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Presentada la Red de Colegios Profesionales de Periodistas

Los nueve Colegios Profesionales de Periodistas que actualmente existen en España han firmado en Madrid el acta de constitución de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, cuyo objetivo es coordinar las actuaciones en defensa de la profesión hasta la constitución del Consejo General de Colegios de Periodistas.

Tras la presentación de dicha Red, representantes de los colegios de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Navarra han mantenido una primera reunión de trabajo para fijar los objetivos a corto y medio plazo. En este sentido, los decanos y vicedecanos de dichos Colegios se reunieron el miércoles con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y con portavoces de los grupos políticos PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos para exigirles que realicen los trámites necesarios para que se promulgue la ley al amparo de la cual se cree el Consejo General de Colegios de Periodistas.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas permitirá a los más de 7.000 colegiados beneficiarse de todas las iniciativas formativas y de cualquier otro tipo impulsadas desde cualquier Colegio de la Red. Asimismo, se convertirá en el interlocutor oficial con las instituciones públicas a la hora de defender los derechos de los profesionales de la comunicación y denunciar, en los casos en que se pertinente, la vulneración de estos.

Una de las primeras novedades será la creación de un carné conjunto de todos los Colegios de Periodistas, lo que supone el primer paso para el establecimiento de un registro unificado de la profesión. Además, se comenzará a trabajar en otro tipo de proyectos que tengan como principal objetivo la exigencia de la titulación para el ejercicio profesional, luchar contra la precariedad laboral y el intrusismo, dos de los principales males que aquejan en la actualidad a los profesionales de periodismo y de comunicación audiovisual.

Los Colegios de Periodistas demandan en el Congreso que la titulación sea obligatoria para el ejercicio de la profesión

Solicitan la promulgación del ‘Estatuto del Periodista’, para poner fin al intrusismo y proteger el derecho fundamental de información frente a la proliferación de noticias falsas y de portales digitales que se revisten de la apariencia de medios de comunicación sin serlo.

Exigen a su vez la promulgación urgente de la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas, como órgano superior de representación de la profesión y defensa de las obligaciones deontológicas.

Los Colegios Profesionales de Periodistas de España han solicitado hoy en el Congreso de los Diputados que se ponga fin a la actual desregulación del sector, mediante la promulgación del ‘Estatuto del Periodista’, una norma que devuelva la obligatoriedad de disponer de la correspondiente titulación para el ejercicio profesional del periodismo, expedida por cualquiera de las Facultades de Periodismo y Comunicación Audiovisual existentes en España.

Los Colegios de Periodistas reclaman que se ponga fin al intrusismo, como primer paso para proteger el derecho fundamental de información de la ciudadanía, hoy  atacado por la proliferación de noticias falsas y de portales digitales que se revisten de la apariencia de medios de comunicación sin serlo, confundiendo deliberadamente a la sociedad, ya que en ellos cualquier atisbo de periodismo brilla por su ausencia.

Han exigido a su vez la urgente promulgación de la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas, tal y como dispone con carácter imperativo la vigente legislación en materia de Colegios Profesionales. Los Colegios confían en que esta norma pueda ser tramitada como proposición de Ley por parte del legislativo, poniendo fin al inexplicable bloqueo que ha dado pie a situaciones tan injustas como la creación de Consejos Generales de otras profesiones cuyos Colegios nacieron después que los Colegios de Periodistas, mientras la profesión periodística sigue esperando.

Derechos de autor, Ley Mordaza y RTVE

La necesidad de reformar la Ley de Propiedad Intelectual, para que los derechos de autor de los periodistas queden expresamente recogidos en ella; la derogación de los artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana (‘Ley Mordaza’) que limitan derechos sin crear mayor seguridad; la petición del concurso para que la renovación del Consejo de Administración de RTVE se lleve a cabo con la mayor celeridad, han sido otros de los asuntos abordados por los Colegios de Periodistas tanto con la presidenta del Congreso, como con los Grupos Parlamentarios.

En el mismo sentido, los Colegios reclaman otros cambios que permitirían mejoras notables para los profesionales y abrirían nuevas oportunidades de empleo tanto en el sector público, mediante la creación de puestos específicos de técnicos de comunicación en las administraciones públicas; como en el privado, permitiendo el acceso a la docencia en los distintos niveles educativos, realizando cambios en la clasificación de actividades económicas para otorgar mayor identidad a las distintas facetas profesionales así como en el tratamiento del IVA, que afecta especialmente a las trabajadoras y trabajadores autónomos.

Las anteriores demandas han sido formuladas de manera unánime por todos los Colegios de Periodistas existentes en España y que actualmente son los de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Navarra. La Ley de Creación del Colegio de Periodistas de Aragón ya ha sido promulgada y están en trámite las de los Colegios de Cantabria y Canarias.

Las directivas de estos Colegios han sido recibidas por la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor y han mantenido después reuniones de trabajo con la Comisión de Educación y Deporte y con los portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios de la Cámara Baja. Por parte del Colegio andaluz, han acudido al encuentro la decana, Eva B. Navarrete y el secretario general, José A. Barrera.

El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia el “chantaje” del ayuntamiento de Almonte a los trabajadores de la televisión municipal

La corporación local supedita el pago de las nóminas al visto bueno de los contenidos que se emitan, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atentando contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar.

El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado a la dirección de DOCOSA, empresa que gestiona la televisión municipal de esta localidad onubense, el plan de pagos a emitir por la tesorería municipal durante este 2018; una información relevante para los trabajadores y trabajadoras que a finales de 2017 sufrieron retrasos en el cobro de sus nóminas y vieron peligrar sus puestos de trabajo.

En nota publicada en la web del Ayuntamiento, “En 2018, Docosa tendrá que destinar obligatoriamente sus fondos públicos al pago de las nóminas de los trabajadores y al gasto de funcionamiento de la televisión”. Sin embargo, el documento firmado por la titular del Ayuntamiento, la alcaldesa Rocío Espinosa de la Torre, incluye una serie de cláusulas y condiciones para liberar el pago de las cantidades consignadas para la televisión, es decir, para el pago de las nóminas, que afectan de lleno a las garantías de independencia y pluralismo que deben regir el funcionamiento de una televisión pública municipal.

Concretamente, el documento detalla aquellas condiciones que determinarán el pago de las cantidades dedicada, entre otros conceptos, al pago de las nóminas: “publicación de las convocatorias y notas de prensa emitidas por otras entidades relacionadas con el municipio; grabación y emisión de las convocatorias anteriormente referidas; promoción de acciones y actividades que partan de estas entidades, cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del ayuntamiento; emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, con el visto bueno del ayuntamiento; retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, con el visto bueno del ayuntamiento”.

De hecho, la propia alcaldesa, en declaraciones a la televisión municipal tras reunión de Junta de Gobierno, manifiesta que “a partir de este momento, sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos”.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideramos que estas condiciones y la evidente injerencia del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. A lo largo de su articulado, el texto autonómico establece que “Los poderes públicos de Andalucía velarán, … por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural”  (artículo 207) ; e igualmente recoge que “Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales”; y en el mismo sentido se establece en el artículo 211 que “Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad”.

Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal, filtre y decida en cada caso.

El Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones las de “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática” y “La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago preservando así los derechos de la ciudadanía a través de un periodismo independiente.

El CPPA recuerda a los trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Deontología y Garantías a través de la presentación de su queja y al Ayuntamiento que puede acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía si considera que existe un uso partidista o inadecuado de la televisión municipal, como ha denunciado.

El documento está publicado en el perfil y la página de Doñana Comunicación en Facebook.

Comunicado sobre las declaraciones del alcalde de Lecrín y la “puja para bailar con mujeres”

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) apela “una vez más” al “respeto hacia los periodistas en el ejercicio de su labor informativa”. En esta ocasión, la reivindicación se produce a colación de unas declaraciones del alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, quien ha arremetido contra los periodistas en un intento de justificar su deseo de recuperar el baile de los inocentes, una tradición “a todas luces desfasada”, manifiesta el CPPA.

Las declaraciones de Ramírez a las que hace referencia el CPPA han sido recogidas por TG7, la radio televisión municipal de Granada. En ellas, el primer edil, además de expresar sus argumentos y justificar su actuación, ha descargado la responsabilidad en los periodistas que cubrieron la información, acusándolos de “analfabetos”, por “no saber discernir lo que es una puja y lo que es una subasta”, insinuando en sus declaraciones que sus palabras se habían tergiversado o malinterpretado.

El CPPA defiende la labor realizada por los equipos informativos de TG7 y el resto de medios que se hicieron eco del festejo, anunciado en rueda de prensa. La difusión del evento provocó la reacción de distintas formaciones políticas, suscitó una gran polémica y tuvo gran repercusión a nivel nacional y, en última instancia, ha supuesto que la Diputación de Granada pidiera su suspensión. “Los periodistas han cumplido con su deber de informar a la ciudadanía y han recogido con rigor los hechos”, manifiesta el CPPA. Sin embargo, “nos encontramos ante un nuevo caso de quienes ante un tratamiento informativo que no es conforme a sus intereses o simplemente no les gusta optan por insultar a los periodistas, en lugar de utilizar cauces más apropiados y civilizados para manifestar su desacuerdo con la labor del profesional”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía invita a la ciudadanía y a quienes ostentan un cargo público a “abordar estas situaciones de disconformidad con el tratamiento periodístico de los hechos, mediante los cauces habilitados para ello, a través del propio Colegio o de su Comisión de Deontología y Garantías”, pero “evitando el enfrentamiento o cualquier otra fórmula de descrédito hacia el profesional”.

La Comisión de Deontología y Garantías del CPPA es un órgano colegiado que tiene entre sus funciones atender “tanto las quejas de las personas que tengan un interés directo en prácticas informativas que considere lesiva de sus derechos, como las de los profesionales que pudieran ver condicionada su independencia y su compromiso con la ciudadanía a contarle la verdad de manera completa y honesta”, segçun recoge su reglamento.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público destinada a defender el derecho constitucional a la información de la ciudadanía así como los requisitos profesionales de los periodistas y comunicadores audiovisuales que ejercen su labor. El presidente de la Demarcación Territorial del CPPA en Granada es José Antonio Barrionuevo Ortiz.

Jornadas sobre Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales

La celebración de las  elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre y los acontecimientos políticos que han estado en el origen de esta convocatoria electoral han colocado en el centro del debate social la cuestión de la imparcialidad de los medios públicos de comunicación. Al mismo tiempo, en el Parlamento de Andalucía continúan los trabajos de la comisión encargada de la reforma de la ley electoral de Andalucía, en la que han participado diversas organizaciones  profesionales  de periodistas, entre ellas el Colegio, que han coincidido en la necesidad de actualizar la regulación de la información política que transmiten los medios públicos de comunicación durante los períodos electorales.

Todos elementos han sido argumentos suficientes para que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto con el Grupo de Investigación sobre Información Electoral de la Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces organicen una Jornada sobre “Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales“, que tendrá lugar el próximo lunes, 11 de diciembre, en el salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Y es que uno de los principales retos a afrontar en esta materia y al que se enfrentan periodistas, responsables de medios y legisladores es el de aunar la independencia e imparcialidad de los medios públicos de comunicación durante los procesos electorales con las necesidades informativas de la sociedad.

En la actualidad, la normativa que rige la cobertura informativa durante los periodos electorales impone un sistema de bloques informativos predeterminados, establecidos en relación a los resultados obtenidos por cada fuerza política en la legislatura anterior; pero este criterio se puso en duda cuando en las últimas elecciones confluyeron nuevas candidaturas que no contaban aún con representación parlamentaria. Los profesionales exigen que la ley otorgue mayor peso a los criterios informativos y periodísticos, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada; y ello, aún siendo evidente que son necesarios mecanismos de revisión y control que aseguren la imparcialidad en la aplicación de estos criterios. Al mismo tiempo, la ausencia de regulación específica sobre cuestiones como los debates electorales, su obligatoriedad o no y su formato, provocan una conflictividad a todas luces excesiva que debería evitarse desarrollando el mandato expreso del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Estas jornadas se plantean como un espacio en el que intercambiar opiniones sobre la materia por parte de los distintos actores implicados; de una parte, los distintos grupos políticos que tendrán ocasión de exponer sus posturas respecto a la cuestión y de otra, académicos, juristas, periodistas y jueces que podrán manifestar sus argumentos respectos a las diferentes circunstancias que serán objeto de debate. El objetivo es unificar criterios que ayuden a armonizar una cuestión en la que deben hacerse valer muchos intereses, pero por encima de todo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, también durante los períodos electorales.

Igualmente, en esta jornada no se ha querido olvidar una realidad que escapa a la actual regulación y normalización como es la de la influencia consolidada de internet en la opinión pública y sus diferentes accesos a la información electoral (actos y mítines, y debates), así como el seguimiento de contenidos aparentemente informativos. ¿Qué hay de cierto en un fenómeno inquietante: сочетание (la “combinación”), o el conjunto de instrumentos de la guerra de la información que aúna ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, y propaganda?. ¿Ha existido en los últimos meses en Cataluña? ¿Con qué actores y objetivos?

Para abordar todos estos temas se ha diseñado un intenso programa, de una mañana de duración, cuyo acceso es gratuito y sin plazas limitadas.

Programa de las Jornadas

  • 9:30 horas Inauguración.
    • María del Mar Ramírez, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
    • Eva B. Navarrete, Decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
    • Joaquín Urías, director del Grupo de investigación sobre información electoral de la Universidad de Sevilla
    • Centro de Estudios Andaluces (CENTRA)
  • 9:45 Mesa redonda “La regulación de la información y los debates electorales”
    • Ángeles Ferriz, representante del Grupo Parlamentario Socialista.
    • Guillermo García de Longoria, representante del Grupo Parlamentario Popular.
    • Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, representante del Grupo parlamentario Podemos.
    • Julio José Díaz Robledo, representante del grupo parlamentario Ciudadanos.
    • Inmaculada Nieto, representante del grupo parlamentario Izquierda Unida.
  • 11:15 Pausa
  • 11:30 Mesa redonda “Posibilidades de desarrollo de la libertad de información y los debates electorales”
    • Salvador Contreras, Letrado del Servicio Jurídico de la RTVA .
    • Joaquín Urías, profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Sevilla
    • M. Ángel Puche, periodista.
    • Francisco Collado, profesor de Ciencias Políticas.
  • 13:00 Conferencia de clausura “Elecciones, internet y ciberseguridad: información verus desinformación”. A cargo de Jorge Coronado, CEO de QuantiKa14 y vocal de APTAN.