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El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.

La derogación de la Ley Mordaza se debate hoy en el Congreso

A propuesta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana hoy se debate en la Comisión de Interior del Congreso la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza», y que desde antes incluso de su aprobación generó gran polémica especialmente entre el colectivo de periodistas. Como ya manifestamos en su momento, algunos de los artículos contenidos en la norma atentan gravemente contra las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía y, de manera muy especial, contra la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio del periodismo.

Según se recoge en la proposición no de ley, «la aprobación de la Ley Mordaza supuso una vuelta de tuerca más en la represión política y en el asentamiento de un Estado policial en detrimento del Estado de Derecho». Tal y como se recoge en la vigente Ley, “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación”, se atenta contra lo expresado en el artículo 20 de la Constitución española que «reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Casi un año después de su entrada en vigor, son ya varios los casos de periodistas que se han visto negativamente afectados por esta Ley durante el desempeño de su labor, como puede leerse en el balance publicado el pasado mes de junio por Reporteros sin Fronteras en su página web donde se recogen los testimonios de casos reales como el del periodista Axier López, el primer periodista español multado por la “Ley Mordaza».

Confiamos en que esta proposición prospere y podamos avanzar en la recuperación de garantías para el libre ejercicio de la profesión.

Editorial: El menoscabo periodístico por parte de una jueza

Los periodistas de Cádiz han mostrado su preocupación por el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, con fecha del 13 de septiembre pasado, en el que dictamina el sobreseimiento y archivo de la causa contra el alcalde de la ciudad por sus declaraciones sobre el caso Loreto. Fue una denuncia del PP local porque desde la actual corporación se vertieron contra antiguos regidores de la ciudad graves acusaciones.

La señora jueza dictamina que no hay ni injurias ni calumnias y pone por delante algo sobradamente utilizado ya desde el ámbito judicial, como es la supremacía del derecho a la libertad de expresión y el hecho de que las partes son componentes de estructuras políticas sometidas a la crítica en mucho mayor grado que lo debe ser cualquier otro ciudadano. Argumentos indiscutibles.

Lo que llama la atención es que la jueza alude también a la “mala calidad” de la información periodística para justificar el tira y afloja entre PP y Podemos en su batalla política. No soy nada corporativista, pero me preocupa esta deriva, porque, como dicen mis compañeros de Cádiz, si ha habido actitudes fuera de lugar por parte de algún medio o algún periodista, las partes o la propia jueza deberían haber actuado en consecuencia y presentar la oportuna denuncia o abrir diligencias o, en su caso, haber llamado a algún periodista como testigo… todo es posible. Nada de esto se hizo, pero se utiliza como un argumento más para sustentar las tesis de la señora jueza. La prensa y los periodistas quedamos indefensos.

“La cuestión — dice — debe ser enlazada con la diligencia periodística exigible en la elaboración y publicación de informaciones lesivas para el honor o la reputación de los protagonistas de la noticia, la cual es especialmente delicada por la imposibilidad de establecer un canon o estándar abstracto o un catálogo de buenas prácticas ineludibles, en una materia forzosamente abocada al causismo por la gran variedad y plasticidad de las situaciones de hecho que se plantean y por las peculiaridades del sector profesional de que se trata, sujeto a múltiples y diversos factores condicionantes, como la premura de tiempo ante el cierre fatal de la edición en los medios tradicionales, el afán por la exclusiva o la primicia en un marco competitivo, la mayor o menos trascendencia de la información y complejidad técnica de la materia objeto de la misma, la inevitable subjetividad de la confianza depositaba en las fuentes, los posibles intentos de manipular u obstaculizar la información por portadores de intereses contrapuestos, el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento de las ventas”.

El texto, sin duda, revela la aceptación vía imposición social de que los medios son así y que de ellos se puede esperar poco en estos temas políticos. Ya digo que no es que no esté de acuerdo con algunas cosas que dice la señora jueza, pero elevarlo a la categoría de argumento en un auto nos pone a los periodistas a los pies de los caballos. Es como si, a partir de ahora, la dilación y lentitud angustiosa del sistema judicial español tuviera que aceptarse como normal y, de esta manera, el menoscabo de derechos a ciudadanos producidos por esta circunstancia se viera como inevitable e inamovible.

Señora jueza, yo creo en los poderes del Estado y en su división. Trabajemos porque el sistema judicial cambie y no tengamos que soportar su grave situación e igualmente ayúdenos usted a mejor el sistema informativo, porque tanto la Justicia como la Libertad de Expresión son bienes innegociables para la libertad de los ciudadanos y si acabamos aceptando las cosas como inevitables lo segundo es que la Democracia se está muriendo. A su disposición, señora jueza.

Antonio Manfredi

Periodista y miembro de la Junta de la Demarcación territorial del CPPA en Sevilla

Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar un periodista

A lo largo de estos últimos meses, han sido varias las ofertas de trabajo lanzadas por las administraciones públicas para cubrir puestos en gabinetes de prensa o comunicación con el perfil claro de un periodista. En noviembre pasado, fue la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz quien convocaba una plaza para personal eventual a cubrir por el sistema de libre designación, para un “técnico de comunicación y documentación”; hace unos días, era la Autoridad Portuaria de Huelva quien publicaba las bases para la contratación de una plaza para la jefatura de su Unidad de Gabinete de Prensa.

En ambos casos, la descripción de las actividades o funciones así como la formación complementaria o la experiencia en el área funcional de la comunicación o la prensa formaban parte de los elementos valorables; pero la licenciatura o el grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual no figuraban como requisito de titulación, a pesar de que se exigía una licenciatura o grado superior universitario.

Etimológicamente hablando, el término “periodismo”, entre otras acepciones, se define como estudios o carrera de periodista; y “carrera” como el conjunto de estudios, generalmente universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión que exige una formación académica previa. En este sentido, la titulación universitaria en periodismo debe entenderse como aquella que habilita desde el punto de vista de las cualificaciones para el ejercicio del periodismo.

Cabe igualmente recordar que las titulaciones en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, –las que permiten la colegiación según la Ley 1/2012, de 30 de enero por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía–, como formaciones de grado superior universitarias, de carácter oficial fueron impulsadas por la propia administración hace ya más de dos décadas, en la comunidad autónoma de Andalucía, –siendo Sevilla primero y luego Málaga las universidades que siguieron los pasos de otras como la Autónoma de Madrid, Navarra o Barcelona–; y ese impulso y esa apuesta, desde el punto de vista del Colegio, deben tener sentido especialmente en el sector público, que debería por tanto exigir dicha titulación como requisito preferente a la hora de cubrir estas vacantes.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía considera a este respecto que las administraciones y empresas públicas o entes instrumentales deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar a un periodista cuando se trata de cubrir las necesidades evidentes y claras de comunicación que tienen estos organismos. El periodismo es más que un oficio; es una actividad reconocida por la que quien la ejerce percibe una retribución, que además debe ser acorde a su cualificación y competencias, de ahí que desde el Colegio exijamos unas condiciones laborales adecuadas en cuanto a categorías profesionales, grupos de cotización y salarios que deben verse recogidas, en el caso de las administraciones públicas, mediante convocatoria de puestos específicos para quienes reúnan los requisitos necesarios, incluido el de la titulación; y en el caso de las empresas privadas, mediante la exigencia de la titulación o la colegiación y unos contratos que permitan algo más allá de la pura subsistencia.

Durante los años más duros de la crisis, los grupos de comunicación han vaciado las redacciones para reducir costes y han abaratado la mano de obra, ofreciendo contratos mercantiles y nutriendo gran parte de sus trabajos con las horas y deshoras de freelance, que pierden mucho más de lo que invierten en su trabajo, si tenemos en cuenta además el trato que el trabajo autónomo tiene en nuestro país.

Objetivo prioritario para el CPPA.

Desde el Colegio se viene trabajando en diferentes líneas para lograr este objetivo: acabar con el intrusismo y con la precariedad laboral en el sector. En el caso concreto de Huelva, se ha contactado directamente con el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha reconocido a los responsables del Colegio que su intención es la de contratar a un licenciado o licenciada en este caso en Periodismo, pero que las bases fueron redactadas antes de que él accediera a la presidencia del organismo, y son algo confusas y no dejan clara su intención.

En la asamblea del CPPA celebrada en el mes de noviembre, se constituyó una comisión de trabajo para abordar esta situación y proponer posibles soluciones contra el intrusismo y en defensa de la titulación o la colegiación para el ejercicio del periodismo y contra la precariedad del colectivo o lo que es peor, la explotación laboral, como recientemente denunciaba la APS, respecto de ofertas por “trabajo gratis”. Si realizamos una búsqueda de empleo para periodista en cualquiera de los grandes portales de empleo, la mayoría ofrecen contratos mercantiles, prácticamente ninguna define una horquilla salarial o directamente te ofrecen una bonita experiencia a cambio de tu trabajo; por eso, acabar con este tipo de ofertas y mejorar la cantidad y la calidad del empleo es sin duda una prioridad para el Colegio.

Así, con el mismo objetivo, la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas en Málaga ha liderado una iniciativa consistente en poner a la firma de los ayuntamientos de la provincia un “Compromiso por la comunicación pública”, al que recientemente se ha adherido la Diputación Provincial y que tiene como fin “mejorar las condiciones laborales y luchar contra el intrusismo profesional”, al tiempo que busca “garantizar que cualquier área de trabajo que cubra el ejercicio propio de la actividad propia de comunicación relativa a gabinete de prensa, dirección de comunicación o similar” se cubra exigiendo la debida titulación oficial. Esta iniciativa se hará extensiva al resto de provincias, buscando con ello el apoyo mayoritario en este caso de los ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Cádiz contrata a una persona no titulada como responsable de prensa

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Demarcación Territorial del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) en esta provincia muestran su rechazo a la contratación como responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz de un trabajador que no cuenta con la Licenciatura de Periodismo.

Estas organizaciones tienen entre sus objetivos defender a los profesionales de la comunicación, dignificar la profesión y fomentar su mejora. Estas metas no se pueden alcanzar si se continúan menospreciando los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio del Periodismo. Si bien entendemos que la titulación no debe ser la única consideración que debe tenerse en cuenta a la hora de seleccionar a un candidato, sí creemos que debe ser la primera e indispensable, más si cabe si se trata de una institución pública.

La APC y el CPPA realizaron una intensa campaña de información en el periodo electoral para solicitar a los diferentes partidos que concurrían a los comicios municipales que tuvieran en cuenta esta exigencia a la hora de conformar sus equipos de prensa. Esta petición llegó también a los dirigentes de Por Cádiz Sí Se Puede, que ahora lideran el equipo de gobierno municipal. Lamentamos que esta solicitud haya sido ignorada.

Creemos que las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar sus gabinetes de comunicación, un instrumento que será fundamental en su relación con los medios y, por tanto, con la ciudadanía.

Pese a ser un servicio fundamental para un consistorio, son pocos los que cuentan con periodistas en sus plantillas. En la mayoría de los casos estos puestos se ocupan con cargos de confianza, cuyo número, salario y características depende del equipo de gobierno de turno. Convocar plazas para cubrir estos puestos supondría una mayor estabilidad para sus trabajadores, poder disfrutar de unas condiciones laborales equiparables a las de otros empleados de su categoría y, sobre todo, concurrir de forma justa e igualitaria a un proceso de selección en el que, ahí sí, la titulación sería una condición determinante.