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Bollullos se compromete con el empleo y la dignidad de la profesión periodística

El Pleno aprobó por unanimidad una moción propuesta por el Colegio de Periodistas de Andalucía

El Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación se suma al compromiso por el empleo y la dignidad de la profesión periodística y adquiere la responsabilidad de exigir la titulación universitaria oficial de Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalente a los técnicos que desempeñen las funciones de información y/o comunicación en esta institución pública.

Izquierda Unida, Partido Popular y PSOE aprobaron el pasado 30 de enero la moción propuesta por la demarcación de Sevilla del Colegio de Periodistas de Andalucía en la que también se recoge que para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y, cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación.

El Pleno reconoció por unanimidad dicho compromiso basado en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, que establece como fundamental el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», así como en la resolución en julio de 1993 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que afirmaba que «la información y la comunicación que se realizan por el periodismo a través de los medios de comunicación y con el soporte formidable de las nuevas tecnologías, tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y social”. En dicha resolución ello se consideraba “imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos».

Por todo ello y como garantes de este derecho, el Ayuntamiento, que comparte obligaciones en esta materia con los periodistas, –especialmente en el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno– reconoce el papel de estos profesionales como servidores de lo público. Al mismo tiempo se compromete a proteger y garantizar que esa función social del periodismo pueda desempeñarse con los medios precisos y necesarios para ofrecer una información veraz, objetiva, plural e independiente, cuyo único compromiso sea el interés general de la ciudadanía.

 

 

 

 

Monserga no, dignidad

Opinión

Reconozco que sería incapaz de utilizar la palabra monserga al hablar de cuestiones sensibles, o que  puedan adquirir en un momento determinado cierta trascendencia para mis iguales. Se trata de una expresión gratuita, innecesaria, despreciativa, que no deja espacio para la conciliación. Además, los términos desdeñosos no contribuyen a eliminar la confusión en un debate, y sí a provocar cierto riesgo de confrontación. No caeré en esa tentación. La monserga solo puede aplicarse a un mensaje vacío y repetitivo, y la profesionalización de los periodistas no puede ser considerada ni una cosa ni la otra.

El caso es que el periodismo español, cíclicamente se desangra, abierto en canal, para discutir sobre su realidad más lacerante, en base a la premisa de una formación superior reglada para el ejercicio profesional, que no todos aceptan. No es el caso de discutir sobre la libertad de información, ni sobre el libre acceso a los medios de comunicación, que consagra la Constitución española en su artículo 20, sino sobre la necesidad de una reserva de ley en el oficio de los titulados universitarios especializados en la gestión técnica de los medios, como garantía precisamente de ese libre acceso a los medios de todos los ciudadanos.

Hablamos, discutimos, sobre la necesidad de un título en esta especialidad. Porque lo que no está en discusión es la necesidad de una formación rigurosa,  cuya responsabilidad la mayoría coincidimos en que debe ser asignada al ámbito disciplinado de la Universidad. Ya el Estado lo ve así, al permitir, y de forma muy generosa, la proliferación de centros universitarios donde se estudia la carrera. Curiosamente, nadie ha querido poner freno a esa escalada suicida,  pero son muchos los detractores del título, aunque alguno de ellos llene sus bolsillos con dinero procedente de esa actividad docente tan denostada, donde abundan los másteres y los programas asequibles para todos los gustos (que no bolsillos).

Pero si todos los periodistas coincidimos en que la formación intelectual resulta un elemento imprescindible en el proceso de desarrollo y/o regeneración profesional de nuestro trabajo, no ocurre lo mismo en las valoraciones sobre el intrusismo. Aquí sí que discrepamos, y algunos lo hacen con una argumentación verdaderamente disparatada.

Lejos de considerar el asunto una anomalía, a la que se quiere otorgar carta de naturaleza, existen opiniones que asignan a los editores la capacidad exclusiva para discernir sobre la cualificación profesional de los informadores. No lo dicen abiertamente, y sus razones tendrán, pero lo cierto es que sus actos les delatan. Jamás dirán lo que todos pensamos: si los editores nunca estuvieron en la pelea por la libertad de prensa, ni lo han estado nunca en el esfuerzo por la dignidad laboral de los periodistas,  resulta demasiado evidente pensar que tampoco estarán en la penúltima batalla por la regulación del ejercicio periodístico, lo que ahora plantea el colectivo.

La titulación universitaria de los periodistas, incluidos los problemas laborales causantes de su descontrol, ha generado en cambio un sentimiento de grupo que la profesión antes no tenía.  Con eso no contaban los empresarios y adláteres (curiosamente, no he leído aún un artículo de un editor posicionándose sobre el tema), por eso siguen mostrando los mismos argumentos oportunistas, que encadenan  indistintamente razones laborales, profesionales, políticas y coyunturales para justificar lo injustificable. Todas con la misma conclusión: no hay que molestar al que paga. Sospechoso.

Luego están los argumentos relativos a la cuenta de resultados de las empresas,  el último recurso en un discurso ignominioso.  En realidad, las continuas crisis del sector solo han contribuido a empobrecer la profesión en la misma medida en que se enriquecían los editores. Alguien significativo lo señalaba en una ocasión: en este sector hay dinero inagotable para pagar despidos, pero no lo hay para retribuir dignamente a los periodistas, a los que además se culpa de no haber descubierto la solución que haga rentables los medios digitales. Porque las soluciones del empresario, como todo el mundo sabe,  no han ido más allá de la reiterada disminución de salarios, y la reconversión de las redacciones para hacer del periodista un obrero orquesta, hábil para cubrir todas las funciones posibles bajo un mismo contrato, y en jornada interminable. 

Según esta tesis, los proyectos informativos tradicionales (deontológicos) deben pasar a un segundo término, para así poder acabar con la última frontera que impide la robotización del sector.

Por si fuera poco, han aparecido los Colegios de Periodistas, que lejos de autosilenciarse, como históricamente han pretendido imponer los editores al colectivo de periodistas, están reivindicando la regeneración del grupo en base a la titulación universitaria, único elemento que ha logrado cierto consenso ante la imprescindible necesidad de una gestión deontológica de los medios y una independencia de criterio frente a las presiones internas y externas.

Los Colegios, por lo visto, amenazan el esquema tradicional de los medios, donde la endogamia profesional debe ser quien conceda la credencial de periodista, y no la Universidad, aunque sea mediante un título fácil y bonito con el que adornar el despacho de algún pariente director, nombrado a veces por razones de consanguinidad y no por méritos intelectuales.

Pero, por lo que parece, es el propio título la objeción. La titulación, o no, en periodismo, es lo que curiosamente nos enfrenta entre nosotros. Un eslabón más en la enloquecida dinámica de este gremio, al que desde luego nadie tendrá la osadía de tildar de corporativista.

Pese a todo, incluidas las calamidades laborales, los objetivos de la profesión han venido cumpliéndose. Tal vez con demasiada lentitud, por el empecinamiento de factores de todo tipo. Pero avanzamos. Primero fue la democratización de las estructuras del colectivo, luego la creación de las facultades universitarias para los estudios de la profesión y ahora, inexorablemente, los colegios profesionales. La presión de esa enorme avalancha de titulados, primero recibidos con orgullo en las redacciones y ahora, por lo que dicen algunos, no sin cierto desdén, sin duda ha hecho avanzar a la profesión en el camino correcto.

Hasta ahora el debate a favor y en contra siempre ha encontrado resquicios por los que pervivir. Se ha convertido en un dilema eterno, sí pero no, no pero sí. Sí, pero tercera vía, no pero formación rigurosa convalidable por los editores. ¿Qué  circunstancias diferentes concurren ahora? Tal vez los periodistas son ahora otra cosa. Y esto no son monsergas, es dignidad.

José Manuel Fernández
Colegiado Demarcación de Jaén

Presentada la Red de Colegios Profesionales de Periodistas

Los nueve Colegios Profesionales de Periodistas que actualmente existen en España han firmado en Madrid el acta de constitución de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, cuyo objetivo es coordinar las actuaciones en defensa de la profesión hasta la constitución del Consejo General de Colegios de Periodistas.

Tras la presentación de dicha Red, representantes de los colegios de Cataluña, Galicia, Murcia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Navarra han mantenido una primera reunión de trabajo para fijar los objetivos a corto y medio plazo. En este sentido, los decanos y vicedecanos de dichos Colegios se reunieron el miércoles con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y con portavoces de los grupos políticos PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos para exigirles que realicen los trámites necesarios para que se promulgue la ley al amparo de la cual se cree el Consejo General de Colegios de Periodistas.

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas permitirá a los más de 7.000 colegiados beneficiarse de todas las iniciativas formativas y de cualquier otro tipo impulsadas desde cualquier Colegio de la Red. Asimismo, se convertirá en el interlocutor oficial con las instituciones públicas a la hora de defender los derechos de los profesionales de la comunicación y denunciar, en los casos en que se pertinente, la vulneración de estos.

Una de las primeras novedades será la creación de un carné conjunto de todos los Colegios de Periodistas, lo que supone el primer paso para el establecimiento de un registro unificado de la profesión. Además, se comenzará a trabajar en otro tipo de proyectos que tengan como principal objetivo la exigencia de la titulación para el ejercicio profesional, luchar contra la precariedad laboral y el intrusismo, dos de los principales males que aquejan en la actualidad a los profesionales de periodismo y de comunicación audiovisual.

Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar un periodista

A lo largo de estos últimos meses, han sido varias las ofertas de trabajo lanzadas por las administraciones públicas para cubrir puestos en gabinetes de prensa o comunicación con el perfil claro de un periodista. En noviembre pasado, fue la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz quien convocaba una plaza para personal eventual a cubrir por el sistema de libre designación, para un “técnico de comunicación y documentación”; hace unos días, era la Autoridad Portuaria de Huelva quien publicaba las bases para la contratación de una plaza para la jefatura de su Unidad de Gabinete de Prensa.

En ambos casos, la descripción de las actividades o funciones así como la formación complementaria o la experiencia en el área funcional de la comunicación o la prensa formaban parte de los elementos valorables; pero la licenciatura o el grado en Periodismo o Comunicación Audiovisual no figuraban como requisito de titulación, a pesar de que se exigía una licenciatura o grado superior universitario.

Etimológicamente hablando, el término “periodismo”, entre otras acepciones, se define como estudios o carrera de periodista; y “carrera” como el conjunto de estudios, generalmente universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión que exige una formación académica previa. En este sentido, la titulación universitaria en periodismo debe entenderse como aquella que habilita desde el punto de vista de las cualificaciones para el ejercicio del periodismo.

Cabe igualmente recordar que las titulaciones en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, –las que permiten la colegiación según la Ley 1/2012, de 30 de enero por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía–, como formaciones de grado superior universitarias, de carácter oficial fueron impulsadas por la propia administración hace ya más de dos décadas, en la comunidad autónoma de Andalucía, –siendo Sevilla primero y luego Málaga las universidades que siguieron los pasos de otras como la Autónoma de Madrid, Navarra o Barcelona–; y ese impulso y esa apuesta, desde el punto de vista del Colegio, deben tener sentido especialmente en el sector público, que debería por tanto exigir dicha titulación como requisito preferente a la hora de cubrir estas vacantes.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía considera a este respecto que las administraciones y empresas públicas o entes instrumentales deben dar ejemplo y exigir la titulación a la hora de contratar a un periodista cuando se trata de cubrir las necesidades evidentes y claras de comunicación que tienen estos organismos. El periodismo es más que un oficio; es una actividad reconocida por la que quien la ejerce percibe una retribución, que además debe ser acorde a su cualificación y competencias, de ahí que desde el Colegio exijamos unas condiciones laborales adecuadas en cuanto a categorías profesionales, grupos de cotización y salarios que deben verse recogidas, en el caso de las administraciones públicas, mediante convocatoria de puestos específicos para quienes reúnan los requisitos necesarios, incluido el de la titulación; y en el caso de las empresas privadas, mediante la exigencia de la titulación o la colegiación y unos contratos que permitan algo más allá de la pura subsistencia.

Durante los años más duros de la crisis, los grupos de comunicación han vaciado las redacciones para reducir costes y han abaratado la mano de obra, ofreciendo contratos mercantiles y nutriendo gran parte de sus trabajos con las horas y deshoras de freelance, que pierden mucho más de lo que invierten en su trabajo, si tenemos en cuenta además el trato que el trabajo autónomo tiene en nuestro país.

Objetivo prioritario para el CPPA.

Desde el Colegio se viene trabajando en diferentes líneas para lograr este objetivo: acabar con el intrusismo y con la precariedad laboral en el sector. En el caso concreto de Huelva, se ha contactado directamente con el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha reconocido a los responsables del Colegio que su intención es la de contratar a un licenciado o licenciada en este caso en Periodismo, pero que las bases fueron redactadas antes de que él accediera a la presidencia del organismo, y son algo confusas y no dejan clara su intención.

En la asamblea del CPPA celebrada en el mes de noviembre, se constituyó una comisión de trabajo para abordar esta situación y proponer posibles soluciones contra el intrusismo y en defensa de la titulación o la colegiación para el ejercicio del periodismo y contra la precariedad del colectivo o lo que es peor, la explotación laboral, como recientemente denunciaba la APS, respecto de ofertas por “trabajo gratis”. Si realizamos una búsqueda de empleo para periodista en cualquiera de los grandes portales de empleo, la mayoría ofrecen contratos mercantiles, prácticamente ninguna define una horquilla salarial o directamente te ofrecen una bonita experiencia a cambio de tu trabajo; por eso, acabar con este tipo de ofertas y mejorar la cantidad y la calidad del empleo es sin duda una prioridad para el Colegio.

Así, con el mismo objetivo, la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas en Málaga ha liderado una iniciativa consistente en poner a la firma de los ayuntamientos de la provincia un “Compromiso por la comunicación pública”, al que recientemente se ha adherido la Diputación Provincial y que tiene como fin “mejorar las condiciones laborales y luchar contra el intrusismo profesional”, al tiempo que busca “garantizar que cualquier área de trabajo que cubra el ejercicio propio de la actividad propia de comunicación relativa a gabinete de prensa, dirección de comunicación o similar” se cubra exigiendo la debida titulación oficial. Esta iniciativa se hará extensiva al resto de provincias, buscando con ello el apoyo mayoritario en este caso de los ayuntamientos.

Rechazo a la contratación de una trabajadora social para el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) en Cádiz muestran su rechazo a la contratación como asesora para el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz de una trabajadora social.

El gabinete de prensa de un Ayuntamiento es un instrumento fundamental en su relación con los medios y, por tanto, con la ciudadanía. Las instituciones públicas deben dar ejemplo a la hora de profesionalizar estos departamentos, y no dejar una tarea tan delicada como la comunicación en manos inexpertas.

Consideramos que el fichaje de una trabajadora social es un error injustificable. En caso de que realice tareas propias de un periodista, porque supondría un claro caso de intrusismo. En caso de que sus funciones sean otras, porque su contratación supone ocupar un puesto que, en condiciones normales, debería ir destinado a un periodista y debería servir para mejorar la comunicación del Consistorio.

Si la pretensión del equipo de gobierno es que esta trabajadora realice otras funciones, debería ocupar un puesto en el departamento donde efectivamente vaya a ser requerida. Por eso, exigimos la reconsideración de su destino, y pedimos que su puesto sea ocupado por un periodista titulado.

La APC y el CPPA lamentan que la campaña realizada antes de las elecciones, en la que pedían a los equipos de gobierno y los grupos de la oposición de los Ayuntamientos de la provincia, haya caído, en casos como este, en saco roto.