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Concentraciones de periodistas contra la Ley de Seguridad Ciudadana

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La Demarcación de Sevilla del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha decidido adherirse al llamamiento que ha hecho la plataforma No Somos Delito Sevilla para apoyar la campaña iniciada contra la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) y las reformas del Código Penal que criminalizan a los profesionales del periodismo y atentan contra la libertad de información.

La plataforma ha organizado distintos actos durante estos días que han culminado con una concentración en la Puerta de Jerez el 30 de junio, con motivo de la puesta en vigor de ambas leyes el 1 de julio y coincidiendo con la convocatoria estatal.

En este sentido, una representación del Colegio de Periodistas en Sevilla ha asistido a la concentración prevista con objeto de defender el desempeño de nuestra profesión con todas las garantías constitucionales.

Por otro lado, más de un centenar de periodistas y una nutrida representación de diferentes sectores sociales almerienses se han dado cita el 1 de julio de 2015, en respuesta a la convocatoria de la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería (CPPAA). La concentración pacífica tuvo lugar en Puerta Purchena, junto a la escultura a Nicolás Salmerón y Alonso, para mostrar el rechazo a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que ha entrado en vigor en esta jornada.

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La norma “atenta gravemente contra las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía y, de manera especial, a la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio del periodismo”, dice el manifiesto leído.

La AP-APAL y el CPPAA entienden, como han puesto de manifiesto en diversas ocasiones, que la “ley mordaza restringe derechos fundamentales cuya prohibición además, queda en manos de la voluntad de la Administración y no del Derecho Penal”.

La presidenta de la AP-APAL y del CPPAA, Covadonga Porrúa Rosa, leyó el manifiesto elaborado bajo el título “No a la ley mordaza por vulnerar la libertad informativa”. Los aplausos prolongados de los presentes pusieron punto y final a la movilización que duró unos veinte minutos y que ha utilizado las etiquetas de twitter #AlmeriaContraLeyMordaza y #SinMordazas.

Manifiesto de AP-APAL y CPPAA sobre la Ley Mordaza (PDF)

El Ministerio de Justicia atiende las demandas de editores y periodistas y buscará un texto alternativo al artículo 520.1 de la LECrim

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atendiendo a las demandas de editores y periodistas, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información.

Concretamente, con el voto favorable de los Grupos Popular y Catalán de Convergencia y Unió, se añadió al artículo 520.1 referido a las detenciones, que en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias.

Por otra parte, en otro encuentro con representantes de las organizaciones de periodistas y editores, el portavoz del Grupo Socialista del Senado -donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley-, Óscar López, mostró la disposición de su grupo a rechazar el texto del artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.

En la reunión con el ministro han participado la presidenta y el vicepresidente de la FAPE, Elsa González y Aurelio Martín, respectivamente; el director general y la directora general adjunta de AEDE, José Gabriel González e Irene Lanzaco, y, en representación del FOP, el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.

También suscribieron el documento contra el texto del artículo 520.1 de la LECrim los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco.

Editores y periodistas firman un documento contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

FOTO 1La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) (integrado por la Agrupación de Periodistas de UGT, Agrupación de Periodistas de CC OO, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Sindicat de la Imatge UPIFC, Col.legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galicia y Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV)], y los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco, han firmado esta mañana un documento de rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el escrito, que supone la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido al artículo 520.1, aprobado por el Congreso de los diputados el pasado 2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se pone en peligro el derecho constitucional a la información.

El documento ha quedado rubricado por Elsa González (presidenta de la FAPE); Aurelio Martín (vicepresidente primero de la FAPE y secretario general del Colegio de Periodistas De Castilla Y León); Jesus Picatoste (secretario general de la FAPE); Irene Lanzaco (adjunta al director general de AEDE); Victor Lerena (presidente de turno del FOP y presidente de ANIGP-TV); Mariano Rivero, secretario general estatal de la Federación de Periodistas de UGT; Agustín Yanel, secretario general del FeSP; Maite Sánchez, de la Agrupación de Periodistas de CCOO; y Eduardo Méndez, de ANIGP-TV.

El texto completo es el siguiente:

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguirá su tramitación en el Senado, en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detenciones que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión. En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.

Además, de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Inquieta que la redacción del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.

Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.

Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamos que los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de la Cámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Diputados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos reciban una información sesgada e incompleta.

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE)

Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Junio 2015 (PDF)

Andalucía apoya la campaña del Colegio de Periodistas de Cataluña contra los bloques electorales

verkami_c7ce6a280a501addbbc32c5c255c3a20El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha apoyado al Colegio de Periodistas de Cataluña en su campaña para presentar una demanda contra los bloques electorales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un  sistema impuesto por ley que supone un estado de excepción informativa que genera rechazo entre los profesionales y descrédito entre la ciudadanía.

A través de una campaña de micromecenazgo impulsada en la plataforma Verkami para captar fondos, el Colegio de Periodistas de Cataluña ha conseguido la mitad de los recursos necesarios para presentar el escrito de demanda y realizar el posterior seguimiento de la misma, concretamente 6.000 euros de los 12.000 que cuesta el proceso. La otra mitad del coste será sufragada por el propio Colegio catalán.

La campaña comenzó el pasado 13 de abril, y durante 40 días, coincidiendo con la finalización de la campaña electoral, ha recogido las aportaciones de los mecenas a través de la plataforma Verkami. Esta iniciativa se ha impulsado con la idea de aprovechar las elecciones municipales en todo el Estado para recoger el malestar que provoca este sistema y evidenciar esta anomalía democrática, criticada por los profesionales.

El Colegio de Periodistas de Cataluña ha agradecido la colaboración de los más de 160 mecenas que han contribuido a hacerlo posible, desde los que han participado a nivel individual como los que lo han hecho de manera colectiva, como los Colegios de Periodistas de Andalucía, Galicia, Murcia y País Vasco, comités de empresa de medios públicos de ámbito autonómico y local u otras organizaciones profesionales de periodistas, incluso a nivel internacional.

Paralelamente a esta iniciativa, la Federación de Periodistas Europeos (EFJ) y la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) han presentado también una queja formal al Consejo de Europa sobre los bloques electorales a instancias del Colegio de Periodistas de Cataluña. Ambas organizaciones comparten con el Colegio que esta anomalía europea representa una “interferencia política en el trabajo editorial y viola el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que consagra explícitamente la libertad de opinión y de recibir y difundir informaciones e ideas sin injerencia de autoridades públicas”.

Periodistas de Andalucía pide a Catalá debatir sobre el derecho a la información con el sector

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) invita al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a un debate sobre el derecho a la información con representantes de las organizaciones profesionales de periodistas existentes en España tras haber planteado la posibilidad de multar a los medios de comunicación que informen sobre casos que estén bajo investigación judicial.

Dado que el ministro propone abrir un debate sobre los límites a la información para proteger la presunción de inocencia y evitar juicios paralelos a personajes públicos implicados, los profesionales de la información estaríamos encantados de explicarle en qué consiste el derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, que plasma explícitamente en su punto 2 que dicho derecho “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El CPPA considera que las declaraciones del ministro suponen un retroceso en la libertad de expresión y la democracia, y hurtan el derecho ciudadano a obtener libremente información veraz. Es decir, no se trata de un ataque contra los periodistas, sino contra la ciudadanía, destinataria última de este derecho.

Lamentamos también que Catalá opte por la habitual tendencia a ‘matar al mensajero’ y, si considera que se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, lo más adecuado es que vele por que se garantice la aplicación de los instrumentos ya previstos en la legislación española para ello, como el delito de revelación de secretos, atribuible a los funcionarios de justicia.

Por otra parte, el ministro de Justicia alude a la idoneidad de abrir un debate sobre este tema, cuando ya su antecesor en el cargo, Alberto Ruiz-Gallardón, lo puso sobre la mesa con su borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y con la ya aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. Debido al rechazo frontal que provocó, no salió finalmente adelante y ahora su sustituto lo retoma matando de nuevo al mensajero. Por tanto, no se trata de un debate nuevo, sino que ya se abrió en su momento y se cerró debido a la oposición suscitada desde diversos sectores.

La última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015 que realiza Reporteros sin Fronteras sitúa a España en el puesto 33 del mundo, en un ‘ranking’ que encabezan países europeos como Finlandia, Noruega y Dinamarca. A pesar de que España gana dos posiciones respecto al año anterior, ello “no significa que haya mejorado en libertad de información, sino que este ascenso viene dado por un deterioro general del grado de respeto por la libertad de información en todo el mundo”, según dicha organización.

El Colegio de Periodistas andaluz ve con preocupación el futuro informativo que se vislumbra en España, con posiciones como la del actual ministro de Justicia o la Ley Mordaza, y recuerda la necesidad de tener muy presente que el derecho a la información corresponde a la ciudadanía, siendo los medios únicamente el vehículo a través del cual se sustancia dicho derecho.

Los periodistas españoles ya contamos con elementos de autocontrol, encabezados por la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, ante la que cualquier ciudadano puede plantear sus quejas en este sentido. En la misma línea viene trabajando el CPPA para poner en marcha su propia Comisión de Deontología y Garantías a nivel regional.

Por todo ello, y ante la gravedad de estas declaraciones, el CPPA invita al ministro a sentarse a debatir con los profesionales del sector para trasladarle no sólo nuestra preocupación ante su planteamiento, sino también todas las dificultades que los periodistas españoles encuentran diariamente para realizar su trabajo con la dignidad y rigor necesarios que exige el cumplimiento de un derecho vital para la democracia en cualquier país.