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El Colegio de Periodistas de Andalucía alerta sobre los peligros de una regulación penal de las fake news

La Comisión de Deontología del Colegio señala en su informe que “mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor” y aboga por otros mecanismos para la lucha contra los bulos y la desinformación

La Comisión de Deontología y Garantías del Colegio de Periodistas de Andalucía, CPPA, ha emitido un informe a petición la corporación profesional acerca de la posibilidad de que el Gobierno llegue a legislar sobre las fake news, tal y como anunciara en rueda de prensa durante el estado de alarma, el Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a raíz de “utilización criminal” de las redes sociales durante la pandemia. Esta semana se ha conocido además que la Fiscalía considera que no hay delito en la difusión de bulos sobre la acción de gobierno durante la pandemia, tal y como denunciaban desde el grupo parlamentario Unidas Podemos. Según la noticia de El País, “La Fiscalía recalca que, si bien es consciente de los aspectos reprobables de esos tuits, “estima el imperativo constitucional de respeto a la libertad de expresión que impide extraer conclusiones penales”. Por tanto, nos enfrentamos nuevamente a la tesitura de regular o no los contenidos y los peligros que de ello se pueden derivar.

Para la Comisión, órgano independiente formado por distintos profesionales del periodismo, la ética y las ciencias jurídicas y sociales, “la libertad de información es esencial para la formación de una opinión pública libre y plural, a su vez elemento indispensable para el correcto funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático” pero ello no significa que su ejercicio no pueda ser limitado, “efectuándose un adecuado proceso de ponderación, para que pueda prevalecer otro derecho, bien o valor con relevancia constitucional. Esta limitación puede venir dada por el legislador, con carácter más general, o por el juez en un asunto concreto, cuando se produce un conflicto entre la libertad de información y otro interés (frecuentemente, entre otros, el derecho a la intimidad o el derecho al honor)”.

En su informe, la Comisión analiza distintas opciones a la hora de enfrentar el uso torticero de las redes sociales, distinguiendo muy bien entre libertad de información y libertad de expresión. Durante la pandemia, “En España el problema ha alcanzado dimensiones alarmantes en el contexto de la crisis del coronavirus, durante la que se ha multiplicado la difusión de noticias falsas, relacionadas sobre todo con cuestiones sanitarias (que versan, por ejemplo, sobre un supuesto tratamiento de la enfermedad) y también de contenido político (que aluden esencialmente a supuestas medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis)”.

Una opción como la regulación legal mediante la creación de un tipo penal específico, más allá de los mecanismos que ya se recogen en el ordenamiento, podría derivar en “un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de las libertades de expresión e información, teniendo en cuenta que es el Estado, a través del Poder Judicial, quien determina qué es cierto y qué no. Una verdad institucional a la que no debe recurrirse en exceso si se quiere evitar la censura, constitucionalmente prohibida en toda circunstancia”.

Una segunda opción sería la creación de un órgano administrativo para controlar la difusión de bulos si bien, aclara la Comisión, debería estar “integrado por personas designadas mediante procedimientos caracterizados por su transparencia, elegidos democráticamente en su caso, entre, por ejemplo, profesionales de reconocido prestigio y funcionarios con una determinada formación, y en ningún caso personas sospechosas de “decantar la veracidad de la información” en función de lo que coyunturalmente interese al poder público”. Sin embargo, según la Comisión y así lo asume el Colegio, esta fórmula acabaría enfrentándose al mismo escollo “que mediante la imposición de una verdad de Estado este se acabe convirtiendo en un Estado censor”.

Por último, la Comisión plantea la posibilidad de que el legislador delimite “de manera precisa los patrones utilizados para efectuar este tipo de engaño masivo en las redes sociales, tales como el anonimato o la simulación de identidad. Esto permitiría identificar el bulo y actuar en consecuencia en los distintos ámbitos.” Para ello las plataformas deberían regirse únicamente por el principio de veracidad evitando nuevamente la utilización sesgada de estos mecanismos.

Como conclusión, si bien las falsas noticias no es algo nuevo en el mundo de la información y la comunicación de masas, está claro que la opciones de penetración y manipulación de la opinión pública se han multiplicado con las redes sociales y nos encontramos ante una fenómeno de “contaminación masiva” o infoxicación de la ciudadanía que hay que afrontar desde todos los órdenes, incluido el legislativo. Por ello, es importante que todos los actores, propietarios de medios, plataformas, periodistas, universidades y también las personas consumidoras y usuarias de los medios sociales y de información, se comprometan con el freno de los bulos y la desinformación.

La Comisión y el Colegio estarían de acuerdo en que el Legislador adopte medidas contra quienes se escudan tras unos perfiles inexistentes o bots con el afán de generar opiniones falsas en la opinión pública pero duda y desaconseja la creación de tipos penales y órganos administrativos que vigilen la difusión de los contenidos por los inevitables riesgos de censura que suponen las injerencias políticas que suelen impregnar este tipo de órganos.

La decisión de qué es verdad y qué no lo es y su traslado a la opinión pública debe quedar en el ámbito de un ejercicio profesional y ético del periodismo y la comunicación para lo cual, concluye el Colegio, se debe seguir apostando por el fortalecimiento y la profesionalización de la comunicación, con una formación universitaria adecuada y adaptada a la realidad, donde la ética y la deontología permanezcan alejadas de los intereses económicos y políticos y su único compromiso sea con la verdad y el interés general de la ciudadanía.

(Enlace al informe completo de la Comisión).

Nota informativa del Colegio de Periodistas de Andalucía en defensa de los medios públicos de comunicación

Ante las declaraciones realizadas por diversos líderes políticos en estos días en las que se amenaza con el cierre de la Radio Televisión Pública Andaluza, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía rechazamos cualquier intento de limitar la libertad de expresión y  poner en riesgo uno de los principios básicos de la democracia.

La información pública es un derecho fundamental. El Colegio de Periodistas de Andalucía no permanecerá impasible ante la amenaza del cierre de la Radio Televisión Pública autonómica por meros intereses políticos, ni permitirá que se ponga en duda el trabajo de los medios y sus profesionales.

La protección de los medios públicos y privados está contenida en el vigente Estatuto de Autonomía y como señala la UNESCO, los primeros «deben estar protegidos institucionalmente y deben tener garantizada su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias».

Nos mantendremos firmes en su defensa. Continuaremos exigiendo la participación de nuestra organización colegial en los consejos de administración de medios públicos, para garantizar la aplicación de criterios profesionales en los contenidos; convocatorias públicas de empleo; una apuesta clara por las producciones propias; por los contenidos de calidad y condiciones dignas de empleo en productoras y medios de comunicación privados. Y todo ello, para garantizar un servicio público que es esencial para la ciudadanía, que debe ser reflejo de la diversidad cultural, política y de cualquier otra índole, desde la independencia y el respeto a un necesario marco de convivencia pacífica en Andalucía, bajo los principios de la igualdad y la no discriminación.

Los medios de comunicación públicos deben regirse por criterios de pluralidad, participación, transparencia y rigor, y para ello los grupos políticos, sean cuales sean sus tendencias, han de respetar su necesaria independencia y asegurar su viabilidad como servicio público.

El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia el «chantaje» del ayuntamiento de Almonte a los trabajadores de la televisión municipal

La corporación local supedita el pago de las nóminas al visto bueno de los contenidos que se emitan, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atentando contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar.

El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado a la dirección de DOCOSA, empresa que gestiona la televisión municipal de esta localidad onubense, el plan de pagos a emitir por la tesorería municipal durante este 2018; una información relevante para los trabajadores y trabajadoras que a finales de 2017 sufrieron retrasos en el cobro de sus nóminas y vieron peligrar sus puestos de trabajo.

En nota publicada en la web del Ayuntamiento, “En 2018, Docosa tendrá que destinar obligatoriamente sus fondos públicos al pago de las nóminas de los trabajadores y al gasto de funcionamiento de la televisión”. Sin embargo, el documento firmado por la titular del Ayuntamiento, la alcaldesa Rocío Espinosa de la Torre, incluye una serie de cláusulas y condiciones para liberar el pago de las cantidades consignadas para la televisión, es decir, para el pago de las nóminas, que afectan de lleno a las garantías de independencia y pluralismo que deben regir el funcionamiento de una televisión pública municipal.

Concretamente, el documento detalla aquellas condiciones que determinarán el pago de las cantidades dedicada, entre otros conceptos, al pago de las nóminas: “publicación de las convocatorias y notas de prensa emitidas por otras entidades relacionadas con el municipio; grabación y emisión de las convocatorias anteriormente referidas; promoción de acciones y actividades que partan de estas entidades, cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del ayuntamiento; emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, con el visto bueno del ayuntamiento; retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, con el visto bueno del ayuntamiento”.

De hecho, la propia alcaldesa, en declaraciones a la televisión municipal tras reunión de Junta de Gobierno, manifiesta que “a partir de este momento, sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos”.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideramos que estas condiciones y la evidente injerencia del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. A lo largo de su articulado, el texto autonómico establece que “Los poderes públicos de Andalucía velarán, … por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural”  (artículo 207) ; e igualmente recoge que “Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales”; y en el mismo sentido se establece en el artículo 211 que “Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad”.

Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal, filtre y decida en cada caso.

El Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones las de “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática” y “La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago preservando así los derechos de la ciudadanía a través de un periodismo independiente.

El CPPA recuerda a los trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Deontología y Garantías a través de la presentación de su queja y al Ayuntamiento que puede acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía si considera que existe un uso partidista o inadecuado de la televisión municipal, como ha denunciado.

El documento está publicado en el perfil y la página de Doñana Comunicación en Facebook.

El Colegio de Periodistas de Andalucía exige respeto hacia los periodistas que cubren los acontecimientos desde Cataluña

El derecho a la información y la libertad de expresión son elementos intrínsecos a la democracia. Para que estos prevalezcan y puedan ejercerse en plenitud, los periodistas deben ser respetados en el ejercicio de su trabajo, pues cumplen con una función que es esencial para que la ciudadanía pueda tener un conocimiento amplio, diverso y completo de la realidad.

Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía pedimos que, al margen de las ideologías o las posturas políticas, se respete y garantice la labor informativa que los periodistas, sean del medio que sean, realizan a diario y, muy especialmente, cuando se encuentran ante  situaciones tan complicadas como las que se están viviendo estos días en Cataluña.

Los periodistas deben poder desarrollar su trabajo con libertad y con la seguridad necesarias para que la información llegue a la ciudadanía, del mismo modo que están llamados a respetar los principios de la deontología profesional y la legalidad vigente en cada momento.

Confiamos en que las situaciones que estamos conociendo, a través de diferentes medios, en las que se impide o dificulta a los periodistas que cubren la información en Cataluña realizar su trabajo con garantías, no sigan produciéndose. Recordamos también a los periodistas que el Colegio de Periodistas de Cataluña ha puesto a disposición de todos los profesionales sus recursos para facilitar el trabajo informativo.

COMUNICADO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

Ante los atentados terroristas en Barcelona y Cambrils, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía quiere hacer públicas una serie de consideraciones:

 

– El CPPA expresa la solidaridad del colectivo de profesionales periodistas andaluces/as hacia las víctimas, sus familias y todas las personas que, de una forma u otra, están sufriendo en primera persona las consecuencias de estos terribles atentados.

– El CPPA reconoce y apoya la labor desarrollada por los centenares de compañeros/as que están trabajando en la cobertura informativa de estos atentados. Considera que, en líneas generales, están cumpliendo su tarea de forma responsable, a pesar de las dificultades propias de este tipo de coberturas. Además, el CPPA pone sus recursos a disposición de los colegiados/as para ayudar en lo posible al desarrollo de su labor. También para superar posibles situaciones de estrés postraumático, frecuentes entre los periodistas tras el ejercicio de su profesión en situaciones tan dramáticas.

– El CPPA hace hincapié en que, en situaciones como esta, solo un trabajo periodístico riguroso, veraz, comprometido y responsable es capaz de aportar Información a la ciudadanía. Es esa capacidad de poner orden en el caos la que distingue al Periodismo de la rumorología, la que justifica el Derecho a la Información de la ciudadanía, así como la necesidad de medios de comunicación informativos y redacciones fuertes. Es la capacidad de ofrecer información en medio de la desinformación la que sitúa a los periodistas y comunicadores audiovisuales como los garantes legales de ese derecho fundamental, reconocido en nuestro marco constitucional.

– El CPPA recuerda a los profesionales que están cubriendo la noticia la utilidad de las varias guías para el tratamiento informativo de este tipo de acontecimientos. En cualquier caso, recomienda contrastar las fuentes antes de lanzar la noticia, preservar siempre el derecho a la intimidad y la imagen de las personas afectadas, respetar su dolor y evitar entorpecer el trabajo del personal sanitario y los cuerpos policiales.

– El CPPA anima a los profesionales periodistas a ejercer su Derecho de Objeción de Conciencia ante las exigencias de las empresas para las que trabajan, cuando estas no se corresponden con la ética y deontología periodística.

– El CPPA recuerda a las empresas de medios de comunicación de masas su responsabilidad de distinguir de forma clara sus espacios informativos de los que no lo son, así como de facilitar a la ciudadanía/lectores/oyentes/espectadores/seguidores Información Veraz. Al mismo tiempo, hace hincapié en la responsabilidad de los medios de establecer mecanismos para no contribuir a la difusión de mensajes de odio, que nada ayudan a la sostenibilidad de la democracia.

– El CPPA quiere terminar lanzando un mensaje de unidad y apoyo al colectivo periodista andaluz ante la barbarie terrorista. La información, la pluralidad y la libertad de expresión son pilares básicos de cualquier sistema democrático. Sucumbir ante los intentos de hacer tambalear estos pilares es ceder ante el terror. Sigamos haciendo nuestro trabajo. Es nuestra mejor forma de demostrar que no tenemos miedo.