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El Colegio de Periodistas irá a juicio contra el Ayuntamiento de La Línea por no requerir titulación universitaria para las labores periodísticas en su área de Comunicación

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha presentado recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la posterior aprobación de su oferta de empleo público (OEP) de 2021, a pesar de que haber presentado un recurso en el que advertía que ambas acciones «resultan lesivas para los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales».

El órgano colegial ha precisado que tanto en la RPT como en la OEP, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción adscribe los puestos de redactor del área de Comunicación a la categoría C1, que corresponde a peones y personal no cualificado en el convenio colectivo y que requiere, como formación para el acceso a la plaza, el título de bachiller o técnico.

Las funciones a realizar en las plazas de redactor, según recoge la RPT, incluyen las responsabilidades de redacción de noticias para la página web, redes sociales y envío a los medios de comunicación. Sin embargo, estas funciones las debe realizar una persona titulada en Periodismo o Comunicación Audiovisual, ya que «es la formación específica que va a desarrollar el servicio con mayor calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano; de otra forma, se estaría avalando el intrusismo profesional», recuerda el Colegio. Como titulados universitarios, correspondería a esas plazas una categoría A1 o A2.

Respecto a este mismo asunto, también ha presentado recurso de reposición contra las bases y anexos a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, publicadas recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia y que, en opinión de la organización que representa al colectivo de periodistas en Andalucía, demuestra que el Ayuntamiento linense ningunea a la profesión periodística.

A pesar de las circunstancias, el Colegio recuerda y mantiene ante el Ayuntamiento de La Línea su predisposición a colaborar para tratar de mejorar en lo posible tanto la RPT como la Oferta de Empleo, y anima a esta institución a suscribir el ‘Compromiso público por el empleo y la profesión periodística’ tal y como han hecho en la provincia otras entidades como la Diputación de Cádiz, ayuntamiento de Jerez, Vejer, Barbate, Torre Alháquime y la UCA, entre otros.

Compromiso por el empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, que ha sido respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que «dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes».

Asimismo, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística establece que «para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación».

Por último, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, «a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector».

Las organizaciones firmantes piden a la Junta la paralización del decreto ley 2/20 y volver al consenso sobre el audiovisual andaluz

  • Colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación alertan sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa
  • Las entidades advierten sobre el impacto negativo en el empleo de un decreto que deja al sector audiovisual andaluz “tocado de muerte”.

Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medioss de comunicación de Andalucía firmantes, alertamos de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las entidades firmantes denunciamos las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. Pedimos al gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir.

Las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza, es la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad, permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.
Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de 8 millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.

No es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual, más bien al contrario: necesitamos poner en marcha con urgencia las medidas de control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello que pedimos a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este decreto y que convoque una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP)

Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV)

Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC)

Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)

Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Asociación de la Prensa de Cádiz

Asociación de la Prensa de Almería

Asociación de la Prensa de Sevilla

Asociación de la Prensa de Huelva

Asociación de la Prensa de Málaga

Asociación de la Prensa de Córdoba

Asociación de la Prensa de Jaén

Facua – Consumidores en acción

Colectivo de AMPAS “Escuelas de calor”

Red Andaluza de Periodistas Feministas – La Poderío

Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color

Una veintena de profesores de la Facultad de Periodismo en Zaragoza solicitan al rector que «la Universidad no favorezca el intrusismo»

Una veintena de profesores de Periodismo y del departamento de Lingüística de la Universidad de Zaragoza han solicitado al rector la inmediata suspensión de la convocatoria de dos plazas del Gabinete de Comunicación y que se cree una nueva que permita cubrir esos puestos adecuadamente, conjugando el cumplimiento de la ley y la normativa con el espíritu y las características de las plazas.

Según la carta remitida por los profesores que imparten clases en el Grado de Periodismo y del Departamento de Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza al que está adscrita el área de Periodismo, se ha realizado la convocatoria mediante procedimiento interno de dos plazas del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Zaragoza «sin exigir preparación ni conocimientos especializados en la materia, siendo la segunda vez que se produce un acto como éste. La primera fue para la designación de nada más y nada menos que la jefa de Gabinete de Comunicación, puesto que recayó en una persona sin formación específica en labores periodísticas y de comunicación».

En este sentido, consideran que esta actuación supone, en primer lugar «una desconsideración, desprecio y falta de respeto a los periodistas, alumnos y profesores de Periodismo, especialmente a los del Grado que imparte la propia Universidad de Zaragoza, ya que enaltece el intrusismo en la profesión periodística».

Desde el colectivo no se entiende que hace ocho años se apostara por los estudios del Grado de Periodismo, de que todos los años egresan medio centenar de alumnos, y después, por parte del equipo rectoral «se adopte estos procesos de selección». Además que «¿Qué opinión pueden tener los alumnos y profesores del Grado en Periodismo de un equipo rectoral que desprecia los conocimientos y habilidades adquiridos en sus aulas y en su experiencia profesional, máxime cuando para las convocatorias de estas plazas del gabinete de Comunicación de la Universidad no se ha consultado ni se ha tenido en cuenta a los estudios de Grado en Periodismo?».

Asimismo, el grupo de profesores en su carta consideran «un atentado contra la oferta de empleo público para periodistas, en unos momentos, en los que los puestos de trabajo disminuyen en las redacciones de las empresas informativas, la principal esperanza tanto para los jóvenes como los experimentados profesionales que carecen de él es la creación de empleo que todavía se produce en el sector de la comunicación, principalmente en instituciones, entidades y organismos públicos. Por eso, el sector público debe ser especialmente cuidadoso y exigente en el acceso a esos puestos de trabajo. Si la propia Universidad reconoce que una plaza de jurista debe ser ocupada por un abogado y una de médico por un médico, ya que así lo exige la Ley, el acceso a una plaza de periodista debe restringirse a periodistas, aunque un vacío legal permita que no sea así. Lo explicamos de otra forma con una pregunta. ¿Contratará la Universidad a un egresado en Filosofía, Informática, Lingüística, Derecho o Psicología para un puesto de ingeniero, arquitecto o médico? O viceversa».

También consideran que este tipo de convocatorias supone una minusvaloración de la importancia del gabinete de comunicación. «La labor de un gabinete de Comunicación –tanto interna como externa-, cada día más compleja en la sociedad actual de la información es básica en la buena marcha de la institución y de su imagen. Y este trabajo –como han demostrado y demuestran muchos de los profesionales del periodismo y la comunicación que integran el actual gabinete- exige unas especiales habilidades que se enseñan en el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y en otras universidades españolas e internacionales y una trayectoria profesional. Obviar estas cuestiones del más elemental sentido común constituye, además de una práctica favorecedora del intrusismo, un peligroso alejamiento de la Universidad de la realidad».

Por último, y no menos importante, los profesores denuncian que en la comisión para la selección de los candidatos, no «existe ningún miembro que pueda valorar las habilidades de un especialista en comunicación e imagen, al estar destinada a valorar aspectos exclusivos de la administración».