El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) invita al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a un debate sobre el derecho a la información con representantes de las organizaciones profesionales de periodistas existentes en España tras haber planteado la posibilidad de multar a los medios de comunicación que informen sobre casos que estén bajo investigación judicial.

Dado que el ministro propone abrir un debate sobre los límites a la información para proteger la presunción de inocencia y evitar juicios paralelos a personajes públicos implicados, los profesionales de la información estaríamos encantados de explicarle en qué consiste el derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, que plasma explícitamente en su punto 2 que dicho derecho “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El CPPA considera que las declaraciones del ministro suponen un retroceso en la libertad de expresión y la democracia, y hurtan el derecho ciudadano a obtener libremente información veraz. Es decir, no se trata de un ataque contra los periodistas, sino contra la ciudadanía, destinataria última de este derecho.

Lamentamos también que Catalá opte por la habitual tendencia a ‘matar al mensajero’ y, si considera que se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, lo más adecuado es que vele por que se garantice la aplicación de los instrumentos ya previstos en la legislación española para ello, como el delito de revelación de secretos, atribuible a los funcionarios de justicia.

Por otra parte, el ministro de Justicia alude a la idoneidad de abrir un debate sobre este tema, cuando ya su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, lo puso sobre la mesa con su borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la ya aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. Debido al rechazo frontal que provocó, no salió finalmente adelante y ahora su sustituto lo retoma matando de nuevo al mensajero. Por tanto, no se trata de un debate nuevo, sino que ya se abrió en su momento y se cerró debido a la oposición suscitada desde diversos sectores.

La última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 que realiza Reporteros sin Fronteras sitúa a España en el puesto 33 del mundo, en un ‘ranking’ que encabezan países europeos como Finlandia, Noruega y Dinamarca. A pesar de que España gana dos posiciones respecto al año anterior, ello “no significa que haya mejorado en libertad de información, sino que este ascenso viene dado por un deterioro general del grado de respeto por la libertad de información en todo el mundo”, según dicha organización.

El Colegio de Periodistas andaluz ve con preocupación el futuro informativo que se vislumbra en España, con posiciones como la del actual ministro de Justicia o la Ley Mordaza, y recuerda la necesidad de tener muy presente que el derecho a la información corresponde a la ciudadanía, siendo los medios únicamente el vehículo a través del cual se sustancia dicho derecho.

Los periodistas españoles ya contamos con elementos de autocontrol, encabezados por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, ante la que cualquier ciudadano puede plantear sus quejas en este sentido. En la misma línea viene trabajando el CPPA para poner en marcha su propia Comisión de Deontología y Garantías a nivel regional.

Por todo ello, y ante la gravedad de estas declaraciones, el CPPA invita al ministro a sentarse a debatir con los profesionales del sector para trasladarle no sólo nuestra preocupación ante su planteamiento, sino también todas las dificultades que los periodistas españoles encuentran diariamente para realizar su trabajo con la dignidad y rigor necesarios que exige el cumplimiento de un derecho vital para la democracia en cualquier país.