Andalucía apoya la campaña del Colegio de Periodistas de Cataluña contra los bloques electorales

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha apoyado al Colegio de Periodistas de Cataluña en su campaña para presentar una demanda contra los bloques electorales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un  sistema impuesto por ley que supone un estado de excepción informativa que genera rechazo entre los profesionales y descrédito entre la ciudadanía.

A través de una campaña de micromecenazgo impulsada en la plataforma Verkami para captar fondos, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha conseguido la mitad de los recursos necesarios para presentar el escrito de demanda y realizar el posterior seguimiento de la misma, concretamente 6.000 euros de los 12.000 que cuesta el proceso. La otra mitad del coste será sufragada por el propio Colegio catalán.

La campaña comenzó el pasado 13 de abril, y durante 40 días, coincidiendo con la finalización de la campaña electoral, ha recogido las aportaciones de los mecenas a través de la plataforma Verkami. Esta iniciativa se ha impulsado con la idea de aprovechar las elecciones municipales en todo el Estado para recoger el malestar que provoca este sistema y evidenciar esta anomalía democrática, criticada por los profesionales.

El Colegio de Periodistas de Cataluña ha agradecido la colaboración de los más de 160 mecenas que han contribuido a hacerlo posible, desde los que han participado a nivel individual como los que lo han hecho de manera colectiva, como los Colegios de Periodistas de Andalucía, Galicia, Murcia y País Vasco, comités de empresa de medios públicos de ámbito autonómico y local u otras organizaciones profesionales de periodistas, incluso a nivel internacional.

Paralelamente a esta iniciativa, la Federación de Periodistas Europeos (EFJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) han presentado también una queja formal al Consejo de Europa sobre los bloques electorales a instancias del Colegio de Periodistas de Cataluña. Ambas organizaciones comparten con el Colegio que esta anomalía europea representa una “interferencia política en el trabajo editorial y viola el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que consagra explícitamente la libertad de opinión y de recibir y difundir informaciones e ideas sin injerencia de autoridades públicas”.