La Asociación de la Prensa de Jerez hizo entrega el pasado 15 de marzo de sus Premios Pluma de Oro y Pluma de Ganso, con los que pretende hacer un reconocimiento a colectivos e instituciones que destacan por su colaboración con el desarrollo de nuestra profesión, por un lado, y hacer una llamada de atención a los que hubieran dificultado de alguna forma la actividad periodística.

Esta entrega de premios se celebró en el transcurso de un almuerzo en el Tabanco La Pandilla, con el que se quiso hacer un homenaje a la designación de Jerez como Ciudad Europea del Vino, y al que acudieron unos 40 profesionales de los medios de la ciudad. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Jerez, Isabel Paredes, también acompañó al colectivo en este almuerzo.

El premio Pluma de Oro ha sido este año para el portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Manuel González, que acudió a recogerlo acompañado de su familia. También le acompañaron en este homenaje Luis Martín Velasco, comandante de la Guardia Civil y jefe de operaciones de Gendarmería Europea, buen amigo del premiado, y Jesús Padilla, de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil. La presidenta de la APJ y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Andalucía, María José Pacheco, le hizo entrega de la insignia a Manuel González.

Este reconocimiento a este portavoz, y por ende al cuerpo de seguridad al que representa, viene motivado por el buen trato y la atención que reciben los periodistas de Jerez por su parte. Con su ejemplo de relación con los medios, queda claro que es posible establecer una relación de respeto mutuo entre fuente y medio, que la complejidad de los temas tratados no está reñida con la transparencia y el rigor, y que el trabajo se realiza de una forma mucho más agradable y amena a través de la simpatía, la amabilidad y la disponibilidad absoluta.

Por otro lado, la Pluma de Ganso fue concedida en esta edición al Gobierno central, por la adopción de medidas que han causado malestar en la profesión periodística como el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ninguno de sus representantes acudió a recoger el galardón, una ausencia que tiene lugar por primera vez en las últimas cinco ediciones de los premios de la APJ.

El anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazado por los aspectos que perjudican al desarrollo de nuestra profesión tanto por la FAPE como por el Foro de Organizaciones de Periodistas y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, así como por la Federación Internacional de Periodistas. Desde la APJ compartimos esa preocupación por la inclusión de algunos artículos que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como para los editores que publiquen estos contenidos, por ejemplo, que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público.

En cuanto a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los servicios jurídicos de la Asociación de la Prensa de Madrid, a petición de FAPE, han realizado un informe en el que se establece que supone un serio retroceso respecto a la legislación actual, ya que impone limitaciones al derecho a la información cuando lo decidan jueces y fiscales y no solo cuando haya secreto sumarial como hasta ahora. El informe denuncia lo establecido en el artículo 132 del nuevo texto que, por primera vez, autoriza a los jueces o tribunales a vetar a los medios noticias sobre investigaciones judiciales, cuando la información pudiera «comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados».

Esta Pluma de Ganso viene por tanto a reclamar una atención a las demandas periodísticas respecto al derecho a la información recogido en la Constitución Española, y que ya se han formulado oficialmente a través de nuestra Federación a los Ministerios de Interior y Justicia respectivamente.