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El Colegio de Periodistas de Andalucía considera inaceptables los ataques personales a profesionales de la información

El Colegio de Periodistas de Andalucía se pronunció hace un año contra los ataques personales a profesionales de la información dentro de la campaña promovida por el doctor Candel y seguida, en la calle y en las redes sociales por miles de ciudadanos, contra la fusión hospitalaria. En fechas recientes, la campaña ha subido de tono y apunta una vez más a profesionales de la información.

Como órgano defensor de los derechos y deberes de los periodistas, el Colegio Profesional de Periodistas se ve en la necesidad de precisar varios asuntos:

  • El Colegio de Periodistas considera inaceptable llevar la defensa de una causa, por justa que sea, al terreno de las descalificaciones personales, los insultos y amenazas (evidentes o veladas) de profesionales de la información ni de ningún ciudadano. La libertad de expresión, en ningún caso, ampara este tipo de recursos que pueden tener, además, consecuencias penales.
  • Del mismo modo que existe la confidencialidad médico-paciente, a los periodistas les asiste el derecho a no revelar la identidad de sus fuentes de información. Algo que solo un juez puede obligar a hacer y en causas muy concretas y justificadas.
  • Los medios de comunicación no deben hacerse eco de informaciones reveladas por cualquier fuente. Debe existir un proceso previo de confirmación o comprobación o la existencia de documentos que prueben el asunto denunciado.
  • El Colegio de Periodistas entiende que existe una separación clara entre las informaciones y artículos que se publican en un medio de información y aquellas opiniones que libremente cada cual, como ciudadano, vierte por redes sociales.
  • Como ya defendimos hace tiempo, entendemos que cualquier defensa o crítica sobre la labor que realiza un periodista en el ejercicio de su profesión no deben estar nunca basados en las descalificaciones personales ni en la difusión de cualquier ámbito de su vida privada.

El Colegio recuerda que cualquier persona que considere que se ha vulnerado el Código Deontológico de la profesión o que se ha producido mala praxis por parte de algún profesional, puede acudir a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía que tiene entre sus funciones “resolver expedientes incoados por una reclamación de ciudadanos o ciudadanas sobre prácticas que vulneren el código deontológico y mediar en conflictos deontológicos de los profesionales con su empresa o con otros compañeros, a fin de ofrecer criterios que contribuyan a garantizar la deontología del periodista frente a otros posibles intereses de partes”.

El ayuntamiento de Granada se compromete con la estabilidad laboral de los periodistas

A petición del colectivo de trabajadores de los medios de comunicación de Granada y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad una declaración institucional relativa al cumplimiento de cláusulas sociales que garanticen la estabilidad laboral en los medios de comunicación.

En el pleno ordinario celebrado esta mañana, el consistorio de la capital se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Así mismo, como recoge la declaración institucional, el Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores.

Este es el texto completo de la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Granada esta mañana:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El periodismo es la forma en la que llega a nuestro entorno todo tipo de información, con el análisis de las noticias y crónicas que forman parte del día a día; con el relato de sucesos que ocurren tanto en nuestro ámbito más cercano como en cualquier parte del mundo. De media en España, cada ciudadano y ciudadana dedican 223 minutos al día a contemplar programas de televisión; entre ellos, los espacios informativos de la jornada se sitúan entre los 5 primeros de los más vistos.

La prensa reúne a cerca de diez millones y medio de personas a diario, según datos recabados por la Encuesta General de Medios (EGM). Certifica además que el 60% de la población sintoniza, en algún momento del día, una emisora de radio.

A pesar de los avances de las redes sociales en este campo, Facebook tiene menos cuentas en España que oyentes la radio. Las ediciones digitales de diarios superan al conjunto de entradas y visualizaciones en Twitter en nuestro país. La sociedad consume con avidez medios de comunicación porque le aportan un valor fundamental a cualquier democracia que se precie: la información. Y detrás de este contenido, existe el trabajo muy denodado de miles de trabajadores.

Para los periodistas, en los últimos años, la situación profesional se ha tornado más difícil. La creciente ‘autonomización’; la dificultad de acceso a un primer empleo para los más jóvenes; el aumento de becarios mal pagados, la caída de 17% del salario base medio de los periodistas o la desaparición de algunos medios, -según el informe de la federación de asociaciones de la Prensa-, son los principales factores de esta lamentable situación.

Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Granada queremos hacernos eco de esta problemática para un colectivo de personas que es esencial en la búsqueda de una mejor calidad democrática para un país.

En los últimos años, se ha tomado conciencia, -y este Ayuntamiento es ahora ejemplo de ello-, que los contratos públicos no sólo constituyen exclusivamente un medio de abastecerse en condiciones más ventajosas sino que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos pueden realizar una intervención en la vida económica, social y política del país. Los criterios sociales, laborales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por muchas instituciones, entendiendo que lejos de restringir o limitar la libre competencia, suponen una excelente regulación de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Granada que adopte los siguientes ACUERDOS:

Primero.- El Ayuntamiento de Granada se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Segundo.- El Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores. Sin periodistas no hay periodismo.

El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que actúe ante los despidos en las cabeceras de Joly

El órgano colegial trasladará la situación a la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía para que revise los contratos de publicidad en relación a los medios que han despedido profesionales desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Gobierno.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía expresa su más rotundo rechazo a los despidos planteados esta semana por el Grupo Joly y que afectarán a una veintena de personas en diversos puntos de la comunidad autónoma. Según la información que ha podido recabar la organización colegial, los últimos despidos afectan a empleados y empleadas de las provincias de Cádiz (Campo de Gibraltar) y Córdoba; en su mayoría periodistas pero también personal de las áreas comerciales, de administración y otras categorías profesionales. Este verano, la misma empresa ya anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Los últimos que hemos conocido, no hacen sino sumar a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando el grupo en los últimos años.

Para el Colegio de Periodistas de Andalucía, está claro que esta empresa está “desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos”, aunque el caso que hoy nos ocupa no es el único. El goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación es incesante desde que comenzó la crisis económica. “Informamos sobre manifestaciones laborales a diario, mientras las nuestras no ocupan ni una línea en ningún periódico”. Por ese motivo, la organización profesional cree que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una “campaña de vigilancia” para “evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces”.

“Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas -continúa el CPPA-; hablamos de empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios”. En 2017, la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía ha adjudicado dos contratos para “Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación” de esta Consejería, por valor de más de tres millones de euros (3.305.785,12 €) de los cuales, es probable, que parte se invierta en empresas del Grupo Joly u otras que durante este ejercicio hayan llevado a cabo despidos o reestructuraciones de plantilla. Por ello, reclama el Colegio, “las administraciones no pueden seguir indiferentes ante el despido de miles de personas” y recuerda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2016, y que se resume en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía“.

En esta Guía, se hace referencia expresa a criterios destinados a garantizar la estabilidad laboral en los contrataciones de las empresas adjudicatarias de ayudas, subvenciones o contratos por parte de la Junta de Andalucía, al respeto a los derechos de los trabajadores o a que las empresas con plantilla superior a los 250 empleados cuenten con plan de igualdad. En marzo de este año, se ha constituido la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

El CPPA pondrá el asunto en conocimiento de esta Comisión para que “estén vigilantes con  estas situaciones de manera que se tomen las medidas más adecuadas y destinadas a garantizar una mayor estabilidad en el sector”  explica el Colegio de Periodistas. Al mismo tiempo, expresa su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por estos despidos y expresa su disposición a los colegiados y colegiadas para apoyarles en cuanto precisen.

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar también se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores afectados en el territorio, a  través de un comunicado.

Aprobada la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía con referencias a los medios de comunicación social

Los medios de comunicación social deberán “reflejar una imagen respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad”. Así lo establece la nueva “Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía” que hoy se publica en BOJA y que entrará en vigor en el plazo de veinte días. La Ley nace con el objetivo, según su propio articulado, de “promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias“; “impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible; “asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas de atención a las personas con discapacidad” y “establecer el régimen sancionador autonómico en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad“.

La Ley recoge una expresa referencia al papel de los medios de comunicación audiovisual y la publicidad en el cumplimiento de estos objetivos, estableciendo en sus artículos 67, 68 y 69, las líneas que deben guiar la actuación de los medios audiovisuales que actúan en Andalucía. Una actuación que deberá fomentar “el uso de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con discapacidad auditiva o con sordoceguera“, y que prevé para los medios de titularidad pública gestionados por la Junta de Andalucía la obligación de incluir “contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad“.  En lo referente a la supervisión de estas actuaciones y, en especial, de los contenidos publicitarios, la norma confiere a la Consejería competente en materia de servicios sociales “las actuaciones necesarias para que la publicidad y las propagandas comerciales no atenten contra la dignidad de las personas con discapacidad” mientras que asigna al Consejo Audiovisual de Andalucía la tarea de elaborar un informe anual sobre “el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad, así como las condiciones de accesibilidad universal, en los medios de comunicación audiovisual sujetos a su ámbito de actuación“.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, recomendamos a los profesionales de la comunicación la Guía de Buenas Prácticas sobre Personas con Discapacidad para Profesionales de la Comunicación, publicada en 2013 por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, donde el entonces decano del Colegio, Antonio Manfredi, tuvo una activa participación. Recordamos además que el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) –aprobado en Sevilla en 1993 y actualizado en abril de 2017– recoge referencias expresas en su artículo 7  a la labor de los periodistas en relación a la realidad de las personas con discapacidad y que quienes consideren que dicho Código ha sido vulnerado pueden recurrir a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio de Periodistas de Andalucía.

Enlace al texto íntegro de la Ley.

 

El Colegio de Periodistas de Andalucía exige respeto hacia los periodistas que cubren los acontecimientos desde Cataluña

El derecho a la información y la libertad de expresión son elementos intrínsecos a la democracia. Para que estos prevalezcan y puedan ejercerse en plenitud, los periodistas deben ser respetados en el ejercicio de su trabajo, pues cumplen con una función que es esencial para que la ciudadanía pueda tener un conocimiento amplio, diverso y completo de la realidad.

Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía pedimos que, al margen de las ideologías o las posturas políticas, se respete y garantice la labor informativa que los periodistas, sean del medio que sean, realizan a diario y, muy especialmente, cuando se encuentran ante  situaciones tan complicadas como las que se están viviendo estos días en Cataluña.

Los periodistas deben poder desarrollar su trabajo con libertad y con la seguridad necesarias para que la información llegue a la ciudadanía, del mismo modo que están llamados a respetar los principios de la deontología profesional y la legalidad vigente en cada momento.

Confiamos en que las situaciones que estamos conociendo, a través de diferentes medios, en las que se impide o dificulta a los periodistas que cubren la información en Cataluña realizar su trabajo con garantías, no sigan produciéndose. Recordamos también a los periodistas que el Colegio de Periodistas de Cataluña ha puesto a disposición de todos los profesionales sus recursos para facilitar el trabajo informativo.