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Satisfacción por la reivindicación lograda tras la inclusión del epígrafe para periodistas del IAE

El CPPA, satisfecho por la inclusión del epígrafe para periodistas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como reconocimiento a esta reivindicación histórica.

¿Puedo publicar imágenes o datos que permitan identificar a menores inmigrantes?

En principio, no. 

  • Los menores inmigrantes también son menores y como principio general debe ser tratado conforme a los mismos criterios deontológicos y legales. Por tanto el periodista deberá atender y respetar los mismos valores independientemente de su condición de persona inmigrante o no.
  • El hecho de que otros sujetos difundan imágenes de menores inmigrantes para denunciar situaciones dramáticas o de vulnerabilidad no debe servir de excusa al periodista para actuar del mismo modo.
  • El periodista deberá ponderar el derecho a la información y el papel de denuncia que aporta el periodismo, y los derechos de los menores y lo legalmente previsto en cuanto a su protección. La utilización de imágenes de menores inmigrantes debe hacerse siempre con responsabilidad y huyendo del morbo.

¿En qué nos basamos?

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual en su artículo 7.1 señala: “Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación.” Incluso en la misma ley, en el artículo 57.4 se considera infracción muy grave: “La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que discutan su tutela o filiación”. 

El informe de la Comisión de Deontología y Garantías del CPPA sobre el tratamiento informativo de los menores.

En la página manuales de interés hay varios relacionados con menores y procesos migratorios

El nuevo Gobierno de la Junta continúa con el modelo de trabajadores eventuales para realizar las labores de comunicación institucional

A pesar de las evidentes necesidades y del papel fundamental que la comunicación y la información tienen en la labor del Gobierno de la Administración de la Junta de Andalucía, los periodistas y profesionales de la comunicación siguen tratados como eventuales, sin garantías de estabilidad e independencia para realizar su trabajo

El BOJA de hoy recoge el “Decreto de Eventuales” anunciado por el Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que refleja, entre otros cambios, el recorte en cuanto al número de puestos asignados a esta figura y que una vez más, mantiene el modelo de contratación para quienes tienen encomendada la gestión técnica de la comunicación en la Junta de Andalucía.

Tras eliminar del organigrama la Secretaría General de la Oficina del Portavoz, el centro directivo que tenía las competencias informativas y de comunicación de la Junta de Andalucía, y crear la oficina de comunicación al frente de la cual se sitúa el periodista Sebastián Torres, la situación de los profesionales que trabajan en este centro (que no aparece aún recogido como tal en el organigrama), sigue siendo la misma o incluso ha empeorado.

Según el Decreto, que reproduce lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual sólo realizará funciones “expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Así lo ha considerado en 151 casos, que se distribuyen en un variopinto elenco de denominaciones tales como asesorías de programa; asesorías de información y documentación; coordinaciones generales; direcciones de áreas; asistencia de protocolo; jefaturas de gabinete; vocalías asesoras; y asesorías de documentación. Bajo este último grupo se ocultan los periodistas o profesionales de la información y la comunicación, para quienes el nuevo Gobierno no ha considerado necesario ni tan siquiera denominar correctamente como técnicos de comunicación.

En total, se adscriben a la denominada Portavocía del Gobierno, un total de 24 asesorías de documentación, que prestarán servicio en Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta y Subdelegación del Campo de Gibraltar; el resto de periodistas es difícil de localizar por la falta de definición clara de las funciones y el puesto.

Y es que el nuevo Gobierno vuelve a prescindir y a evitar la conformación de una estructura estable que permita la realización de las tareas de comunicación e información por profesionales cualificados que ejerzan estas competencias y presten servicio a la ciudadanía en esta materia..

El Colegio de Periodistas de Andalucía había reclamado al nuevo Portavoz y Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que no reprodujera el modelo de los últimos 30 años y dotase de una estructura a la Oficina del Portavoz ahora Oficina de Comunicación o Portavocía del Gobierno; sin embargo, con la publicación de este Decreto se confirman las peores noticias: los periodistas siguen sin ser reconocidos como profesionales necesarios, con condiciones de estabilidad y garantías de independencia en la Junta de Andalucía.

Tras la reunión mantenida esta semana con el Director General de Comunicación Social., Juande Mellado, a quien se han trasladado entre otras cuestiones esta preocupación y estas demandas, el Colegio ha solicitado reunión con Sebastián Torres, responsable de la Oficina. Previamente, había requerido un encuentro al Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien aún no ha dado respuesta.

El Colegio recuerda que la categoría de técnico de información está definida como tal en el Convenio del Personal Laboral de la Junta y siendo evidente y palmaria la necesidad de la prestación de estos servicios para facilitar la comunicación y la información a la ciudadanía, lo que procede y cuanto antes es crear esa estructura que dignifique además la figura del periodista en la administración de la Junta, como ya sucede en otras administraciones provinciales, locales y autonómicas.

El Colegio de Periodistas traslada a los grupos parlamentarios sus demandas para la mejora de las condiciones sociolaborales de los profesionales

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha iniciado la ronda de contactos con los distintos grupos del Parlamento de Andalucía para trasladarles los objetivos de cara a esta recién estrenada legislatura, tras haberlos dado a conocer en la Asamblea ordinaria y en la reunión de demarcaciones provinciales celebrada a finales de marzo. Por el momento, la decana, Eva Navarrete, acompañada del secretario general, José Barrera, se ha reunido con Nacho Molina, de Adelante Andalucía, que será el responsable por este grupo de los asuntos relacionados con el sector en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior; y más recientemente ha mantenido un encuentro con Francisco Conejo, del grupo socialista, que asume también las competencias en la misma Comisión, quedando  en la agenda Ciudadanos, el Grupo Popular y VOX.

Imagen del encuentro organizado por el CPPA en 2018 previo a las elecciones andaluzas, con Nacho Molina, Toni Martin, Paco Conejo y Pau Cambronero.

El objetivo fundamental de estos encuentros es exponer las principales demandas que se plantean desde el Colegio, con la única finalidad de mejorar las condiciones sociolaborales de los periodistas y profesionales de la comunicación. El documento recoge un total de 18 medidas enfocadas hacia actuaciones de iniciativa pública y privada. Entre el primer grupo, aquellas relacionadas con el Compromiso público por el Empleo y la Profesión Periodística; las cláusulas sociales, medioambientales y de empleo en la contratación pública de publicidad institucional o servicios de comunicación; la referencia al Registro de Medios Digitales (ROMDA); la participación institucional; el ámbito educativo y de formación y el apoyo a la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas que se ha de impulsar y aprobar a nivel estatal. En lo que respecto al ámbito privado, el Colegio demanda el impulso de programas específicos de apoyo al emprendimiento en el sector privado de la comunicación; la creación de un epígrafe de actividad específico en el IAE para profesionales de la información y la comunicación; definir un nuevo y específico código de ocupaciones por parte de los servicios públicos de empleo, para identificar las que corresponden más claramente con las actividades para las que capacitan las titulaciones universitarias propias; o velar por el cumplimiento de la normativa sobre contratación, con especial atención sobre la figura del falso autónomo, los abusos de contratos de formación, auxiliares de redacción y prácticas.

Reunión con el director general de Comunicación Social

También esta misma semana, en la ronda de reuniones institucionales, Navarrete y Barrera han tenido una primera toma de contacto con Juan de Dios Mellado, el director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, responsable ahora de asuntos tan relevantes como impulsar el desarrollo de la Ley del Audiovisual y su reglamento, la gestión de las licencias de TDT o la planificación de la publicidad institucional, entre otras. En la reunión mantenida este miércoles en San Telmo, Navarrete ha trasladado el interés del Colegio por los efectos de la inversión publicitaria de la administración sobre el sector, especialmente por cuanto refiere a la incorporación de cláusulas en las licitaciones públicas para que sean consecuentes con la Guía en la que se recogen las cláusulas obligatorias y las recomendaciones en materia de contratación pública; en este sentido, y para el caso de los medios digitales, le ha invitado a poner en valor el ROMDA (Registro de Medios Digitales de Andalucía), como instrumento de apoyo para la adjudicación de contratos, como ya ha hecho por ejemplo el Ayuntamiento de Granada.

También se abordó la situación de los profesionales en el sector público y la creación de puestos de trabajo específicos, una cuestión que compete directamente al nuevo director de la Oficina de Comunicación, Sebastián Torres, con quien se ha solicitado también reunión. 

[Descarga el documento completo de las medidas].

 

El Defensor del Pueblo Andaluz asume los principios del Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística impulsado por el Colegio de Periodistas de Andalucía

El Defensor del Pueblo Andaluz incorporará a su Área de trabajo sobre empleo público el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística y “lo tendrá en cuenta para futuras actuaciones que tenga que realizar esta Institución ante las Administraciones públicas andaluzas, en relación con el acceso al empleo público y la determinación de las características de las relaciones de puestos de trabajo”. Así se lo ha comunicado a la Junta de Gobierno del Colegio tras recibir la propuesta de adhesión al Compromiso remitida por el CPPA en el marco de la campaña de difusión emprendida por esta corporación.

En su escrito, el Defensor señala su total conformidad con los postulados del documento, en el que se expresa que “el periodismo es un servicio público fundamental para la ciudadanía y, desde esa perspectiva, la labor de información y comunicación que se realiza a través de los profesionales que desempeñan esta profesión tiene una importancia crucial para el pleno desarrollo de los sistemas democráticos, así como para garantizar la efectiva participación de la ciudadanía en los asuntos públicos”.

Igualmente, el Defensor coincide con el Colegio en que “corresponde a las administraciones públicas proteger y garantizar que esa función social del periodismo pueda desempeñarse con los medios precisos y necesarios para ofrecer una información veraz, objetiva, plural e independiente, cuyo único compromiso sea el interés general de la ciudadanía”.

Es por ello, continúa en su escrito, que “compartimos con ese Colegio que debe procurarse la mayor formación y cualificación posible para el desempeño de la profesión periodística, a través de puestos o servicios especializados que sean prestados por profesionales acreditados de la información y la comunicación.” De hecho, en la Oficina del Defensor existen dos puestos específicos dedicados a funciones de información y comunicación que son desempeñadas por profesionales titulados universitarios en dichas áreas de conocimiento.

Con esta institución son ya 39 las entidades, –asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, diputaciones y ayuntamientos–, que han respaldado y asumido el Compromiso Público por el Empleo que implica el reconocimiento y la exigencia de la titulación universitaria específica para el desempeño de labores de información y comunicación desde las administraciones públicas.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se constituyó en 2013 como una corporación de derecho público que garantiza la defensa de los intereses de los profesionales, su representación y el correcto ejercicio de la profesión, a la que puedan adscribirse los profesionales que disponiendo de los conocimientos y titulaciones oportunas ejerzan la profesión periodística en Andalucía; forma parte de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, cuyos miembros han respaldado de forma unánime el Compromiso.