El periodista Juan Antonio Hipólito presenta su libro dedicado a la radio de Nerva que ahonda sus raíces en los años 30 del siglo XX

El periodista nervense y director de la Emisora Municipal de Nerva, Onda Minera, Juan Antonio Hipólito, ha presentado en sociedad su primer libro ‘¡Aquí, Radio Nerva! La comunicación pública local en zona rural: OLA, la voz de EMA en Andalucía’ (Editorial Niebla, 2020), una investigación en la que se aborda la historia, el papel, los obstáculos y los retos de la radio pública local, que ya está disponible en librerías y online, a través del enlace https://nieblaeditorial.com/tienda/aqui-radio-nerva/.

El libro analiza la situación de la radio pública local en la Andalucía y, más concretamente, el caso particular de la emisora de Nerva (Huelva), desde sus orígenes en los años 30 del siglo XX hasta la actualidad. Lo hace desde un enfoque histórico, comparativo y crítico, realizado bajo la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas. La investigación pone en valor la labor de comunicación de proximidad en el entorno rural, denuncia los obstáculos que lastran su desarrollo, marca los retos para ganar el futuro, y contribuye al conocimiento del denominado tercer sector de la comunicación.

Hipólito defiende en su libro el papel de las emisoras municipales como un servicio público independiente que permite la comunicación entre la ciudadanía, al tiempo que advierte del peligro de la reciente modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía, que posibilita la privatización de emisoras municipales, algo que ya se ha producido en Torremolinos (Málaga).

La labor de las emisoras municipales, la mayoría de ellas integradas de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), resulta esencial para la comunicación entre vecinos, instituciones y colectivos de las zonas rurales. Sin embargo, disponen de un amplio margen de mejora en sus infraestructuras, financiación, recursos humanos y técnicos. El compromiso inequívoco, sin fisuras, alejado de intereses partidistas de los gobiernos locales de las administraciones que ostentan su titularidad jurídica resulta clave para que alcancen unos niveles óptimos de rentabilidad social.

El trabajo también pone en valor la capacidad de las emisoras municipales andaluzas de emitir en red. A pesar de la criba sufrida en el seno de estas radios a raíz de la última crisis económica surgida a finales de 2007, la marca radiofónica Onda Local de Andalucía (OLA) de EMA-RTV se ha convertido en la mayor red de comunicación pública local que opera en las zonas rurales de Andalucía, haciendo realidad un proyecto de comunicación alternativa que apuesta por lo local como motor para la transformación social y el empoderamiento ciudadano.

El prólogo del libro es obra de Manuel Chaparro Escudero, catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga y exdirector de EMA-RTV, quien considera que la obra de Hipólito “es una fuente de memoria necesaria e imprescindible”, tal y como indica en el propio prólogo, donde también explica que “Radio Nerva, Radio Articulada, la Onda Minera, representa la voz de un pueblo que cada día habla con sus vecinas y vecinos.

“La historia que rescata Juan Antonio Hipólito está cargada de emociones, de reivindicaciones, de tropiezos, de ilusiones y sobre todo de pasiones, porque hay que saber que el autor no está al margen de esta historia, la vivió como vecino, luego como conductor de programas y ahora como director, con toda la inmensa responsabilidad que este ejercicio conlleva en un pueblo donde todas, las personas, conocen a todas”, continúa Chaparro.

Para el prologuista, “Onda Minera es por trayectoria e historia una de las más destacadas, un referente para otras emisoras que en su día buscaron el apoyo de EMA-RTV. Mucha culpa de ello la tiene Juan Antonio Hipólito, que pone la dosis de pasión necesaria en todo lo que hace, la profesionalidad y el compromiso ético que da credibilidad al medio que dirige”.

Sobre el autor:

Juan Antonio Hipólito Domínguez es periodista colegiado. Graduado en Comunicación, con mención en Información, y Máster Universitario en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Su andadura radiofónica comenzó en 1986, como locutor, y desde hace 25 años compagina sus funciones periodísticas con las de director en la Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva. Desde 1995 colabora como corresponsal en el diario Huelva Información y para la Onda Local de Andalucía (OLA) de la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV). Desde 2011 gestiona los contenidos de la web oficial de la radiotelevisión pública local (www.ondaminera-rtv-nerva.es), así como sus redes sociales.

A lo largo de su dilatada carrera profesional ha impartiendo cursos de radio y televisión como Formador Ocupacional para diferentes entidades. También ha realizado cursos de especialización en: Gestión de Contenidos Webs y Redes Sociales; Gabinetes de Comunicación; Dirección, Gestión y Producción en Radio y Televisión; Gestión y Planificación de Medios. Siendo alumno de Bachillerato en el INB Vázquez Díaz de

Nerva formó parte del grupo ganador del Primer Premio del concurso radiofónico “Escuela de Periodistas” de Radio Huelva (Cadena SER). Es Premio Periodismo Ciudad de Huelva en la modalidad de radio por la maratón radiofónica “La columna minera en marcha” realizada en febrero de 2002 y Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2018 en la modalidad de mejor web informativa.

La Red de Colegios de Periodistas insta de nuevo al Ministerio de Educación a modificar la normativa que impide a los periodistas acceder a la docencia

La Red de Colegios de Periodistas ha reiterado al Ministerio de Educación y Formación Profesional y a las consejerías del ramo la demanda de que se reconozca la titulación en Periodismo y sus equivalentes como válidas para impartir la docencia de las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y la de Lengua Extranjera, como se venía realizando desde el año 1995 para los centros concertados y privados antes de que en el año 2010 el Real Decreto 860/2010, que tuvo su continuidad en el Real Decreto 665/2015, modificara la situación.

Desde la Red se insiste en esta petición, ya que la nueva normativa cercena a estos licenciados y egresados la posibilidad de tomar este camino profesional, y que es especialmente incoherente en el actual contexto educativo provocado por la crisis del coronavirus Covid-19, que ha provocado que se estén agotando las bolsas extraordinarias de profesionales de la enseñanza por la elevada demanda de profesores de este curso.

Leer el comunicado completo emitido por la Red de Colegios Profesionales de Peridositas

El Colegio de Periodistas de Andalucía alerta sobre los peligros de una regulación penal de las fake news

La Comisión de Deontología del Colegio señala en su informe que “mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor” y aboga por otros mecanismos para la lucha contra los bulos y la desinformación

La Comisión de Deontología y Garantías del Colegio de Periodistas de Andalucía, CPPA, ha emitido un informe a petición la corporación profesional acerca de la posibilidad de que el Gobierno llegue a legislar sobre las fake news, tal y como anunciara en rueda de prensa durante el estado de alarma, el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de “utilización criminal” de las redes sociales durante la pandemia. Esta semana se ha conocido además que la Fiscalía considera que no hay delito en la difusión de bulos sobre la acción de gobierno durante la pandemia, tal y como denunciaban desde el grupo parlamentario Unidas Podemos. Según la noticia de El País, “La Fiscalía recalca que, si bien es consciente de los aspectos reprobables de esos tuits, “estima el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión que impide extraer conclusiones penales”. Por tanto, nos enfrentamos nuevamente a la tesitura de regular o no los contenidos y los peligros que de ello se pueden derivar.

Para la Comisión, órgano independiente formado por distintos profesionales del periodismo, la ética y las ciencias jurídicas y sociales, “la libertad de información es esencial para la formación de una opinión pública libre y plural, a su vez elemento indispensable para el correcto funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático” pero ello no significa que su ejercicio no pueda ser limitado, “efectuándose un adecuado proceso de ponderación, para que pueda prevalecer otro derecho, bien o valor con relevancia constitucional. Esta limitación puede venir dada por el legislador, con carácter más general, o por el juez en un asunto concreto, cuando se produce un conflicto entre la libertad de información y otro interés (frecuentemente, entre otros, el derecho a la intimidad o el derecho al honor)”.

En su informe, la Comisión analiza distintas opciones a la hora de enfrentar el uso torticero de las redes sociales, distinguiendo muy bien entre libertad de información y libertad de expresión. Durante la pandemia, “En España el problema ha alcanzado dimensiones alarmantes en el contexto de la crisis del coronavirus, durante la que se ha multiplicado la difusión de noticias falsas, relacionadas sobre todo con cuestiones sanitarias (que versan, por ejemplo, sobre un supuesto tratamiento de la enfermedad) y también de contenido político (que aluden esencialmente a supuestas medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis)”.

Una opción como la regulación legal mediante la creación de un tipo penal específico, más allá de los mecanismos que ya se recogen en el ordenamiento, podría derivar en “un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de las libertades de expresión e información, teniendo en cuenta que es el Estado, a través del Poder Judicial, quien determina qué es cierto y qué no. Una verdad institucional a la que no debe recurrirse en exceso si se quiere evitar la censura, constitucionalmente prohibida en toda circunstancia”.

Una segunda opción sería la creación de un órgano administrativo para controlar la difusión de bulos si bien, aclara la Comisión, debería estar “integrado por personas designadas mediante procedimientos caracterizados por su transparencia, elegidos democráticamente en su caso, entre, por ejemplo, profesionales de reconocido prestigio y funcionarios con una determinada formación, y en ningún caso personas sospechosas de “decantar la veracidad de la información” en función de lo que coyunturalmente interese al poder público”. Sin embargo, según la Comisión y así lo asume el Colegio, esta fórmula acabaría enfrentándose al mismo escollo “que mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor”.

Por último, la Comisión plantea la posibilidad de que el legislador delimite “de manera precisa los patrones utilizados para efectuar este tipo de engaño masivo en las redes sociales, tales como el anonimato o la simulación de identidad. Esto permitiría identificar el bulo y actuar en consecuencia en los distintos ámbitos.” Para ello las plataformas deberían regirse únicamente por el principio de veracidad evitando nuevamente la utilización sesgada de estos mecanismos.

Como conclusión, si bien las falsas noticias no es algo nuevo en el mundo de la información y la comunicación de masas, está claro que la opciones de penetración y manipulación de la opinión pública se han multiplicado con las redes sociales y nos encontramos ante una fenómeno de “contaminación masiva” o infoxicación de la ciudadanía que hay que afrontar desde todos los órdenes, incluido el legislativo. Por ello, es importante que todos los actores, propietarios de medios, plataformas, periodistas, universidades y también las personas consumidoras y usuarias de los medios sociales y de información, se comprometan con el freno de los bulos y la desinformación.

La Comisión y el Colegio estarían de acuerdo en que el Legislador adopte medidas contra quienes se escudan tras unos perfiles inexistentes o bots con el afán de generar opiniones falsas en la opinión pública pero duda y desaconseja la creación de tipos penales y órganos administrativos que vigilen la difusión de los contenidos por los inevitables riesgos de censura que suponen las injerencias políticas que suelen impregnar este tipo de órganos.

La decisión de qué es verdad y qué no lo es y su traslado a la opinión pública debe quedar en el ámbito de un ejercicio profesional y ético del periodismo y la comunicación para lo cual, concluye el Colegio, se debe seguir apostando por el fortalecimiento y la profesionalización de la comunicación, con una formación universitaria adecuada y adaptada a la realidad, donde la ética y la deontología permanezcan alejadas de los intereses económicos y políticos y su único compromiso sea con la verdad y el interés general de la ciudadanía.

(Enlace al informe completo de la Comisión).

El CPPA exige al Parque Tecnológico Cartuja que dé ejemplo de innovación, cooperación y crecimiento en el ámbito de la Comunicación

Sevilla, CPPA El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) considera poco innovadoras, cooperativas y escasas de crecimiento personal y profesional las condiciones especificadas en el pliego de cláusulas –que vence hoy jueves 3 de septiembre- para la contratación de servicios de consultoría en materia de comunicación y apoyo en relaciones institucionales y organización de eventos de la sociedad ‘Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.’, ubicado en la capital andaluza, mediante procedimiento abierto simplificado. El presupuesto base de licitación es de 33.120 euros (para un equipo de, al menos, dos personas) de un año de duración con posibilidad de prórroga máxima otro año a su vencimiento. El CPPA considera que no es de recibo que una institución, participada al 76% por administraciones públicas, licite los servicios de periodistas a una media de 5,5 euros la hora.

Imagen del PCT Cartuja en Sevilla. Fuente: WEb del PCT Cartuja

El PCT Cartuja es uno de los principales espacios de innovación de Sevilla, tal y como reza en su Web, un Parque Científico y Tecnológico donde confluyen más de 500 empresas y ‘startups’, centros formativos y de investigación y con una “extensa oferta cultural y de ocio”. Llevar el peso de su comunicación corporativa e institucional, para una entidad participada al 51% por la administración autonómica, al 10% por el Ayuntamiento de Sevilla y al 5% por la Diputación sevillana, exigen la mejor formación y experiencia, tal y como el pliego de condiciones del servicio ofertado da a entender. En este sentido, en la licitación se valora con hasta 10 puntos que “la persona responsable del contrato” acredite experiencia profesional en trabajos de prestación de servicios en materia de comunicación relacionado específicamente con el sector público andaluz (por ser el sector al que pertenece PCT Cartuja, S.A.) de al menos 7 años. En caso contrario, “se asignarán 0 puntos”. Si además se acredita que “la persona que ejercerá el rol de consultor” certifica un nivel de inglés C-1 o superior, “se asignarán 5 puntos. En caso contrario, se asignarán 0 puntos”.

Igualmente, el pliego presentado por el PCT Cartuja para sus servicios de comunicación y relaciones institucionales valora con hasta 10 puntos que el equipo aspirante acredite experiencia y formación complementaria de cualquiera de sus miembros del equipo de trabajo asignado a este servicio. En concreto especifica que se darán 5 puntos “si se acredita una experiencia complementaria internacional de cualquier miembro del equipo de trabajo en materia de organización de eventos a nivel internacional de mínimo 1 evento internacional organizado con más de 500 asistentes, en los últimos 3 años”. Si además se acredita una formación complementaria de cualquier miembro del equipo de trabajo en protocolo de, al menos, 600 horas, se asignarán 2,5 puntos. En caso contrario, “se asignarán 0 puntos”, reza el pliego. Otros 2,5 puntos pueden conseguirse siempre y cuando algún miembro del equipo acredite trabajo en gestión de redes sociales de al menos 100 horas.

El Colegio de Periodistas de Andalucía se congratula al constatar que una entidad como el Parque Tecnológico Cartuja –miembro de APTE (Parques Científicos y Tecnológicos de España y de la IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation)- tenga fiel conocimiento de la versatilidad y el amplio abanico formativo  que ofrecen las carreras de Comunicación Audiovisual y Periodismo a todos los egresados de las facultades que existen en Andalucía. Pero, siguiendo el lema del propio Parque: “innova, coopera, crece”, el CPPA entiende que sin Comunicación (con mayúsculas) es imposible innovar, cooperar y mucho menos crecer. El Colegio de Periodistas de Andalucía, como corporación de derecho público que vela por garantizar los derechos de los profesionales de la comunicación y el correcto ejercicio de la profesión, hace un llamamiento al Parque Tecnológico Cartuja para que su lema sea inclusivo a todas las áreas y parcelas de conocimiento y desarrollo profesional que se ejercen dentro de sus instalaciones, el periodismo y la comunicación también.

Tal y como denunció días atrás la plataforma ICC Network –que solicitó la intervención del CPPA para exigir al PCT Cartuja el cese en publicar este tipo de licitaciones-, para una estimación de dos personas a jornada completa, el precio de salida de la oferta presentada arrojaría un neto total de 1.850 euros y un precio por hora y persona de 5,5 euros, toda vez que los profesionales que obtengan la adjudicación deben pagar sus seguros sociales. No es la excelencia a la que debe aspirar un Parque Tecnológico en Andalucía para unos profesionales tan profundamente preparados en materia de comunicación y relaciones internacionales (a tenor de la propia licitación) y con tantos años de experiencia. El CPPA lamenta que una entidad participada en más de un 75% por las administraciones –y un testimonial 0,19% por la propia Universidad de Sevilla– publique ofertas tan bochornosas.

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