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El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia el “chantaje” del ayuntamiento de Almonte a los trabajadores de la televisión municipal

La corporación local supedita el pago de las nóminas al visto bueno de los contenidos que se emitan, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atentando contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar.

El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado a la dirección de DOCOSA, empresa que gestiona la televisión municipal de esta localidad onubense, el plan de pagos a emitir por la tesorería municipal durante este 2018; una información relevante para los trabajadores y trabajadoras que a finales de 2017 sufrieron retrasos en el cobro de sus nóminas y vieron peligrar sus puestos de trabajo.

En nota publicada en la web del Ayuntamiento, “En 2018, Docosa tendrá que destinar obligatoriamente sus fondos públicos al pago de las nóminas de los trabajadores y al gasto de funcionamiento de la televisión”. Sin embargo, el documento firmado por la titular del Ayuntamiento, la alcaldesa Rocío Espinosa de la Torre, incluye una serie de cláusulas y condiciones para liberar el pago de las cantidades consignadas para la televisión, es decir, para el pago de las nóminas, que afectan de lleno a las garantías de independencia y pluralismo que deben regir el funcionamiento de una televisión pública municipal.

Concretamente, el documento detalla aquellas condiciones que determinarán el pago de las cantidades dedicada, entre otros conceptos, al pago de las nóminas: “publicación de las convocatorias y notas de prensa emitidas por otras entidades relacionadas con el municipio; grabación y emisión de las convocatorias anteriormente referidas; promoción de acciones y actividades que partan de estas entidades, cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del ayuntamiento; emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, con el visto bueno del ayuntamiento; retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, con el visto bueno del ayuntamiento”.

De hecho, la propia alcaldesa, en declaraciones a la televisión municipal tras reunión de Junta de Gobierno, manifiesta que “a partir de este momento, sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos”.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideramos que estas condiciones y la evidente injerencia del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. A lo largo de su articulado, el texto autonómico establece que “Los poderes públicos de Andalucía velarán, … por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural”  (artículo 207) ; e igualmente recoge que “Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales”; y en el mismo sentido se establece en el artículo 211 que “Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad”.

Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal, filtre y decida en cada caso.

El Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones las de “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática” y “La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago preservando así los derechos de la ciudadanía a través de un periodismo independiente.

El CPPA recuerda a los trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Deontología y Garantías a través de la presentación de su queja y al Ayuntamiento que puede acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía si considera que existe un uso partidista o inadecuado de la televisión municipal, como ha denunciado.

El documento está publicado en el perfil y la página de Doñana Comunicación en Facebook.

Comunicado sobre las declaraciones del alcalde de Lecrín y la “puja para bailar con mujeres”

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) apela “una vez más” al “respeto hacia los periodistas en el ejercicio de su labor informativa”. En esta ocasión, la reivindicación se produce a colación de unas declaraciones del alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, quien ha arremetido contra los periodistas en un intento de justificar su deseo de recuperar el baile de los inocentes, una tradición “a todas luces desfasada”, manifiesta el CPPA.

Las declaraciones de Ramírez a las que hace referencia el CPPA han sido recogidas por TG7, la radio televisión municipal de Granada. En ellas, el primer edil, además de expresar sus argumentos y justificar su actuación, ha descargado la responsabilidad en los periodistas que cubrieron la información, acusándolos de “analfabetos”, por “no saber discernir lo que es una puja y lo que es una subasta”, insinuando en sus declaraciones que sus palabras se habían tergiversado o malinterpretado.

El CPPA defiende la labor realizada por los equipos informativos de TG7 y el resto de medios que se hicieron eco del festejo, anunciado en rueda de prensa. La difusión del evento provocó la reacción de distintas formaciones políticas, suscitó una gran polémica y tuvo gran repercusión a nivel nacional y, en última instancia, ha supuesto que la Diputación de Granada pidiera su suspensión. “Los periodistas han cumplido con su deber de informar a la ciudadanía y han recogido con rigor los hechos”, manifiesta el CPPA. Sin embargo, “nos encontramos ante un nuevo caso de quienes ante un tratamiento informativo que no es conforme a sus intereses o simplemente no les gusta optan por insultar a los periodistas, en lugar de utilizar cauces más apropiados y civilizados para manifestar su desacuerdo con la labor del profesional”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía invita a la ciudadanía y a quienes ostentan un cargo público a “abordar estas situaciones de disconformidad con el tratamiento periodístico de los hechos, mediante los cauces habilitados para ello, a través del propio Colegio o de su Comisión de Deontología y Garantías”, pero “evitando el enfrentamiento o cualquier otra fórmula de descrédito hacia el profesional”.

La Comisión de Deontología y Garantías del CPPA es un órgano colegiado que tiene entre sus funciones atender “tanto las quejas de las personas que tengan un interés directo en prácticas informativas que considere lesiva de sus derechos, como las de los profesionales que pudieran ver condicionada su independencia y su compromiso con la ciudadanía a contarle la verdad de manera completa y honesta”, segçun recoge su reglamento.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público destinada a defender el derecho constitucional a la información de la ciudadanía así como los requisitos profesionales de los periodistas y comunicadores audiovisuales que ejercen su labor. El presidente de la Demarcación Territorial del CPPA en Granada es José Antonio Barrionuevo Ortiz.

Jornadas sobre Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales

La celebración de las  elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre y los acontecimientos políticos que han estado en el origen de esta convocatoria electoral han colocado en el centro del debate social la cuestión de la imparcialidad de los medios públicos de comunicación. Al mismo tiempo, en el Parlamento de Andalucía continúan los trabajos de la comisión encargada de la reforma de la ley electoral de Andalucía, en la que han participado diversas organizaciones  profesionales  de periodistas, entre ellas el Colegio, que han coincidido en la necesidad de actualizar la regulación de la información política que transmiten los medios públicos de comunicación durante los períodos electorales.

Todos elementos han sido argumentos suficientes para que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto con el Grupo de Investigación sobre Información Electoral de la Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces organicen una Jornada sobre “Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales“, que tendrá lugar el próximo lunes, 11 de diciembre, en el salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Y es que uno de los principales retos a afrontar en esta materia y al que se enfrentan periodistas, responsables de medios y legisladores es el de aunar la independencia e imparcialidad de los medios públicos de comunicación durante los procesos electorales con las necesidades informativas de la sociedad.

En la actualidad, la normativa que rige la cobertura informativa durante los periodos electorales impone un sistema de bloques informativos predeterminados, establecidos en relación a los resultados obtenidos por cada fuerza política en la legislatura anterior; pero este criterio se puso en duda cuando en las últimas elecciones confluyeron nuevas candidaturas que no contaban aún con representación parlamentaria. Los profesionales exigen que la ley otorgue mayor peso a los criterios informativos y periodísticos, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada; y ello, aún siendo evidente que son necesarios mecanismos de revisión y control que aseguren la imparcialidad en la aplicación de estos criterios. Al mismo tiempo, la ausencia de regulación específica sobre cuestiones como los debates electorales, su obligatoriedad o no y su formato, provocan una conflictividad a todas luces excesiva que debería evitarse desarrollando el mandato expreso del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Estas jornadas se plantean como un espacio en el que intercambiar opiniones sobre la materia por parte de los distintos actores implicados; de una parte, los distintos grupos políticos que tendrán ocasión de exponer sus posturas respecto a la cuestión y de otra, académicos, juristas, periodistas y jueces que podrán manifestar sus argumentos respectos a las diferentes circunstancias que serán objeto de debate. El objetivo es unificar criterios que ayuden a armonizar una cuestión en la que deben hacerse valer muchos intereses, pero por encima de todo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, también durante los períodos electorales.

Igualmente, en esta jornada no se ha querido olvidar una realidad que escapa a la actual regulación y normalización como es la de la influencia consolidada de internet en la opinión pública y sus diferentes accesos a la información electoral (actos y mítines, y debates), así como el seguimiento de contenidos aparentemente informativos. ¿Qué hay de cierto en un fenómeno inquietante: сочетание (la “combinación”), o el conjunto de instrumentos de la guerra de la información que aúna ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, y propaganda?. ¿Ha existido en los últimos meses en Cataluña? ¿Con qué actores y objetivos?

Para abordar todos estos temas se ha diseñado un intenso programa, de una mañana de duración, cuyo acceso es gratuito y sin plazas limitadas.

Programa de las Jornadas

  • 9:30 horas Inauguración.
    • María del Mar Ramírez, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
    • Eva B. Navarrete, Decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
    • Joaquín Urías, director del Grupo de investigación sobre información electoral de la Universidad de Sevilla
    • Centro de Estudios Andaluces (CENTRA)
  • 9:45 Mesa redonda “La regulación de la información y los debates electorales”
    • Ángeles Ferriz, representante del Grupo Parlamentario Socialista.
    • Guillermo García de Longoria, representante del Grupo Parlamentario Popular.
    • Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, representante del Grupo parlamentario Podemos.
    • Julio José Díaz Robledo, representante del grupo parlamentario Ciudadanos.
    • Inmaculada Nieto, representante del grupo parlamentario Izquierda Unida.
  • 11:15 Pausa
  • 11:30 Mesa redonda “Posibilidades de desarrollo de la libertad de información y los debates electorales”
    • Salvador Contreras, Letrado del Servicio Jurídico de la RTVA .
    • Joaquín Urías, profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Sevilla
    • M. Ángel Puche, periodista.
    • Francisco Collado, profesor de Ciencias Políticas.
  • 13:00 Conferencia de clausura “Elecciones, internet y ciberseguridad: información verus desinformación”. A cargo de Jorge Coronado, CEO de QuantiKa14 y vocal de APTAN.

 

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide al Gobierno de Almonte que garantice la estabilidad y pague las nóminas a los trabajadores de Doñana Comunicación

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación llevan años sufriendo los vaivenes de la gestión que el Ayuntamiento de Almonte realiza sobre la empresa Doñana Comunicación. En estos días, los profesionales que trabajan en esta empresa prestadora de servicios públicos de comunicación a Almonte (Huelva) y la comarca, como responsables de la televisión municipal, han denunciado las lamentables circunstancias que han soportado durante años y el futuro grave que se les presenta con un recorte en los presupuestos para 2018 que harían inviable la actividad al no cubrir los costes fijos para la prestación del servicio. De hecho, se les ha anunciado que no hay presupuesto para afrontar las nóminas de noviembre, diciembre y la paga extraordinaria de 2017.

Los trabajadores ha hecho públicas sus reclamaciones a través de un comunicado y un vídeo explicando la gravedad de la situación y la insostenibilidad del proyecto que el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa. Los profesionales incluso se han prestado a revisar el proyecto para adecuarlo y que este sea rentable, aplicando los conocimientos y los criterios expertos de quienes tienen sin duda más experiencia en hacer televisión que una persona cuya actividad está muy alejada de esta profesión.

Desde el Colegio se va a pedir explicaciones al equipo municipal, liderado por la alcaldesa de la localidad onubense de Almonte, Rocío Espinosa, del grupo socialista. La labor que realizan los profesionales de la televisión municipal es un servicio público indispensable para la comunidad y viene siendo reconocido por la propia Junta de Andalucía que premia desde hace cuatro años la comunicación local o de proximidad que se hace en la Comunidad. La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha recordado que el Gobierno socialista se ha comprometido a exigir el cumplimiento de unas cláusulas sociales a los terceros con los que contrata, referentes, entre otros temas, al respeto a los derechos laborales de los trabajadores, salarios y condiciones dignas y por tanto “deben ser primero las administraciones quienes cumplan con estos principios que exigen a empresas privadas”. Un derecho básico e indiscutible es el de cobrar por el trabajo prestado y recuerda que “el impago o el retraso de las nóminas a los trabajadores es además una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social” pudiendo derivarse en caso de denuncia ante la Inspección de Trabajo multas de hasta más de ciento ochenta mil euros en su grado máximo.

La información es un derecho fundamental de la ciudadanía y para poder garantizarlo, las administraciones han de procurar que los profesionales que lo prestan gocen de una condiciones laborales y de estabilidad en el empleo suficientes como para no ver condicionada esta prestación o que esta pierda calidad.

Doñana Comunicación SA, un servicio público esencial para la comunidad

La empresa Doñana Comunicación se dedica según la información de la propia web del Ayuntamiento a ofrecer “servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de tv” y su objeto social es “la gestión de medios públicos del ayuntamiento de Almonte y la prestación de servicios de comunicación en general”. Cuenta con un Consejo de Administración formado por 9 miembros entre consejeros, secretario y presidente (4 del PSOE, 3 del PP, 1 de IU y 1 de Podemos); en la empresa son un total de 8 trabajadores. En el organigrama del ayuntamiento se localiza dentro del apartado de “órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales”, es decir, se sitúa en el mismo nivel que la “Empresa municipal para la inserción laboral del discapacitado” o la de “Servicios de Ayuda a Domicilio de Almonte”; sólo de la primera no se publica la relación de puestos de trabajo.

Plantilla de Doñana Comunicación

Texto íntegro de la nota difundida por los trabajadores

Nota de los trabajadores de Doñana Comunicación S.A.

  • Salvo periodos de tiempo concretos, los trabajadores de Doñana Comunicación hemos sufrido durante estos veinte años la incertidumbre a la hora de cobrar nuestras nóminas.
  • Esta situación ha regresado a propósito de las dos últimas nóminas y la paga extra de este año. Se nos ha informado por parte de los responsables económicos del Ayuntamiento que los números ‘son tozudos y que no hay dinero hasta 2018’.

¿Por qué reaccionamos de este modo a fecha 30 de noviembre?

En primer lugar, porque se nos ha planteado un escenario en el que la supervivencia misma del medio de comunicación queda comprometida, al ir acumulando cada vez más deudas.  A saber:

  • El presupuesto asignado a Doñana Comunicación  para este año y el que viene -200.000 euros- es inferior en 60.000 euros al que permite cubrir los gastos fijos de la empresa.
  • La única solución que se nos ofrece por el momento es que las nóminas se paguen con cargo al presupuesto del año que viene, pagaderas a partir de enero. Por lo tanto, padeceremos un periodo de dos meses sin percibir nuestro salario, y que coincidirá con las fiestas navideñas. Además, el año 2018 la empresa comenzará teniendo que abonar esas cantidades, agravándose su viabilidad económica en solo unos meses.
  • La situación de este final de año podría haber sido más grave si no fuera por los ingresos por publicidad, que han permitido el abono de las nóminas de octubre y otros pagos de la empresa.

A esto, hay que sumar la situación que padecen los trabajadores desde hace tiempo y hasta el día de hoy:

  • Atrasos acumulados por trabajadores de la empresa, con un coste superior a los 10.000 euros, y desde el año 2009. Al no haber partida para pagarlos, esta deuda se ha eternizado en el tiempo, pese a la disposición favorable expresada recientemente por el Consejo de Administración.
  • Las condiciones de precariedad que soportan los trabajadores. Sirvan como ejemplo, los medios materiales que emplean diariamente (cámaras en uso desde 1998), o la falta de un vehículo de empresa desde el año 2012, lo que les obliga a poner sus propios coches, pese a ser una herramienta fundamental en su labor.
  • La disposición de los trabajadores a no cobrar horas extras, pese a que el servicio prestado es de 24 horas los siete días de la semana festivos incluidos mediante guardias, aceptando en su lugar días libres.
  • La  no aplicación del convenio de los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte y sus organismos autónomos, entre los que se cuentan las empresas públicas, como es el caso de Doñana Comunicación. La falta de asignación presupuestaria impide la aplicación del convenio, pese al interés mostrado por todas las formaciones políticas en esta legislatura en dignificar las condiciones laborales de los trabajadores. Lamentamos en este sentido que se nos hay excluido por el momento de las reuniones sectoriales mantenidas con diferentes áreas municipales.

Los trabajadores de Doñana Comunicación somos conscientes y responsables a la hora de desempeñar nuestra labor de servicio público para con todas las entidades de Almonte y la comarca. Pero queremos de una vez por todas dignificar nuestra situación laboral, comenzando por el pago de nuestras nóminas a partir de este mes de noviembre, sin la preocupación de si cobraremos o no al término de cada mensualidad.”

El Colegio de Periodistas de Andalucía considera inaceptables los ataques personales a profesionales de la información

El Colegio de Periodistas de Andalucía se pronunció hace un año contra los ataques personales a profesionales de la información dentro de la campaña promovida por el doctor Candel y seguida, en la calle y en las redes sociales por miles de ciudadanos, contra la fusión hospitalaria. En fechas recientes, la campaña ha subido de tono y apunta una vez más a profesionales de la información.

Como órgano defensor de los derechos y deberes de los periodistas, el Colegio Profesional de Periodistas se ve en la necesidad de precisar varios asuntos:

  • El Colegio de Periodistas considera inaceptable llevar la defensa de una causa, por justa que sea, al terreno de las descalificaciones personales, los insultos y amenazas (evidentes o veladas) de profesionales de la información ni de ningún ciudadano. La libertad de expresión, en ningún caso, ampara este tipo de recursos que pueden tener, además, consecuencias penales.
  • Del mismo modo que existe la confidencialidad médico-paciente, a los periodistas les asiste el derecho a no revelar la identidad de sus fuentes de información. Algo que solo un juez puede obligar a hacer y en causas muy concretas y justificadas.
  • Los medios de comunicación no deben hacerse eco de informaciones reveladas por cualquier fuente. Debe existir un proceso previo de confirmación o comprobación o la existencia de documentos que prueben el asunto denunciado.
  • El Colegio de Periodistas entiende que existe una separación clara entre las informaciones y artículos que se publican en un medio de información y aquellas opiniones que libremente cada cual, como ciudadano, vierte por redes sociales.
  • Como ya defendimos hace tiempo, entendemos que cualquier defensa o crítica sobre la labor que realiza un periodista en el ejercicio de su profesión no deben estar nunca basados en las descalificaciones personales ni en la difusión de cualquier ámbito de su vida privada.

El Colegio recuerda que cualquier persona que considere que se ha vulnerado el Código Deontológico de la profesión o que se ha producido mala praxis por parte de algún profesional, puede acudir a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía que tiene entre sus funciones “resolver expedientes incoados por una reclamación de ciudadanos o ciudadanas sobre prácticas que vulneren el código deontológico y mediar en conflictos deontológicos de los profesionales con su empresa o con otros compañeros, a fin de ofrecer criterios que contribuyan a garantizar la deontología del periodista frente a otros posibles intereses de partes”.