El Ministerio de Justicia atiende las demandas de editores y periodistas y buscará un texto alternativo al artículo 520.1 de la LECrim

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atendiendo a las demandas de editores y periodistas, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque este artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información.

Concretamente, con el voto favorable de los Grupos Popular y Catalán de Convergencia y Unió, se añadió al artículo 520.1 referido a las detenciones, que en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias.

Por otra parte, en otro encuentro con representantes de las organizaciones de periodistas y editores, el portavoz del Grupo Socialista del Senado -donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley-, Óscar López, mostró la disposición de su grupo a rechazar el texto del artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.

En la reunión con el ministro han participado la presidenta y el vicepresidente de la FAPE, Elsa González y Aurelio Martín, respectivamente; el director general y la directora general adjunta de AEDE, José Gabriel González e Irene Lanzaco, y, en representación del FOP, el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel.

También suscribieron el documento contra el texto del artículo 520.1 de la LECrim los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco.

Apercibimiento grave al colegiado Javier Mérida por avalar la violencia de género en una tertulia

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La Junta Directiva del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha decidido por unanimidad apercibir gravemente al colegiado de la Demarcación de Sevilla Javier Mérida por sus graves declaraciones públicas en Radio Marca avalando la violencia de género. Esta decisión se hace pública una vez que el interesado la ha recibido y aceptado, con la advertencia clara de que una repetición de una acción similar constituirá una falta muy grave, que podría significar su expulsión del Colegio.

La Junta Directiva toma esta decisión a propuesta del instructor del informe, que se ha entrevistado con el afectado y ha recabado toda la información posible sobre el caso. Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos para tomar esta decisión de apercibir a don Javier Mérida, después de una reflexión necesaria que nos permita ver los hechos con perspectiva, sin dejarnos llevar por apasionamientos.

  • El afectado mostró arrepentimiento prácticamente inmediato y se puso a disposición del Colegio de Periodistas desde el primer momento, ofreciendo toda la colaboración necesaria.
  • El afectado ha aceptado la decisión de Radio Marca de no invitarle a participar en más tertulias, a las que acudía gratuitamente, sin contraprestación alguna. Esta medida ha supuesto ya para el afectado un fuerte castigo moral y económico.
  • La repercusión mediática del hecho ha supuesto ya, de facto, un duro castigo moral al afectado.

El Colegio de Periodistas aprovecha además para señalar que no permitirá entre sus colegiados que se haga apología de cualquier actitud violenta y que se abrirá el oportuno expediente a quien caiga en este grave error profesional, repudiable en todos los aspectos.

El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia una oferta de empleo para periodistas sin remunerar

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Una empresa de producción, comercialización, distribución y venta de energía generada a través de plantas fotovoltaicas radicada en Rincón de la Victoria (Málaga), según se autodenomina, ha lanzado una oferta de empleo en el portal Infojobs en la que solicita periodistas con buen nivel de inglés a los que no abonará ningún tipo de salario durante los tres primeros meses, mientras que alude a una «posterior incorporación al equipo y promoción en la empresa».

El anuncio también incluye que se valorará experiencia Erasmus y estancias en el extranjero y califica su oferta como «becario/prácticas», aunque califica la jornada como «intensiva» y de «mañana».

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) considera inadmisibles ofertas de este tipo para contratar a profesionales e insta al portal Infojobs a retirarla, dado que no se ajusta a las más mínimas normas de respeto a los trabajadores, al mismo tiempo que desacredita la reputación del propio portal de empleo al incluir ofertas indignas.

La empresa puede incluir un periodo de pruebas si es su deseo, pero en ningún caso no remunerar al periodista por el desempeño de su trabajo.

La profesión periodística ha sido una de las más castigadas por la crisis y no es la primera oferta de empleo en condiciones indignas que se produce. La precariedad es uno de los grandes males de la profesión, algo que afecta ineludiblemente a su credibilidad. De hecho, asociaciones de profesionales llevan ya varios años levantando su voz para denunciar este tipo de prácticas, que han tenido eco en las redes sociales con la etiqueta #gratisnotrabajo.

‘El libro negro del periodismo, publicado en 2011 por el profesor Bernardo Díaz Nosty, director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga, resalta que cada año terminan estudios en las facultades, sumando el número de licenciados en Periodismo y en Comunicación Audiovisual, un total de 3.000 nuevos profesionales, cuando la demanda natural no alcanza los 600 puestos de trabajo al año.

 

 

 

Editores y periodistas firman un documento contra la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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FOTO 1La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) (integrado por la Agrupación de Periodistas de UGT, Agrupación de Periodistas de CC OO, Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Sindicat de la Imatge UPIFC, Col.legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galicia y Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV)], y los Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco, han firmado esta mañana un documento de rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el escrito, que supone la primera ocasión en que editores y periodistas plantean sus reivindicaciones de forma conjunta, solicitan a los grupos parlamentarios que rechacen en el Senado el añadido al artículo 520.1, aprobado por el Congreso de los diputados el pasado 2 de junio y relativo a las detenciones, y con el que, a su juicio, se pone en peligro el derecho constitucional a la información.

El documento ha quedado rubricado por Elsa González (presidenta de la FAPE); Aurelio Martín (vicepresidente primero de la FAPE y secretario general del Colegio de Periodistas De Castilla Y León); Jesus Picatoste (secretario general de la FAPE); Irene Lanzaco (adjunta al director general de AEDE); Victor Lerena (presidente de turno del FOP y presidente de ANIGP-TV); Mariano Rivero, secretario general estatal de la Federación de Periodistas de UGT; Agustín Yanel, secretario general del FeSP; Maite Sánchez, de la Agrupación de Periodistas de CCOO; y Eduardo Méndez, de ANIGP-TV.

El texto completo es el siguiente:

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguirá su tramitación en el Senado, en el que se ha añadido al artículo 520.1. referido a las detenciones que “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.

Esta iniciativa ha originado una gran inquietud entre los periodistas, fotorreporteros y los medios de comunicación en general, en cuanto al fondo de la cuestión. En primer lugar, porque se pone en peligro el derecho constitucional a la información, no solo aplicable a los profesionales y medios de comunicación que la elaboran y transmiten, sino también a los ciudadanos.

Las organizaciones que suscribimos esta declaración consideramos que los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta deben tener en consideración este aspecto ante una previsible inconstitucionalidad de la futura ley. No sería la primera vez que el Tribunal Constitucional, cuando se produce una colisión entre derechos fundamentales, viene argumentando en sus sentencias que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, ha de prevalecer el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen.

Además, de la misma forma que no se precisan algunos aspectos, considerados faltas graves, en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, recurrida ante el Tribunal Constitucional por la mayoría de las fuerzas políticas, como es el caso del uso de imágenes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la inclusión del referido párrafo produce un gran desconcierto y provoca una total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial.

Inquieta que la redacción del nuevo artículo, de acuerdo con esta proposición, conlleve de hecho la aplicación de nuevas trabas al ejercicio profesional del derecho a la información, protegido por el artículo 20 de la Constitución Española. Así como el alejamiento de periodistas y fotorreporteros de edificios de juzgados y comisarías o de sanciones a los medios de comunicación que publicaran esas imágenes.

Los profesionales de la información observamos medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos, con el fin de que no se produzcan lesiones de derechos fundamentales. La legislación vigente ya contempla medidas y penas si se dieran casos de haber lesionado derechos al honor, la intimidad o la imagen de las personas.

Ante una grave lesión al derecho a la información y un ataque al trabajo de los profesionales y de los medios de comunicación, los abajo firmantes solicitamos que los grupos políticos rechacen en el Senado la propuesta que procede de la Cámara Baja, eliminando el párrafo 520.1 añadido en el Congreso de los Diputados, que tal y como se contempla va a conllevar a que los ciudadanos reciban una información sesgada e incompleta.

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)

Asociación de Editores de Diarios españoles (AEDE)

Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP)

Colegios Profesionales de Periodistas de Andalucía, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Murcia y País Vasco

Rechazo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Junio 2015 (PDF)

Condena al incidente sufrido por el fotógrafo ‘Kiki’ en el estadio Ramón de Carranza de Cádiz

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KikidentroLa Demarcación de Cádiz del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y la Asociación de la Prensa Deportiva provincial de Cádiz muestran su más firme rechazo y condena al incidente sufrido por el fotógrafo Joaquín Hernández ‘Kiki’ en el estadio Ramón de Carranza.

Con motivo del partido Cádiz CF – Hércules CF, el reportero gráfico de Diario de Cádiz se encontraba en las instalaciones del recinto deportivo totalmente identificado con su peto correspondiente y la acreditación personal entregada por el club. Pese a ello, una vez finalizado el encuentro y con decenas de personas sobre el terreno de juego, entre ellas la mayoría de fotógrafos acreditados para el partido, uno de los miembros del equipo de seguridad le impidió realizar su trabajo utilizando para ello una fuerza desproporcionada.

Ante los ojos de miles de personas, cuando el afectado se disponía a recoger con su cámara los momentos de celebración del equipo cadista fue interceptado de tal forma que cayó al suelo con todo su equipo fotográfico. No contento con eso, el miembro del equipo de seguridad continuó obstaculizando con su cuerpo y sus manos la toma de fotografías, no cejando en su empeño hasta que el afectado abandonó el césped sin las imágenes deseadas, con el consiguiente perjuicio para su medio.

Entendemos que un profesional correctamente acreditado no puede ser víctima de este tipo de comportamiento desmedido protagonizado precisamente por quienes deben velar por la seguridad.

Este episodio proyecta una imagen poco gratificante a causa de un exceso de celo difícilmente entendible, porque un reportero gráfico en ningún caso es una amenaza para la seguridad.

Recordamos además que ‘Kiki’ es un fotógrafo que ha demostrado su profesionalidad en más de tres décadas de experiencia, en los que nunca ha provocado incidentes, y que el club, que tiene identificado a todos los reporteros gráficos, dispone de herramientas para poder tomar medidas a posteriori si se produce algún incumplimiento de las normas, sin necesidad de que se tenga que vivir una escena como la acontecida en el césped del Carranza.

Reiterando nuestra enérgica condena, esperamos que hechos tan desagradables y contrarios a la libertad de información no vuelvan a repetirse, menos aún en el ámbito de una actividad deportiva.