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El ayuntamiento de Granada se compromete con la estabilidad laboral de los periodistas

A petición del colectivo de trabajadores de los medios de comunicación de Granada y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad una declaración institucional relativa al cumplimiento de cláusulas sociales que garanticen la estabilidad laboral en los medios de comunicación.

En el pleno ordinario celebrado esta mañana, el consistorio de la capital se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Así mismo, como recoge la declaración institucional, el Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores.

Este es el texto completo de la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Granada esta mañana:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El periodismo es la forma en la que llega a nuestro entorno todo tipo de información, con el análisis de las noticias y crónicas que forman parte del día a día; con el relato de sucesos que ocurren tanto en nuestro ámbito más cercano como en cualquier parte del mundo. De media en España, cada ciudadano y ciudadana dedican 223 minutos al día a contemplar programas de televisión; entre ellos, los espacios informativos de la jornada se sitúan entre los 5 primeros de los más vistos.

La prensa reúne a cerca de diez millones y medio de personas a diario, según datos recabados por la Encuesta General de Medios (EGM). Certifica además que el 60% de la población sintoniza, en algún momento del día, una emisora de radio.

A pesar de los avances de las redes sociales en este campo, Facebook tiene menos cuentas en España que oyentes la radio. Las ediciones digitales de diarios superan al conjunto de entradas y visualizaciones en Twitter en nuestro país. La sociedad consume con avidez medios de comunicación porque le aportan un valor fundamental a cualquier democracia que se precie: la información. Y detrás de este contenido, existe el trabajo muy denodado de miles de trabajadores.

Para los periodistas, en los últimos años, la situación profesional se ha tornado más difícil. La creciente ‘autonomización’; la dificultad de acceso a un primer empleo para los más jóvenes; el aumento de becarios mal pagados, la caída de 17% del salario base medio de los periodistas o la desaparición de algunos medios, -según el informe de la federación de asociaciones de la Prensa-, son los principales factores de esta lamentable situación.

Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Granada queremos hacernos eco de esta problemática para un colectivo de personas que es esencial en la búsqueda de una mejor calidad democrática para un país.

En los últimos años, se ha tomado conciencia, -y este Ayuntamiento es ahora ejemplo de ello-, que los contratos públicos no sólo constituyen exclusivamente un medio de abastecerse en condiciones más ventajosas sino que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos pueden realizar una intervención en la vida económica, social y política del país. Los criterios sociales, laborales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por muchas instituciones, entendiendo que lejos de restringir o limitar la libre competencia, suponen una excelente regulación de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Granada que adopte los siguientes ACUERDOS:

Primero.- El Ayuntamiento de Granada se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Segundo.- El Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores. Sin periodistas no hay periodismo.

Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar un periodista

A lo largo de estos últimos meses, han sido varias las ofertas de trabajo lanzadas por las administraciones públicas para cubrir puestos en gabinetes de prensa o comunicación con el perfil claro de un periodista. En noviembre pasado, fue la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz quien convocaba una plaza para personal eventual a cubrir por el sistema de libre designación, para un “técnico de comunicación y documentación”; hace unos días, era la Autoridad Portuaria de Huelva quien publicaba las bases para la contratación de una plaza para la jefatura de su Unidad de Gabinete de Prensa.

En ambos casos, la descripción de las actividades o funciones así como la formación complementaria o la experiencia en el área funcional de la comunicación o la prensa formaban parte de los elementos valorables; pero la licenciatura o el grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual no figuraban como requisito de titulación, a pesar de que se exigía una licenciatura o grado superior universitario.

Etimológicamente hablando, el término “periodismo”, entre otras acepciones, se define como estudios o carrera de periodista; y “carrera” como el conjunto de estudios, generalmente universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión que exige una formación académica previa. En este sentido, la titulación universitaria en periodismo debe entenderse como aquella que habilita desde el punto de vista de las cualificaciones para el ejercicio del periodismo.

Cabe igualmente recordar que las titulaciones en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, –las que permiten la colegiación según la Ley 1/2012, de 30 de enero por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía–, como formaciones de grado superior universitarias, de carácter oficial fueron impulsadas por la propia administración hace ya más de dos décadas, en la comunidad autónoma de Andalucía, –siendo Sevilla primero y luego Málaga las universidades que siguieron los pasos de otras como la Autónoma de Madrid, Navarra o Barcelona–; y ese impulso y esa apuesta, desde el punto de vista del Colegio, deben tener sentido especialmente en el sector público, que debería por tanto exigir dicha titulación como requisito preferente a la hora de cubrir estas vacantes.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía considera a este respecto que las administraciones y empresas públicas o entes instrumentales deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar a un periodista cuando se trata de cubrir las necesidades evidentes y claras de comunicación que tienen estos organismos. El periodismo es más que un oficio; es una actividad reconocida por la que quien la ejerce percibe una retribución, que además debe ser acorde a su cualificación y competencias, de ahí que desde el Colegio exijamos unas condiciones laborales adecuadas en cuanto a categorías profesionales, grupos de cotización y salarios que deben verse recogidas, en el caso de las administraciones públicas, mediante convocatoria de puestos específicos para quienes reúnan los requisitos necesarios, incluido el de la titulación; y en el caso de las empresas privadas, mediante la exigencia de la titulación o la colegiación y unos contratos que permitan algo más allá de la pura subsistencia.

Durante los años más duros de la crisis, los grupos de comunicación han vaciado las redacciones para reducir costes y han abaratado la mano de obra, ofreciendo contratos mercantiles y nutriendo gran parte de sus trabajos con las horas y deshoras de freelance, que pierden mucho más de lo que invierten en su trabajo, si tenemos en cuenta además el trato que el trabajo autónomo tiene en nuestro país.

Objetivo prioritario para el CPPA.

Desde el Colegio se viene trabajando en diferentes líneas para lograr este objetivo: acabar con el intrusismo y con la precariedad laboral en el sector. En el caso concreto de Huelva, se ha contactado directamente con el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha reconocido a los responsables del Colegio que su intención es la de contratar a un licenciado o licenciada en este caso en Periodismo, pero que las bases fueron redactadas antes de que él accediera a la presidencia del organismo, y son algo confusas y no dejan clara su intención.

En la asamblea del CPPA celebrada en el mes de noviembre, se constituyó una comisión de trabajo para abordar esta situación y proponer posibles soluciones contra el intrusismo y en defensa de la titulación o la colegiación para el ejercicio del periodismo y contra la precariedad del colectivo o lo que es peor, la explotación laboral, como recientemente denunciaba la APS, respecto de ofertas por “trabajo gratis”. Si realizamos una búsqueda de empleo para periodista en cualquiera de los grandes portales de empleo, la mayoría ofrecen contratos mercantiles, prácticamente ninguna define una horquilla salarial o directamente te ofrecen una bonita experiencia a cambio de tu trabajo; por eso, acabar con este tipo de ofertas y mejorar la cantidad y la calidad del empleo es sin duda una prioridad para el Colegio.

Así, con el mismo objetivo, la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas en Málaga ha liderado una iniciativa consistente en poner a la firma de los ayuntamientos de la provincia un “Compromiso por la comunicación pública”, al que recientemente se ha adherido la Diputación Provincial y que tiene como fin “mejorar las condiciones laborales y luchar contra el intrusismo profesional”, al tiempo que busca “garantizar que cualquier área de trabajo que cubra el ejercicio propio de la actividad propia de comunicación relativa a gabinete de prensa, dirección de comunicación o similar” se cubra exigiendo la debida titulación oficial. Esta iniciativa se hará extensiva al resto de provincias, buscando con ello el apoyo mayoritario en este caso de los ayuntamientos.