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El Colegio de Periodistas reclama a los gobiernos central y autonómico medidas de apoyo para profesionales autónomos

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) expresa su preocupación por la situación de “desamparo” en que están quedando los profesionales autónomos del sector periodístico en Andalucía, cuyas solicitudes de ayudas están siendo rechazadas por no existir criterios únicos y claros en el desarrollo de la actividad profesional, indica la organización colegial. Con ese motivo, el colectivo profesional ha remitido sendos escritos dirigidos a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en los que solicita iniciar las gestiones para incorporar la actividad periodística entre las actividades profesionales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), así como establecer medidas para garantizar que quienes ejercen de forma autónoma en el sector no quedan excluidos de las ayudas que se establezcan. 

Esta petición tiene que ver con el ‘Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)’ aprobado por la Junta de Andalucía. Aún siendo el periodismo una actividad esencial durante la crisis sanitaria, el mismo no prevé ninguna forma de establecer ayudas destinadas a profesionales periodistas que trabajan de forma autónoma, debido a, entre otras cosas, que la actividad periodística no aparece recogida en el catálogo de actividades del CNAE

El CPPA explica que cuando un periodista se da de alta como autónomo para realizar su trabajo, lo habitual es que se les incluya en otros epígrafes, sin que existan criterios únicos para decidir en cuál, siempre y cuando sea una actividad sujeta al 21 por ciento de IVA. Normalmente, en los grupos J, M, P, R y S sin que ninguna de las actividades incluidas en estos se ajuste exactamente a la profesión periodística en ninguna de sus manifestaciones. 

La ausencia de epígrafe propio es una denuncia histórica de nuestro colectivo. Una profesión que desarrolla una actividad esencial, tal y como ha quedado demostrado en esta crisis sanitaria, pero que sin embargo, no existe desde el punto de vista de la administración tributaria. Una discriminación en toda regla cuyas consecuencias se han hecho evidentes en circunstancias como ésta, en que las personas periodistas que trabajan de forma autónoma están quedando excluidas de las ayudas. Por no mencionar los agravios comparativos entre profesionales que ejercen la misma labor, pero que están sujetos a obligaciones tributarias diferentes según el epígrafe en el que han sido dados de alta de forma, prácticamente, arbitraria. 

El mismo día del anuncio de la convocatoria de ayudas de la Junta, el CPPA advirtió de esta circunstancia y de que el colectivo de profesionales de la información había sido excluido. Al tiempo, inició gestiones en la Consejería de Empleo. Éstas fueron recibidas de buen grado hasta el punto que desde la consejería precisaron que se valoraría la solicitud junto con las de otros colectivos, según se transmitió a la propia Decana, Eva Navarrete. 

Sin embargo, al CPPA está llegando información de que se están denegando las solicitudes de subvención realizadas por nuestro colectivo, sobre la base, justamente, de que no se ajustan a las actividades subvencionables

Por todo lo expuesto, el colectivo profesional solicita al Ministerio iniciar las gestiones para incorporar la actividad periodística en cualquiera de sus manifestaciones: “periodismo”, “información”, “comunicación periodística”, “redacción de contenidos periodísticos”, “producción de contenidos periodísticos”… entre las actividades profesionales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Para el Colegio de Periodistas es una cuestión cuya resolución tiene que ver con mera voluntad política. Es más, recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en público en abril del año pasado su compromiso de atender a esta demanda y crear un epígrafe propio para la actividad periodística.

Mientra tanto, solicita a ambas administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) que se establezcan medidas o se unifiquen criterios para garantizar que los autónomos del sector profesional de la información no queden excluidos de las ayudas que se establezcan por la ausencia de CNAE propio.

Además, solicita información sobre el conjunto de ayudas activadas por ambas administraciones y de las que podrían beneficiarse autónomos periodistas y, por último, al tiempo que reclamar que se “activen ayudas específicas destinadas al sector de los medios de información, al objeto de contrarrestar los efectos en el empleo provocados por la crisis sanitaria».

El Colegio de Periodistas solicita la anulación de las bases de una convocatoria en Sanlúcar de Barrameda

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha solicitado la anulación de las bases para la provisión de un puesto de Periodista en la empresa TDTL Costa Noroeste, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) . En opinión de la organización profesional, el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz con fecha 17 de diciembre de 2019 no responde a los intereses del colectivo de periodistas, cuya representación ostenta el CPPA. 

El CPPA ha tenido conocimiento de esta convocatoria a través de la Asociación de la Prensa de Cádiz y tras analizar con detenimiento su contenido ha decidido presentar recurso de reposición contra las bases. Considera que las funciones que se describen en la convocatoria no son las propias de la categoría profesional de periodista, sino que se corresponden a varios perfiles laborales. No está de acuerdo el Colegio con que la “polivalencia propia de los medios locales”, según recoge la convocatoria, sea característica de la función del periodista. Más bien, considera, es propia de la precariedad laboral que asola a la profesión y de la que los medios de titularidad pública (como es el caso) deben huir. El Colegio quiere asegurarse de que la persona seleccionada no acabará asumiendo más responsabilidades de las que su puesto requiere y que no acabará realizando el trabajo de varias personas por el salario de una. 

Además, en su solicitud, el colectivo solicita la incorporación de la titulación de Comunicación Audiovisual entre los requisitos exigidos, así como la mejora de la publicidad de las bases. 

El Colegio considera que es una buena noticia que se oferten plazas de periodistas, al amparo de la Ley Audiovisual de Andalucía, aunque cree que su función es velar por que esas convocatorias se ajusten a los intereses profesionales y a la función de servicio público que realizan. Por ello, ofrece su disponibilidad a la empresa y al Ayuntamiento de Sanlúcar para el asesoramiento en la redacción de unas nuevas bases acordes con los intereses del colectivo al que representan. Disponibilidad que hace extensiva a todas las administraciones, a fin de que puedan ir dotándose de profesionales con la debida titulación tanto en los gabinetes de prensa como en las emisoras de radio televisión públicas de toda la provincia. 

Con ese objetivo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía presentará una demanda al Consejo Audiovisual de Andalucía para que investigue hasta qué punto las emisoras de radio y televisión pública de la provincia están cumpliendo los preceptos de la Ley Audiovisual de Andalucía. Entre estos, la ley exige que el tratamiento de los servicios informativos sea llevado a cabo por profesionales de la información y prohíbe que la producción y edición sean externas. Estos puntos no se cumplen en la mayoría de las emisoras locales de la provincia, tal y como ha estado haciendo ver el Colegio en sus escritos remitidos a los ayuntamientos con emisoras de radio y televisión municipal. Transcurrido más de un año de la entrada en vigor de la Ley, el Colegio considera que ha habido tiempo de sobra para realizar las gestiones oportunas que llevan al cumplimiento de la Ley. Una vez más, el Colegio de Periodistas se pone a disposición de todas las administraciones implicadas para colaborar en lo posible.

El Colegio de Periodistas exige a las empresas mediáticas responsabilidad con la cobertura del caso Julen

Desde que comenzaron los hechos en torno a la desaparición del pequeño Julen en Totalán, ha habido una evolución muy negativa en cuanto al tratamiento que algunos medios de comunicación, especialmente en televisión, han dado al caso y que se han alejado de los principios éticos y deontológicos que han de regir el periodismo.

Si hace una semana felicitábamos a los empleados de los medios por su trabajo, hoy tenemos que lamentar la deriva que algunas empresas mediáticas han tomado a lo largo de estos trece días, y que ha llevado a mostrar imágenes y relatos innecesarios que nada han aportado a la información más allá de generar morbo y dar oportunidad para la especulación.

Recordamos a las empresas mediáticas que la Constitución preserva el derecho a la intimidad, familiar y personal como derecho fundamental y que actúa como límite a la libertad de información y expresión. Y al mismo tiempo, el Código Deontológico periodístico obliga a que “en el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y circunstancias”.

Apelamos a las empresas periodísticas al cumplimiento de los principios recogidos en nuestro Código deontológico, por el que han de conducirse todas aquellas que se precien de serlo y pedimos rigor en la cobertura de este tipo de informaciones.

Al mismo tiempo, expresamos nuestro apoyo a los profesionales periodistas y comunicadores audiovisuales, que un día como hoy están realizando un trabajo contrario a sus propios principios, con el único objetivo de mantener su puesto de trabajo. Recordamos que tanto la normativa profesional como el propio Colegio de Periodistas les ampara en caso de que se nieguen a realizar una tarea que consideran falta de ética.

Por último, pedimos tanto a las autoridades como a las empresas que no se olviden de la labor realizada in situ por las personas empleadas por los medios de comunicación y tengan en cuenta la necesidad de prestarles atención psicológica, en la misma medida en que se hará con el resto de profesionales de otros sectores allí desplazados.

El Colegio de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Cádiz demandan la titulación específica para un puesto ofertado en el Hospital Puerta del Mar

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Cádiz han demandado a la dirección del Hospital Puerta del Mar que reconsidere la convocatoria para la provisión temporal de un puesto de ‘Técnico de Función Administrativa para el ‘Area de Comunicación’, en cuyas bases no se exige la titulación universitaria específica de Periodismo o Comunicación Audiovisual.

Tal y como recoge un recurso de reposición contra la convocatoria, presentado por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y al que se refieren las dos entidades en una nota de prensa conjunta, las personas aspirantes deberán desempeñar funciones como «expresarse periodísticamente», «aplicar criterios profesionales de noticiabilidad», «desarrollar eficazmente el proceso de selección informativa», «gestionar las fuentes de información», «dominar procesos de investigación y documentación periodística», «elaborar productos periodísticos» y así «hasta una veintena de funciones exclusivas de la profesión periodística en el ámbito de la comunicación institucional», explica el Colegio. Sin embargo, entre los requisitos no se contemplan las titulaciones universitarias que, en opinión de los colectivos profesionales de periodistas, otorgan los conocimientos y competencias necesarias para el desarrollo de las funciones descritas, es decir, Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Tanto el Colegio de Periodistas como la Asociación de la Prensa recuerdan que las titulaciones universitarias de Periodismo y Comunicación Audiovisual existen en la comunidad autónoma andaluza desde hace décadas. «La profesión periodística está siendo castigada de forma reiterada por la falta de decisión de las administraciones públicas, que siguen mirando para otro lado mientras quienes trabajan para mantener a la ciudadanía informada, tanto en la empresa pública como en la privada, lo hacen en precario, en condiciones indignas, con categorías laborales que no les corresponden ‘.

Según el CPPA y la APC, esta convocatoria en el Hospital Puerta del Mar es un ejemplo de la necesidad de que la Junta de Andalucía «dé un paso adelante e incorpore los puestos específicos de Periodista y Audiovisual a sus Relaciones de Puestos de Trabajo» tal y como demandan los colectivos profesionales de periodistas de Andalucía adheridos al »Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística’. El manifiesto, impulsado por el Colegio de Periodistas, cuenta con el respaldo expreso de la Asociación de la Prensa de Cádiz, sindicatos, el resto de colegios de periodistas de España, el resto de asociaciones de la prensa andaluzas (menos la de Sevilla), la FAPE, universidades, las diputaciones de Cádiz y Jaén, ayuntamientos como Barbate, Torre Alháquime, Almonte, Alcalá de Guadaíra. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y Jerez se han sumado estos días.

No obstante, ninguno de los grupos parlamentarios del anterior mandato se «atrevió» a llevarla al pleno. Como ninguno, por ahora, se ha posicionado claramente a favor de garantizar la transparencia de la administración autonómica y la información pública mediante la contratación pública de personal cualificado en la materia.

La Demarcación de Almería del CPPA condena la expulsión de una periodista del pleno del Ayuntamiento de Albox ordenada por su alcalde

La Demarcación de Almería del Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha condenado la actuación del alcalde de Albox (Almería), Francisco Torrecillas, que en el pleno de la corporación celebrado el pasado lunes, ordenó la expulsión de la periodista, Francisca Martínez, del salón de sesiones municipal siendo escoltada por la Policía Local hasta fuera del recinto.

Los hechos se sucedieron en el desarrollo de un pleno extraordinario, donde el alcalde, cuando se estaba refiriendo al tema del parque de bomberos de la comarca, se dedicó a criticar duramente la labor del medio para el que trabaja Francisca Martínez. Concluido este punto, la periodista retiró su grabadora de la mesa presidencial diciéndole al alcalde: “Quiero que sepa que es usted un mal educado”. El primer edil respondió a este mensaje, ordenando la expulsión de la sala de la periodista que salió escoltada por la policía municipal, quien tomó y anotó los datos personales de la periodista para abrir denuncia.

Desde la Demarcación de Almería del CPPA junto con la Asociación de la Prensa de Almería rechazamos firmemente la actitud del alcalde con esta periodista, que estaba en el ejercicio de su profesión, mientras que el alcalde criticaba duramente al medio donde trabaja la periodista.

De igual manera nos solidarizamos con Francisca Martínez, una periodista íntegra y rigurosa, que desarrolla su labor en el Grupo La Comarca y como corresponsal del Diario de Almería. En este sentido, animamos a la periodista a plantear una queja formal ante el CPPA con el objeto de abrir expediente y analizar la situación vivida.

Por otra parte, hay que recordarle al primer edil que cuando un político o cualquier persona no estén de acuerdo con la información de un profesional o medio, en lugar de usar tribunas públicas, tienen otras herramientas a su alcance como puede ser la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, o, incluso, los tribunales de justicia.

De igual manera, condenamos ciertos comentarios del alcalde Torrecillas en redes sociales. Con frases como: “Dejen de dar lecciones de funcionamiento democrático y preocúpense de los problemas de los vecinos. Tienen ustedes y la periodista la ‘piel muy fina’, me reitero, ese medio es un folletín”. O, esta otra: “Lo que le tiene que preocupar a Paqui es el informe de la Policía por si se le puede aplicar la ley y le puede caer una buena desde la Subdelegación del Gobierno”.

Con total firmeza también condenamos las declaraciones de otros políticos poniendo en tela de juicio informaciones veraces de periodistas, como ha ocurrido recientemente en la zona del Levante almeriense. Los políticos de forma especial están obligados a respetar y facilitar la labor profesional de los informadores.

Esperamos y deseamos que el alcalde albojense rectifique, se atenga a razones y no protagonice más actos, desde el punto de vista de esta Demarcación, «deplorables» como el sucedido en el último plenario.

Eventos

Plazo de los I Premios de Periodismo ‘Beatriz Cienfuegos’ a las buenas prácticas en igualdad

En 1763, fue editada en Cádiz la primera publicación periódica firmada con nombre de mujer. No hay otro precedente en la historia de la literatura y el periodismo español. Beatriz Cienfuegos es, por tanto, el primer nombre de mujer periodista de nuestra historia. Y aunque persisten las dudas sobre la verdadera autoría, ‘La Pensadora Gaditana’ es, de forma indiscutible, la primera publicación periódica que promueve valores feministas en la historia de nuestro periodismo.

Sin embargo, su nombre, como el de tantas otras mujeres pioneras y con carreras exitosas en su sector, ha sido prácticamente olvidado más allá de los círculos relacionados con el estudio de las primeras manifestaciones periodísticas.

Con la convocatoria de los premios ‘Beatriz Cienfuegos’, la Asociación de la Prensa de Cádiz, con la colaboración del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, se proponen recuperar el nombre de la autora y su mérito como mujer pionera en el ámbito del periodismo y la literatura española, resaltar la relación intrínseca entre el ejercicio periodístico y el desarrollo de sociedades más justas, a través de la información y formación en igualdad de género; fomentar prácticas empresariales igualitarias en el sector profesional periodístico; premiar, mediante dotación económica, trabajos periodísticos que destaquen por su contribución a la consecución de la igualdad de género, así como reconocer, mediante mención pública, a empresas del sector mediático y/o servicios de la información y comunicación que desarrollen iniciativas igualitarias cuyas beneficiarias sean sus plantillas laborales o el público al que va dirigido. Los premios, que cuentan con dotación económica y menciones honoríficas según la categoría, son asumidos en esta primera convocatoria por instituciones y personas físicas que actúan como coorganizadores y/o patrocinadores del certamen.