La Demarcación Territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía de Jerez de la Frontera, con el respaldo del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) denuncian el fomento del intrusismo en la profesión periodística que está respaldando el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) al ofertar a través de su página web (www.elpuertodesantamaria.es) un curso para el “aprendizaje en el oficio del periodismo, adaptado al medio online, en el que la participación de los/as destinatarios/as de la formación se presenta como un requisito fundamental para su eficacia”.

Según la información facilitada en el área de Juventud del Consistorio, que es la que oferta los cursos, no se exige titulación universitaria como condición para tomar parte de esta acción formativa.

El Colegio de Periodistas y la FAPE no entienden cómo una administración pública puede fomentar el intrusismo en una profesión que cuenta con formación reglada, a través de un plan de formación universitaria. Cabe destacar que según el ‘Informe Anual de la Profesión Periodística 2013’ de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el periodo 2008-2012 salieron de las facultades 13.800 nuevos licenciados en Periodismo, que se sumaron, en el mismo lapso, a 10.951 licenciados en Comunicación Audiovisual, que compiten en el mismo mercado laboral.

Hay que recordar que en 2012 se licenciaron 2.909 nuevos periodistas y 2.107 nuevos comunicadores audiovisuales, es decir, 5.016 nuevos profesionales a la búsqueda, presumiblemente, de empleo periodístico. Hasta el momento, desde 1976, año en que terminó sus estudios la primera promoción de periodistas, hasta 2012, se licenciaron en Periodismo en España 77.832 personas.

Asimismo, y atendiendo al citado informe, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en septiembre de 2013 había 10.560 periodistas registrados como parados, un 1% más que en 2012, crecimiento pequeño, pero debe tenerse en cuenta que entre 2008 y 2013 el paro registrado de periodistas aumentó un 132% (se situaba en 4.546 parados al inicio de la crisis).

Para esta organización profesional, estas cifras son más que contundentes para poner de manifiesto que no se pueden buscar vericuetos ni atajos para el ejercicio de una profesión que a día de hoy cuenta con miles titulados en España.
Por eso, desde el Colegio de Periodistas y desde la FAPE censuramos que se oferte este curso y reclamamos al Ayuntamiento de El Puerto que anule esta actividad formativa que fomenta a todas luces el intrusismo profesional contra el que están luchando los colegios profesionales de reciente creación y antes que ellos las asociaciones de la prensa aglutinadas en la federación.

Además, desde esta Demarcación Territorial también queremos poner de relieve que actitudes como la denunciada van en contra de los pasos dados por los colegios profesionales de periodistas de Galicia, Murcia, Andalucía y Castilla y León, que a finales de noviembre de 2013solicitaron que se incluya en elanteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales, que elabora el Ministerio de Economía,la colegiación obligatoria para el ejercicio del periodismo.

La solicitud a Economía reclama textualmente “que sea incorporado a la Disposición Adicional 1ª del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales un apartado a tenor de lo siguiente: (…) En un Colegio de Periodistas para ejercer las actividades propias del periodismo previa la posesión del título universitario de licenciado o grado que resulte habilitante para dicho ejercicio profesional”.

En el escrito, los colegios consideran que la sensibilidad de los derechos vinculados al ejercicio del periodismo conlleva la necesaria colegiación, por lo que entienden que una ley estatal ha de recoger dicho requisito para el ejercicio de la profesión en los términos de desarrollar las actividades propias y genuinas del periodista, previa la posesión del título universitario habilitante.

Añade que los mecanismos de defensa que la propia Carta Magna atribuye a la profesión periodística, como la cláusula de conciencia o el secreto profesional, realzan la idea de que hay un interés público claro en que la citada profesión esté regida por códigos éticos que garanticen un periodismo libre, independiente y al servicio de una sociedad con la que ha de ser respetuoso. “Es decir”, continúa el texto, “es la propia Constitución la que reconoce la profesión periodística, a la vez que la ampara al atribuirle esos dos derechos concretos y específicos, a los que no se puede acoger cualquier ciudadano si no tan solo el periodista profesional, cuya acreditación debe ser garantizada por la necesidad de la colegiación obligatoria”.