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La transparencia y el periodismo, elementos esenciales de la democracia

Un año más, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha estado presente en el Congreso Internacional de Transparencia en el que se han dado cita más de 400 profesionales que se han acercado a ella desde diferentes perspectivas: la de los órganos de control; la de los empleados y empleadas de las administraciones públicas; la del personal investigador del ámbito universitario; la de responsables políticos y las de los periodistas. La inauguración del Congreso corrió a cargo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que estuvo acompañado de distintas autoridades malagueñas y del presidente de Acreditra, Fran Delgado.

Andalucía ha sido un año más sede de este foro, –Cádiz acogió la tercera edición–, siendo Málaga la anfitriona, por lo que el Colegio andaluz nuevamente no solo ha facilitado la asistencia de colegiados y colegiadas en el ámbito de la Red, sino que ha participado activamente en el desarrollo del programa, siendo la decana, Eva Navarrete, la responsable de la mesa “Regeneración y calidad de la democracia“. Una mesa celebrada el martes 1 de octubre que contó con las intervenciones de Sebastián Escámez, profesor de la Universidad de Málaga; Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón y Manuel Villorria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante el debate y a lo largo de las distintas intervenciones celebradas los tres días de congreso fueron recurrentes y numerosas las referencias a las relaciones entre transparencia y periodismo, y al papel fundamental que ambas disciplinas juegan en el desarrollo y la consolidación de la democracia. También se puso de manifiesto cómo a pesar de que han transcurrido casi seis años desde la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y cuatro desde la ley andaluza, son pocos los medios acostumbrados a utilizar los portales de transparencia y a ejercer el derecho de acceso a la información pública, salvo excepciones. 

La periodista Mar Cabra –ganadora del Premio Pulitzer por su trabajo en los conocidos “Papeles de Panamá” –explicó, al abordar “Los esfuerzos internacionales contra la corrupción“, cómo desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trabajaron codo con codo periodistas “tradicionales”, periodistas de datos y desarrolladores y expertos informáticos para lograr descifrar el volumen de información que recibieron de un ciudadano anónimo hasta llegar a desentrañar la trama corrupta que puso en jaque a personalidades de todo el mundo.

Otra experiencia destacable de la relación periodismo-transparencia es el caso del digital maldita.es, que ha sabido explotar la norma para combatir la desinformación y someter la actualidad informativa a un continuo “factchecking“, tomando la iniciativa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y escudriñando los portales de transparencia. Así lo explicó durante su intervención Clara Jiménez Cruz, periodista y cofundadora de maldita.es en el seminario “Transparencia y medios de comunicación” celebrado el miércoles. Jiménez no sólo explicó el modelo desarrollado por maldita.es, en el que también colaboran tanto periodistas como otros perfiles de especialistas de datos, sino que evidenció algunas de las deficiencias del modelo implantado en nuestro país y que acaban dificultando la labor periodística como, por ejemplo, la falta de formación de los empleados públicos sobre transparencia, la existencia de plazos excesivamente amplios o un elevado nivel de litigio entre las administraciones y los órganos de control de la transparencia, entre otras.

Tal  y como expresó Jiménez, el problema de la desinformación no está tanto en los medios tradicionales sino en “otros canales informales de comunicación de gran impacto social, que son percibidas como noticia por la ciudadanía”, haciendo referencia por ejemplo a WhatsApp o Messenger. Para ello, las administraciones deben facilitar una respuesta rápida y ágil para evitar o frenar los bulos y la confusión entre la ciudadanía.

Otras medidas contra la desinformación

Desechar el término “fake news” fue otra de las ideas que se pusieron sobre la mesa a lo largo de los diferentes debates suscitados durante el Congreso. Y es que por definición una información falsa nunca debe convertirse en noticia. Es un principio básico del periodismo, de ahí que los ponentes que abordaron el tema, haciéndose eco también del Informe del Grupo de Experto para la Comisión Europea realizado sobre este asunto, rechazaran la utilización de ese término, entre ellos la profesora Laura Teruel, de la Universidad de Málaga, quien recordó que la desinformación va más allá de una noticia falsa, –traducción literal del término fakenews–; la desinformación «incluye todo tipo información falsa, engañosa e incorrecta que se ha elaborado, se presenta y promociona con la intención de causar un daño público o para obtener algún beneficio» (Madeleine de Cock Bunning).

En definitiva, y como una de las conclusiones que nos llevamos de este congreso, es que la transparencia puede y debe ser una aliada del periodismo y de los periodistas; para ello, los profesionales deben conocer la norma en todas sus dimensiones: la del ejercicio del derecho de acceso y la de publicidad activa; los medios y los profesionales deben invertir tiempo y dinero en mejorar sus recursos; es necesaria la profesionalización de la comunicación en las administraciones públicas, para impedir que la transparencia sea un obstáculo en lugar un instrumento para el periodismo; nos falta alfabetización mediática, tal y como se propone en el Informe de la Comisión, y más instrumentos al servicio de la ciudadanía para luchar contra la desinformación, como pueden ser los medios dedicados al factchecking o medidas para identificar medios periodísticos de otros productos digitales que no lo son, como es el caso del ROMDA, el Registro de Medios Digitales del Colegio de Periodistas de Andalucía.

El Congreso Internacional de Transparencia es una iniciativa de ACREDITRA, organizadora de las distintas ediciones, con la colaboración de entidades como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que ha participado en las dos últimas citas.

Periodistas, investigadores y grupos políticos debaten en Sevilla sobre comunicación y su tratamiento en la reforma de la ley electoral andaluza

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) junto con el Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de Sevilla abordarán este jueves, en la Facultad de Comunicación hispalense, el tratamiento de los debates electorales, las falsas noticias y los bloques electoral y el papel del Consejo Audiovisual en la reforma de la ley electoral andaluza; una reforma que fue tratada en la anterior legislatura pero que acabó sin resultados y que será previsiblemente acometida de nuevo en el actual período legislativo.

El profesor Joaquín Urías, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad hispalense e investigador principal del proyecto “La regulación de los contenidos informativos en los procesos electorales”, coordina junto con la decana de la corporación colegial, Eva Navarrete, una jornada en la que se tratarán tres temas fundamentales. En primer lugar, la regulación de los debates electorales que, a resultas de los previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía habrá de ser incorporada en la reforma de la vigente ley (Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía); como facilitadores actuarán la profesora de la Universidad de Sevilla, Ana Galdámez y la decana, Eva Navarrete. En segundo lugar, los participantes tratarán otro de los temas que más preocupa a la opinión pública y los periodistas en los últimos tiempos, especialmente por su impacto durante los procesos electorales, y es la lucha contra las noticias falseadas. En este bloque intervendrán como introductores el periodista y presidente de la demarcación del CPPA en Córdoba, Juan Pablo Bellido y la subdirectora de El Objetivo, Miriam Ruiz. Por último se abordará el tratamiento de los bloques de información electoral, otro de los aspectos más polémicos de la regulación electoral, que genera gran tensión entre los profesionales y los políticos durante los periodos de campaña. Sobre el papel y las competencias que juega y ha de jugar el Consejo Audiovisual de Andalucía, propondrán el debate el director de los servicios jurídicos de la RTVA, Carlos Millán, y el periodistas y miembro del Consejo de Informativos de la RTVE, Roberto Lakidain.

El Colegio de Periodistas de Andalucía al igual que el Consejo Audiovisual de Andalucía y otras muchas organizaciones participaron la pasada legislatura en el Grupo de Trabajo del Parlamento andaluz en el que se abordó la reforma de la ley, con una ponencia en la que defendió mayor independencia para los profesionales del periodismo durante los procesos electorales, en defensa del derecho a la información y la calidad de los servicios que a través de los medios se presta a la ciudadanía.

Panel de participantes

Junto a los ponentes o facilitadores de los distintos temas que se abordarán durante la jornada, que se celebra sin público, participarán de este encuentro diferentes representantes del ámbito periodístico, de la política y la investigación, con el objetivo de poder intercambiar experiencias y posicionamientos respecto a las cuestiones planteadas y extraer conclusiones que puedan servir de orientación a un nuevo abordaje de la reforma de la ley. Así, han confirmado su asistencia por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía su presidente Antonio Checa Godoy y su coordinadora jurídica, Pepa Aguilera; Pedro García, actual director de informativos de TV7 y Publicaciones del Sur; Fran Delgado, presidente de la asociación ACREDITRA ; la decana de la Facultad de Comunicación de Sevilla, Mª Mar Ramírez y el director del Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez; finalmente, en representación de los grupos parlamentarios andaluces, estarán Paco Conejo (PSOE), Francisco Carrillo (Ciudadanos) y esperanza Gómez (Adelante Andalucía).

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El CPPA recuerda el principio de publicidad de la justicia como garantía en una sociedad democrática y llama a los medios a ofrecer una cobertura responsable durante el juicio del “Caso Gabriel”

El Colegio ofrece su disposición a actuar como interlocutor en cuanto se considere necesario respecto a este asunto, tanto ante los profesionales para atender posibles incidencias en el desempeño de su labor informativa como ante aquellas circunstancias que puedan derivarse a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio.

 

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha trasladado a la Oficina de Comunicación del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla su preocupación ante la celebración del juicio por el “Caso Gabriel” que comenzará el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería, para el que ya se han acreditado más de 40 medios de comunicación.

En el marco del Protocolo de colaboración firmado entre el TSJA, el Consejo Audiovisual de Andalucía y el Colegio, el CPPA insta al Tribunal a garantizar el acceso igualitario de todos los medios informativos, procurando unas condiciones de trabajo adecuadas y que tengan en cuenta las necesidades de los distintos soportes. La Oficina ha confirmado que la Audiencia Provincial dispondrá de una sala destinada a los periodistas con señal institucional y que, aunque esta instancia no cuenta con responsable de prensa propio, será la Oficina quien gestione in situ las relaciones con los medios mientras dure el proceso. De hecho, ya se han dispuesto distintos canales de comunicación directa entre la Oficina y los periodistas acreditados, que recibirán una guía informativa del mismo explicando sus pormenores.

A pesar de que en nuestro país no existe una regulación clara y expresa sobre la condiciones de grabación en el interior de los recintos judiciales, el Colegio recuerda que el Consejo General del Poder Judicial actualizó en 2018 su propio Protocolo de Comunicación de la Justicia, en el que se establece que “las Oficinas de Comunicación facilitarán a los periodistas información sobre los asuntos que hayan despertado interés” esto es aquellos que hayan despertado “la atención de los medios de comunicación por las personas que intervienen, el objeto del proceso, la relevancia del hecho objeto del procedimiento, la relevancia jurídica de las resoluciones dictadas y/o las normas jurídicas aplicadas, la previa existencia de informaciones periodísticas sobre el mismo, incluso en su fase policial, o se considere que es de interés para la ciudadanía.”. El documento marca además las pautas tanto para las fases de instrucción como para la de vista oral, estableciendo los datos que deben ser facilitados a los periodistas, las relaciones entre el tribunal y los profesionales y las condiciones necesarias para que la función informativa pueda desarrollarse con normalidad. Así por ejemplo indica que se establecerá “un perímetro lógico donde puedan estar los periodistas para tomar imágenes sin dificultad ni obstáculos intermedios que impidan su grabación”;  se facilitará ´”un espacio donde se puedan grabar declaraciones de cualquiera de las partes y delimitar un lugar donde los periodistas puedan realizar sus crónicas en directo” y se procurará “mantener abierto un espacio o facilitar un lugar en el que los medios de comunicación puedan trabajar fuera del horario de audiencia”, entre otras recomendaciones.

Igualmente, la Oficina del CGPJ, en referencia a la fase de juicio oral, señala que “no existe ninguna restricción de acceso a la vista y a la información, excepto las que marca la ley en el caso, por ejemplo, de menores o víctimas de violencia de género”, recordando que será necesario buscar siempre la conciliación entre el derecho a la información con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de las partes que intervienen en el proceso.

En todo caso, tal y como acordaron en su día las tres instituciones, el Colegio hace una llamada a la responsabilidad de todas las partes para garantizar la buena cobertura del proceso y su traslado a  la ciudadanía, poniendo igualmente a disposición de los profesionales de la información las pautas establecidas en el Código Deontológico y en la Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales así como el informe específico que el Consejo Audiovisual de Andalucía elaboró sobre la cobertura del caso en su día. 

El Colegio ofrece además su disposición a actuar como interlocutor en cuanto se considere necesario respecto a este asunto, tanto para atender posibles incidencias que se detecten por los profesionales en el desempeño de su trabajo como aquellas que puedan derivarse a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio.

La Red de Colegios de Periodistas rechaza la actuación policial y judicial en diversos medios de comunicación en Baleares al ser un ataque al derecho al secreto profesional de los periodistas

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas expresa su rechazo a las actuaciones que hoy se han producido en diversos medios de comunicación de Islas Baleares, Europa Press y Diario Mallorca, ante lo que considera una clara vulneración del derecho al secreto profesional que ampara a estos profesionales en el ejercicio de su trabajo.

La Red recuerda que el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y la regulación por ley del derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas insiste en que el secreto profesional se justifica justamente porque permite que informaciones relevantes, de indudable interés público, salgan a la luz y sean conocidas por la ciudadanía. Coartar este derecho es actuar contra los principios básicos de la democracia, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado en numerosas ocasiones.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas se constituyó el 14 de junio de 2018 y está formada por los nueve colegios profesionales de periodistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco).

Nota informativa del Colegio de Periodistas de Andalucía en defensa de los medios públicos de comunicación

Ante las declaraciones realizadas por diversos líderes políticos en estos días en las que se amenaza con el cierre de la Radio Televisión Pública Andaluza, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía rechazamos cualquier intento de limitar la libertad de expresión y  poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia.

La información pública es un derecho fundamental. El Colegio de Periodistas de Andalucía no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales.

La protección de los medios públicos y privados está contenida en el vigente Estatuto de Autonomía y como señala la UNESCO, los primeros “deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias”.

Nos mantendremos firmes en su defensa. Continuaremos exigiendo la participación de nuestra organización colegial en los consejos de administración de medios públicos, para garantizar la aplicación de criterios profesionales en los contenidos; convocatorias públicas de empleo; una apuesta clara por las producciones propias; por los contenidos de calidad y condiciones dignas de empleo en productoras y medios de comunicación privados. Y todo ello, para garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación.

Los medios de comunicación públicos deben regirse por criterios de pluralidad, participación, transparencia y rigor, y para ello los grupos políticos, sean cuales sean sus tendencias, han de respetar su necesaria independencia y asegurar su viabilidad como servicio público.