Monserga no, dignidad

Opinión

Reconozco que sería incapaz de utilizar la palabra monserga al hablar de cuestiones sensibles, o que  puedan adquirir en un momento determinado cierta trascendencia para mis iguales. Se trata de una expresión gratuita, innecesaria, despreciativa, que no deja espacio para la conciliación. Además, los términos desdeñosos no contribuyen a eliminar la confusión en un debate, y sí a provocar cierto riesgo de confrontación. No caeré en esa tentación. La monserga solo puede aplicarse a un mensaje vacío y repetitivo, y la profesionalización de los periodistas no puede ser considerada ni una cosa ni la otra.

El caso es que el periodismo español, cíclicamente se desangra, abierto en canal, para discutir sobre su realidad más lacerante, en base a la premisa de una formación superior reglada para el ejercicio profesional, que no todos aceptan. No es el caso de discutir sobre la libertad de información, ni sobre el libre acceso a los medios de comunicación, que consagra la Constitución española en su artículo 20, sino sobre la necesidad de una reserva de ley en el oficio de los titulados universitarios especializados en la gestión técnica de los medios, como garantía precisamente de ese libre acceso a los medios de todos los ciudadanos.

Hablamos, discutimos, sobre la necesidad de un título en esta especialidad. Porque lo que no está en discusión es la necesidad de una formación rigurosa,  cuya responsabilidad la mayoría coincidimos en que debe ser asignada al ámbito disciplinado de la Universidad. Ya el Estado lo ve así, al permitir, y de forma muy generosa, la proliferación de centros universitarios donde se estudia la carrera. Curiosamente, nadie ha querido poner freno a esa escalada suicida,  pero son muchos los detractores del título, aunque alguno de ellos llene sus bolsillos con dinero procedente de esa actividad docente tan denostada, donde abundan los másteres y los programas asequibles para todos los gustos (que no bolsillos).

Pero si todos los periodistas coincidimos en que la formación intelectual resulta un elemento imprescindible en el proceso de desarrollo y/o regeneración profesional de nuestro trabajo, no ocurre lo mismo en las valoraciones sobre el intrusismo. Aquí sí que discrepamos, y algunos lo hacen con una argumentación verdaderamente disparatada.

Lejos de considerar el asunto una anomalía, a la que se quiere otorgar carta de naturaleza, existen opiniones que asignan a los editores la capacidad exclusiva para discernir sobre la cualificación profesional de los informadores. No lo dicen abiertamente, y sus razones tendrán, pero lo cierto es que sus actos les delatan. Jamás dirán lo que todos pensamos: si los editores nunca estuvieron en la pelea por la libertad de prensa, ni lo han estado nunca en el esfuerzo por la dignidad laboral de los periodistas,  resulta demasiado evidente pensar que tampoco estarán en la penúltima batalla por la regulación del ejercicio periodístico, lo que ahora plantea el colectivo.

La titulación universitaria de los periodistas, incluidos los problemas laborales causantes de su descontrol, ha generado en cambio un sentimiento de grupo que la profesión antes no tenía.  Con eso no contaban los empresarios y adláteres (curiosamente, no he leído aún un artículo de un editor posicionándose sobre el tema), por eso siguen mostrando los mismos argumentos oportunistas, que encadenan  indistintamente razones laborales, profesionales, políticas y coyunturales para justificar lo injustificable. Todas con la misma conclusión: no hay que molestar al que paga. Sospechoso.

Luego están los argumentos relativos a la cuenta de resultados de las empresas,  el último recurso en un discurso ignominioso.  En realidad, las continuas crisis del sector solo han contribuido a empobrecer la profesión en la misma medida en que se enriquecían los editores. Alguien significativo lo señalaba en una ocasión: en este sector hay dinero inagotable para pagar despidos, pero no lo hay para retribuir dignamente a los periodistas, a los que además se culpa de no haber descubierto la solución que haga rentables los medios digitales. Porque las soluciones del empresario, como todo el mundo sabe,  no han ido más allá de la reiterada disminución de salarios, y la reconversión de las redacciones para hacer del periodista un obrero orquesta, hábil para cubrir todas las funciones posibles bajo un mismo contrato, y en jornada interminable. 

Según esta tesis, los proyectos informativos tradicionales (deontológicos) deben pasar a un segundo término, para así poder acabar con la última frontera que impide la robotización del sector.

Por si fuera poco, han aparecido los Colegios de Periodistas, que lejos de autosilenciarse, como históricamente han pretendido imponer los editores al colectivo de periodistas, están reivindicando la regeneración del grupo en base a la titulación universitaria, único elemento que ha logrado cierto consenso ante la imprescindible necesidad de una gestión deontológica de los medios y una independencia de criterio frente a las presiones internas y externas.

Los Colegios, por lo visto, amenazan el esquema tradicional de los medios, donde la endogamia profesional debe ser quien conceda la credencial de periodista, y no la Universidad, aunque sea mediante un título fácil y bonito con el que adornar el despacho de algún pariente director, nombrado a veces por razones de consanguinidad y no por méritos intelectuales.

Pero, por lo que parece, es el propio título la objeción. La titulación, o no, en periodismo, es lo que curiosamente nos enfrenta entre nosotros. Un eslabón más en la enloquecida dinámica de este gremio, al que desde luego nadie tendrá la osadía de tildar de corporativista.

Pese a todo, incluidas las calamidades laborales, los objetivos de la profesión han venido cumpliéndose. Tal vez con demasiada lentitud, por el empecinamiento de factores de todo tipo. Pero avanzamos. Primero fue la democratización de las estructuras del colectivo, luego la creación de las facultades universitarias para los estudios de la profesión y ahora, inexorablemente, los colegios profesionales. La presión de esa enorme avalancha de titulados, primero recibidos con orgullo en las redacciones y ahora, por lo que dicen algunos, no sin cierto desdén, sin duda ha hecho avanzar a la profesión en el camino correcto.

Hasta ahora el debate a favor y en contra siempre ha encontrado resquicios por los que pervivir. Se ha convertido en un dilema eterno, sí pero no, no pero sí. Sí, pero tercera vía, no pero formación rigurosa convalidable por los editores. ¿Qué  circunstancias diferentes concurren ahora? Tal vez los periodistas son ahora otra cosa. Y esto no son monsergas, es dignidad.

José Manuel Fernández
Colegiado Demarcación de Jaén

El Colegio de Periodistas de Andalucía traslada sus propuestas al Ministerio de Educación de cara a la modificación de la LOMCE

Este sábado termina el plazo para trasladar consideraciones en el proceso de Consulta Pública Previa que el Ministerio de Educación y Formación Profesional abrió el pasado 26 de octubre sobre el anteproyecto de la ley orgánica de modificación de la actual Ley de educación. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha trasladado algunas consideraciones en lo que pueda afectar al ámbito del periodismo, la comunicación audiovisual y el derecho a la información de la ciudadanía.

Dos han sido las consideraciones fundamentales que desde la corporación se han remitido: la primera, que se incorpore la titulación universitaria en Periodismo, acompañada del correspondiente Máster (MAES antiguo CAP), al conjunto de titulaciones habilitantes para la docencia de Lengua Castellana y Literatura, en los ciclos de Educación Primaria y Secundaria Obligatorias. En segundo lugar, que se incorpore al elenco de materias objeto de estudio por el alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato así como a la Formación Profesional, una asignatura específica sobre acceso a la información, periodismo y otros medios sociales de información y comunicación.

El Colegio de Periodistas viene reclamando la primera actuación desde que en 2017 la Junta de Andalucía comenzara a aplicar el criterio recogido en el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. En la línea recomendada por el Consejo Escolar Estatal en su Dictamen 2/201 y en aplicación de la DIRECTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el CPPA exigió un cambio en la normativa estatal que los representantes del Ministerio en aquél momento supeditaron a la nueva Ley de Educación.

Durante este último año, y gracias al acuerdo alcanzado con la Consejería de Educación, el profesorado que venía impartiendo estas asignaturas con la titulación de Periodismo se ha mantenido; sin embargo, no se ha considerado su inclusión ni en las Bolsas Extraordinarias de Educación pública ni se han podido realizar nuevos contratos. 

Por otro lado, el CPPA ha solicitado la incorporación de una nueva asignatura de carácter obligatorio para las distintas etapas educativas, respondiendo a la necesidad de dotar al alumnado de herramientas que les permitan hacer un uso correcto del espacio digital para acceder a la información, en desarrollo del derecho de la ciudadanía a una información de calidad. El Colegio ha recordado en sus argumentos que la propia Comisión Europea, en el informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel para la Comisión sobre Desinformación, no hace sino evidenciar la necesidad de dotar a la ciudadanía de instrumentos suficientes para ser capaces de valorar desde una actitud crítica la información que recibe a través tanto de los mass media como de los social media. El Informe igualmente señala la necesidad de establecer una estrecha colaboración y coordinación entre todas las instituciones y especialmente con las escuelas y entidades educacionales que más relación tienen con el público joven. También se apunta la necesidad de que “para que los programas de alfabetización mediática sean eficaces, estos deben ser implementados de forma masiva en los programas escolares y universitarios, currículos de formación y docentes, con métodos claros de evaluación y comparación a través del país”. Por eso, el Colegio entiende que los actuales programas de alfabetización mediática que se desarrollan no sólo en Andalucía sino a lo largo de todo el territorio nacional, no son suficientes para alcanzar los objetivos declarados ni dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

El Gobierno no ha trasladado junto a la documentación de la Consulta sus propuestas, si bien algunos medios de comunicación han tenido acceso ella y se puede conocer el alcance de los aspectos que se pretenden corregir.

La Red de Colegios de Periodistas espera que todos los Grupos Parlamentarios apoyen la proposición de ley para crear el Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas muestra su satisfacción por la proposición de ley registrada este miércoles por el PP en el Congreso de los Diputados para crear un Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas y espera que sea apoyada por el resto de Grupos Parlamentarios.

En el mes de junio, representantes de los nueve colegios de periodistas que existen actualmente en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco) se reunieron en el Congreso de los Diputados con su presidenta y con los portavoces de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, quienes mostraron su apoyo a la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas. Asimismo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas espera que esta iniciativa se tramite mediante lectura única, hecho que ya fue expuesto en su momento también a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Desde hace años, los colegios de periodistas existentes vienen demandado la creación del Consejo General ya que según la ley de colegios profesionales cuando estén constituidos varios colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional deberá existir un Consejo General de Colegios.

La creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas dotará a la profesión de un instrumento para defender los derechos de los profesionales de la comunicación y denunciar, en los casos que sea oportuno, la vulneración de estos. Asimismo, servirá para poner en valor la titulación y luchar contra la precariedad laboral y el intrusismo, entre otros temas.

Red de Colegios Profesionales de Periodistas

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas se constituyó el 14 de junio de 2018 y está formada por los nueve colegios profesionales de periodistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco).

Debate ‘Compromiso con el Periodismo en Andalucía’

Ante la inminente cita electoral convocada para el 2 de diciembre en nuestra Comunidad Autónoma, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) organizó un encuentro entre profesionales del periodismo andaluz y representantes de los grupos políticos con representación parlamentaria que concurrían a las elecciones autonómicas.

El objetivo fue dialogar en torno a la realidad actual del periodismo y la comunicación, sus características, las perspectivas y los principales retos del sector, para detectar oportunidades y plantear propuestas orientadas a la consecución de un periodismo que contribuya al fortalecimiento de nuestra sociedad y la democracia. 

El encuentro se emitió en directo en las redes sociales del Colegio. 

Vídeos del debate: 

 

El Colegio de Periodistas de Andalucía expresa su agradecimiento a la Diputación de Huelva por respaldar el ‘compromiso por el empleo y la profesión periodística’

8 de noviembre 2018

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere hacer público su agradecimiento a la Corporación Provincial de Huelva tras respaldar de forma unánime el manifiesto ‘Compromiso por el Empleo y la Profesión Periodística’ del CPPA, aprobado por el pleno de la Diputación de este mes de noviembre como declaración institucional.

De este modo, la provincia de Huelva se convierte en una punta de lanza a la hora de reivindicar y respaldar medidas de mejora para periodistas y comunicadores audiovisuales. Con el apoyo a este documento, las administraciones se comprometen a contar con personas que posean la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalente. Y también que se doten puestos específicos para realizar las labores de comunicación e información, y cuando esto no sea posible se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que cuenten con personal con la citada titulación. Igualmente, hay un compromiso por contribuir a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.

La Junta de Gobierno confía en que el paso dado por la Diputación de Huelva sirva para que el resto de entidades públicas se vayan sumando a este documento, con el que, entre otras cosas, el colectivo pide a la administración que dé ejemplo poniendo en marcha las medidas necesarias para luchar desde lo público contra el desempleo, la precariedad laboral y el intrusismo en la profesión.

‘El compromiso por el empleo y la profesión periodística’ fue aprobado en asamblea colegial en 2016. En este tiempo, ha logrado el respaldo del resto de colegios profesionales de periodistas de España, asociaciones de la prensa, sindicatos y universidades. La Junta de Gobierno ha emprendido en estos últimos meses una campaña para dar a conocer la iniciativa entre las diferentes administraciones de la comunidad.

En este sentido, la Junta de Gobierno expresa también su respaldo a la labor desarrollada por la directiva territorial del CPPA en la provincia de Huelva que, de forma coordinada, está desarrollando un intenso trabajo de reuniones institucionales con administraciones, partidos políticos y entidades económicas y sociales, tanto para informar sobre las funciones del CPPA como para conseguir un mayor respaldo hacia el colectivo. La aprobación de esta propuesta por la Diputación Provincial de Huelva es una muestra de que esta labor empieza a obtener resultados.