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El Colegio de Periodistas de Andalucía rechaza la sanción a un profesional en virtud de la ‘Ley Mordaza’

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha mostrado hoy su respaldo a Raúl Solís, un periodista ‘freelance’ que fue multado con 150,00 euros mientras cubría una protesta ciudadana que tuvo lugar a finales del pasado mes de marzo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla.

Según la notificación recibida hace unos días por Raúl Solís desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la sanción se deriva de un supuesto incumplimiento del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’– que califica de “leves” las “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad”.

El periodista, que estaba cubriendo informativamente una protesta ciudadana contra el autobús de Hazte Oír a las puertas del Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, rechaza haberse dirigido “de forma despectiva” a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encontraban en el lugar de los hechos, tal y como consta en el expediente sancionador, y asegura que en todo momento se dirigió a los agentes “de forma respetuosa”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha vuelto a expresar hoy su preocupación por el futuro informativo que se vislumbra en España como consecuencia de la Ley Mordaza e insiste en la necesidad de tener muy presente que el derecho a la información corresponde a la ciudadanía a través, precisamente, de los medios de comunicación y de los profesionales del periodismo.

De igual modo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha mostrado nuevamente su rechazo a la Ley Mordaza por considerar que atenta gravemente contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y, de manera especial, contra la libertad de información y de expresión, pilares esenciales en el ejercicio del periodismo.

“Los profesionales de la información pertenecientes al Colegio de Periodistas nos posicionamos en contra de la denominada Ley Mordaza, ya que contamos con medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos deontológicos, así como por la propia legislación vigente, que hacen absolutamente innecesaria esa Ley”, ha destacado la decana del CPPA, Eva B. Navarrete. Igualmente ha reiterado el compromiso de la corporación por propiciar la derogación de los artículos de la norma que afectan al derecho constitucional a informar y anima a los grupos políticos a avanzar lo antes posible en la reforma de la vigente Ley de Seguridad Ciudadana o su derogación, agilizando el trámite de enmiendas iniciado el pasado mes de marzo.

Editorial: Matar al mensajero

Diciembre es un mes propicio para valorar el año que está a punto de terminar, y empezar a realizar nuestros propósitos de enmienda. Pues en este mes de reflexión, de sentimientos, y de despedida de un 2016 terrible por muchos motivos para nuestra profesión, lamentablemente resulta imprescindible recordar que el desarrollo del periodismo se sustenta en el artículo 20 de la Constitución Española, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y que por tanto, el periodismo es una herramienta que garantiza la democracia, y que sustenta una sociedad libre, desarrollada, y de valores.

Tristemente, todavía en el siglo XXI asistimos atónitos a la puesta en cuestión de una conquista social tan importante, pilar de nuestro Estado de Derecho, por parte de quienes quieren convertir ese Derecho a la Información en ‘pena de telediario’.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha sido contundente al respecto, señalando que “los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto con otros derechos individuales, como el derecho al honor, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la primera cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general”.

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid, se ha recordado acertadamente que “como subraya el Código Europeo de Ética Periodística, las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública”.

Matar al mensajero no es el camino. Tampoco lo es prohibir el uso de teleobjetivos en la Cámara Alta, ni la tristemente conocida como ‘Ley Mordaza’, ni amenazar con la inclusión de nuevas restricciones en la Ley de Protección del Derecho al Honor, ni las ruedas de prensa tras la barrera del plasma. Tampoco dice mucho del talante democrático de quien lo practica el demonizar a los periodistas, insultarlos en su dignidad en el desarrollo de su profesión, vejarlos en un afán por denostar una profesión a la que a veces quieren enterrar bajo otro de los grandes males con que nos vemos obligados a convivir, como es el mal llamado ‘periodismo ciudadano’. Con ejemplos tan graves como los acaecidos la semana pasada durante un Pleno municipal del Ayuntamiento de Albox, cuando una compañera ha sido expulsada del mismo escoltada por la policía municipal, y así lo hemos denunciado públicamente.

Vaya por delante que una de las principales funciones del Colegio de Periodistas de Andalucía sea la defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, buscando el mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales. No podría ser de otra forma.

Huelga decir que como periodistas siempre debemos partir de la autocrítica, siempre.

Pero nunca olvidemos que tenemos la obligación de defender nuestra profesión con la cabeza alta; con la responsabilidad de debernos a la información al ciudadano; con la exigencia de la denuncia justa y la información transparente que requiere la supervivencia de un estado democrático.
Y por supuesto, con la conciencia tranquila.

Sonia Herrera

Miembro de la Demarcación de Jerez del CPPA