El vocal del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) Benito Caetano ha elaborado un completo informe sobre las propuestas sobre periodismo y medios de comunicación que incluyen en sus programas las distintas formaciones políticas que concurren a las elecciones al Parlamento de Andalucía del 22 de marzo de 2015. Por su interés, os lo dejamos íntegro:
Esto no es un artículo sino un informe. Casi un atestado…
Quiero dejar sentado que no pongo ni quito, sólo traslado la literalidad de lo que las formaciones, las que optan al Parlamento de Andalucía en las elecciones del próximo domingo, han querido incluir en sus respectivos programas en relación con el periodismo y los medios de comunicación.
Para realizar este informe he cruzado unas etiquetas determinadas con los documentos hechos públicos con los programas electorales de los principales partidos que concurren a las elecciones autonómica andaluzas del próximo 22 de marzo. Las etiquetas han sido:
#periodismo
#medios de comunicacion
#comunicacion
#comunicacion social
#television
En términos generales y como era de esperar todos los discursos programáticos incorporan de una u otra manera la utilización de los medios de comunicación como vehículo para promover políticas, valores, comportamientos, etc. No entro en ese enfoque, de los medios como instrumentos, y me limito a las referencias expresas al periodismo y a la comunicación social.
Vamos por partes:
Todas las referencias específicas de este partido a las etiquetas investigadas se centran en un capítulo también concreto de su programa:
COMUNICACIÓN SOCIAL
67. Reformaremos la Ley de Publicidad de la Junta de Andalucía, para que sea un instrumento de información, y no de propaganda, sobre la gestión del Gobierno y de las necesidades informativas de la sociedad andaluza.
68. Publicaremos anualmente un Plan de Publicidad y Comunicación Institucional con especificación de las campañas a desarrollar, objetivos, gasto asociado, período de ejecución, herramientas de comunicación previstas y de los criterios objetivos utilizados para el reparto de la publicidad institucional en medios de comunicación.
69. Adjudicaremos la publicidad de la Administración a los Medios atendiendo a criterios objetivos basados en la audiencia, número de oyentes y de lectores.
70. Apoyaremos a la RTVA como medio de comunicación social de carácter público y aplicaremos una gestión que hagan de esta empresa un verdadero servicio público eficiente e independiente, aprovechando al máximo los recursos económicos, materiales y personales de esta Agencia pública.
71. Desarrollaremos una programación de calidad y con criterios sociales, educativos y culturales y utilizaremos la RTVA como instrumento que fomente el bilingüismo y el aprendizaje de las nuevas tecnologías.
72. Favoreceremos el desarrollo del sector audiovisual andaluz.
73. Diseñaremos una verdadera cultura de la comunicación social potenciando la realización de cursos, jornadas y actuaciones en los centros educativos con la colaboración e implicación de los medios de comunicación con implantación en Andalucía.
74. Trabajaremos para potenciar y apoyar la labor de comunicación y de servicio público que realizan las radios y televisiones locales.
Resulta curioso que no haya mas referencia específica a las etiquetas que hemos investigado que esta:
Medida 248
Apoyaremos a las cooperativas de impulso empresarial para ayudar al empleo en sectores que lo tienen muy difícil para operar solos, como la creación artística, periodistas o incluso ingenieros.
Sorprendidos, buscamos excepcionalmente otras etiquetas relacionadas, #rtva y #canal sur, no hayando tampoco referencia alguna a las mismas.
Es con mucha diferencia el partido que más espacio de reflexiones y propuestas dedica programa al periodismo y a los medios de comunicación. Todo en torno a varios subapartados del capítulo 7 de su programa.
7.-CULTURA Y COMUNICACIÓN LIBRES
(Subapartados)
SERVICIO PÚBLICO E INDUSTRIA AUDIOVISUAL ANDALUZA: POR UNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y DEMOCRÁTICOS
La actual coyuntura histórica, marcada por la crisis (económica, política, social, cultural, etc.), ha supuesto la puesta en marcha de políticas de reconversión y desmantelamiento de los servicios públicos a las que los sistemas culturales y de comunicación no son ajenos. De nuevo se sitúa en el ámbito de lo público, dentro y fuera del Estado, la necesidad de defender los criterios y principios que garanticen un espacio cultural que responda a las exigencias del servicio público, algo que no sólo es exigible a los operadores de titularidad pública, sino también al conjunto de operadores que ocupan el espacio radioeléctrico.
Las radiotelevisiones públicas, herramientas fundamentales desde su función formativa e informativa desde la independencia que sólo puede garantizar lo público, sufren hoy un doble ataque. Los intentos de manipulación partidista por parte de los gobiernos central, autonómicos y locales y el ataque de los medios de comunicación privados, controlados por grandes corporaciones y lobbies de presión que pretenden hacer negocio con la información, la cultura y el entretenimiento de la ciudadanía definen un escenario marcado por la falta de pluralidad en los medios de comunicación públicos y privados, un sector en definitiva al servicio de los intereses privados y no del interés general, lo que pone en entredicho el derecho a la información y a la cultura de la ciudadanía andaluza.
A las sucesivas reformas legislativas desde 2010, siempre en detrimento del sector público audiovisual, se unen además los efectos de la crisis económica que está precarizando las condiciones laborales de miles de trabajadoras/es, cuando no despidos masivos como en Canal 9 o Telemadrid. Especialmente perniciosa es la última reforma del audiovisual que aplica de forma tajante el criterio neoliberal “déficit 0″ a un servicio público deficitario por definición, como la sanidad, la educación o el transporte público.
Andalucía presenta desde hace décadas un sistema de medios asimétrico, polarizado, dependiente e intervenido. El cambio de siglo vino acompañado por un intento de desarrollar la sociedad de la información en Andalucía que, bajo el título de Segunda Modernización, supuso finalmente un nuevo varapalo para las expectativas de desarrollo autónomo de Andalucía, al quedar en una operación de marketing político que no contaba con una base material suficiente para su desarrollo.
En este sentido, reforzando la idea de que los medios públicos son un pilar del desarrollo social y democrático, desde IULV-CA apostamos por el servicio público esencial y el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos como garantía de vertebración territorial y social de Andalucía. Apuesta que se extiende también al impulso de un sector industrial del audiovisual que genere riqueza económica, social y cultural en nuestra tierra. Para ello, nuestra propuesta parte de los siguientes principios rectores:
1. La ciudadanía tiene derecho a unos medios de comunicación que sean garantes de las libertades democráticas y del acceso igualitario de la ciudadanía a los mismos. En este sentido, es necesaria una información plural para el ejercicio de una ciudadanía libre.
2. Los medios de comunicación públicos deben prestar un servicio público esencial, teniendo en cuenta la pluralidad social, atendiendo a las minorías y ofreciendo programaciones de calidad Es necesario fomentar una concepción social de la comunicación, facilitando vínculos que permitan entender los medios de comunicación como recursos sociales enraizados en el entorno local.
3. El sistema radiotelevisivo debe ser un servicio universal, fomentando el acceso a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.
4. Es preciso inspirar y salvaguardar el desarrollo autónomo local de la creatividadaudiovisual en nuestro territorio.
5. Atendiendo al nuevo Estatuto de Andalucía, la titularidad y gestión han de ser íntegramente de titularidad pública con una financiación estable que garantice su sostenibilidad y futuro desarrollo.
6. En coherencia con la exigencia de autonomía profesional y de los derechos sociales a la comunicación, deben garantizarse condiciones de trabajo reguladas, dignas, y mediante el desarrollo de un estatuto Andaluz de la Comunicación, garantizando el cumplimiento de los Convenios Colectivos del sector e introduciendo cláusulas sociales destinadas a garantizar la contratación de calidad y la generación de empleo.
7. Para proteger el sistema audiovisual andaluz, el Consejo Audiovisual debe tener poder sancionador tanto para obtener información relevante de los actorescorrespondientes como para regular la adjudicación de licencias y la retirada de estas en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, de concentración en pocas manos o de contravenir intereses generales para el desarrollo de la Autonomía.
8. Que se establezcan mecanismos de transparencia y control social de los medios públicos con el objetivo de avanzar progresivamente en la democratización de su funcionamiento.
9. Obligar y vigilar el cumplimiento de operadores y empresas de comunicación, públicas y privadas, de unos parámetros mínimos de calidad en los contenidos, que difundan valores de convivencia, protejan a la infancia, no fomenten ningún tipo de discriminación y respeten los derechos laborales de sus plantillas.
10. Que el patrimonio audiovisual andaluz debe ser puesto en valor desde la base de su consideración como bien común, que pertenece a todos los andaluces y andaluzas.
Por otra parte, en la misma línea de desarrollo, y a fin de garantizar el principio de pluralismo y participación de la sociedad civil, los poderes públicos han de impulsar un Plan Autonómico de Medios Comunitarios y Ciudadanos, de formación y apoyo económico a la industria cultural del denominado Tercer Sector. Para ello, apostamos por la creación de un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural de Andalucía que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil para crear un polo andaluz del sector y nuevos clústeres de desarrollo de la industria audiovisual andaluza. A partir de esta iniciativa, proponemos que se promueva:
1. La creación de una Plataforma de Servicio Público de Radiotelevisión, una red de coproducción andaluza con televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrollo el sector con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones. Dicha Plataforma permitiría no sólo el establecimiento de sinergias entre actores relevantes, sino también aprovechar al máximo la creatividad y las prácticas innovadoras que se han venido dando en el terreno de las televisiones locales y comunitarias.
2. El desarrollo de la normativa legal para garantizar el derecho de acceso a los medios públicos de colectivos, organizaciones políticas, sindicales y sociales, recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Igualmente, el desarrollo normativo y legislativo en el audiovisual tiene que estar vinculado a la protección de los medios públicos y comunitarios como expresión de la diversidad social y territorial de Andalucía.
3. El desarrollo de una red de medios comunitarios que se desarrolló localmente, impulsada desde las instituciones a través de subvenciones pero garantizando siempre su independencia.
4. La reestructuración de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica dentro de un plan de reestructuración del sector público, evitando por un lado la duplicidad de estructuras y por otro potenciando vías para generar recursos, con una mayor relación con la Universidad y la sociedad civil.
5. La planificación industrial del audiovisual andaluz como un sistema integrado, que articule el audiovisual andaluz (Universidades, tejido productivo, ETICOM, medios locales, etc.), como generador de empleo sostenible en convergencia con las empresas públicas o participadas por la Junta de Andalucía en el sector de las telecomunicaciones.
6. La regulación de forma transparente y organizada de la contratación con el sector privado privilegiando el talento y empresas de origen y base andaluza.
7. Modificación de los indicadores de rentabilidad social y de los criterios de evaluación y eficiencia, centrados en la actualidad de forma casi exclusiva en las audiencias y en el rendimiento económico. Para ello se creará un observatorio Público de Audiencias que proteja los criterios de rentabilidad social frente a los mercados.
RTVA
La RTVA debe cumplir su papel como servicio público esencial en el sentido que marca el Estatuto de Autonomía. Un servicio público que se aleje del concepto de mercado audiovisual, centrado en la protección de los derechos del público, sobre todo los relativos a la diversidad cultural y el pluralismo, y en la apertura a la participación y el acceso de la ciudadanía. En este sentido el futuro de la financiación del servicio público de radiotelevisión debe garantizarse y su justificación defenderse en clave de la gran rentabilidad social y la vertebración territorial que genera, con efectos positivos y multiplicadores en otros ámbitos como el de la educación y la salud. En este sentido, en un contexto de ataques que desde los medios privados y los sectores más conservadores buscan desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de radiotelevisión, proponemos:
– La garantía de la RTVA 100% pública, de gestión directa, y dotada de una financiación pública y estable que garantice el presente y el futuro del servicio público. Garantizar este servicio público de radio y televisión durante los 365 días del año. Elevar la producción propia y exigir cláusulas de garantía social a las empresas que subcontrate. Canal Sur garantizará su presencia en todas las provincias y será un actor fundamental para la cohesión social y territorial de Andalucía, así como para el desarrollo de su identidad como Pueblo.
– Establecimiento de cambios significativos en el sistema de representación en la dirección y en el Consejo de Administración de RTVA. Racionalizar su gasto para derivar recursos a la mejora del servicio Público.
– Incluir mayor participación social en el seguimiento y control de las decisiones y los contenidos de la RTVA, garantizado el Derecho de Acceso. Esto incluye una mayor participación de los propios trabajadores en la programación y la toma de decisiones.
– Hacer compatible la programación más centrada en el servicio público con la programación más comercial, que ha de respetar los principios y valores enunciados en la Carta de Servicio Público.
– Frenar y revertir el desmantelamiento encubierto de la RTVA que se ha traducido hasta el momento con la eliminación de Canal Sur 2, de la cobertura a través de TDTSA para aquellos hogares que no disponían de acceso a la red de TDT, o de las corresponsalías en Rabat o Bruselas. Por otro lado, apostamos por el mantenimiento de la señal por satélite en abierto, garantía de los derechos que el estatuto de Autonomía establece para los andaluces emigrados.
– Canal Sur 2 debe recuperarse para atender al público más joven y para dar cabida a todas las expresiones colectivas, artísticas y alternativas existentes en Andalucía.
– Que el archivo audiovisual de la RTVA se considere parte de nuestro patrimonio histórico, con un papel fundamental en la construcción de nuestra identidad andaluza, garantizando su mantenimiento, conservación de cara al futuro, y poniéndolo a disposición de la ciudadanía para fines sociales, académicos o de investigación.
– Sentar las bases para un nuevo contrato programa y actualizar la carta de servicio público.
– Incluir a la RTVA como proveedor y emisor de la publicidad institucional de la administraciones públicas andaluzas.
– La programación de la RTVA, en todos sus formatos, debe ser accesible en el 100% de sus emisiones. Garantizando la interpretación en Lengua de Signos de toda su emisión en directo, la audiodescripción de cine y la adaptación de los tiempos y del uso del lenguaje radiofónico.
– La RTVA garantizará en todos aquellos formatos de comunicación la accesibilidad y usabilidad de los mismos para garantizar el acceso universal de las personas con discapacidad.
LEY AUDIOVISUAL PARA ANDALUCÍA
Proponemos una Ley Audiovisual de Andalucía que debe:
– Garantizar los derechos de la ciudadanía y, concretamente, su derecho de acceso a la información y a los medios públicos, tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
– Ser resultado de un método de participación para su elaboración integral y transversal, evitando el modelo tecnocrático de mesas sectoriales y caminando hacia un proceso de elaboración colectiva, de abajo a arriba, en el que esté convocada toda la ciudadanía, además de las principales organizaciones sociales implicadas en el proceso. Para ello es fundamental afrontar la elaboración de la Ley y del Plan de Actuación correspondiente, sin prisas, para que el resultado sea no solo más coherente, sino también más vertebrador de las necesidades de la población
andaluza.
– Poner una barrera a las nefastas consecuencias que diversas leyes (Ley General del Audiovisual, pero también Ley de Reforma de la Administración Local y artículo 135 de la Constitución) han tendido para el panorama audiovisual, desbordando el restrictivo marco legislativo actual. Se trata de anteponer los derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía, norma de rango superior, a los ataques que puedan derivarse de las reformas legislativas desde el Estado central.
– Garantizar una relación coherente con el resto de iniciativas legislativas en Andalucía, especialmente con las leyes de Transparencia, Participación y, por supuesto, con el Estatuto de Autonomía.
– Implicar al Foro Andaluz de Comunicación y al Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas públicas de comunicación, reforzando la práctica del seguimiento y la evaluación que todo proceso normativo debe contemplar.
Proponemos también los siguientes ejes de actuación a impulsar por parte de la futura Ley:
– En la concesión de las licencias a operadores de radiotelevisión tiene que prevalecer la noción de servicio público y el principio de transparencia. Para garantizarlo, el Consejo Audiovisual de Andalucía tiene que tener la capacidad de intervenir en la supervisión del proceso y en la imposición de sanciones, en caso de que fuera necesario.
– La noción de servicio público ha de contemplar no solo a los medios de titularidad pública sino también a los privados, que también tienen obligaciones en la prestación de este servicio. De manera complementaria, en la gestión del espacio radioeléctrico tiene que prevalecer el interés general.
– La alfabetización mediática es fundamental si de lo que se trata es de fomentar la formación de una ciudadanía crítica. Para ello, la Ley tiene que impulsar planes de alfabetización mediática a través de las nuevas tecnologías (con la ayuda de programas como Guadalinfo) y de las operadoras públicas y comunitarias de ámbito autonómico y local.
– Contemplar medidas para la protección y promoción del Tercer Sector, garantizando cuotas mínimas de reserva en el espectro radioeléctrico (a través de la política de los tres tercios), promoviendo la regularización y abriendo las posibilidades de financiación de los medios comunitarios e incorporándolos como medios de participación ciudadana.
– El Consejo Audiovisual de Andalucía tiene que ver ampliadas sus competencias y revisada su composición, para avanzar en su constitución como un órgano que desde lo público regule y vele por los intereses de la ciudadanía. Igualmente,explorar nuevas vías de co-regulación a través, por ejemplo, de consejos con representación de empresas y trabajadores.
– Mejorar las condiciones y derechos laborales de los profesionales de la comunicación.
– Democratizar los sistemas de comunicación fomentando la soberanía tecnológica en el desarrollo de las redes digitales en los diferentes niveles territoriales.
DEMOCRACIA DIGITAL, CIUDADANÍA Y TRANSPARENCIA
Para Izquierda Unida, la información no es un negocio, sino un derecho. La democratización de los medios de comunicación es una de las condiciones imprescindibles para una auténtica democracia participativa. Izquierda Unida propone un programa de gobierno en comunicación orientado a la modernización, plena democratización y al desarrollo social y autónomo de la ciudadanía en materia de comunicación y derechos culturales.
La realidad actual viene definida por las siguientes limitaciones:
– Los medios de comunicación no se dirigen a la transmisión de información veraz y plural sino que son una herramienta para otros propósitos: la victoria electoral de turno, la rentabilidad de otros productos asociados al mismo grupo multimedia, cuando no intereses absolutamente espurios como la especulación urbana o mercantil.
– Hay numerosos sectores de la población andaluza que no se sienten representados por los medios de comunicación, prueba de ello es la programación segmentada y sectorizada de la RTVA, que se dirige a un público muy determinado.
– Persisten escasos niveles de sindicación y defensa de los derechos laborales del periodista.
– Existe una excesiva municipalización del hecho informativo, ejemplo de ello es que ni un solo diario que vertebre informativamente a toda la comunidad andaluza.
Frente a la mercantilización de la información y del conocimiento y frente a la visión neoliberal del uso de la Informática y de las Telecomunicaciones que deja en manos del mercado el crecimiento y la expansión de su difusión y a una visión dirigista del progreso basada únicamente la acción unilateral de las Administraciones Públicas, desde Izquierda Unida proponemos:
– Potenciar políticas relativas a medios de comunicación transparentes y que visibilicen las diferentes sensibilidades ideológicas y sociales.
– Eliminar el control político y empresarial de los medios de comunicación públicos.
– Promover la participación ciudadana en los medios de comunicación.
– Fomentar el conocimiento de la realidad de los distintos territorios de Andalucía y potenciar la identidad andaluza a través de los medios de comunicación.
– Desarrollar políticas que impulsen el interés de las ciudadanas y ciudadanos andaluces hacia una toma de postura crítica a través de la información.
– Vertebrar el territorio andaluz a través del conocimiento de sus diferentes realidades.
Como cabo suelto, en otra parte de su programa se compromete con el “Acceso de las organizaciones juveniles a la programación de los medios de comunicación públicos que deben crearse. Espaldarazo económico de los medios de comunicación alternativos creados por jóvenes”.
Presenta dos propuestas generales, que afectarían, por un lado, a los medios de comunicación públicos:
P32.5 Modificar los criterios de distribución de tiempo gratuito de propaganda electoral en los medios de comunicación públicos que en la actualidad desprecia a los partidos que no obtuvieron representación parlamentaria en las anteriores elecciones.
Y en general:
P.382. Eliminaremos las subvenciones culturales a los medios de comunicación.
Pero el grueso de contenidos que en su programa dedica al periodismo y los medios de comunicación se enfocan a la RTVA/Canal Sur:
II. e. Servicios Públicos v. Ciudadano en el centro de la política 5. Radiotelevisión de Andalucía.
P.403. Abordaremos una adaptación y ajuste profundo de la Radio y Televisión Andaluza “Canal Sur” a un modelo profesional y austero ajustado a su función de servicio público y cohesión cultural del territorio de la Comunidad Autónoma. La reforma incluirá la conversión de su Consejo de Administración, órgano de dirección, innecesario, costoso y despilfarrador, a un modelo profesional, independiente y reducido. La reestructuración también implicará la venta de uno de los dos canales de televisión y el mantenimiento del segundo en las siguientes condiciones (extensibles a los radiofónicos):
P403.1 Eliminaremos su actividad comercial publicitaria.
P403.2 Limitaremos sus contenidos a los de información, cultura, deportes minoritarios y otros de interés general para Andalucía.
P403.3 Los informativos se centrarán en las cuestiones de interés para Andalucía, eliminándose las corresponsalías en el extranjero.
P403.4 Eliminaremos todos los contenidos de entretenimiento que no tengan un componente cultural, formativo y de fomento del conocimiento.
P403.5 La haremos parte importante del Plan de Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, emitiendo películas y series en versión original.
P403.6 Aprovecharemos los recursos propios, suprimiendo los contratos de productoras siempre que se puedan hacer los programas con producción propia.
P403.7 Acometeremos una reducción salarial de los directivos de manera que ninguno de ellos perciba retribuciones superiores a las del presidente de la Junta de Andalucía. El nivel salarial del director general de la RTVA se equiparará al de los directores generales de la administración autonómica.
Finalmente, se dirige a los canales privados de televisión:
P.404. Exigiremos a los propietarios de los canales adjudicatarios de licencia de TDT en el Múltiplex (MUX) autonómico, que cumplan con los compromisos adquiridos en el concurso inicial, haciendo especial hincapié en lo relativo a horas semanales de emisión de contenidos generalistas e informativos. En el caso de que se incumplan estos compromisos, revocaremos las licencias y las sacaremos de nuevo a concurso.
Dos propuestas, dispersas en el texto del programa electoral andalucista:
– Creación de la Hemeroteca General de Andalucía como punto y final de una política de censo, protección, difusión y divulgación de un rico patrimonio documental periodístico, actualmente disperso y ausente de una política específica al respecto.
– Prohibir los anuncios de prostitución en los medios de comunicación.
Y una reflexión:
Los medios de comunicación en general marginan la realidad andaluza y apenas dan cabida en sus contenidos a la realidad del millón ciento ochenta y siete mil seiscientos parados y paradas andaluzas que arrastran no sólo la angustia por la incertidumbre de volver a encontrar trabajo, por haber acabado el subsidio, sino también la dificultad extrema para pagar la hipoteca, el hundimiento de la autoestima o el aumento de la conflictividad familiar.
Este nuevo partido también se extiende en su programa en lo que se refiere a periodismo y medios. Con una consideración general:
Respecto al sector informativo, éste no puede ser tratado como una mercancía, sino como lo que es: un bien común al servicio de la democracia.
La existencia de oligopolios privados en prensa, radio y televisión, la falta de pluralismo informativo, el clientelismo político y la connivencia entre medios y partidos, la falta de independencia respecto de los poderes económicos, la precariedad laboral en el sector periodístico, el desmantelamiento planificado de los servicios públicos de radiotelevisión, el hostigamiento a los medios del sector social, la falta de garantías de seguridad en el ejercicio de la profesión y la necesidad de promover una toma de conciencia ciudadana sobre la importancia del Derecho a la Información y la Comunicación son algunas de las muchas pinceladas de un debate público pendiente y urgente de gestionar.
Y una serie de medidas o propuestas concretas, en un capítulo especifico:
3. PROMOVER UNA INFORMACIÓN PÚBLICA PLURAL E INDEPENDIENTE
Es necesario regenerar la profesión y salvaguardar el derecho a la información y a la libertad de prensa haciendo hincapié en la importancia de la elaboración de una información crítica, independiente y plural, así como que las y los periodistas se sientan protegidos para elaborarla. Es fundamental que la ciudadanía reciba información de calidad para luego poder tomar decisiones sobre la vida política.
Recuperar la comunicación como vía de participación democrática es esencial para que las demás transformaciones sociales tengan respaldo y continuidad.
Medidas
a) Democratizar la comunicación y consolidar una radio y televisión públicas
25. Configurar el espacio radioeléctrico andaluz para garantizar la pluralidad, fomentando el equilibrio entre los operadores públicos, privados con y sin ánimo de lucro y/o comunitarios.
26. Crear formas más democráticas y participadas popularmente que garanticen la independencia de la radio y televisión públicas.
27. Democratizar y abrir a la participación de las y los trabajadores el Consejo de Administración de RTVA, a fin de conseguir una televisión pública transparente, independiente, crítica y profesional.
b) Garantizar el derecho a la comunicación de la ciudadanía
28. Impulsar Servicios de Comunicación Comunitarios (SCC) (privados sin ánimo de lucro) fortaleciendo el tercer sector de la comunicación, como garantía democrática de participación y pluralidad, a través de convocatorias públicas de ayudas, la cesión de espacios públicos, así como la formación a través de la RTVA.
29. Regular del derecho de acceso a RTVA, tal y como establece la Ley General de Comunicación Audiovisual así como el Contrato Programa de la propia cadena pública andaluza.
c) Asegurar una información veraz, plural e independiente
30. Habilitar un Registro Público de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual accesible telemáticamente y actualizado de forma permanente donde la ciudadanía podrá conocer, entre otros datos, quien es dueño de los medios de comunicación, así como sus compromisos éticos y códigos deontológicos. Todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual deberán quedar sujetos a la Ley de Transparencia Andaluza.
31. Modificar la Ley 1/2004 para transformar el Consejo Audiovisual Andaluz en un órgano de control eficaz, eficiente, transparente y abierto a la participación ciudadana, garante del pluralismo y del derecho a recibir una información veraz y a la participación pública a través de la comunicación en Andalucía. Actuará sobre todos los medios de comunicación (privados y públicos).
32. Corregular los medios de comunicación privados y públicos que deberán dotarse de un reglamento de garantías, que defina cómo se articula el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística dentro de su medio. Este reglamento deberá ser remitido y aprobado por el Consejo Audiovisual Andaluz, lo que vendrá a garantizar el servicio público del uso del espacio radioeléctrico.
d) Garantizar el periodismo para proteger la democracia
33. Garantizar que los medios audiovisuales con más de 3 profesionales constituyan sus consejos de redacción de acuerdo al Código Deontológico Europeo.
34. Dotar a los medios audiovisuales de un reglamento de garantías que, de acuerdo al Código Deontológico Europeo, defina las cláusulas de conciencia y secreto profesional sobre las fuentes.
35. Fomentar en todos los medios de comunicación públicos una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujeres, así como campañas de corresponsabilidad. En especial, promover acciones de publicidad en los medios de comunicación específicas para la prevención y erradicación de la violencia de género con una programación de radio y televisión con contenidos coeducativos.
36. Garantizar el derecho a la libertad de expresión de forma que ninguna persona que realice labores de comunicación podrá ser obligada a revelar secretos en su contra, incluyendo el derecho de reserva de la fuente; que las actividades de carácter informativo permanente sean realizadas por profesionales del periodismo o la comunicación, a excepción de los servicios de comunicación comunitaria; y que los cargos inherentes a la comunicación en los prestadores públicos sean desempeñados por comunicadores y profesionales del periodismo.
37. Velar por que sea difundido, tanto en medios públicos como privados, el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
38. Promover una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad acorde con los fines y principios previstos en esta Ley por parte de los medios de comunicación social que desarrollen su actividad en Andalucía.
39. Fortalecer la RTVA como servicio público con especial atención a las minorías, incluyendo el concepto de audiencia social, que va más allá de las mediciones actuales de audiencia, para favorecer un mejor reflejo de la sociedad andaluza.
El compromiso de este partido, nuevo en las andaluzas, parte de su idea de que “En la actualidad nada escapa al control de los partidos (…) Hay que separar poder político y poder económico, cortar los tentáculos de la partitocracia sobre (..) los medios de comunicación…”
Su propuestas se orientan a Canal Sur:
12. Medios de comunicación públicos plurales
Profundizar la democracia exige medios de comunicación públicos plurales. Ciudadanos, se compromete a garantizar la pluralidad e independencia de los medios públicos de titularidad autonómica (Canal Sur) y a implantar una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística.
(…)
Además nos comprometemos a ofrecer una contabilidad real del coste que supone para los andaluces la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (que a su vez integra a las sociedades Canal Sur Televisión, S.A. y Canal Sur Radio, S.A.).
Nos responsabilizaremos de hacer un trabajo más profesional apartando a los políticos de la gestión de la entidad.
A la cuestión de las subvenciones a medios:
13. Medios de comunicación privados independientes
Eliminaremos las subvenciones a los medios de comunicación privados para romper con el clientelismo informativo, o si ello crease grave perjuicio a la información, estableceremos un procedimiento transparente de subvenciones con criterios objetivos profesionales y de neutralidad política. Respetaremos la independencia de los medios privados y nos comprometemos a erradicar cualquier tipo de condicionamiento directo o indirecto sobre su línea editorial.
Hoy la Administración y las instituciones de Andalucía se centran en crear y mantener redes clientelares. Ciudadanos cambiará esta prioridad destinando los recursos a abordar y resolver los problemas de los andaluces y no a subvencionar asociaciones, entidades y medios de comunicación cuya única finalidad es la lealtad partidista al partido gobernante.
Y, en un aparte, una referencia de ajuste al “personal dedicado a las relaciones con los medios de comunicación, estos últimos, los más numerosos entre los asesores”.
Lo sé: Es todo un ladrillo, como decimos los periodistas. Pero alguien tenía que hacerlo…
