos y expresa su disposición a los colegiados y colegiadas para apoyarles en cuanto precisen.

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar también se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores afectados en el territorio, a  través de un comunicado.

No al silencio

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE CATALUÑA, GALICIA, MURCIA, ANDALUCÍA, PAÍS VASCO, RIOJA, CASTILLA Y LEÓN, NAVARRA Y ASTURIAS TRAS LOS ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO

Este pasado 15 de mayo, asesinaron al periodista mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y reportero del semanario RíoDoce. Lo tirotearon en Culiacán (Sinaloa) a plena luz del día. Valdez era uno de los veteranos en la cobertura de temas de violencia y narcotráfico. Su libro Narcoperiodismo es ya una obra de referencia sobre el tema.

Valdez ha sido el sexto en lo que va de año.

En marzo asesinaron a otros tres periodistas a balazos en México: Cecilio Pineda, en Guerrero, Ricardo Monlui, en Veracruz, y Miroslava Breach, en Chihuahua. El 14 de abril ajusticiaron a Maximino Rodríguez, en la ciudad de La Paz, y el 2 de mayo, a Filiberto Álvarez, cronista de Morelos. El mismo día 15 de este mes, solo horas después del asesinato de Valdez, tirotearon en Jalisco a la subdirectora comercial del semanario El Costeño y esposa de su propietario, Sonia Córdova, y a su hijo, Jonathan Rodríguez Córdova, que murió en el acto. A f finales de marzo, dejaron malherido a balazos a Julio Omar Gómez y mataron a su guardaespaldas en el Distrito Federal, y el mismo mes, el periodista Armando Arrieta recibió un tiro en Veracruz.

En 2016, México se convirtió en el tercer país del mundo con más comunicadores asesinados, 11, solo superado por Irak (15) y Afganistán (13), según datos de la Federación Internacional de Periodistas. La violencia contra los informadores en México es un crimen que nos afecta a todos. Denunciar la impunidad que la ampara es una responsabilidad ineludible. Los Colegios Profesionales de Periodistas, como representantes legales de la profesión, condenamos rotundamente esta situación y exigimos a las autoridades mexicanas que actúen para ponerle freno.

Asesinar al periodista no mata la verdad. El pasado 25 de marzo, tras el asesinato de su colega Miroslava Breach, Javier Valdez escribía en tuiter: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.” Junto a Valdez, nosotros también queremos gritar: NO AL SILENCIO.

Colegios Profesionales de Periodistas de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Rioja, Castilla y León, Navarra y Asturias.

Descarga el PDF del comunicado.

El Colegio de Periodistas de Andalucía desbloquea la situación de los periodistas que imparten docencia de lengua en centros concertados de Andalucía

La decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete ha mantenido hoy una nueva reunión con el secretario general de Educación y Formación Profesional de la consejería de Educación, Manuel Alcaide, para avanzar en el desbloqueo de la situación que afecta a los periodistas, con titulación universitaria en Periodismo, que imparten clases de lengua y literatura e idioma extranjero (con la preceptiva acreditación), en centros concertados y privados en Andalucía. En dicha reunión, se ha expresado por parte de los responsables de Educación un mensaje de tranquilidad hacia todos aquellos profesionales que venían impartiendo estas asignaturas desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor del decreto de 2015, en los niveles de ESO y Bachillerato, puesto que su actividad está amparada jurídicamente y por tanto no existen obstáculos para que continúen haciéndolo.

Cuestión distinta es la perspectiva que con la normativa básica estatal del año 2015 se plantea, pues según la interpretación de la misma, sólo quienes cuenten con una titulación universitaria de la rama de Artes y Humanidades podrían impartir estas clases. En este sentido, y a fin de garantizar también una oportunidad de empleo a los egresados que quieran desarrollar esta faceta, –realizando el MAES específico y con la correspondiente certificación de idiomas en su caso–, el Colegio de Periodistas de Andalucía junta con los demás colegios profesionales, van a dirigir una petición al Ministerio de Educación, apoyada por la propia Consejería de Educación, para que se modifique el Real Decreto que regula esta docencia, toda vez que todas las  partes coinciden en la idoneidad de esta actuación.

El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.

La derogación de la Ley Mordaza se debate hoy en el Congreso

A propuesta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana hoy se debate en la Comisión de Interior del Congreso la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, y que desde antes incluso de su aprobación generó gran polémica especialmente entre el colectivo de periodistas. Como ya manifestamos en su momento, algunos de los artículos contenidos en la norma atentan gravemente contra las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía y, de manera muy especial, contra la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio del periodismo.

Según se recoge en la proposición no de ley, “la aprobación de la Ley Mordaza supuso una vuelta de tuerca más en la represión política y en el asentamiento de un Estado policial en detrimento del Estado de Derecho”. Tal y como se recoge en la vigente Ley, “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación”, se atenta contra lo expresado en el artículo 20 de la Constitución española que “reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Casi un año después de su entrada en vigor, son ya varios los casos de periodistas que se han visto negativamente afectados por esta Ley durante el desempeño de su labor, como puede leerse en el balance publicado el pasado mes de junio por Reporteros sin Fronteras en su página web donde se recogen los testimonios de casos reales como el del periodista Axier López, el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza”.

Confiamos en que esta proposición prospere y podamos avanzar en la recuperación de garantías para el libre ejercicio de la profesión.

Eventos

No al silencio. Concentración contra los asesinatos de periodistas en México.

Con motivo de los recientes asesinatos de periodistas  que han tenido lugar en México, distintos medios de comunicación han convocado una concentración de repulsa y condena, ante la Embajada de este país, en Madrid, para exigir que paren los asesinatos contra estos profesionales.