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La Comisión de Presidencia del Parlamento respalda el Compromiso Público por el Empleo que implica la dotación de puestos para periodistas en las administraciones y la exigencia de titulación

Este jueves se ha debatido en sede parlamentaria el “Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística”, promovido por la Asamblea General del Colegio de Periodistas de Andalucía y cuyo contenido íntegro se ha trasladado a una PNL presentada por el Grupo Socialista.

La PNL ha sido defendida en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior por el vocal de la formación socialista en este órgano, Francisco Conejo, quien ha puesto sobre la mesa las principales demandas del sector recogidas en el documento del Colegio. Tras la exposición, han comenzado las intervenciones de los restantes grupos, empezando Benito Morillo, del Grupo Vox, quien ha rechazado la propuesta basándose únicamente en su oposición al partido socialista, lo que para la organización colegial evidencia “un desprecio absoluto por la profesión periodística y quienes la ejercen”, al ignorar totalmente el sentido de la propuesta y dedicar su brevísima exposición únicamente a reprobar la actitud del PSOE.

A continuación, el portavoz de Adelante Andalucía, Ismael Sánchez, ha expresado el respaldo de su grupo a la PNL, a la que han incorporado dos enmiendas relativas a educación y formación en materia de comunicación para los estudiantes de Secundaria. Sánchez ha pedido a los miembros de la Comisión que abandonaran los usos partidistas, pidiendo “altura de miras” a los parlamentarios en su posicionamiento y recordando el papel que tienen como canalizadores de los intereses de la ciudadanía, según ha informado el CPPA. Seguidamente, ha tomado la palabra la portavoz de Ciudadanos, Concepción González, quien ha desviado el sentido de la propuesta, sin entrar en la esencia de la misma y siendo su único argumento el hecho de que fuera el PSOE el impulsor de la PNL a quien ha calificado de “oportunista”.

El último en ofrecer su posición ha sido el presidente de la Comisión, Adolfo Molina, del Partido Popular. Tras informar que el Gobierno ya está trabajando en la creación de los puestos que se exigen en la PNL y que se demandan por el Colegio, aludiendo incluso a las reuniones que por parte del Colegio se han mantenido con miembros del equipo del Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, según el CPPA, “ha vuelto a caer en la línea argumental de sus socios de Gobierno: que el PSOE ha esperado a estar en la oposición para elevar este asunto al Parlamento, una perspectiva del todo insuficiente que olvida lo fundamental y se queda en lo accesorio”.

Finalmente, se han sometido a votación los dos puntos de la PNL. El primero, que “El Parlamento se adhiere al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística”, se ha aprobado con los votos favorables de PSOE y Adelante Andalucía, la abstención de Ciudadanos y PP y el voto en contra de VOX. El segundo, que recoge las medidas concretas, sólo ha recibido el respaldo de PSOE y Adelante Andalucía.

Valoración del Colegio

Desde el Colegio se valora positivamente que el debate por fin se haya trasladado a sede parlamentaria y “aún siendo conscientes de la demora inadmisible tras más de 30 años de autonomía, estima el esfuerzo de quienes han dado el paso y lo han apoyado”. Al mismo tiempo, pide al resto de las fuerzas políticas que reconsideren la posición respecto al impulso de las medidas concretas, especialmente las de creación de puestos de técnicos, -en las que el parlamentario popular dice “están trabajando”– y en la necesidad de garantizar que se cumplan las condiciones laborales legalmente exigibles cuando se externalicen los servicios de comunicación por parte de las administraciones. Algo que, según el Colegio, “ni siquiera tendría que ser cuestionado, y mucho menos rechazado”.

Por último, el Colegio recuerda a la Comisión que el Compromiso que han aprobado es un texto “integral e inescindible”, que incluye literalmente que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar: que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo,(…) la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes; que para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación; y contribuir (…) a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

La corporación colegial recuerda también que este Compromiso y las medidas que conlleva ha sido asumido en Diputaciones y Ayuntamientos por los mismos grupos que hoy lo han rechazado en el Parlamento. Y que ha sido el propio Partido Popular el que en la pasada legislatura presentó en el Congreso la Proposición de Ley para crear el Consejo General de Colegios de Periodistas. Por ello pide coherencia a todas las fuerzas políticas.

Al término de la sesión, los miembros de la Junta de Gobierno del CPPA que han acudido al Parlamento para seguir el debate, han tenido ocasión de saludar al Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que comparecía ante la misma Comisión, y expresarle sus demandas y la necesidad de celebrar una reunión para avanzar sobre los temas abordados, cuestión a la que se ha comprometido.

(El vídeo íntegro de la Comisión está disponible en la web del Parlamento)

Representantes del CPPA posan junto a miembros de Adelante Andalucía, que apoyó el texto de la PNL

El socialista Francisco Conejo fue el encargado de defender la PNL presentada por su grupo parlamentario, a demanda del Colegio de Periodistas.

La Comisión de Presidencia del Parlamento debatirá mañana la iniciativa para crear en la administración puestos estructurales para periodistas

El grupo Adelante Andalucía ha presentado dos enmiendas que amplían el contenido de la Proposición presentada por el grupo socialista y recoge otras de las medidas reivindicadas por el Colegio de Periodistas de Andalucía

Mañana se reúne en el Parlamento de Andalucía la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior para debatir, entre otros temas, la iniciativa registrada por el grupo socialista en la que se recoge la demanda del Colegio de Periodistas de Andalucía de crear puestos de trabajo estructurales de técnicos de comunicación en el sector público andaluz. Una medida que fue aprobada por la Asamblea del Colegio en 2016 y que queda reflejada en el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística con el que se pretende dar estabilidad a los periodistas que trabajan en las administraciones públicas y garantizar con ello la independencia de los profesionales y el derecho a la información de la ciudadanía.

Las medidas recogidas en la PNL se hacen eco además de las demandas y propuestas del Colegio para mejorar las condiciones laborales de los periodistas en Andalucía, que también fueron trasladadas a los diferentes grupos políticos para que las incorporasen a sus programas durante las pasadas elecciones autonómicas y posteriormente a la acción de gobierno.  Entre esas demandas, se presentaban medidas en el ámbito educativo y de formación, de autoempleo o de participación institucional, hasta un total de 17 iniciativas. En esta línea, el grupo Adelante Andalucía ha registrado dos enmiendas a la PNL, relacionadas con la intervención de los periodistas y la comunicación en el ámbito educativo y de formación. En la primera, se propone “implantar una asignatura de alfabetización mediática en los cursos de enseñanza secundaria obligatoria”, impartida por graduados o graduadas en Periodismo o Comunicación Audiovisual previa convocatoria pública; y la segunda, destinada a que se impartan cursos de capacitación al profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, por parte de personas tituladas en periodismo.

El Colegio espera que tanto el contenido inicial de la PNL como la ampliación derivada de las enmiendas tengan buena acogida en el seno de la Comisión. El organismo considera que, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones por organismos públicos autorizados y se recoge en el Informe del Grupo de Alto Nivel para la Comisión europea sobre Desinformación, ”la formación y la capacitación de la ciudadanía, empezando por los más jóvenes, tanto para el uso adecuado de los nuevos medios de comunicación como para combatir la desinformación y las falsas noticias, son fundamentales para el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia”.

El CPPA denuncia que una ONG fomente el empleo precario de periodistas

Una oferta laboral de la Asamblea Cooperación por la Paz busca la contratación de un periodista sin estudios universitarios en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual en un presumible intento de “ahorrarse” los costes laborales de esta contratación, a pesar de que la ONG declara obtener más de siete millones anuales en ayudas de distintas instituciones públicas

La ONG Asamblea Cooperación por la Paz (ACPP) ha lanzado una oferta laboral que consideramos lesiva para el periodismo, la democracia y la ciudadanía, según sostiene la demarcación de Sevilla del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), que representa a los profesionales de este sector en la provincia. Según se recogen en los requisitos de la oferta publicada, la ONG pretender contratar un periodista pero sin embargo el nivel de estudios requerido es de estudios secundarios. En este sentido, desde la organización colegial consideramos que esta decisión obedece a un intento de “ahorrarse” los costes salariales que implica la contratación de una persona con titulación universitaria, pues no tiene sentido que pudiendo contratar a un profesional titulado no lo haga, si no es por motivos económicos.

Desde el CPPA consideramos que esta ONG muestra un desprecio absoluto por la profesión periodística y apuesta por la precariedad laboral, algo que debería estar alejado de cualquier planteamiento de una verdadera ONG.

El CPPA contactó la semana pasada con la citada ONG para manifestarle que el puesto que buscaban requería de formación académica superior en Periodismo o Comunicación Audiovisual, y en un primer momento, la ACPP reconoció que “se trataba de un error en el anuncio”. Sin embargo, posteriormente la ONG comunicó al Colegio que “en todos los procesos de selección [de esta ONG], los criterios son los mismos: experiencia y formación específica en las tareas a desempeñar”, aclarando así que no consideran que un periodista requiera titulación universitaria.

Para el presidente de la demarcación de Sevilla del CPPA, Ricardo Gamaza, “ decir que basta con tener terminado la Secundaria para ejercer el periodismo es una falta de respeto a todas y todos los periodistas que han realizado y realizan una carrera universitaria para desarrollar esta profesión”. Ricardo Gamaza ha añadido que además “es un auténtico fraude a la ciudadanía que una ONG que recibe más de 7 millones de euros al año en ayudas públicas, según sus propias cuentas, le hurte a la sociedad el pago de salarios dignos y el consiguiente abono de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social y a Hacienda”.

Por todo ello, el CPPA insta a la administraciones a no conceder subvenciones a organizaciones como ésta que precarizan las condiciones laborales de los periodistas. En este sentido, recordamos que en 2016, la Junta de Andalucía aprobó el acuerdo por el que se deberían incorporar cláusulas sociales y medioambientales a la contratación de la Junta de Andalucía, una medida que alabamos y que consideramos necesaria como medida ejemplarizante.

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta de Andalucía que no contrate publicidad con medios que precarizan la profesión

La dirección general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a licitar el “gran” contrato de publicidad institucional que servirá para dar cobertura a la planificación de medios y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión y ejecución de dichos planes, por un período de dos años.

Revisado el contenido de la documentación publicada en la plataforma, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha observado la incorporación de cláusulas medioambientales, -permiten garantizar los criterios recogidos en la Guía que ha de regir toda la contratación pública-; la referencia al compromiso adoptado por el anterior Gobierno de no insertar publicidad institucional en soportes que publiquen anuncios de contactos; o la advertencia de que “en modo alguno se podrán contratar espacios para publicidad institucional en soportes regionales, o en emisoras locales/comarcales de esos soportes, que no cuenten con el preceptivo título administrativo habilitante para emitir”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta, tal y como viene solicitando el CPPA, la petición de que en la contratación de espacios publicitarios se observen también cláusulas sociales y de empleo. Algo que permitiría, por ejemplo, valorar desde el cumplimiento de la normativa básica laboral hasta medidas de conciliación o igualdad en dichos medios.

Como persona responsable del contrato, figura el Jefe del Gabinete de Comunicación Institucional y firma la licitación, el titular de la dirección general, Juan de Dios Mellado. Justamente a Mellado fue a quien el Colegio Profesional de Periodistas, solicitó en la reunión mantenida a principios de este mes de abril, que introdujera en el pliego de prescripciones técnicas algunas cláusulas que permitieran garantizar que los medios contratados para inserciones publicitarias no precarizaban el empleo de los profesionales de la información, contribuyendo así a asegurar unas condiciones mínimas de calidad en el empleo en un sector muy castigado por la crisis.

En opinión del Colegio de Periodistas, esto contribuiría a mejorar la situación de los profesionales del sector de los medios y promovería la calidad de los empleos. Por este motivo, reiteran al gobierno de la Junta de Andalucía su petición de no contribuir a la precarización laboral del periodismo contratando publicidad con empresas que no respetan unas condiciones laborales mínimas sino que más bien se caracterizan por continuos recortes de plantilla, bajada de sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, ausencia de representación sindical, retrasos en el pago de las nóminas o contratos en categorías laborales inferiores a las correspondientes a las funciones o labores realizadas por los profesionales. Desde el CPPA advierten a la Junta de Andalucía de que esta situación es el día a día de cientos de trabajadores y trabajadoras de los medios en Andalucía y que esa precariedad afecta directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por tanto, al objeto de no convertirse en cómplices de la precariedad laboral del periodismo y la desinformación de la ciudadanía, el CPPA solicita a la Junta una rectificación del documento y la atención a las solicitudes expuestas en reiteradas ocasiones.

Información transparente sobre publicidad institucional

Y es que ya en la pasada legislatura, el Colegio trasladó la misma petición al Gobierno y para comprobar los efectos que pudieran tener las acciones de publicidad sobre los medios, solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre cuáles habían resultado perceptores de dichos contratos publicitarios ya que esta información no se publica. Después de varios meses de tramitación y tras presentar recurso ante el Consejo de Transparencia, la dirección general de Comunicación facilitó al Colegio el listado de los medios que habían percibido ingresos por publicidad institucional, si bien el Consejo no estimó la petición de conocer las cuantías que recibió cada uno. Y todo ello, con el objetivo de comparar si los medios que precarizaban el empleo de los periodistas habían sido destinatarios de esos contratos.

Amparados en la resolución del Consejo de Transparencia, que concede el derecho a esta Corporación a conocer los medios que perciben ingresos publicitarios, el Colegio vuelve a pedir que desde la dirección general de Comunicación Social se contemplen estas medidas dado que, con carácter previo a la compra de espacios, los planes de medios propuestos por la agencia que resulte ganadora del concurso para la gestión de la publicidad institucional, han de ser validados por el responsable del contrato. Al mismo tiempo, reclama que se publiquen qué medios son los que reciben publicidad y el importe que en cada caso reciben.

Un millón de euros más para medios digitales

El contrato realizado por el anterior equipo de gobierno extiende su duración hasta el próximo 3 de mayo de 2019, de ahí que el nuevo director general haya iniciado los trámites para la nueva contratación, que incorpora un incremento de un millón de euros en el Lote 1, dedicado a prensa, impresa y digital. El Lote 2, destinado a publicidad en radio y televisión, mantiene la cuantía de 2 millones de euros. La diferencia, según la memoria justificativa que consta en el expediente, se debe a que es el digital “un sector muy dinámico y cuyo mercado ha sufrido un significativo crecimiento con la aparición de nuevas cabeceras”.

Al respecto, la decana informó al director general que el Registro de Medios Digitales de Andalucía, ROMDA, desarrollado por el Colegio, sería un instrumento magnífico para ayudar a la administración a seleccionar los medios digitales que cumplen los requisitos de empleo, deontología periodística, calidad informativa y cumplimiento de los criterios de la Sociedad de la Información, por lo que invitó a que la administración lo utilice de referencia a la hora de contratar publicidad institucional, como garantía para la ciudadanía.

Desde que tomó posesión, la actual Junta de Gobierno del CPPA solicita ante las instituciones públicas medidas para evitar la precarización del sector periodístico, promover el empleo y la estabilidad laboral. En ese sentido, han solicitado a las administraciones su adhesión a lo que han llamado “moción contra la precariedad”, en la que se solicita a las administraciones que se tomen medidas para garantizar que las personas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional lo hacen en unas condiciones dignas de empleo. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) ha tratado el asunto en su pleno.  

CPPA y APC solicitan a los partidos medidas contra el intrusismo y la precariedad de periodistas en las administraciones

El Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz han pedido a los partidos políticos que adopten medidas encaminadas a normalizar la situación de los periodistas y comunicadores en las administraciones. Entre ellas que formen parte de las plantillas fijas y sean, en todo caso, profesionales titulados los que cubran las plazas de comunicación en los gabinetes de prensa de las instituciones. Las organizaciones profesionales pretenden acabar con la discriminación que sufre el colectivo de periodistas con respecto a otros profesionales en las administraciones públicas. 

Los colectivos de periodistas han enviado una misiva a los partidos políticos para insistir en la necesidad de acabar con el menosprecio de los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio del Periodismo. En los últimos años, tanto la APC como el CPPA, han denunciado varios casos en los que no se requiere la titulación superior en periodismo o comunicación audiovisual como requisito imprescindible para acceder al puesto. 

Las entidades también subrayan la necesidad de que se ponga fin a una situación que lleva a los periodistas a la eventualidad laboral. Los periodistas reclaman a los cargos electos que tomen las medidas oportunas para la estabilidad de los periodistas y comunicadores audiovisuales, con su inclusión en las RPT de las administraciones públicas y la creación de plazas de titulado superior a las que se acceda por oposición.  

En la provincia de Cádiz son varias las administraciones que en sus respectivos plenos ya se han sumado al Compromiso Público Por el Empleo y la Profesión Periodística, promovido por el CPPA. Un protocolo contra la precariedad laboral en las áreas de información y comunicación de las entidades públicas y a favor de esta profesionalización, mediante las correspondientes convocatorias públicas. Además, la FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España), se acaba de pronunciar en tal sentido en su última asamblea celebrada en Albacete. 

Por último, APC y CPPA remachan que las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar sus gabinetes de comunicación, un instrumento que será fundamental en su relación con los medios y, por tanto, con la ciudadanía.