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La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al gobierno andaluz diálogo para abordar la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía” aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes; un texto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

De manera concreta, el ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. Así, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. Desde el Colegio Profesional de Periodistas entendemos que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que nos lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no. Consideramos igualmente que, a falta de conocer el texto definitivo de la ley, el decreto podría ser contrario a derecho toda vez que incluso hay sentencias (SJCA 416/2019) que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora municipal por entender que la “concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. En cualquier caso, esta medida hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación del dominio público radioeléctrico y las emisiones ilegales.

Fin al proyecto del Estatuto de la Información

Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información. 

Favorecer no es lo mismo que garantizar.

Continuando con los cambios que se pretenden introducir, el decreto ley pretende eliminar también la garantía de realización de los espacios informativos en los medios locales por profesionales de la información. El sutil cambio de la palabra “garantizar” por “favorecer” no hace sino contribuir a la desprofesionalización de un servicio público esencial para una comunidad como es el acceso a una información que cumpla con los criterios básicos del periodismo, fomentando nuevamente el intrusismo y dejando al albur de los intereses de cada corporación y su línea política de cada momento la gestión de un servicio básico para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.

El pluralismo externo y la libre concurrencia se resienten.

Desde que la Ley de la televisión privada quedó derogada en 2010, la normativa estatal no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores locales de radio y televisión, dejando abierta de algún modo la posibilidad de que una sola persona posea todas las licencias de televisión en Andalucía. Este vacío normativo, además de no garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una comunicación audiovisual plural y de favorecer situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, entre otras cosas empobrece la información, obstaculiza el fomento del sector audiovisual y la promoción de las singularidades y tradiciones locales.

Amparándose en este vacío normativo, el decreto-ley modifica algunas funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en lo que respecta a la emisión de informes preceptivos. Consideramos que desregular e ir vaciando paulatinamente de contenido las competencias de esta institución de autogobierno no es la manera de garantizar el pluralismo externo y la libre concurrencia. La fórmula debería ser precisamente la contraria: dotar de mayores competencias a un organismo regulador independiente que vele por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.

El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más y queda a disposición de los impulsores para facilitar cambios que conduzcan al incremento de la calidad de la información y el refuerzo de los servicios públicos de comunicación audiovisual en Andalucía.

El Colegio de Periodistas al Gobierno andaluz: “La pluralidad informativa la garantiza el ejercicio profesional del Periodismo, no el reparto de asientos de forma arbitraria en Canal Sur”

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha anunciado el registro de una solicitud dirigida a la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía relativas a varios de los puntos tratados en el último Consejo de Gobierno, celebrado este lunes.

Así, tras conocer su contenido y los acuerdos alcanzados, la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas ha expresado su preocupación porque “parece que todo sigue igual” respecto a los nombramientos en la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía, en el sentido de que “en la Junta siguen sin tenerse en cuenta criterios tan lógicos en cualquier otro sector como contar con la institución que representa a la profesión, es decir, al Colegio, o procedimientos de selección transparentes”, al margen de la idoneidad o no de las personas propuestas.

“Hemos esperado un tiempo prudencial, pero visto que el Consejo de Gobierno de la Junta avanza sin ni tan siquiera preguntar nuestra opinión, hemos registrado una solicitud en la que solicitamos nuestra participación en la toma de decisiones e información clara sobre los criterios y los procesos”, afirma la Junta de Gobierno del CPPA.

“Los equipos de gobiernos de cualquier administración, sea autonómica, local o estatal, deben tener claro que cuando se habla de pluralidad informativa, derecho a la información y medios de comunicación de cualquier soporte -sean públicos o privados- están hablando de Periodismo. Y como el ejercicio del periodismo y la comunicación audiovisual es cosa de profesionales, no parece acertado excluir a la organización a la que la ley encomienda su representación y defensa”, continúa la Junta de Gobierno del CPPA.

Para el Colegio de Periodistas, “en la renovación de la RTVA y el Consejo Audiovisual no se trata de alcanzar más o menos acuerdos entre los representantes del arco parlamentario. Se trata de garantizar que la ciudadanía andaluza va a tener acceso a recibir información veraz y plural a través de las radio televisión pública”. Llegados a este punto, desde la Junta de Gobierno del CPPA enfatizan que “la veracidad y la pluralidad informativa la garantizan el ejercicio profesional del Periodismo, no el reparto de asientos de forma arbitraria en Canal Sur”.

Concesiones administrativas de emisoras municipales

Relacionado con esto, en su petición el Colegio de Periodistas solicita también información sobre las 19 propuestas de acuerdo por las que se concede la renovación de la concesión administrativa para la explotación de emisoras de radio de carácter municipal en varios municipios andaluces: Algarinejo, Huétor Tájar, Loja (Granada), Bollullos Par del Condado, Escacena del Campo, Punta Umbría (Huelva); Chipiona, Conil, Jimena (Cádiz); Espejo, La Carlota, Montilla, Villa del Río, Villaviciosa de Córdoba (Córdoba); La Rinconada (Sevilla), Istán, Manilva, Moclinejo (Málaga) y Torredonjimeno (Jaén).

El Colegio de Periodistas quiere conocer el contenido de la memoria explicativa de cada una de las solicitudes remitidas a la Dirección General de Comunicación Social por cada uno de los ayuntamientos y, en concreto, objetivos de la emisora, proyecto de programación, cualificación profesional del personal que prestará el servicio, procedimiento para la selección del personal en los servicios informativos, reglamento interno del servicio, convenio colectivo vigente, proyecto de viabilidad económica y demás información relativa a la prestación del servicio. 

A través de sus demarcaciones, el Colegio de Periodistas remitirá esa misma instancia a cada uno de los ayuntamientos solicitantes.

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta de Andalucía que no contrate publicidad con medios que precarizan la profesión

La dirección general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a licitar el “gran” contrato de publicidad institucional que servirá para dar cobertura a la planificación de medios y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión y ejecución de dichos planes, por un período de dos años.

Revisado el contenido de la documentación publicada en la plataforma, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha observado la incorporación de cláusulas medioambientales, -permiten garantizar los criterios recogidos en la Guía que ha de regir toda la contratación pública-; la referencia al compromiso adoptado por el anterior Gobierno de no insertar publicidad institucional en soportes que publiquen anuncios de contactos; o la advertencia de que “en modo alguno se podrán contratar espacios para publicidad institucional en soportes regionales, o en emisoras locales/comarcales de esos soportes, que no cuenten con el preceptivo título administrativo habilitante para emitir”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta, tal y como viene solicitando el CPPA, la petición de que en la contratación de espacios publicitarios se observen también cláusulas sociales y de empleo. Algo que permitiría, por ejemplo, valorar desde el cumplimiento de la normativa básica laboral hasta medidas de conciliación o igualdad en dichos medios.

Como persona responsable del contrato, figura el Jefe del Gabinete de Comunicación Institucional y firma la licitación, el titular de la dirección general, Juan de Dios Mellado. Justamente a Mellado fue a quien el Colegio Profesional de Periodistas, solicitó en la reunión mantenida a principios de este mes de abril, que introdujera en el pliego de prescripciones técnicas algunas cláusulas que permitieran garantizar que los medios contratados para inserciones publicitarias no precarizaban el empleo de los profesionales de la información, contribuyendo así a asegurar unas condiciones mínimas de calidad en el empleo en un sector muy castigado por la crisis.

En opinión del Colegio de Periodistas, esto contribuiría a mejorar la situación de los profesionales del sector de los medios y promovería la calidad de los empleos. Por este motivo, reiteran al gobierno de la Junta de Andalucía su petición de no contribuir a la precarización laboral del periodismo contratando publicidad con empresas que no respetan unas condiciones laborales mínimas sino que más bien se caracterizan por continuos recortes de plantilla, bajada de sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, ausencia de representación sindical, retrasos en el pago de las nóminas o contratos en categorías laborales inferiores a las correspondientes a las funciones o labores realizadas por los profesionales. Desde el CPPA advierten a la Junta de Andalucía de que esta situación es el día a día de cientos de trabajadores y trabajadoras de los medios en Andalucía y que esa precariedad afecta directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por tanto, al objeto de no convertirse en cómplices de la precariedad laboral del periodismo y la desinformación de la ciudadanía, el CPPA solicita a la Junta una rectificación del documento y la atención a las solicitudes expuestas en reiteradas ocasiones.

Información transparente sobre publicidad institucional

Y es que ya en la pasada legislatura, el Colegio trasladó la misma petición al Gobierno y para comprobar los efectos que pudieran tener las acciones de publicidad sobre los medios, solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre cuáles habían resultado perceptores de dichos contratos publicitarios ya que esta información no se publica. Después de varios meses de tramitación y tras presentar recurso ante el Consejo de Transparencia, la dirección general de Comunicación facilitó al Colegio el listado de los medios que habían percibido ingresos por publicidad institucional, si bien el Consejo no estimó la petición de conocer las cuantías que recibió cada uno. Y todo ello, con el objetivo de comparar si los medios que precarizaban el empleo de los periodistas habían sido destinatarios de esos contratos.

Amparados en la resolución del Consejo de Transparencia, que concede el derecho a esta Corporación a conocer los medios que perciben ingresos publicitarios, el Colegio vuelve a pedir que desde la dirección general de Comunicación Social se contemplen estas medidas dado que, con carácter previo a la compra de espacios, los planes de medios propuestos por la agencia que resulte ganadora del concurso para la gestión de la publicidad institucional, han de ser validados por el responsable del contrato. Al mismo tiempo, reclama que se publiquen qué medios son los que reciben publicidad y el importe que en cada caso reciben.

Un millón de euros más para medios digitales

El contrato realizado por el anterior equipo de gobierno extiende su duración hasta el próximo 3 de mayo de 2019, de ahí que el nuevo director general haya iniciado los trámites para la nueva contratación, que incorpora un incremento de un millón de euros en el Lote 1, dedicado a prensa, impresa y digital. El Lote 2, destinado a publicidad en radio y televisión, mantiene la cuantía de 2 millones de euros. La diferencia, según la memoria justificativa que consta en el expediente, se debe a que es el digital “un sector muy dinámico y cuyo mercado ha sufrido un significativo crecimiento con la aparición de nuevas cabeceras”.

Al respecto, la decana informó al director general que el Registro de Medios Digitales de Andalucía, ROMDA, desarrollado por el Colegio, sería un instrumento magnífico para ayudar a la administración a seleccionar los medios digitales que cumplen los requisitos de empleo, deontología periodística, calidad informativa y cumplimiento de los criterios de la Sociedad de la Información, por lo que invitó a que la administración lo utilice de referencia a la hora de contratar publicidad institucional, como garantía para la ciudadanía.

Desde que tomó posesión, la actual Junta de Gobierno del CPPA solicita ante las instituciones públicas medidas para evitar la precarización del sector periodístico, promover el empleo y la estabilidad laboral. En ese sentido, han solicitado a las administraciones su adhesión a lo que han llamado “moción contra la precariedad”, en la que se solicita a las administraciones que se tomen medidas para garantizar que las personas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional lo hacen en unas condiciones dignas de empleo. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) ha tratado el asunto en su pleno.  

El Colegio de Periodistas traslada a los grupos parlamentarios sus demandas para la mejora de las condiciones sociolaborales de los profesionales

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha iniciado la ronda de contactos con los distintos grupos del Parlamento de Andalucía para trasladarles los objetivos de cara a esta recién estrenada legislatura, tras haberlos dado a conocer en la Asamblea ordinaria y en la reunión de demarcaciones provinciales celebrada a finales de marzo. Por el momento, la decana, Eva Navarrete, acompañada del secretario general, José Barrera, se ha reunido con Nacho Molina, de Adelante Andalucía, que será el responsable por este grupo de los asuntos relacionados con el sector en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior; y más recientemente ha mantenido un encuentro con Francisco Conejo, del grupo socialista, que asume también las competencias en la misma Comisión, quedando  en la agenda Ciudadanos, el Grupo Popular y VOX.

Imagen del encuentro organizado por el CPPA en 2018 previo a las elecciones andaluzas, con Nacho Molina, Toni Martin, Paco Conejo y Pau Cambronero.

El objetivo fundamental de estos encuentros es exponer las principales demandas que se plantean desde el Colegio, con la única finalidad de mejorar las condiciones sociolaborales de los periodistas y profesionales de la comunicación. El documento recoge un total de 18 medidas enfocadas hacia actuaciones de iniciativa pública y privada. Entre el primer grupo, aquellas relacionadas con el Compromiso público por el Empleo y la Profesión Periodística; las cláusulas sociales, medioambientales y de empleo en la contratación pública de publicidad institucional o servicios de comunicación; la referencia al Registro de Medios Digitales (ROMDA); la participación institucional; el ámbito educativo y de formación y el apoyo a la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas que se ha de impulsar y aprobar a nivel estatal. En lo que respecto al ámbito privado, el Colegio demanda el impulso de programas específicos de apoyo al emprendimiento en el sector privado de la comunicación; la creación de un epígrafe de actividad específico en el IAE para profesionales de la información y la comunicación; definir un nuevo y específico código de ocupaciones por parte de los servicios públicos de empleo, para identificar las que corresponden más claramente con las actividades para las que capacitan las titulaciones universitarias propias; o velar por el cumplimiento de la normativa sobre contratación, con especial atención sobre la figura del falso autónomo, los abusos de contratos de formación, auxiliares de redacción y prácticas.

Reunión con el director general de Comunicación Social

También esta misma semana, en la ronda de reuniones institucionales, Navarrete y Barrera han tenido una primera toma de contacto con Juan de Dios Mellado, el director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, responsable ahora de asuntos tan relevantes como impulsar el desarrollo de la Ley del Audiovisual y su reglamento, la gestión de las licencias de TDT o la planificación de la publicidad institucional, entre otras. En la reunión mantenida este miércoles en San Telmo, Navarrete ha trasladado el interés del Colegio por los efectos de la inversión publicitaria de la administración sobre el sector, especialmente por cuanto refiere a la incorporación de cláusulas en las licitaciones públicas para que sean consecuentes con la Guía en la que se recogen las cláusulas obligatorias y las recomendaciones en materia de contratación pública; en este sentido, y para el caso de los medios digitales, le ha invitado a poner en valor el ROMDA (Registro de Medios Digitales de Andalucía), como instrumento de apoyo para la adjudicación de contratos, como ya ha hecho por ejemplo el Ayuntamiento de Granada.

También se abordó la situación de los profesionales en el sector público y la creación de puestos de trabajo específicos, una cuestión que compete directamente al nuevo director de la Oficina de Comunicación, Sebastián Torres, con quien se ha solicitado también reunión. 

[Descarga el documento completo de las medidas].

 

El Colegio de Periodistas de Andalucía, satisfecho con la aprobación de la nueva Ley Audiovisual de Andalucía

La institución que representa los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales en Andalucía ha expresado su satisfacción por la reciente aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía. El nuevo texto normativo, debatido en la sesión celebrada el jueves 26 de septiembre, dota por primera vez de un marco jurídico al sector audiovisual en la comunidad autónoma.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha sido una de las entidades que han participado en su redacción. Para ello, elaboró un documento con sus recomendaciones al proyecto, que fue puesto a disposición de colegiados/as, a fin de que pudieran transmitir a la Junta de Gobierno sus propias valoraciones. 

Entre las novedades incluidas en la nueva ley, se encuentra la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía de nueva creación que está adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía y el que estará incluido el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. 

Estatuto de la Información

También hay que destacar la enmienda relativa al estatuto de la información, presentada por el grupo parlamentario de IU y aprobada por unanimidad. Esta incluye una disposición adicional para aprobar el “estatuto de la información” en el transcurso de un año desde la aprobación de esta ley. El estatuto tendrá un contenido mínimo integrado por la descripción del informador o informadora (como sujeto activo en el proceso de la creación de la comunicación social), el código deontológico, las cláusulas de conciencia y las medidas para la protección de la independencia del informador. El estatuto de la información será desarrollado de manera conjunta con los colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas, y otras entidades del sector.

En su intervención, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, agradeció al pleno la tramitación de esta ley. Asimismo, agradeció su participación a las entidades que han trabajado la elaboración de la misma, entre ellas el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

El CPPA recuerda que el Estatuto de Autonomía para Andalucía dedica el título VIII a los medios de comunicación social; «sin embargo, hasta la fecha las instituciones autonómicas sólo habían aprobado la Ley de la RTVA y la de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, así como dos reglamentos, uno de 2002 y otro de 2006, que regulan la concesión de licencias en materia televisiva y radiofónica y que, ciertamente, estaban bastante desactualizados», afirman desde el Colegio de Periodistas. 

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía continuará demandando su presencia en la redacción del desarrollo reglamentario de esta ley, en la medida en que las normas así lo permitan.