El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía firma un acuerdo de colaboración con la empresa Jiménez Puertas Asesoría de Empresas S.L.

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Eva Navarrete, y el representante de la empresa Jiménez Puertas Asesoría de Empresas S.L (Sulayr), Abel Jiménez de la Torre, han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas de forma conjunta, en beneficio de las personas colegiadas en el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Sulayr es una empresa de gestión del conocimiento en beneficio del desarrollo empresarial y que está formado por un equipo multidisciplinar, lo que les permite ser referente en la prestación de servicios a las empresas en materia de derecho, economía, gestión empresarial ISO, Fondos Europeos y otros servicios avanzados, afirma la entidad.

Entre los programas que gestiona se encuentra “Erasmus para Jóvenes Emprendedores”, un programa de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países participantes.

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios experimentados durante las cuales las nuevas personas emprendedoras podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de cooperar con socios extranjeros o conocer nuevos mercados a coste cero.

El acuerdo entre el CPPA y Sulayr se sustenta en que en la actualidad, muchos periodistas han tomado la iniciativa de crear su propio negocio, por lo que esta experiencia les aportaría el aprendizaje de una mejor gestión de la empresa que han creado o que tienen intención de crear, y podrán beneficiarse del acceso a otros mercados, de la cooperación internacional y de las posibilidades de colaboración con socios en el extranjero. 

Información sobre cuotas colegiales durante el estado de alarma

Ante la situación excepcional que estamos viviendo, la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha acordado tomar medidas relativas al pago de las cuotas colegiales, cuyo primer trimestre iba a ser cargado en los próximos días:

  • En general, se aplaza el cargo de las cuotas relativas a enero, febrero y marzo (primer trimestre) hasta que se levante el estado de alarma. Previo al cargo, seréis informados/as convenientemente mediante correo electrónico.
  • Profesionales por cuenta propia que justifiquen haberse visto afectados con motivo del coronavirus por bajas, cese de actividad, disminución significativa de ingresos y el resto de supuestos contemplados en las medidas que ponga en  marcha el gobierno para el colectivo de autónomos/as, podrán solicitar la exención de las cuotas relativas a marzo y siguientes -en caso de que fuera necesario- hasta que se levante el estado de alarma.
  • Profesionales por cuenta ajena que justifiquen haberse visto afectados con motivo del coronavirus por bajas, despidos temporales, definitivos, modificación en sus condiciones de trabajo que afecten a su liquidez y el resto de supuestos contemplados, podrán solicitar la exención de las cuotas relativas a marzo y siguientes -en caso de que fuera necesario- hasta que se levante el estado de alarma.

 

Nota: Estas medidas no afectan a los miembros del CPPA cuyas cuotas anuales están bonificadas de acuerdo a los convenios de colaboración en vigor entre el Colegio y asociaciones de la prensa andaluzas a las que pertenecen. Recordamos que estos colegiados/as realizan una única aportación anual en el mes de junio.

Ahora, más que nunca, Periodismo con mayúsculas para superar la crisis del COVID-19

La información veraz, basada en fuentes autorizadas, actualizada y contextualizada, comprometida con el interés público y el derecho a la información de la ciudadanía son los elementos claves que definen el Periodismo con mayúsculas. En los tiempos difíciles que todos estamos viviendo, los profesionales de la información en sus diferentes facetas, tanto desde los gabinetes institucionales como desde los medios de comunicación, tenemos una responsabilidad social y una oportunidad para contribuir a la superación rápida y con el menor impacto posible de la crisis generada por el coronavirus COVID-19.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos hemos puesto a disposición de la Delegación del Gobierno en Andalucía y de la Oficina de Comunicación de la Junta para colaborar en cuanto sea necesario en el marco de nuestra competencias y hemos solicitado que se tenga en cuenta el trabajo que deben realizar los profesionales de la información durante esta situación y se les facilite, en caso de que se restrinjan los desplazamientos, la labor informativa que realizan siempre que observen las medidas de seguridad necesarias para garantizar su seguridad y la de los demás ciudadanos y ciudadanas.

A los medios de comunicación, radio, televisión y prensa fundamentalmente, en sus diferentes soportes, pedimos que extremen sus esfuerzos para asegurar el trabajo de todos los profesionales y que se mantenga de este modo el nivel de información necesario para combatir esta situación.

Medidas de prevención sobre las actividades previstas por el Colegio con motivo del COVID-19

En atención a las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias con motivo del COVID-19, informamos que este Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía suspende sus actividades más inmediatas y más concretamente las que se relacionan a continuación:

Recordamos a las personas colegiadas que pueden contactar con el Colegio, preferentemente, a través de nuestro formulario para dirigir las dudas que consideren en relación a esta información y/o  a cualquier asunto que pueda interesar en su relación con la corporación.

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al gobierno andaluz diálogo para abordar la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía” aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes; un texto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

De manera concreta, el ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. Así, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. Desde el Colegio Profesional de Periodistas entendemos que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que nos lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no. Consideramos igualmente que, a falta de conocer el texto definitivo de la ley, el decreto podría ser contrario a derecho toda vez que incluso hay sentencias (SJCA 416/2019) que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora municipal por entender que la “concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. En cualquier caso, esta medida hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación del dominio público radioeléctrico y las emisiones ilegales.

Fin al proyecto del Estatuto de la Información

Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información. 

Favorecer no es lo mismo que garantizar.

Continuando con los cambios que se pretenden introducir, el decreto ley pretende eliminar también la garantía de realización de los espacios informativos en los medios locales por profesionales de la información. El sutil cambio de la palabra “garantizar” por “favorecer” no hace sino contribuir a la desprofesionalización de un servicio público esencial para una comunidad como es el acceso a una información que cumpla con los criterios básicos del periodismo, fomentando nuevamente el intrusismo y dejando al albur de los intereses de cada corporación y su línea política de cada momento la gestión de un servicio básico para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.

El pluralismo externo y la libre concurrencia se resienten.

Desde que la Ley de la televisión privada quedó derogada en 2010, la normativa estatal no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores locales de radio y televisión, dejando abierta de algún modo la posibilidad de que una sola persona posea todas las licencias de televisión en Andalucía. Este vacío normativo, además de no garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una comunicación audiovisual plural y de favorecer situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, entre otras cosas empobrece la información, obstaculiza el fomento del sector audiovisual y la promoción de las singularidades y tradiciones locales.

Amparándose en este vacío normativo, el decreto-ley modifica algunas funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en lo que respecta a la emisión de informes preceptivos. Consideramos que desregular e ir vaciando paulatinamente de contenido las competencias de esta institución de autogobierno no es la manera de garantizar el pluralismo externo y la libre concurrencia. La fórmula debería ser precisamente la contraria: dotar de mayores competencias a un organismo regulador independiente que vele por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.

El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más y queda a disposición de los impulsores para facilitar cambios que conduzcan al incremento de la calidad de la información y el refuerzo de los servicios públicos de comunicación audiovisual en Andalucía.