Un año más, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha estado presente en el Congreso Internacional de Transparencia en el que se han dado cita más de 400 profesionales que se han acercado a ella desde diferentes perspectivas: la de los órganos de control; la de los empleados y empleadas de las administraciones públicas; la del personal investigador del ámbito universitario; la de responsables políticos y las de los periodistas. La inauguración del Congreso corrió a cargo del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que estuvo acompañado de distintas autoridades malagueñas y del presidente de Acreditra, Fran Delgado.

Andalucía ha sido un año más sede de este foro, –Cádiz acogió la tercera edición–, siendo Málaga la anfitriona, por lo que el Colegio andaluz nuevamente no solo ha facilitado la asistencia de colegiados y colegiadas en el ámbito de la Red, sino que ha participado activamente en el desarrollo del programa, siendo la decana, Eva Navarrete, la responsable de la mesa «Regeneración y calidad de la democracia«. Una mesa celebrada el martes 1 de octubre que contó con las intervenciones de Sebastián Escámez, profesor de la Universidad de Málaga; Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón y Manuel Villorria Mendieta, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante el debate y a lo largo de las distintas intervenciones celebradas los tres días de congreso fueron recurrentes y numerosas las referencias a las relaciones entre transparencia y periodismo, y al papel fundamental que ambas disciplinas juegan en el desarrollo y la consolidación de la democracia. También se puso de manifiesto cómo a pesar de que han transcurrido casi seis años desde la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y cuatro desde la ley andaluza, son pocos los medios acostumbrados a utilizar los portales de transparencia y a ejercer el derecho de acceso a la información pública, salvo excepciones. 

La periodista Mar Cabra –ganadora del Premio Pulitzer por su trabajo en los conocidos «Papeles de Panamá» –explicó, al abordar «Los esfuerzos internacionales contra la corrupción«, cómo desde el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación trabajaron codo con codo periodistas «tradicionales», periodistas de datos y desarrolladores y expertos informáticos para lograr descifrar el volumen de información que recibieron de un ciudadano anónimo hasta llegar a desentrañar la trama corrupta que puso en jaque a personalidades de todo el mundo.

Otra experiencia destacable de la relación periodismo-transparencia es el caso del digital maldita.es, que ha sabido explotar la norma para combatir la desinformación y someter la actualidad informativa a un continuo «factchecking«, tomando la iniciativa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y escudriñando los portales de transparencia. Así lo explicó durante su intervención Clara Jiménez Cruz, periodista y cofundadora de maldita.es en el seminario «Transparencia y medios de comunicación» celebrado el miércoles. Jiménez no sólo explicó el modelo desarrollado por maldita.es, en el que también colaboran tanto periodistas como otros perfiles de especialistas de datos, sino que evidenció algunas de las deficiencias del modelo implantado en nuestro país y que acaban dificultando la labor periodística como, por ejemplo, la falta de formación de los empleados públicos sobre transparencia, la existencia de plazos excesivamente amplios o un elevado nivel de litigio entre las administraciones y los órganos de control de la transparencia, entre otras.

Tal  y como expresó Jiménez, el problema de la desinformación no está tanto en los medios tradicionales sino en «otros canales informales de comunicación de gran impacto social, que son percibidas como noticia por la ciudadanía», haciendo referencia por ejemplo a WhatsApp o Messenger. Para ello, las administraciones deben facilitar una respuesta rápida y ágil para evitar o frenar los bulos y la confusión entre la ciudadanía.

Otras medidas contra la desinformación

Desechar el término «fake news» fue otra de las ideas que se pusieron sobre la mesa a lo largo de los diferentes debates suscitados durante el Congreso. Y es que por definición una información falsa nunca debe convertirse en noticia. Es un principio básico del periodismo, de ahí que los ponentes que abordaron el tema, haciéndose eco también del Informe del Grupo de Experto para la Comisión Europea realizado sobre este asunto, rechazaran la utilización de ese término, entre ellos la profesora Laura Teruel, de la Universidad de Málaga, quien recordó que la desinformación va más allá de una noticia falsa, –traducción literal del término fakenews–; la desinformación «incluye todo tipo información falsa, engañosa e incorrecta que se ha elaborado, se presenta y promociona con la intención de causar un daño público o para obtener algún beneficio» (Madeleine de Cock Bunning).

En definitiva, y como una de las conclusiones que nos llevamos de este congreso, es que la transparencia puede y debe ser una aliada del periodismo y de los periodistas; para ello, los profesionales deben conocer la norma en todas sus dimensiones: la del ejercicio del derecho de acceso y la de publicidad activa; los medios y los profesionales deben invertir tiempo y dinero en mejorar sus recursos; es necesaria la profesionalización de la comunicación en las administraciones públicas, para impedir que la transparencia sea un obstáculo en lugar un instrumento para el periodismo; nos falta alfabetización mediática, tal y como se propone en el Informe de la Comisión, y más instrumentos al servicio de la ciudadanía para luchar contra la desinformación, como pueden ser los medios dedicados al factchecking o medidas para identificar medios periodísticos de otros productos digitales que no lo son, como es el caso del ROMDA, el Registro de Medios Digitales del Colegio de Periodistas de Andalucía.

El Congreso Internacional de Transparencia es una iniciativa de ACREDITRA, organizadora de las distintas ediciones, con la colaboración de entidades como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que ha participado en las dos últimas citas.