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Las organizaciones firmantes piden a la Junta la paralización del decreto ley 2/20 y volver al consenso sobre el audiovisual andaluz

  • Colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación alertan sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa
  • Las entidades advierten sobre el impacto negativo en el empleo de un decreto que deja al sector audiovisual andaluz “tocado de muerte”.

Los colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medioss de comunicación de Andalucía firmantes, alertamos de las devastadoras consecuencias para el empleo, la pluralidad informativa y la diversidad mediática del Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado por el Gobierno Andaluz y remitido para su validación al Parlamento regional. Esta norma supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal.

Las entidades firmantes denunciamos las formas con las que ha actuado el gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a Diputación Permanente y en pleno Estado de Alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento. Pedimos al gobierno andaluz que abandone la unilateralidad y vuelva a la Mesa para la Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía (MOISA) para alcanzar los consensos necesarios que mantengan la esencia de la norma andaluza que tanto tiempo y esfuerzos nos costó construir.

Las principales consecuencias de este Decreto, que ataca el cuerpo central de la norma andaluza, es la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión. Además, contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas.

Esta particularidad, permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial.

El artículo 5 del Decreto Ley que reforma la Ley Audiovisual establece la supresión del artículo 38.1.c, eliminando la obligación de disponer de estudio de producción operativo en el ámbito territorial de cobertura (seas municipal, comercial o comunitario). Esta medida es contraria a la Ley General Audiovisual y a los principios inspiradores de la Ley andaluza.
Por otra parte, lejos de proteger el espacio radioeléctrico, este Decreto Ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas. Esta norma garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal.

El decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público. Con esta decisión, el gobierno andaluz minusvalora al sector audiovisual y pone en riesgo industria y empleos.

El decreto del Gobierno deja al sector audiovisual andaluz, que esperaba con urgencia la puesta en marcha de las medidas anunciadas en la Ley Audiovisual aprobada por unanimidad hace menos de dos años, tocado de muerte. Al auge de la piratería, el mercadeo de licencias y la dificultad en la articulación territorial en una región de más de 8 millones y medio de habitantes y 87.000 km cuadrados se suma este despropósito del gobierno regional que pretende convertir Andalucía en un mero satélite transmisor, un latifundio mediático sin información local, destruyendo empleo y comprometiendo el futuro del audiovisual andaluz. La ciudadanía andaluza no ha pedido tamaña desregulación.

No es una exigencia ni una necesidad del sector audiovisual, más bien al contrario: necesitamos poner en marcha con urgencia las medidas de control e impulso del audiovisual contempladas en la Ley. Es por ello que pedimos a la Junta de Andalucía paralizar la aprobación de este decreto y que convoque una mesa de diálogo con urgencia y sin excusas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)

Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP)

Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV)

Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC)

Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)

Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Asociación de la Prensa de Cádiz

Asociación de la Prensa de Almería

Asociación de la Prensa de Sevilla

Asociación de la Prensa de Huelva

Asociación de la Prensa de Málaga

Asociación de la Prensa de Córdoba

Asociación de la Prensa de Jaén

Facua – Consumidores en acción

Colectivo de AMPAS “Escuelas de calor”

Red Andaluza de Periodistas Feministas – La Poderío

Plataforma de Comunicación Comunitaria Onda Color

La modificación de la Ley Audiovisual de Andalucía propuesta por el gobierno andaluz pone en peligro los cimientos de la información como servicio público

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al gobierno andaluz diálogo para abordar la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía” aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes; un texto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

De manera concreta, el ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. Así, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. Desde el Colegio Profesional de Periodistas entendemos que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que nos lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no. Consideramos igualmente que, a falta de conocer el texto definitivo de la ley, el decreto podría ser contrario a derecho toda vez que incluso hay sentencias (SJCA 416/2019) que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora municipal por entender que la “concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. En cualquier caso, esta medida hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación del dominio público radioeléctrico y las emisiones ilegales.

Fin al proyecto del Estatuto de la Información

Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información. 

Favorecer no es lo mismo que garantizar.

Continuando con los cambios que se pretenden introducir, el decreto ley pretende eliminar también la garantía de realización de los espacios informativos en los medios locales por profesionales de la información. El sutil cambio de la palabra “garantizar” por “favorecer” no hace sino contribuir a la desprofesionalización de un servicio público esencial para una comunidad como es el acceso a una información que cumpla con los criterios básicos del periodismo, fomentando nuevamente el intrusismo y dejando al albur de los intereses de cada corporación y su línea política de cada momento la gestión de un servicio básico para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.

El pluralismo externo y la libre concurrencia se resienten.

Desde que la Ley de la televisión privada quedó derogada en 2010, la normativa estatal no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores locales de radio y televisión, dejando abierta de algún modo la posibilidad de que una sola persona posea todas las licencias de televisión en Andalucía. Este vacío normativo, además de no garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una comunicación audiovisual plural y de favorecer situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, entre otras cosas empobrece la información, obstaculiza el fomento del sector audiovisual y la promoción de las singularidades y tradiciones locales.

Amparándose en este vacío normativo, el decreto-ley modifica algunas funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en lo que respecta a la emisión de informes preceptivos. Consideramos que desregular e ir vaciando paulatinamente de contenido las competencias de esta institución de autogobierno no es la manera de garantizar el pluralismo externo y la libre concurrencia. La fórmula debería ser precisamente la contraria: dotar de mayores competencias a un organismo regulador independiente que vele por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.

El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más y queda a disposición de los impulsores para facilitar cambios que conduzcan al incremento de la calidad de la información y el refuerzo de los servicios públicos de comunicación audiovisual en Andalucía.

El Colegio de Periodistas solicita la anulación de las bases de una convocatoria en Sanlúcar de Barrameda

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha solicitado la anulación de las bases para la provisión de un puesto de Periodista en la empresa TDTL Costa Noroeste, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) . En opinión de la organización profesional, el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz con fecha 17 de diciembre de 2019 no responde a los intereses del colectivo de periodistas, cuya representación ostenta el CPPA. 

El CPPA ha tenido conocimiento de esta convocatoria a través de la Asociación de la Prensa de Cádiz y tras analizar con detenimiento su contenido ha decidido presentar recurso de reposición contra las bases. Considera que las funciones que se describen en la convocatoria no son las propias de la categoría profesional de periodista, sino que se corresponden a varios perfiles laborales. No está de acuerdo el Colegio con que la “polivalencia propia de los medios locales”, según recoge la convocatoria, sea característica de la función del periodista. Más bien, considera, es propia de la precariedad laboral que asola a la profesión y de la que los medios de titularidad pública (como es el caso) deben huir. El Colegio quiere asegurarse de que la persona seleccionada no acabará asumiendo más responsabilidades de las que su puesto requiere y que no acabará realizando el trabajo de varias personas por el salario de una. 

Además, en su solicitud, el colectivo solicita la incorporación de la titulación de Comunicación Audiovisual entre los requisitos exigidos, así como la mejora de la publicidad de las bases. 

El Colegio considera que es una buena noticia que se oferten plazas de periodistas, al amparo de la Ley Audiovisual de Andalucía, aunque cree que su función es velar por que esas convocatorias se ajusten a los intereses profesionales y a la función de servicio público que realizan. Por ello, ofrece su disponibilidad a la empresa y al Ayuntamiento de Sanlúcar para el asesoramiento en la redacción de unas nuevas bases acordes con los intereses del colectivo al que representan. Disponibilidad que hace extensiva a todas las administraciones, a fin de que puedan ir dotándose de profesionales con la debida titulación tanto en los gabinetes de prensa como en las emisoras de radio televisión públicas de toda la provincia. 

Con ese objetivo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía presentará una demanda al Consejo Audiovisual de Andalucía para que investigue hasta qué punto las emisoras de radio y televisión pública de la provincia están cumpliendo los preceptos de la Ley Audiovisual de Andalucía. Entre estos, la ley exige que el tratamiento de los servicios informativos sea llevado a cabo por profesionales de la información y prohíbe que la producción y edición sean externas. Estos puntos no se cumplen en la mayoría de las emisoras locales de la provincia, tal y como ha estado haciendo ver el Colegio en sus escritos remitidos a los ayuntamientos con emisoras de radio y televisión municipal. Transcurrido más de un año de la entrada en vigor de la Ley, el Colegio considera que ha habido tiempo de sobra para realizar las gestiones oportunas que llevan al cumplimiento de la Ley. Una vez más, el Colegio de Periodistas se pone a disposición de todas las administraciones implicadas para colaborar en lo posible.

El Colegio de Periodistas de Andalucía, satisfecho con la aprobación de la nueva Ley Audiovisual de Andalucía

La institución que representa los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales en Andalucía ha expresado su satisfacción por la reciente aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía. El nuevo texto normativo, debatido en la sesión celebrada el jueves 26 de septiembre, dota por primera vez de un marco jurídico al sector audiovisual en la comunidad autónoma.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha sido una de las entidades que han participado en su redacción. Para ello, elaboró un documento con sus recomendaciones al proyecto, que fue puesto a disposición de colegiados/as, a fin de que pudieran transmitir a la Junta de Gobierno sus propias valoraciones. 

Entre las novedades incluidas en la nueva ley, se encuentra la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía de nueva creación que está adscrito al Consejo Audiovisual de Andalucía y el que estará incluido el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. 

Estatuto de la Información

También hay que destacar la enmienda relativa al estatuto de la información, presentada por el grupo parlamentario de IU y aprobada por unanimidad. Esta incluye una disposición adicional para aprobar el “estatuto de la información” en el transcurso de un año desde la aprobación de esta ley. El estatuto tendrá un contenido mínimo integrado por la descripción del informador o informadora (como sujeto activo en el proceso de la creación de la comunicación social), el código deontológico, las cláusulas de conciencia y las medidas para la protección de la independencia del informador. El estatuto de la información será desarrollado de manera conjunta con los colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas, y otras entidades del sector.

En su intervención, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, agradeció al pleno la tramitación de esta ley. Asimismo, agradeció su participación a las entidades que han trabajado la elaboración de la misma, entre ellas el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

El CPPA recuerda que el Estatuto de Autonomía para Andalucía dedica el título VIII a los medios de comunicación social; «sin embargo, hasta la fecha las instituciones autonómicas sólo habían aprobado la Ley de la RTVA y la de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, así como dos reglamentos, uno de 2002 y otro de 2006, que regulan la concesión de licencias en materia televisiva y radiofónica y que, ciertamente, estaban bastante desactualizados», afirman desde el Colegio de Periodistas. 

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía continuará demandando su presencia en la redacción del desarrollo reglamentario de esta ley, en la medida en que las normas así lo permitan.