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El Colegio de Periodistas irá a juicio contra el Ayuntamiento de La Línea por no requerir titulación universitaria para las labores periodísticas en su área de Comunicación

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha presentado recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (Cádiz) por la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la posterior aprobación de su oferta de empleo público (OEP) de 2021, a pesar de que haber presentado un recurso en el que advertía que ambas acciones «resultan lesivas para los intereses de periodistas y comunicadores audiovisuales».

El órgano colegial ha precisado que tanto en la RPT como en la OEP, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción adscribe los puestos de redactor del área de Comunicación a la categoría C1, que corresponde a peones y personal no cualificado en el convenio colectivo y que requiere, como formación para el acceso a la plaza, el título de bachiller o técnico.

Las funciones a realizar en las plazas de redactor, según recoge la RPT, incluyen las responsabilidades de redacción de noticias para la página web, redes sociales y envío a los medios de comunicación. Sin embargo, estas funciones las debe realizar una persona titulada en Periodismo o Comunicación Audiovisual, ya que «es la formación específica que va a desarrollar el servicio con mayor calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano; de otra forma, se estaría avalando el intrusismo profesional», recuerda el Colegio. Como titulados universitarios, correspondería a esas plazas una categoría A1 o A2.

Respecto a este mismo asunto, también ha presentado recurso de reposición contra las bases y anexos a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, publicadas recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia y que, en opinión de la organización que representa al colectivo de periodistas en Andalucía, demuestra que el Ayuntamiento linense ningunea a la profesión periodística.

A pesar de las circunstancias, el Colegio recuerda y mantiene ante el Ayuntamiento de La Línea su predisposición a colaborar para tratar de mejorar en lo posible tanto la RPT como la Oferta de Empleo, y anima a esta institución a suscribir el ‘Compromiso público por el empleo y la profesión periodística’ tal y como han hecho en la provincia otras entidades como la Diputación de Cádiz, ayuntamiento de Jerez, Vejer, Barbate, Torre Alháquime y la UCA, entre otros.

Compromiso por el empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, que ha sido respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que «dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes».

Asimismo, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística establece que «para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación».

Por último, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, «a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector».

La AP-APAL y el CPPA exigen una solución para facilitar la cobertura informativa durante el juicio del niño Sergio

ALMERÍA | AP-APAL / CPPA | La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) y el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA) exigen a las administraciones competentes que encuentren una solución definitiva y urgente para facilitar la cobertura informativa durante el juicio del niño Sergio Fernández, poniendo a disposición de la prensa y sus profesionales las herramientas necesarias para ello.

La Audiencia Provincial de Almería ha impedido este 15 de marzo de 2021 el acceso de los representantes de los medios de comunicación a la sala donde se celebra el juicio con jurado popular por el asesinato del pequeño Sergio Fernández. La sala de vistas tenía limitado su aforo por la pandemia de la COVID-19 y la Sección Segunda solo ha permitido la entrada de dos periodistas, a pesar de la mediación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ofreciendo a los informadores “turnarse” para acceder a la vista. Mientras tanto, la sala de prensa del Palacio de Justicia, acondicionada para el desarrollo del juicio por el asesinato de Gabriel Cruz, ha permanecido cerrada y sin uso.

El Protocolo de Comunicación de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge que cualquier procedimiento judicial «se convierte en público desde el momento en el que el juez estima que la investigación ha concluido» así como que «los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad». Continúa exponiendo que «además, la publicidad de las vistas orales se ha visto sucesivamente amparada por el Tribunal Constitucional» en distintas sentencias, entre las que destaca una concreta que «consagra el derecho de los periodistas a acceder a las vistas orales al decir que ‘forma parte del contenido de su derecho a comunicar información la obtención de la noticia en la vista pública en la que ésta se produce’».

Desde la AP-APAL y el CPPA solicitan a las administraciones competentes – Audiencia Provincial de Almería, TSJA y Junta de Andalucía – que se adopten todas las medidas necesarias para que los profesionales de la información de Almería puedan trabajar en condiciones dignas y siguiendo todas las pautas que marcan los protocolos de seguridad en cuanto a la COVID-19. En pleno siglo XXI los medios telemáticos, a los que tan acostumbrados están los periodistas, pueden superar cualquier circunstancia que impida un seguimiento físico o en directo. Son soluciones fáciles y sencillas, al alcance de todos.