La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende la labor de los periodistas durante la campaña electoral

La Red de Colegios Profesionales Periodistas muestra su total apoyo a los periodistas y medios de comunicación que están cubriendo la campaña electoral y recuerda la importancia que tiene para cualquier sociedad democrática la existencia de la libertad de prensa, que garantice el derecho a la información que tiene la ciudadanía. 

La importante labor informativa de los periodistas cobra aún más relevancia en periodos electorales, ya que son los encargados de informar a los ciudadanos de todo lo que acontece durante este proceso y hacer públicas todas las informaciones relacionadas con los partidos políticos que concurren a la cita electoral. Por esta razón, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas destaca que los posibles futuros representantes públicos deberían dar ejemplo y favorecer la pluralidad informativa para así garantizar los valores sobre los que se debe sustentar cualquier sociedad democrática, ya que atacar la labor profesional desempeñada por los periodistas
supone un menosprecio al derecho a la información. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con cada uno de los vetos que está llevando a cabo VOX a aquellos periodistas que según su criterio les perjudican con sus informaciones, obviando que la única limitación que debe tener un periodista es el respeto al código deontológico de la profesión.

Asimismo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas rechaza el anuncio de cierre de medios de comunicación si Vox llega al poder, ya que este tipo de amenazas lo único que demuestran es un interés en reducir la pluralidad informativa que siempre debe existir en una democracia.

Red de Colegios Profesionales de Periodistas

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas se constituyó el 14 de junio de 2018 y está formada por los nueve Colegios Profesionales de Periodistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco).

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta de Andalucía que no contrate publicidad con medios que precarizan la profesión

La dirección general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a licitar el “gran” contrato de publicidad institucional que servirá para dar cobertura a la planificación de medios y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión y ejecución de dichos planes, por un período de dos años.

Revisado el contenido de la documentación publicada en la plataforma, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha observado la incorporación de cláusulas medioambientales, -permiten garantizar los criterios recogidos en la Guía que ha de regir toda la contratación pública-; la referencia al compromiso adoptado por el anterior Gobierno de no insertar publicidad institucional en soportes que publiquen anuncios de contactos; o la advertencia de que “en modo alguno se podrán contratar espacios para publicidad institucional en soportes regionales, o en emisoras locales/comarcales de esos soportes, que no cuenten con el preceptivo título administrativo habilitante para emitir”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta, tal y como viene solicitando el CPPA, la petición de que en la contratación de espacios publicitarios se observen también cláusulas sociales y de empleo. Algo que permitiría, por ejemplo, valorar desde el cumplimiento de la normativa básica laboral hasta medidas de conciliación o igualdad en dichos medios.

Como persona responsable del contrato, figura el Jefe del Gabinete de Comunicación Institucional y firma la licitación, el titular de la dirección general, Juan de Dios Mellado. Justamente a Mellado fue a quien el Colegio Profesional de Periodistas, solicitó en la reunión mantenida a principios de este mes de abril, que introdujera en el pliego de prescripciones técnicas algunas cláusulas que permitieran garantizar que los medios contratados para inserciones publicitarias no precarizaban el empleo de los profesionales de la información, contribuyendo así a asegurar unas condiciones mínimas de calidad en el empleo en un sector muy castigado por la crisis.

En opinión del Colegio de Periodistas, esto contribuiría a mejorar la situación de los profesionales del sector de los medios y promovería la calidad de los empleos. Por este motivo, reiteran al gobierno de la Junta de Andalucía su petición de no contribuir a la precarización laboral del periodismo contratando publicidad con empresas que no respetan unas condiciones laborales mínimas sino que más bien se caracterizan por continuos recortes de plantilla, bajada de sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, ausencia de representación sindical, retrasos en el pago de las nóminas o contratos en categorías laborales inferiores a las correspondientes a las funciones o labores realizadas por los profesionales. Desde el CPPA advierten a la Junta de Andalucía de que esta situación es el día a día de cientos de trabajadores y trabajadoras de los medios en Andalucía y que esa precariedad afecta directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por tanto, al objeto de no convertirse en cómplices de la precariedad laboral del periodismo y la desinformación de la ciudadanía, el CPPA solicita a la Junta una rectificación del documento y la atención a las solicitudes expuestas en reiteradas ocasiones.

Información transparente sobre publicidad institucional

Y es que ya en la pasada legislatura, el Colegio trasladó la misma petición al Gobierno y para comprobar los efectos que pudieran tener las acciones de publicidad sobre los medios, solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre cuáles habían resultado perceptores de dichos contratos publicitarios ya que esta información no se publica. Después de varios meses de tramitación y tras presentar recurso ante el Consejo de Transparencia, la dirección general de Comunicación facilitó al Colegio el listado de los medios que habían percibido ingresos por publicidad institucional, si bien el Consejo no estimó la petición de conocer las cuantías que recibió cada uno. Y todo ello, con el objetivo de comparar si los medios que precarizaban el empleo de los periodistas habían sido destinatarios de esos contratos.

Amparados en la resolución del Consejo de Transparencia, que concede el derecho a esta Corporación a conocer los medios que perciben ingresos publicitarios, el Colegio vuelve a pedir que desde la dirección general de Comunicación Social se contemplen estas medidas dado que, con carácter previo a la compra de espacios, los planes de medios propuestos por la agencia que resulte ganadora del concurso para la gestión de la publicidad institucional, han de ser validados por el responsable del contrato. Al mismo tiempo, reclama que se publiquen qué medios son los que reciben publicidad y el importe que en cada caso reciben.

Un millón de euros más para medios digitales

El contrato realizado por el anterior equipo de gobierno extiende su duración hasta el próximo 3 de mayo de 2019, de ahí que el nuevo director general haya iniciado los trámites para la nueva contratación, que incorpora un incremento de un millón de euros en el Lote 1, dedicado a prensa, impresa y digital. El Lote 2, destinado a publicidad en radio y televisión, mantiene la cuantía de 2 millones de euros. La diferencia, según la memoria justificativa que consta en el expediente, se debe a que es el digital “un sector muy dinámico y cuyo mercado ha sufrido un significativo crecimiento con la aparición de nuevas cabeceras”.

Al respecto, la decana informó al director general que el Registro de Medios Digitales de Andalucía, ROMDA, desarrollado por el Colegio, sería un instrumento magnífico para ayudar a la administración a seleccionar los medios digitales que cumplen los requisitos de empleo, deontología periodística, calidad informativa y cumplimiento de los criterios de la Sociedad de la Información, por lo que invitó a que la administración lo utilice de referencia a la hora de contratar publicidad institucional, como garantía para la ciudadanía.

Desde que tomó posesión, la actual Junta de Gobierno del CPPA solicita ante las instituciones públicas medidas para evitar la precarización del sector periodístico, promover el empleo y la estabilidad laboral. En ese sentido, han solicitado a las administraciones su adhesión a lo que han llamado “moción contra la precariedad”, en la que se solicita a las administraciones que se tomen medidas para garantizar que las personas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional lo hacen en unas condiciones dignas de empleo. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) ha tratado el asunto en su pleno.  

CPPA y APC solicitan a los partidos medidas contra el intrusismo y la precariedad de periodistas en las administraciones

El Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz han pedido a los partidos políticos que adopten medidas encaminadas a normalizar la situación de los periodistas y comunicadores en las administraciones. Entre ellas que formen parte de las plantillas fijas y sean, en todo caso, profesionales titulados los que cubran las plazas de comunicación en los gabinetes de prensa de las instituciones. Las organizaciones profesionales pretenden acabar con la discriminación que sufre el colectivo de periodistas con respecto a otros profesionales en las administraciones públicas. 

Los colectivos de periodistas han enviado una misiva a los partidos políticos para insistir en la necesidad de acabar con el menosprecio de los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio del Periodismo. En los últimos años, tanto la APC como el CPPA, han denunciado varios casos en los que no se requiere la titulación superior en periodismo o comunicación audiovisual como requisito imprescindible para acceder al puesto. 

Las entidades también subrayan la necesidad de que se ponga fin a una situación que lleva a los periodistas a la eventualidad laboral. Los periodistas reclaman a los cargos electos que tomen las medidas oportunas para la estabilidad de los periodistas y comunicadores audiovisuales, con su inclusión en las RPT de las administraciones públicas y la creación de plazas de titulado superior a las que se acceda por oposición.  

En la provincia de Cádiz son varias las administraciones que en sus respectivos plenos ya se han sumado al Compromiso Público Por el Empleo y la Profesión Periodística, promovido por el CPPA. Un protocolo contra la precariedad laboral en las áreas de información y comunicación de las entidades públicas y a favor de esta profesionalización, mediante las correspondientes convocatorias públicas. Además, la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España), se acaba de pronunciar en tal sentido en su última asamblea celebrada en Albacete. 

Por último, APC y CPPA remachan que las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar sus gabinetes de comunicación, un instrumento que será fundamental en su relación con los medios y, por tanto, con la ciudadanía.

La viceconsejera de Educación abre la puerta a una posible modificación de los requisitos de la bolsa extraordinaria de educación para que los periodistas puedan acceder a ella

La orden que regula la actual convocatoria impide que las personas tituladas en Periodismo accedan a la bolsa extraordinaria para cubrir las vacantes en la docencia de la asignatura de lengua y literatura y cuya convocatoria se publicó la semana pasada.

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, y el secretario general, José Barrera, se han reunido este jueves con la viceconsejera de Educación y Deportes, Marta Escrivá, en un encuentro que ha permitido abordar las dificultades que las personas licenciadas o graduadas en Periodismo están encontrando al intentar dar clases de lengua y literatura en los centros concertados y privados y al tratar de acceder a las convocatorias de las bolsas extraordinarias en la educación pública.

Escrivá, que estuvo acompañada por el nuevo director general de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, Juan Carlos Aunión, apoyó firmemente las demandas del colectivo durante la pasada legislatura, en su calidad de parlamentaria por el Grupo Ciudadanos, y conoce por tanto la problemática a la que se enfrentan los periodistas docentes y los pasos que se están dando por el Colegio para resolverla.

Además de explicarle el estado de las gestiones que desde la corporación colegial se están llevando a cabo con el Ministerio para forzar la modificación de la normativa estatal que regula la docencia en centros privados y concertados, –y que se han visto paralizadas por la convocatoria electoral–, Navarrete reiteró también la necesidad de que se equiparen las condiciones para todos los territorios y pidió a la viceconsejera que eleve la cuestión al Consejo Escolar estatal, al propio Ministerio y a la conferencia sectorial de Educación, a fin de unificar los criterios y evitar así desigualdades como las que se están produciendo y que están perjudicando especialmente a los periodistas en Andalucía. Por su parte, Escrivá y Aunión explicaron las dificultades técnicas que implican los cambios en la orden  de 2018 que regula el acceso a las bolsas extraordinarias, al ser una decisión de la que participan de manera decisiva los sindicatos de la mesa sectorial (UGT, Comisiones Obreras, CSIF, USTEA y ANPE), al tiempo que insistieron en el escaso impacto de estas bolsas extraordinarias toda vez que el próximo año se celebrarán oposiciones.

Respecto al acceso a la docencia mediante las convocatorias ordinarias, el Colegio denuncia que algunas universidades no andaluzas, por el momento, están impidiendo el acceso al MAES a quienes proceden del Grado o Licenciatura en Periodismo, un hecho muy grave si se entiende que el Máster es indispensable para poder impartir clases en la educación pública. Además, desde el Colegio se recuerda que participar en las bolsas extraordinarias significa la oportunidad de sumar puntos de cara justamente a esas futuras convocatorias públicas.

Por su parte, la corporación andaluza informó que está a la espera de conocer cómo se resolverá, por ejemplo, la convocatoria prevista en Galicia en la que se ha dado un plazo de dos semanas para realizar alegaciones o sugerencias, al contrario de lo que sucedió en Andalucía donde no se consultó ni al Colegio ni a las Universidades que imparten estas titulaciones.

Por cuanto a la situación de quienes vienen impartiendo docencia en centros privados y concertados, se mantiene el compromiso de la anterior titular de forma que quienes continúen impartiendo clases de forma ininterrumpida en el mismo centro desde antes de 2015, podrán seguir ejerciendo, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto 860/2010 de 2 de julio.

Nuevas competencias mediáticas

La reunión sirvió también para tratar otra de las demandas recogidas en el documento de 18 medidas presentado por el Colegio para mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales, en lo que afecta al ámbito educativo y de formación. Así, se trasladó  la necesidad de incorporar a la estructura docente de la educación primaria, secundaria y de bachillerato una asignatura específica sobre el acceso a la información, periodismo y otros medios sociales de información y comunicación, que tenga como objetivo la enseñanza del uso responsable y seguro de los medios y redes sociales así como la utilización adecuada de los recursos informativos disponibles en Internet, todo ello en la línea del Informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel para la Comisión sobre Desinformación presentado en 2018. La viceconsejera se comprometió a estudiar la posibilidad de dar respuesta a esta petición que estimó además muy oportuna, dentro de las opciones que le permitan sus competencias.

El nuevo Gobierno de la Junta continúa con el modelo de trabajadores eventuales para realizar las labores de comunicación institucional

A pesar de las evidentes necesidades y del papel fundamental que la comunicación y la información tienen en la labor del Gobierno de la Administración de la Junta de Andalucía, los periodistas y profesionales de la comunicación siguen tratados como eventuales, sin garantías de estabilidad e independencia para realizar su trabajo

El BOJA de hoy recoge el “Decreto de Eventuales” anunciado por el Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que refleja, entre otros cambios, el recorte en cuanto al número de puestos asignados a esta figura y que una vez más, mantiene el modelo de contratación para quienes tienen encomendada la gestión técnica de la comunicación en la Junta de Andalucía.

Tras eliminar del organigrama la Secretaría General de la Oficina del Portavoz, el centro directivo que tenía las competencias informativas y de comunicación de la Junta de Andalucía, y crear la oficina de comunicación al frente de la cual se sitúa el periodista Sebastián Torres, la situación de los profesionales que trabajan en este centro (que no aparece aún recogido como tal en el organigrama), sigue siendo la misma o incluso ha empeorado.

Según el Decreto, que reproduce lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual sólo realizará funciones “expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Así lo ha considerado en 151 casos, que se distribuyen en un variopinto elenco de denominaciones tales como asesorías de programa; asesorías de información y documentación; coordinaciones generales; direcciones de áreas; asistencia de protocolo; jefaturas de gabinete; vocalías asesoras; y asesorías de documentación. Bajo este último grupo se ocultan los periodistas o profesionales de la información y la comunicación, para quienes el nuevo Gobierno no ha considerado necesario ni tan siquiera denominar correctamente como técnicos de comunicación.

En total, se adscriben a la denominada Portavocía del Gobierno, un total de 24 asesorías de documentación, que prestarán servicio en Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta y Subdelegación del Campo de Gibraltar; el resto de periodistas es difícil de localizar por la falta de definición clara de las funciones y el puesto.

Y es que el nuevo Gobierno vuelve a prescindir y a evitar la conformación de una estructura estable que permita la realización de las tareas de comunicación e información por profesionales cualificados que ejerzan estas competencias y presten servicio a la ciudadanía en esta materia..

El Colegio de Periodistas de Andalucía había reclamado al nuevo Portavoz y Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que no reprodujera el modelo de los últimos 30 años y dotase de una estructura a la Oficina del Portavoz ahora Oficina de Comunicación o Portavocía del Gobierno; sin embargo, con la publicación de este Decreto se confirman las peores noticias: los periodistas siguen sin ser reconocidos como profesionales necesarios, con condiciones de estabilidad y garantías de independencia en la Junta de Andalucía.

Tras la reunión mantenida esta semana con el Director General de Comunicación Social., Juande Mellado, a quien se han trasladado entre otras cuestiones esta preocupación y estas demandas, el Colegio ha solicitado reunión con Sebastián Torres, responsable de la Oficina. Previamente, había requerido un encuentro al Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien aún no ha dado respuesta.

El Colegio recuerda que la categoría de técnico de información está definida como tal en el Convenio del Personal Laboral de la Junta y siendo evidente y palmaria la necesidad de la prestación de estos servicios para facilitar la comunicación y la información a la ciudadanía, lo que procede y cuanto antes es crear esa estructura que dignifique además la figura del periodista en la administración de la Junta, como ya sucede en otras administraciones provinciales, locales y autonómicas.