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La PDCPA constata la intención de la Junta de Andalucía de liberalizar el sector de la comunicación local en Andalucía a pesar del recurso de inconstitucionalidad y el descontento del sector

La Plataforma en Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía (PDCPA) ha constatado hoy que la Dirección General de Comunicación Social de la Junta de Andalucía no tiene intención de modificar ninguno de los aspectos fundamentales del decreto que incluye la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía y que defiende como medidas de incentivo económico al sector, aunque no se han aportado datos que puedan demostrar este argumento.

La representación de la PDCPA que se ha reunido con la directora general, Marta Olea, ha expuesto que la reforma aprobada dificulta, desincentiva y precariza la comunicación local y que esto está ya acreditado en la práctica. Sin embargo, Olea defiende que la desregulación dinamizará el sector, incluso aunque radios y televisiones municipales, comerciales o comunitarias no tengan la obligación de contar con estudios en el municipio al que dan cobertura y aunque los medios municipales públicos puedan ser explotados por empresas privadas que supeditarán el servicio público a la rentabilidad económica o puedan convertirlos en postes repetidores.

La PDCPA muestra su preocupación por el futuro de la comunicación audiovisual en Andalucía y coincide con el Gobierno andaluz en la necesidad de impulsar el sector, pero está en profundo desacuerdo con la manera de hacerlo del ejecutivo. Recuperar el espíritu de diálogo de la elaboración de la Ley Audiovisual de Andalucía, desarrollar reglamentariamente esta norma, potenciar el servicio público y comunitario de comunicación audiovisual, incrementar las ayudas a los medios de proximidad siguiendo los criterios de indicadores de rentabilidad social recogidos en la Ley, recuperar infracciones como la prohibición a los anunciantes de realizar publicidad con medios que no dispongan de título habilitante, potenciar los medios comunitarios, la alfabetización mediática y el derecho de acceso son algunas de las principales claves que la PDCPA considera oportunas para esa dinamización del audiovisual andaluz.

La PDCPA valora positivamente el compromiso de la Directora General de mantener la línea de subvención nominativa a los ayuntamientos de EMA-RTV y los incentivos al conjunto de los medios locales, que ha defendido como necesaria, en este sentido la Plataforma ha pedido que se aumenten y focalicen también en la creación de empleo.

La PDCPA y sus 24 organizaciones esperan que en los próximos encuentros se pueda llegar a algún acuerdo antes de que el Gobierno andaluz inicie la negociación con el ejecutivo de España en la mesa institucional donde se dirimen los conflictos de competencias. Recordamos que hay varios recursos ante el Tribunal Constitucional presentados contra el Decreto 2/2020 de reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía y otras normas, así como que se ha anunciado la interposición de más recursos que abordan tanto la forma como el fondo de este importante cambio legislativo.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y la Red de Colegios Profesionales forman parte de esta Plataforma justamente para defender el trabajo de los periodistas y profesionales de la comunicación y la información en los medios de proximidad en interés no solo del sector sino de la ciudadanía y el derecho a la información. En la reunión virtual celebrada hoy ha participado el Secretario General del CPPA.

La nueva ley audiovisual en Andalucía debe definir con claridad al profesional de la información

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, (CPPA) Eva B. Navarrete, acompañada del vicedecano primero, Ángel Fernández y el secretario general de la corporación, José Barrera, han acudido esta semana al Parlamento invitados por la Comisión Permanente de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para trasladar las consideraciones oportunas respecto del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.

Navarrete ha expuesto los aspectos más relevantes que, en opinión del Colegio, deben ser incorporados o tenidos en cuenta en el trámite parlamentario y que se refieren, por un lado, a aspectos directamente relacionados con la profesión y su ejercicio y, por otro, a temas que podrían ser mejorados a juicio de esta institución y que son de carácter más general.

Respecto del primer apartado, se han abordado seis puntos fundamentales: el concepto de profesional de la información; el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía; la garantía de realización por los profesionales de la información de los servicios informativos; el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual; sobre las labores de inspección y sanción y las emisiones en cadena.

En cuanto a las sugerencias sobre posibles mejoras de carácter general del articulado del proyecto, la ponencia del Colegio refiere al ámbito de aplicación de la Ley; la definición de determinados conceptos que no quedan claros en la norma; los derechos de los menores; sobre el Consejo Audiovisual de Andalucía; la corregulación y la autorregulación en materia de publicidad; la calificación de contenidos por edades; el control del presupuesto; o la financiación anticipada de obra europea.

De forma más concreta, el Colegio propone  que la «Ley reconozca y defina, al igual que ha hecho en el artículo 3 con otros conceptos, el concepto de profesional de la información, considerando así a quienes estén licenciados o graduados en periodismo o comunicación audiovisual o quienes no reuniendo esta condición estén colegiados en algún colegio profesional de periodistas». Igualmente, la propuesta colegial plantea que «es preciso garantizar en primer término la independencia de los profesionales de la información y la comunicación.» Para ello propone que se haga mención expresa «al papel de los profesionales de la información y la comunicación, a los periodistas, en el articulado de la Ley, dotando a estas personas de instrumentos que les permitan cumplir con las obligaciones y desarrollar las responsabilidades que se le asignan en el ámbito de la información.» Así, se sugiere que «la Ley contemple la incorporación en los medios de comunicación audiovisuales de un órgano interno de participación de los profesionales, que vele por la independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos, a semejanza de los consejos de informativos de la RTVE o los consejos profesionales de la RTVA».

En sus aportaciones, el Colegio ha hecho referencia al informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Unión Europea sobre las Fakenews y la desinformación online, que expresamente incide en la necesidad de respaldar y apoyar el «periodismo de calidad» y dotar a la ciudadanía de instrumentos que permitan distinguir el periodismo y la información de lo que no lo es.

El Colegio está participando en esta tramitación y otras a las que está siendo  llamado por los grupos parlamentarios en desarrollo de las funciones que la Ley de creación le atribuye, como son las de Informar, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, de los proyectos de Ley y de disposiciones de cualquier otro rango en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se refieran a las condiciones generales del ejercicio de la profesión, incluso titulación requerida, y régimen de incompatibilidades (…); vigilar que la utilización del nombre y el ejercicio del periodismo se atengan a las normas reguladoras de la profesión que se determinen y su ejercicio, adoptando las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional, requiriendo el apoyo de los organismos competentes y denunciando y persiguiendo ante la Administración y tribunales de justicia los casos detectados, (…)  así como Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profesional o que afecten directamente a los colegios profesionales.”. 

La ponencia presentada por el Colegio ha recogido las alegaciones que se realizaron durante la fase previa del anteproyecto así como las aportaciones que las personas colegiadas remitieron por correo al organismo.

Texto de la ponencia

Intervención parlamentaria (a partir del minuto 40).