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El Colegio de Periodistas exige a la Delegación del Gobierno iguales condiciones para la cobertura informativa de la llegada de inmigrantes a los puertos andaluces

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Hoy los periodistas desplazados al muelle de Crinavis, en el puerto de Bahía de Algeciras, no han podido acceder a las instalaciones y se han tenido que situar tras las valla para tomar imágenes del arribo de la embarcación de Open Arms que el Gobierno ha derivado hasta esta zona para que atraque.

Esto se suma a las denuncias planteadas por numerosos profesionales ante las dificultades y obstáculos que encuentran en la cobertura informativa de la llegada de personas inmigrantes a las costas andaluzas, y  que ha motivado que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía haya solicitado una reunión con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, para exigir más garantías y facilidades para que los periodistas puedan realizar su trabajo.

 

Como paso previo, el Colegio, a través de las conversaciones mantenidas con el gabinete de prensa de la delegación, ha trasladado un documento en el que se describen las circunstancias concretas que se han vivido en estos últimos días, especialmente en el puerto de Almería y Málaga. Tras las reuniones mantenidas por las demarcaciones territoriales y asociaciones de la prensa con sendos responsables de la subdelegación en estas provincias, y ante la previsión de que se incremente la llegada de embarcaciones a estas zonas, el Colegio ha considerado necesario elevar el caso al máximo responsable, a fin de que se defina un protocolo consensuado y común para todos los casos que contemple, al menos, los siguientes aspectos:

  • procedimientos ágiles, idénticos y conocidos por todas las partes (autoridades y prensa) para la acreditación de los periodistas; estos a su vez irán debidamente identificados con los documentos necesarios: DNI, carné de colegiados/asociados y/o acreditación del medio en cuestión;
  • lugares acondicionados para que los periodistas puedan entrevistar o tomar declaraciones a aquellas personas que consientan mantener un encuentro con la prensa;
  • espacios identificados que permitan obtener imágenes adecuadas y útiles desde el punto de vista de la calidad de la información para dar soporte gráfico a la pieza periodística según el género (noticia, reportaje, crónica, entrevista….), a solicitud del periodista acreditado. Las imágenes serán tratadas conforme a los criterios de la deontología profesional en cuanto a menores o personas que se encuentren en situaciones que puedan comprometer su imagen;
  • acceso a las zonas habilitadas para acogida en los diferentes territorios;
  • identificación de la persona responsable de prensa o contacto con los medios en cada punto;
  • facilitar información y cifras actualizadas sobre las llegadas, incluidas las previstas (caso de las embarcaciones de la ong Open Arms).

En su escrito, el Colegio recuerda que el interés del CPPA no es otro que «encontrar un ajuste necesario entre los requisitos legales y el derecho de la ciudadanía a recibir una información de calidad; en aras de la transparencia y para cumplir con nuestro deber como servicio público» y es por ello por lo que «exigimos a la delegación del Gobierno en Andalucía que defina e implemente un protocolo común en todos los puntos receptores de personas inmigrantes, para facilitar la labor informativa que se desarrollará siempre desde el respeto a la normativa y a la ética y la deontología periodística».

Igualmente, el Colegio expone entre sus argumentos cómo en las recientes Jornadas sobre Inmigración y Medios de Comunicación, organizadas por el CPPA y celebradas en Cádiz, y en las que participaron representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ongs, administraciones y periodistas directamente implicados en el tema, se puso de manifiesto por todos la necesidad de mayor «colaboración y coordinación para trasladar una información adecuada a la ciudadanía, que huya de estereotipos, de la cosificación de las personas inmigrantes o que conviertan la noticia en un hecho insustancial ajeno a la dura realidad que afecta a estas personas». 

Por último, el CPPA llama la atención sobre el hecho de que la situación de Almería o Málaga no es lo habitual, siendo lo común en el resto de territorios a nivel nacional, que se facilite el acceso de los periodistas para que puedan realizar su trabajo con garantías, como ha podido contrastarse dentro de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas que respalda las demandas de los periodistas y de la institución andaluza.

El Colegio confía en que la situación se normalice y los profesionales puedan realizar su trabajo con normalidad y considera que, desde el respeto a los principios deontológicos en el tratamiento de la información, se ofrece un servicio a la ciudadanía y a las personas afectadas poniendo en evidencia la realidad, con rigor y transparencia.

El Colegio de Periodistas de Andalucía y la Asociación de la Prensa de Huelva condenan las descalificaciones personales y profesionales que sufren los trabajadores de Radio Huelva y otras emisoras onubenses pertenecientes a la Cadena SER

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Huelva, 10 de abril de 2018. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva y la Asociación de la Prensa de Huelva expresan su total condena a las descalificaciones que están sufriendo los profesionales de Radio Huelva y otras emisoras de la provincia pertenecientes a la Cadena SER, por las críticas suscitadas tras la emisión del programa de la Cadena ‘La vida moderna ¡Oh my lol!’

El CPPA y la APH defienden la gran profesionalidad de todos los miembros de estas emisoras onubenses, que nada tienen que ver el contenido ni el continente del programa antes referido. El buen trabajo de los compañeros de la SER en Huelva es innegable. Y deberán ser juzgados por su trayectoria profesional y, en ningún caso, por la labor de presentadores o colaboradores de otros programas de la cadena. Su trabajo debe ser respetado y valorado, ya que ayudan a que la capital y su provincia crezcan con una sociedad informada con rigor y profesionalidad.

Condenamos las campañas difamatorias que buscan hacer daño a estos trabajadores, directa o indirectamente. Profesionales, estos compañeros de la SER en Huelva, que se han caracterizado en muchos momentos por defender y promocionar los valores onubenses, dentro y fuera de sus fronteras. Por todo ello, entendemos que deberá ser el programa en cuestión ‘La vida moderna ¡Oh my lol!’ o la dirección de la cadena nacional las que tengan que valorar si deben dar una respuesta a las quejas que han provocado entre los onubenses. Habría que dirigirlas hacia esa dirección y en ningún caso contra el medio local y sus profesionales, que no tienen responsabilidad alguna.

El Colegio recuerda que cualquier persona que considere que se ha vulnerado el Código Deontológico de la profesión o que se ha producido mala praxis por parte de algún profesional, puede acudir a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía que tiene entre sus funciones “resolver expedientes incoados por una reclamación de ciudadanos o ciudadanas sobre prácticas que vulneren el código deontológico y mediar en conflictos deontológicos de los profesionales con su empresa o con otros compañeros, a fin de ofrecer criterios que contribuyan a garantizar la deontología del periodista frente a otros posibles intereses de partes”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, creado por la Ley 1/2012 de 30 de enero es una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia que tiene entre sus fines amparar y defender los derechos y el prestigio profesional de las personas colegiadas en general o de cualquiera de sus grupos o individuos en particular, si fueran objeto de vejación o menoscabo, por motivo de su actividad profesional así como velar que la actividad profesional se adecue a las necesidades e intereses de la sociedad, con un adecuado nivel de calidad.

El Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia el «chantaje» del ayuntamiento de Almonte a los trabajadores de la televisión municipal

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La corporación local supedita el pago de las nóminas al visto bueno de los contenidos que se emitan, poniendo en riesgo el derecho a la información de la ciudadanía y atentando contra el pluralismo y la independencia que tienen obligación de garantizar.

El Ayuntamiento de Almonte ha comunicado a la dirección de DOCOSA, empresa que gestiona la televisión municipal de esta localidad onubense, el plan de pagos a emitir por la tesorería municipal durante este 2018; una información relevante para los trabajadores y trabajadoras que a finales de 2017 sufrieron retrasos en el cobro de sus nóminas y vieron peligrar sus puestos de trabajo.

En nota publicada en la web del Ayuntamiento, “En 2018, Docosa tendrá que destinar obligatoriamente sus fondos públicos al pago de las nóminas de los trabajadores y al gasto de funcionamiento de la televisión”. Sin embargo, el documento firmado por la titular del Ayuntamiento, la alcaldesa Rocío Espinosa de la Torre, incluye una serie de cláusulas y condiciones para liberar el pago de las cantidades consignadas para la televisión, es decir, para el pago de las nóminas, que afectan de lleno a las garantías de independencia y pluralismo que deben regir el funcionamiento de una televisión pública municipal.

Concretamente, el documento detalla aquellas condiciones que determinarán el pago de las cantidades dedicada, entre otros conceptos, al pago de las nóminas: “publicación de las convocatorias y notas de prensa emitidas por otras entidades relacionadas con el municipio; grabación y emisión de las convocatorias anteriormente referidas; promoción de acciones y actividades que partan de estas entidades, cuando cuenten con un objetivo social y/o cuenten con el visto bueno del ayuntamiento; emisión de copias y publicación en redes sociales de los contenidos que se consideren, con el visto bueno del ayuntamiento; retransmisiones en directo de actividades y eventos de interés general, con el visto bueno del ayuntamiento”.

De hecho, la propia alcaldesa, en declaraciones a la televisión municipal tras reunión de Junta de Gobierno, manifiesta que “a partir de este momento, sí vamos a censurar y a denunciar todos los contenidos de la televisión pública que atenten contra lo establecido en los estatutos”.

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía consideramos que estas condiciones y la evidente injerencia del Ayuntamiento sobre los contenidos que debe o no emitir la televisión municipal pueden vulnerar los principios constitucionales del derecho a la información y la libertad de expresión en que se inspira además nuestro Estatuto de Autonomía de Andalucía. A lo largo de su articulado, el texto autonómico establece que “Los poderes públicos de Andalucía velarán, … por el respeto a las libertades y derechos reconocidos en el artículo 20 de la Constitución, especialmente los referidos a la libertad de expresión y al derecho a una información independiente, veraz y plural”  (artículo 207) ; e igualmente recoge que “Los medios audiovisuales de comunicación, tanto públicos como privados, en cumplimiento de su función social, deben respetar los derechos, libertades y valores constitucionales”; y en el mismo sentido se establece en el artículo 211 que “Los medios de comunicación de gestión directa por la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales orientarán su actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad informativa y veracidad”.

Condicionar el presupuesto a la aprobación de contenidos por parte de la corporación municipal, obviando otros criterios como los de pluralidad y neutralidad informativas que deben primar en una televisión pública, va en contra del derecho de los ciudadanos a estar libremente informados y los limita a recibir aquella información que la corporación municipal, filtre y decida en cada caso.

El Colegio de Periodistas de Andalucía tiene entre sus funciones las de “garantizar la independencia y la libertad informativas en beneficio de una sociedad libre y democrática” y “La defensa, de acuerdo con el artículo 20.1 de la Constitución Española, de los derechos a la libertad de información y de expresión garantizados a todos los ciudadanos. Por ello, ha exigido al Ayuntamiento que modifique el acuerdo y elimine dichas condiciones de pago preservando así los derechos de la ciudadanía a través de un periodismo independiente.

El CPPA recuerda a los trabajadores y trabajadoras que pueden solicitar la actuación de la Comisión de Deontología y Garantías a través de la presentación de su queja y al Ayuntamiento que puede acudir al Consejo Audiovisual de Andalucía si considera que existe un uso partidista o inadecuado de la televisión municipal, como ha denunciado.

El documento está publicado en el perfil y la página de Doñana Comunicación en Facebook.

Comunicado sobre las declaraciones del alcalde de Lecrín y la «puja para bailar con mujeres»

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) apela “una vez más” al “respeto hacia los periodistas en el ejercicio de su labor informativa”. En esta ocasión, la reivindicación se produce a colación de unas declaraciones del alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, quien ha arremetido contra los periodistas en un intento de justificar su deseo de recuperar el baile de los inocentes, una tradición “a todas luces desfasada”, manifiesta el CPPA.

Las declaraciones de Ramírez a las que hace referencia el CPPA han sido recogidas por TG7, la radio televisión municipal de Granada. En ellas, el primer edil, además de expresar sus argumentos y justificar su actuación, ha descargado la responsabilidad en los periodistas que cubrieron la información, acusándolos de “analfabetos”, por “no saber discernir lo que es una puja y lo que es una subasta”, insinuando en sus declaraciones que sus palabras se habían tergiversado o malinterpretado.

El CPPA defiende la labor realizada por los equipos informativos de TG7 y el resto de medios que se hicieron eco del festejo, anunciado en rueda de prensa. La difusión del evento provocó la reacción de distintas formaciones políticas, suscitó una gran polémica y tuvo gran repercusión a nivel nacional y, en última instancia, ha supuesto que la Diputación de Granada pidiera su suspensión. “Los periodistas han cumplido con su deber de informar a la ciudadanía y han recogido con rigor los hechos”, manifiesta el CPPA. Sin embargo, “nos encontramos ante un nuevo caso de quienes ante un tratamiento informativo que no es conforme a sus intereses o simplemente no les gusta optan por insultar a los periodistas, en lugar de utilizar cauces más apropiados y civilizados para manifestar su desacuerdo con la labor del profesional”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía invita a la ciudadanía y a quienes ostentan un cargo público a “abordar estas situaciones de disconformidad con el tratamiento periodístico de los hechos, mediante los cauces habilitados para ello, a través del propio Colegio o de su Comisión de Deontología y Garantías”, pero “evitando el enfrentamiento o cualquier otra fórmula de descrédito hacia el profesional”.

La Comisión de Deontología y Garantías del CPPA es un órgano colegiado que tiene entre sus funciones atender “tanto las quejas de las personas que tengan un interés directo en prácticas informativas que considere lesiva de sus derechos, como las de los profesionales que pudieran ver condicionada su independencia y su compromiso con la ciudadanía a contarle la verdad de manera completa y honesta”, segçun recoge su reglamento.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público destinada a defender el derecho constitucional a la información de la ciudadanía así como los requisitos profesionales de los periodistas y comunicadores audiovisuales que ejercen su labor. El presidente de la Demarcación Territorial del CPPA en Granada es José Antonio Barrionuevo Ortiz.

La alcadía de Almonte se compromete a buscar una solución al pago de las nóminas de los trabajadores de Doñana Comunicación

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Tras la denuncia pública por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación de la situación de impago de nóminas por parte del Ayuntamiento de Almonte y la falta de presupuesto para garantizar su actividad en 2018, la corporación se ha comprometido a buscar una solución al primero y más acuciante de los problemas: abonar los salarios correspondientes a los dos últimos meses de este año y la extra de Navidad.

Esto ha sucedido tras la intervención en el Pleno de ayer de dos de los ocho miembros de la actual plantilla de la empresa municipal que han forzado un debate, en el turno de palabra del público asistente, entre la alcaldesa, el presidente del Consejo de Administración de la empresa y demás concejales que, por alusiones, han intervenido.

Al término del Pleno, la corporación ha dado luz verde a iniciar los trámites para la suscripción de una póliza de crédito que haría posible la regularización de los salarios, si bien esto no garantiza los problemas a los que se volverán a enfrentar los empleados de mantenerse la consignación de un presupuesto que, según denuncia la plantilla, hacen inviable el desarrollo del proyecto en 2018.

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha respaldado estas actuaciones y va a reclamar al ayuntamiento que resuelva esta situación de incertidumbre de cara al próximo ejercicio y considere que el mantenimiento de este servicio público y su calidad está directamente ligado al aseguramiento de unas condiciones dignas para los empleados, cuyos salarios máximos no superan los 1200 euros y algunos se sitúan por debajo de los mil euros.

En el texto leído ayer por el portavoz de la plantilla durante el Pleno, se habla de unas condiciones de «austeridad» que han asumido en los últimos tiempos por el compromiso con los vecinos y vecinas de la zona que son, en definitiva, quienes a través de sus impuestos sostienen la empresa. Además, recuerdan cómo por esa vocación de servicio y compromiso, contribuyeron a «tranquilizar a una ciudadanía angustiada y que corría hacia la playa o la carretera» durante el fin de semana en que ardió una área próxima al Parque Nacional de Doñana, el último fin de semana de junio. «Trabajamos por pura vocación y sin percibir ni una sola hora extra», han recordado.

Esta situación se da con más frecuencia de la que se conoce en muchos municipios andaluces que han considerado la necesidad de contar con medios de comunicación propios, de ámbito local o comarcal, poniendo de relieve el valor de los medios de proximidad, radio y televisión fundamentalmente. Este lunes muchos de ellos recibirán la distinción que desde hace cuatro años otorga la Junta de Andalucía en reconocimiento justamente al servicio que prestan estas entidades, la mayoría de ellas de titularidad pública municipal. Desde el Colegio hacemos un llamamiento a esos responsables públicos para que mantengan el compromiso con la ciudadanía pero también las condiciones mínimas para los trabajadores, periodistas y demás profesionales, que día a día informan, forman y entretienen a la sociedad, en cada localidad andaluza.

Acceso al vídeo de la sesión del Pleno celebrado el lunes 4 de diciembre y publicado por Doñana Comunicación.