El CPPA y AP-APAL denuncian que el Ayuntamiento de Guadix ha encargado la Comunicación al hermano de la primera teniente de alcalde, sin ser periodista

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CPPA / ALMERÍA

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncian que el Ayuntamiento de Guadix no solo ha desmantelado el servicio de Comunicación profesionalizado del que disponía, sino que también ha encargado esa competencia a un no periodista, hermano de la primera teniente de alcalde del municipio.

Encarni Pérez Rodríguez, Primera Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Guadix

El alcalde – presidente del Ayuntamiento de Guadix, Jesús Rafael Lorente Fernández, con fecha 9 de julio de 2019-, ha hecho pública una resolución (número 2019-0988) basándose en el acuerdo del pleno de la Corporación accitana de 8 de julio, donde se aprobaron los puestos de personal eventual, por la que resuelve nombrar a Antonio Pérez Rodríguez como personal eventual de confianza para que ocupe el puesto de Coordinador de Protocolo, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, con una dedicación a jornada completa y con unas retribuciones anuales que se marcan en dicho decreto.

El servicio de Comunicación ha sido asumido por dicha persona, toda vez que es quien elabora y envía a los medios las notas de prensa que proceden del ayuntamiento accitano. Antonio Pérez Rodríguez es hermano de la primera teniente de alcalde, Encarni Pérez Rodríguez, también, como el alcalde, del grupo del PP en el ayuntamiento, que gobiernan con el apoyo de Ciudadanos.

Los hermanos Encarni y Antonio Pérez Rodríguez han sido responsables de la publicación en papel «Wadias» y del soporte digital oleguadix.es, donde aportaban su trabajo, colaboración y hasta entrevistas. Ambos medios fueron fundamentales en la campaña para las elecciones del PP de Guadix, incluso Encarni realizó el 16 de junio de 2018 una entrevista al hoy alcalde de la ciudad, que aún se difunde en soporte digital.

Imagen en la que Encarni Rodríguez, actual teniente de alcalde, entrevista al que sería tras las elecciones municipales de mayo de 2019 el nuevo alcalde de Guadix, Jesús Lorente (PP). La entrevista fue realizada antes de conocerse la lista con la candidatura del Partido Popular en la que también iría la propia Encarni Rodríguez.

Tanto el CPPA como la AP-APAL denunciaron el 3 de julio pasado las intenciones del ayuntamiento accitano y de su alcalde, Jesús Lorente Fernández (PP), con el apoyo de Ciudadanos, de prescindir de un plumazo del servicio de prensa, comunicación y relaciones con los medios que venía realizando una periodista titulada. La información municipal ha pasado, ahora sí lo hemos podido comprobar, a manos de un asesor, persona a la que no se le ha exigido tener la titulación de Periodismo o Comunicación Audiovisual y que asume entre otras funciones las que estaban totalmente profesionalizadas.

Tanto el Colegio como la Asociación insisten en que echar mano de «personal de confianza» sin ninguna preparación, ni titulación para llevar a cabo funciones de comunicación institucional no es de recibo. Y, si además, se aprovechan para ‘colocar’ eventualmente a familiares directos, pues flaco favor se hace a la democracia. Los principios de igualdad de oportunidades saltan por los aires y conducen a ser una prueba más de favoritismo, juego sucio y prepotencia de quienes rigen los destinos de una administración local como la de Guadix.

Partido Popular y Ciudadanos, que apuestan claramente por la transparencia y la igualdad de oportunidades para acceder a un puesto público de servicio a la ciudadanía, deberían tomar medidas y reconducir la situación de la Comunicación en el Ayuntamiento de Guadix.

El gobierno municipal de Guadix, de esta forma tan ruin, ha fulminado dos décadas de un trabajo profesional concienzudo, desarrollado y desempeñado por periodistas de forma eficaz. Ahora, en manos de un inexperto en comunicación, sin preparación en Periodismo, las consecuencias serán palpables en breve, ya que se le niega a la ciudadanía el acceso a una información profesional, transparente e imparcial.

El Colegio de Periodistas instará a las instituciones cordobesas a “asumir” un «compromiso público por el empleo”

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha acordado iniciar una ronda de contactos con representantes de instituciones públicas, agentes sociales y entidades de Córdoba y provincia con el objetivo de dar a conocer el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, una iniciativa aprobada a finales del año 2016 que persigue “dignificar” la situación laboral de los profesionales del Periodismo que trabajan para la Administración pública.

“Las dinámicas de contratación establecidas en el pasado sin tener en cuenta la titulación universitaria no deben lastrar el futuro de esta profesión”, recoge el documento elaborado por el CPPA, toda vez que defiende la necesidad de “establecer un punto cero” que garantice el empleo actual pero que, a su vez, “permita a las nuevas generaciones de egresados” en Periodismo y Comunicación Audiovisual “tener una oportunidad en un mercado laboral dominado por la precariedad y la falta de expectativas”.

En ese sentido, la Demarcación del CPPA en Córdoba instará a las instituciones públicas de la capital y de la provincia a solicitar la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes para el desempeño de las funciones propias del ejercicio del periodismo, a través de gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, así como en cualquier medio de titularidad pública o en eventos, certámenes o festivales promovidos desde organismos públicos.

Asimismo, el CPPA reclamará que para la realización de las labores propias de comunicación e información se doten también “puestos específicos” y, cuando esto no sea posible, que se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que cuente entre sus recursos humanos con personal con la debida titulación.

Para el CPPA, “el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística constituye una herramienta eficaz para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del Periodismo que desempeñan su trabajo en el ámbito de la Administración pública”.

CPPA y AP-APAL rechazan las intenciones del Ayuntamiento de Guadix de desmantelar su servicio de comunicación institucional profesionalizado

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CPPA/ALMERÍA

El Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) muestran su más firme rechazo a las pretensiones del ayuntamiento de Guadix con su alcalde al frente, de desmantelar el servicio de comunicación profesionalizado del que dispone.

Tanto el CPPA como la AP-APAL han tenido conocimiento por diferentes conductos, profesionales, políticos y a través de medios de comunicación, de las intenciones del ayuntamiento accitano y de su alcalde, Jesús Lorente Fernández (PP) de prescindir de un plumazo del servicio de prensa, comunicación y relaciones con los medios que viene realizando una periodista titulada. La información municipal pasaría a manos de un asesor, persona a la que no se le exigirá tener la titulación de periodismo o comunicación audiovisual y que asumirá, al parecer, entre otras funciones las que estaban totalmente profesionalizadas.

Echar mano de “personal de confianza” sin ninguna preparación, ni titulación para llevar a cabo funciones de comunicación institucional no es de recibo. De esta forma, también los periodistas, en un futuro, por la misma regla de tres, deberían de acceder a otros puestos destinados a titulados como pueden ser abogados, médicos, enfermeros o nutricionistas.

Jesús Lorente Fernández (PP), alcalde de Guadix tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2019.

El alcalde y la corporación municipal de Guadix, si se consuma lo proyectado y se aprueba en sesión plenaria, acabarán con 17 años de un servicio de comunicación totalmente profesionalizado que venía desempeñando de forma eficaz y ejemplar una periodista a la que se otorgó tal cometido mandato tras mandato de equipos de gobierno accitanos regentados por diferente signo político PP, PSOE o PSOE-IU, en coalición. Ello ha permitido demostrar que se trataba de desempeñar una tarea comunicativa desde una perspectiva meramente institucional y de servicio público. Ya antes a este largo periodo de 17 años hubo también otro profesional del periodismo realizando las mismas funciones durante años.

El ayuntamiento de Guadix “tira por tierra” dos décadas de un trabajo profesional concienzudo, desarrollado y desempeñado por periodistas de forma eficaz y que ahora pasarán a manos de un inexperto en comunicación, al parecer, de la misma militancia que el alcalde (PP), sin preparación en periodismo con las consecuencias que conlleva para la ciudadanía, a la que se le niega el acceso a una información profesional, transparente e imparcial.

Fachada del Ayuntamiento de Guadix.

Actualmente, el ayuntamiento de Guadix, tras las últimas elecciones municipales, está gobernado por el PP con 8 concejales y gracias al apoyo de los dos ediles de Ciudadanos (la corporación la forman 17 concejales).

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), muestran su rechazo rotundo a esta decisión a punto de consumarse y pondrán todas las medidas a su alcance para que el equipo de gobierno rectifique.

Las dos organizaciones profesionales,  CPPA y AP-APAL, tienen entre sus objetivos defender a los profesionales de la comunicación, dignificar la profesión y fomentar su mejora. Estas metas no se pueden alcanzar si se continúan menospreciando los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio del Periodismo. Si bien entendemos que la titulación no debe ser la única consideración que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar a un candidato, sí creemos que debe ser la primera e indispensable, más si cabe si se trata de una institución pública.

La organización colegial andaluza y la asociación almeriense insisten en que las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar sus gabinetes de comunicación, un instrumento que será fundamental en su relación con los medios y, por tanto, con la ciudadanía. Pese a ser un servicio fundamental para un consistorio, son pocos los que cuentan con periodistas en sus plantillas. Precisamente por este motivo, desde el Colegio, con el apoyo de la AP-APAL, se está llevando a cabo una campaña por todos los ayuntamientos de Andalucía para que respalden el documento Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, una iniciativa que persigue tres objetivos fundamentales:

+ Que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes;

+ Que para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación;

+ Contribuir también en el marco de sus competencias a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector.

 

La Red de Colegios de Periodistas respalda los comunicados hechos públicos por los Colegios de Periodistas de Andalucía y Castilla y León sobre la renovación del Consejo de Administración de la RTVA y el trato a los periodistas durante la presentación del pacto de gobernabilidad en Castilla y León

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La Red de Colegios Profesionales de Periodistas comparte el malestar mostrado por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía tras conocer las propuestas de cada grupo parlamentario para renovar el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual, sobre las que han aparecido multitud de informaciones en los diversos medios de comunicación.

A este respecto, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía reiteran su demanda a los grupos parlamentarios para que en todas las propuestas aparezcan profesionales del Periodismo y la Comunicación Audiovisual y que de ese modo “no pierdan la oportunidad de dignificar ante la ciudadanía la composición del consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía”.

Asimismo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas también se adhiere al comunicado emitido por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León en el que muestra su rechazo al trato dispensado a los periodistas que acudieron al acto de presentación del pacto de gobernabilidad en dicha comunidad autónoma. Desde el Colegio de Periodistas de Castilla y León y la Red de Colegios Profesionales de Periodistas se ve inadmisible que dicho acto no contara con una ronda formal de preguntas y que los periodistas no tuvieran un espacio reservado para desempeñar su labor profesional de la mejor manera posible.

El Colegio de Periodistas pide a los grupos parlamentarios que “no pierdan la oportunidad de dignificar el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual”

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha expresado su “profundo malestar” tras conocer las propuestas de cada grupo parlamentario para renovar el Consejo de Administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual, sobre las que han aparecido multitud de informaciones en los diversos medios de comunicación. 

Sin más información que la difundida por los medios, “a pesar de ser nuestra organización la representante de la profesión en la comunidad autónoma y a pesar de haber solicitado que  como tal nuestra opinión sea tenida en cuenta”, desde el Colegio de Periodistas de Andalucía muestran su “indignación” por el “uso partidista, propagandístico, político y casi esperpéntico que desde el Parlamento andaluz se sigue dando a la radiotelevisión autonómica y al Consejo Audiovisual de Andalucía”. 

El Colegio de Periodistas reitera su demanda a los grupos parlamentarios para que en todas las propuestas aparezcan profesionales del Periodismo y la Comunicación Audiovisual y que de ese modo “no pierdan la oportunidad de dignificar ante la ciudadanía la composición del consejos de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual”.

El Colegio de Periodistas recuerda que la historia del periodismo español hunde sus raíces en nuestra comunidad autónoma y que “hay cientos de profesionales en Andalucía con una extensa formación y cualificación profesional para ejercer la enorme responsabilidad que supone velar por el pluralismo informativo. Si quieren encontrarlos, están trabajando en los medios, los gabinetes, son miembros de nuestro Colegio y de las asociaciones profesionales de cada provincia. Seguro que responden a los criterios establecidos tanto en la Ley de la RTVA (Ley 18/2007, de 17 de diciembre,) como en la Ley de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (Ley 1/2004 de 17 de diciembre).”

“Nos preguntamos qué tipo de credibilidad pretenden tener nuestros responsables políticos ante la ciudadanía que les ha votado, si su mayor preocupación del día es colocar los intereses de partido frente a los de la sociedad andaluza”.

El Colegio critica igualmente el incumplimiento de la obligación de la presencia equilibrada entre mujeres y hombres y el olvido de los principios que tanto predican los diferentes grupos de igualdad, mérito y capacidad para los empleados públicos, “teniendo en cuenta que estas personas también lo son desde el punto que mantendrán salarios por el desempeño de las funciones que asumen”. 

Tal y como trasladó hace una semana mediante registro al gobierno andaluz y los grupos parlamentarios, desde el CPPA solicitan que tengan en cuenta estas peticiones y reconsideren sus propuestas. Nuevamente ofrece su disposición para “aportar y ayudar en todo lo que sea sea necesario para dignificar nuestra profesión y estos dos organismos tan denostados en los últimos años por culpa de las injerencias políticas”.

Desde el CPPA creen que “con profesionales en los medios de comunicación públicos seleccionados mediante concurso público, como se hace con cualquier otro servicio público, ni siquiera es necesario un consejo de administración que cueste a la ciudadanía cientos de miles de euros al año. Lo que realmente hace falta es confiar en el buen hacer de los trabajadores de la RTVA, renovar la plantilla y dotar en definitiva a la radio televisión pública de recursos humanos y técnicos suficientes, invertir y apostar de una vez por todas por el derecho a la información de la ciudadanía andaluza”.

Recuerda además los principios y objetivos básicos de los servicios públicos de radiodifusión, recogidos en distintos recomendaciones y textos comunitarios, en los que se declara que “el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación” (Tratado o Protocolo de Amsterdam). De ahí, la necesidad de garantizar su independencia y su profesionalidad más allá de los gobiernos de turno.

Algo parecido ocurre con los nombramientos de las personas integrantes del Consejo Audiovisual de Andalucía; la autoridad independiente que, en opinión del Colegio de Periodistas, ha asistido durante 14 años al deterioro progresivo de la función del servicio público. Una institución a la que, desde el Gobierno y el Parlamento, se le ha negado una verdadera independencia que garantice un control eficaz del efectivo cumplimiento de las obligaciones de servicio público y del control de financiación; controles que, tal y como señala la Comunicación de la Comisión sobre radiodifusión, solo resultarían eficaces si los efectuara un organismo realmente independiente de la dirección de la RTVA, (a lo que desde el Colegio añadimos) del Gobierno y del Parlamento; un organismo que debería contar con la capacidad y los recursos necesarios para llevar a cabo el control con rigor y regularidad y que dé lugar a la imposición de las medidas correctoras apropiadas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en los ámbitos autonómico y local.

Podríamos tildar de despropósito la propuesta que ha acabado con el bloqueo de la dirección de la Agencia y de la Institución audiovisuales; pero aún lo sería más si se quedan exclusivamente en este “chalaneo”.

Han transcurrido casi nueve meses desde que se publicara la Ley Audiovisual de Andalucía, y aún están pendientes de desarrollo reglamentario, entre otras disposiciones, el derecho de acceso; los estándares de calidad mínimos de los servicios de accesibilidad; la organización y funcionamiento del registro de personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual; el procedimiento de elaboración, contenido y posibles prórrogas del Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía; un Plan bienal de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, en el marco del Plan Estratégico; la propuesta del sistema de medición y seguimiento de audiencias; la Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la producción audiovisual; la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía; y el Estatuto de la Información.

Quizá en el Gobierno y en el Parlamento “no tengan bulla”, pero la ciudadanía no puede seguir pendiente de acuerdos en los que no priman sus intereses, sino los de los partidos y sus reparto de asientos.