El Colegio de Periodistas de Andalucía presenta hoy en Sevilla su Comisión de Deontología y Garantías

En noviembre de 2016, la asamblea general ordinaria del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía dio luz verde a la constitución de la Comisión de Deontología y Garantías, su reglamento y los componentes de la misma, con el objetivo de dar cumplimiento al mandato de los Estatutos colegiales y al compromiso asumido en su Carta de Servicios.

Más concretamente, los Estatutos dicen que entre las funciones del Colegio están:

  • Adoptar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos necesarios para ordenar el ejercicio profesional de las personas colegiadas, velando que este se realice acorde con los principios éticos y dignidad profesional que deben regir en el ejercicio de la profesión. Para ello, elaborará un código deontológico que regirá la profesión y que tendrá en cuenta las bases del Código de Deontológico del Periodismo del Consejo de Europa y el Código Deontológico de la FAPE.
  • Ejercer las funciones disciplinarias, sancionando los actos de las personas colegiadas que supongan una infracción de la deontología y de las normas colegiales y ejecutar las sanciones impuestas.
  • Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudadanos, y entre éstos cuando lo decidan libremente, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje.

Con la finalidad de canalizar estas funciones, el Colegio incorporó a su Carta de Servicios, aprobada por la Asamblea General en noviembre de 2015,  la mediación y el arbitraje en los conflictos que, por motivos profesionales, se susciten entre los colegiados, entre los colegiados y los ciudadanos, y entre éstos cuando lo decidan libremente, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de arbitraje para lo cual se crea una Comisión de Ética y Deontología del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía a la que podrán dirigirse los que requieran de este servicio. Con un Compromiso de calidad que es cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas las leyes generales y especiales y los estatutos colegiales y reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su competencia.

La Comisión está compuesta por siete miembros que han sido elegidos de entre profesionales de prestigio del ámbito de la comunicación y el periodismo así como de la esfera docente universitaria, cuyo trabajo y experiencia se han considerado relevantes y de especial interés para la comunicación social.

Así, han sido elegidos para este primer mandato, de cuatro años de duración, como presidente Juan Carlos Suárez, profesor titular y catedrático acreditado de la Universidad de Sevilla y árbitro además de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología; Trinidad Núñez Domínguez, profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla; Esperanza Torres, periodista de gran trayectoria profesional que actualmente desarrolla su actividad en Canal Sur; Francisco Lobatón Sánchez de Medina, periodista y presidente de la Fundación Europea de Personas Desaparecidas; María Holgado González, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide y Javier Calvo Gallego, profesor titular y catedrático acreditado de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, director del monográfico “La situación sociolaboral de los profesionales de la comunicación en Andalucía” y experto en el ejercicio de la cláusula de conciencia por estos profesionales. Actúa además como Secretaria de la Comisión la periodista y actual secretaria general del Colegio, María José Gómez Biedma.

La presentación oficial estará a cargo de la Decana del Colegio, Eva Navarrete y será este viernes 24 de marzo a las cinco y media de la tarde en la Facultad de Comunicación de Sevilla, en el marco del IV Congreso Internacional de Ética de la Comunicación que hoy finaliza. En el acto, se leerá el documento Reflexión en defensa del periodismo, elaborado por los miembros de la Comisión.

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a Educación que siga admitiendo a los titulados en Periodismo para impartir clases de lengua y lengua extranjera

Ya son numerosos los docentes a los que la Inspección de Educación les ha notificado que no podrán seguir dando clases, amparándose en la normativa estatal que establece que los periodistas pueden dar clases de geografía pero no de lengua o lengua extranjera, a pesar de que así se ha venido haciendo en Andalucía y en otras comunidades autónomas, desde 1995 y hasta este último año.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace unos meses para tratar de resolver la situación a la que se enfrentan algunos colegiados y titulados en Periodismo que hasta este año han impartido clases de lengua  y lengua extranjera en centros concertados y privados de Andalucía y que ahora ven amenazados sus puestos de trabajo y su futuro laboral, tal y como lo habían planteado cuando finalizaron sus estudios.

Y es que la Consejería y la Inspección de Educación en Andalucía, –responsable esta última de validar las aptitudes del profesorado– han tomado la decisión de no reconocer a estos docentes como válidos para seguir realizando su trabajo, acogiéndose a lo establecido en la normativa básica estatal a este respecto. Según dicha normativa, –aprobada en el año 2010 con Ángel Gabilondo como ministro de Educación y de aplicación directa por las comunidades autónomas–, sólo las personas tituladas en disciplinas universitarias adscritas a la rama de Humanidades podrían dar clases lengua española y literatura y lengua extranjera en los niveles de ESO y Bachillerato, en centros concertados y privados. Esto suponía que, en adelante, los licenciados en periodismo, –titulación adscrita a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas– deberían dejar de impartir esa docencia aunque cumplieran los demás requisitos de especialización exigidos.

Sin embargo, no ha sido hasta este pasado mes de febrero, siete años después de la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010, que la Inspección les está comunicando que a partir del próximo 31 de marzo no podrán seguir impartiendo estas asignaturas, siendo además que uno de los afectados ya fue despedido en diciembre del pasado año.

La decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva B. Navarrete ha mantenido varios encuentros y conversaciones tanto con el titular de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Consejería, Manuel Alcaide, como con las dos Facultades públicas que imparten estas titulaciones en Andalucía, con el objetivo de encontrar una solución dialogada que permita el mantenimiento de los puestos de trabajo, hasta alcanzar a nivel estatal una revisión de la norma, que desbloquee para el futuro esta salida profesional para los periodistas; una opción esta última que ya fue planteada en el año 2012 por el Colegio de Periodistas de Murcia al ministro Wert sin que desde el gabinete se analizara siquiera esta propuesta con seriedad.

Con una nueva Ley de Educación estatal sobre la mesa, –tras el anuncio del PP de abrir vías a la derogación de la LOMCE y trabajar en un nuevo proyecto educativo–, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha pedido a Educación que suspenda cautelarmente los ceses y mantenga a los profesores en activo, emitiendo los preceptivos informes favorables.

En un escrito firmado por la decana del Colegio, Eva B. Navarrete y las decanas de las Facultades de Ciencias de la Comunicación de las Universidades de Sevilla y Málaga, el órgano andaluz ha trasladado esta petición a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle. En la carta, fechada el pasado mes de febrero, la decana pide a Educación bien que “aplique el mismo criterio que hayan utilizado hasta la fecha, interpretando de forma no restrictiva la disposición adicional primera del Real Decreto 860/20102”, –que establece que podrán continuar dando clases quienes antes de su entrada en vigor reunían los requisitos para hacerlo y que, según fuentes jurídicas consultadas por el Colegio, no ha sido expresamente derogada y por tanto sigue vigente–; o bien que dicte una resolución transitoria, a la espera de que se modifique la normativa básica, incorporando este reconocimiento expreso hacia los licenciados en Periodismo. En esta última línea ya se está trabajando desde el Colegio, en coordinación con las demás corporaciones colegiales, y será apoyada por la Consejería de Educación, según ha expresado el propio secretario general de Educación a la decana del Colegio.

El asunto ha sido trasladado igualmente a la Asociación de facultades que imparten estas titulaciones en toda España, ATIC, y fue expuesto en el Encuentro de Colegios Profesionales de Periodistas de España reunidos en Sevilla a comienzos de marzo. Por su parte, dos de los profesores afectados, acompañados por una representación del Colegio, ya han mantenido una reunión con el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Luis Blanco López, para elevar esta misma petición, con el objetivo de garantizar no sólo el mantenimiento del empleo de aquellas personas que se están viendo afectadas por este repentino cambio de criterio en Andalucía, –que se produce siete años después de la entrada en vigor de la norma–, sino para confirmar una salida laboral para muchos de los nuevos egresados en Periodismo y que las distintas Facultades continúan ofertando a sus estudiantes.

Plataforma de profesores

Desde el Colegio invitamos a todos los profesionales que se encuentren en esta situación a que contacten con el Colegio (comunicacion@periodistasandalucia.es) para que podamos seguir recopilando información y avanzar de la mano de la plataforma que los profesores afectados han creado para defender sus derechos y con quienes el Colegio viene trabajando desde el principio.

 

El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 25 de noviembre es desde hace años el día escogido por la comunidad internacional para hacer un llamamiento a toda la sociedad y a su responsabilidad en la lucha contra la violencia hacia la mujer o la violencia de género. La Organización de Naciones Unidas ha planteado una campaña que comienza hoy y finaliza el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

La ONU define esta violencia como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». Por su parte, nuestro ordenamiento la define como aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

Las últimas cifras del Portal Estadístico de Violencia de Género muestran que en lo que va de año han sido ya 40 las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género y 25 los menores que han quedado huérfanos como consecuencia de ello. Esta información y los hechos concretos que rodean las cifras es trasladada a diario a través de los medios de comunicación, en general, y los periodistas, en particular. Todos juegan un papel central en su tratamiento y en la difusión de la información que sobre esta realidad se transmite a la sociedad y de ahí que como Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos sumemos a las iniciativas que desde distintas organizaciones públicas y privadas, se ponen marcha en este día y a lo largo del año para combatir esta lacra social.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado una campaña que pone el énfasis en la realidad de las mujeres periodistas y la constatación del incremento de los casos de abuso, acoso sexual u otro tipo de violencia por su condición de mujer. Según el comunicado de la FIP, «estudios recientes demuestran que al menos un 65% de las mujeres que trabajan en medios de comunicación han experimentado intimidación, amenazas o abusos en relación a su trabajo y aproximadamente un cuarto han sufrido actos de violencia física».

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, en este 2016 hemos participado en la elaboración de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género pero, tal y como se puso de manifiesto en nuestra última Asamblea, esta medida no es suficiente. Es necesario que los responsables de los medios se impliquen e inviertan en la formación continua de los profesionales y tomen conciencia del problema de fondo, fomentando el principio de no discriminación,  desarrollando planes de igualdad en las empresas y protocolos específicos de actuación para los casos de violencia y acoso.

El CPPA estrecha lazos con la Oficina de Comunicación de la Guardia Civil en Andalucía

La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete se ha reunido en estos días con el General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil en Andalucía, Laurentino Ceña para compartir impresiones acerca de la necesaria colaboración entre los profesionales a los que ambos representan, en el tratamiento y difusión del trabajo que este cuerpo de seguridad realiza a diario al servicio de la ciudadanía.

Momento de la reunión entre la decana y el General Laurentiño Ceña

Momento de la reunión entre la decana y el General Laurentino Ceña

 

En el encuentro han participado el Teniente Coronel Ramón Clemente, responsable de la Oficina Pública de Comunicación de la Guardia Civil en Andalucía y el vocal de la demarcación del Colegio en Sevilla, Antonio Manfredi. Tanto el General Jefe como el Teniente Coronel han explicado a los representantes del Colegio el difícil equilibrio que han de realizar entre la atención a los medios y la observancia de los límites legales a la difusión de determinadas informaciones o de las cautelas en ocasiones necesarias cuando hay un interés periodístico por investigaciones abiertas o que son objeto de procesos judiciales. Por parte del Colegio, se ha expresado la importancia de por sí tiene la existencia de un canal abierto de comunicación con los periodistas y que es expresiva del proceso de apertura y modernidad en que se encuentra inmersa la Guardia Civil, a pesar de que los recursos no son siempre suficientes para dar cobertura a las necesidades informativas que los profesionales demandan. En la actualidad, son tres las personas adscritas a la OPC para Andalucía y Sevilla, –si bien no están dedicadas exclusivamente a estas labores de prensa y relaciones con los medios y por tanto, han de compaginar estas funciones con otras propias del cuerpo– además de los destinados a estas tareas en las demás provincias.

Con objeto de abrir un camino de aprendizaje mutuo, la decana y los responsables de la OPC se han comprometido a establecer una línea de colaboración permanente que contribuya a mejorar el tratamiento informativo de los asuntos que afectan o derivan de la labor de la Guardia Civil en Andalucía. Es necesario abordar temas como la identificación y acceso rápido a fuentes oficiales, la existencia de elementos legales y éticos a la hora de afrontar una información y los sistemas de trabajo de la institución, para estar permanentemente coordinados.