El Colegio de Periodistas de Andalucía alerta sobre los peligros de una regulación penal de las fake news
La Comisión de Deontología del Colegio señala en su informe que “mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor” y aboga por otros mecanismos para la lucha contra los bulos y la desinformación
La Comisión de Deontología y Garantías del Colegio de Periodistas de Andalucía, CPPA, ha emitido un informe a petición la corporación profesional acerca de la posibilidad de que el Gobierno llegue a legislar sobre las fake news, tal y como anunciara en rueda de prensa durante el estado de alarma, el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de “utilización criminal” de las redes sociales durante la pandemia. Esta semana se ha conocido además que la Fiscalía considera que no hay delito en la difusión de bulos sobre la acción de gobierno durante la pandemia, tal y como denunciaban desde el grupo parlamentario Unidas Podemos. Según la noticia de El País, “La Fiscalía recalca que, si bien es consciente de los aspectos reprobables de esos tuits, “estima el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión que impide extraer conclusiones penales”. Por tanto, nos enfrentamos nuevamente a la tesitura de regular o no los contenidos y los peligros que de ello se pueden derivar.
Para la Comisión, órgano independiente formado por distintos profesionales del periodismo, la ética y las ciencias jurídicas y sociales, “la libertad de información es esencial para la formación de una opinión pública libre y plural, a su vez elemento indispensable para el correcto funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático” pero ello no significa que su ejercicio no pueda ser limitado, “efectuándose un adecuado proceso de ponderación, para que pueda prevalecer otro derecho, bien o valor con relevancia constitucional. Esta limitación puede venir dada por el legislador, con carácter más general, o por el juez en un asunto concreto, cuando se produce un conflicto entre la libertad de información y otro interés (frecuentemente, entre otros, el derecho a la intimidad o el derecho al honor)”.
En su informe, la Comisión analiza distintas opciones a la hora de enfrentar el uso torticero de las redes sociales, distinguiendo muy bien entre libertad de información y libertad de expresión. Durante la pandemia, “En España el problema ha alcanzado dimensiones alarmantes en el contexto de la crisis del coronavirus, durante la que se ha multiplicado la difusión de noticias falsas, relacionadas sobre todo con cuestiones sanitarias (que versan, por ejemplo, sobre un supuesto tratamiento de la enfermedad) y también de contenido político (que aluden esencialmente a supuestas medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis)”.
Una opción como la regulación legal mediante la creación de un tipo penal específico, más allá de los mecanismos que ya se recogen en el ordenamiento, podría derivar en “un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de las libertades de expresión e información, teniendo en cuenta que es el Estado, a través del Poder Judicial, quien determina qué es cierto y qué no. Una verdad institucional a la que no debe recurrirse en exceso si se quiere evitar la censura, constitucionalmente prohibida en toda circunstancia”.
Una segunda opción sería la creación de un órgano administrativo para controlar la difusión de bulos si bien, aclara la Comisión, debería estar “integrado por personas designadas mediante procedimientos caracterizados por su transparencia, elegidos democráticamente en su caso, entre, por ejemplo, profesionales de reconocido prestigio y funcionarios con una determinada formación, y en ningún caso personas sospechosas de “decantar la veracidad de la información” en función de lo que coyunturalmente interese al poder público”. Sin embargo, según la Comisión y así lo asume el Colegio, esta fórmula acabaría enfrentándose al mismo escollo “que mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor”.
Por último, la Comisión plantea la posibilidad de que el legislador delimite “de manera precisa los patrones utilizados para efectuar este tipo de engaño masivo en las redes sociales, tales como el anonimato o la simulación de identidad. Esto permitiría identificar el bulo y actuar en consecuencia en los distintos ámbitos.” Para ello las plataformas deberían regirse únicamente por el principio de veracidad evitando nuevamente la utilización sesgada de estos mecanismos.
Como conclusión, si bien las falsas noticias no es algo nuevo en el mundo de la información y la comunicación de masas, está claro que la opciones de penetración y manipulación de la opinión pública se han multiplicado con las redes sociales y nos encontramos ante una fenómeno de “contaminación masiva” o infoxicación de la ciudadanía que hay que afrontar desde todos los órdenes, incluido el legislativo. Por ello, es importante que todos los actores, propietarios de medios, plataformas, periodistas, universidades y también las personas consumidoras y usuarias de los medios sociales y de información, se comprometan con el freno de los bulos y la desinformación.
La Comisión y el Colegio estarían de acuerdo en que el Legislador adopte medidas contra quienes se escudan tras unos perfiles inexistentes o bots con el afán de generar opiniones falsas en la opinión pública pero duda y desaconseja la creación de tipos penales y órganos administrativos que vigilen la difusión de los contenidos por los inevitables riesgos de censura que suponen las injerencias políticas que suelen impregnar este tipo de órganos.
La decisión de qué es verdad y qué no lo es y su traslado a la opinión pública debe quedar en el ámbito de un ejercicio profesional y ético del periodismo y la comunicación para lo cual, concluye el Colegio, se debe seguir apostando por el fortalecimiento y la profesionalización de la comunicación, con una formación universitaria adecuada y adaptada a la realidad, donde la ética y la deontología permanezcan alejadas de los intereses económicos y políticos y su único compromiso sea con la verdad y el interés general de la ciudadanía.