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El Colegio de Periodistas de Andalucía pide al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que dote de estructura comunicativa a la Junta de Andalucía

El Colegio exige que se tomen medidas para la estabilidad del empleo de los periodistas y que no perpetúen el modelo del anterior gobierno, tras la salida de gran parte de los profesionales que venían realizando las labores informativas desde la Oficina del Portavoz y otros centros directivos de la Junta.

Tras el resultado de las pasadas elecciones autonómicas, los consiguientes cambios en la conformación del Parlamento andaluz y la definición del nuevo Gobierno, al notable número de ceses de altos cargos se ha sumado el del personal eventual que fue nombrado por estos. Este proceso ha afectado de lleno a los periodistas que trabajan en la Oficina del Portavoz del Gobierno, el órgano encargado de coordinar los servicios informativos de la Junta de Andalucía. En total 52 profesionales que dependían de este organismo y que tenían contratos eventuales, de los previstos en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, el Colegio de Periodistas de Andalucía se ha dirigido al recién nombrado Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, para pedirle que no perpetúe el modelo de estos últimos 36 años, y dote de una estructura estable tanto a la Oficina del Portavoz como al conjunto de la administración autonómica, incorporando de manera definitiva el puesto de técnico en comunicación a los catálogos y relaciones de puestos de trabajo de los diferentes centros directivos.

En el informe que la organización colegial ha elaborado y remitido a Bendodo, se exponen con claridad argumentos y propuestas que permitirían resolver la situación, ya que los puestos eventuales que venían ocupando los profesionales de la información salientes, en realidad, conforman desde hace décadas una estructura que nunca ha sido formalmente reconocida. La inacción de la administración durante todos estos años ha impedido a estos profesionales, que ahora se ven obligados a abandonar sus empleos, y a cualquier otro periodista aspirante, optar a un puesto de trabajo estable, mediante los procedimientos reglados de acceso al empleo público.

La corporación profesional considera que, como ya hemos expresado en distintas ocasiones, para cumplir con su deber de transparencia hacia la ciudadanía, las administraciones públicas deben dotarse de cuerpos específicos de profesionales del periodismo, la información y la comunicación que puedan realizar este servicio público en iguales condiciones que el resto del personal laboral de las administraciones.

Igualmente, el Colegio recuerda que la información objetiva sobre la actividad de la administración, a la que tienen derecho las personas administradas, sólo puede realizarse garantizando la imparcialidad de quienes tienen encomendada esa función. Los profesionales necesitan ser independientes en el ejercicio de sus funciones de información y comunicación con la ciudadanía y esta condición es difícilmente compatible con la supeditación y la inestabilidad del modelo de relación laboral que acompaña a la figura del personal eventual.

Al mismo tiempo, la institución pide también a quienes asumen las nuevas responsabilidades de Gobierno, respeto y reconocimiento hacia los profesionales que han cesado en sus funciones, reconocimiento hacia su experiencia, formación y trayectoria, y que no se ponga en duda la profesionalidad de estos trabajadores y trabajadoras.

Pero sobre todo, el Colegio exige que no reproduzcan el modelo utilizado hasta la fecha y aborden de manera inmediata la creación de una estructura estable para este centro directivo y puestos de trabajo específicos para desempeñar estas funciones de información y comunicación en el conjunto de la administración de la Junta de Andalucía, como queda recogido en el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, aprobado por la asamblea del Colegio. El Compromiso cuenta con el respaldo de los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y UITA, varias diputaciones provinciales y ayuntamientos andaluces, todos los Colegios profesionales de periodistas, la Facultad de Comunicación de Sevilla y el Defensor del Pueblo Andaluz, entre otras instituciones, y ya fue presentado a los grupos en la pasada legislatura. La corporación pública ha solicitado a Bendodo una reunión para crear un grupo de trabajo en cuyo seno se aborde esta situación de manera inmediata.

Aprobado el Compromiso por la profesión periodística en Marchena

El día de ayer, el Ayuntamiento de Marchena se sumó a salvaguardar los derechos de los periodistas aprobando el Compromiso Público por el Empleo y la profesión Periodística‘, tras la moción presentada por los grupos municipales Socialista y Popular en el pleno municipal de  ordinario.

A la moción se unieron los demás grupos políticos, quienes defendieron que se debe garantizar a la población el acceso a la información de manera fidedigna, y que solo pueden ofrecer profesionales de la comunicación. Además de alegar que, para cualquier otro oficio de poca cualificación son exigidas acreditaciones que no suelen exigirse para puestos de repercusión social, como lo es la de mantener a la ciudadanía bien informada.

Es por esto por lo que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) viene desarrollando una ardua labor en pro de salvaguardar la profesión periodística y procurar que la población reciba una información clara y de rigor. Ya que debido al intrusismo y a la influencia de las redes sociales se crean ciertas confusiones en cuanto a la calidad de la información; tildándose de periodista o, atribuyéndoles sus funciones, a cualquier persona que escriba para un blog o publique en redes.

Desde la demarcación de Sevilla, queremos agradecer la buena disposición de la administración de Marchena para adherirse a esta iniciativa, ya que, como recoge el compromiso: “Como garantes de este derecho, los gobiernos y las administraciones públicas, que comparten obligaciones en esta materia con los periodistas, –especialmente en el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno–, deben reconocer el papel de estos profesionales como servidores de lo público. Y al mismo tiempo, las administraciones públicas deben proteger y garantizar que esa función social del periodismo pueda desempeñarse con los medios precisos y necesarios para ofrecer una información veraz, objetiva, plural e independiente, cuyo único compromiso sea el interés general de la ciudadanía.”

Pese a lo anterior expuesto, a la situación de precariedad que vive la profesión, también se debe sumar el hándicap de que en muchas administraciones públicas no se cumple con los criterios de contratación de personal cualificado para sus gabinetes de prensa o comunicación, para cumplir con tales funciones. Y son precisamente estos los que tienen más reticencia a firmar el compromiso promovido por el CPPA. Y es esta recurrencia al contrato de personal no cualificado, o contratado en precario, que el Colegio quiere que sea eliminado.

 

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