Tal y como se comprometieron con la decana del Colegio, Eva B. Navarrete, la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle ha confirmado de manera tajante en la Comisión de Educación del pasado 17 de mayo que “los profesionales que vienen ejerciendo en Andalucía desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor de la normativa estatal seguirán haciéndolo porque están amparados jurídicamente”, en referencia a los periodistas que imparten clase de Lenguas en centros concertados y privados de Andalucía. Así de contundente respondió la consejera a la pregunta que le formuló la portavoz y parlamentaria Marta Escrivá sobre la situación de inseguridad laboral en que se encuentran estos profesionales tras la reforma de las atribuciones docentes.
El amparo jurídico en el que se basa la consejera es la Directiva 2005/36/CE que en su artículo 4 establece que «la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares». En 2013, el propio Ministerio de Educación habilitó a una titulada en periodismo para impartir clases de Lenguas en la Unión Europea, precedente que permite a los ya trabajadores seguir ejerciendo su docencia.
De la Calle indicó, igualmente, que “siguen trabajando sin descanso para avanzar en el desbloqueo de la situación”, aseverando que va a continuar “instando al Gobierno de la nación a que rectifique esta normativa básica cuanto antes”, uniéndose a la petición en la que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace meses y que ha sido apoyado por todos los Colegios de Periodistas de España y la FAPE.
En este sentido, el Ministerio de Educación ha respondido al Colegio de Periodistas de Andalucía, que las consideraciones y el argumentario facilitado por esta institución, “serán estudiadas con detenimiento de cara a una eventual modificación del ordenamiento educativo vigente”, toda vez, se entiende, que la vigente ley de educación, la LOMCE, está en vías de reformarse nuevamente. Por su parte, el Defensor del Pueblo, concretamente la adjunta segunda Concepció Ferrer i Casals, ha indicado esta misma semana a la plataforma de periodistas afectados que no actuará por el momento ya que “recientemente se habría llegado a un acuerdo en una reunión mantenida entre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y representantes de la Plataforma de periodistas afectados –profesores titulados en Periodismo, de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas Extranjeras en centros de enseñanza concertados y privados de Andalucía- con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a fin de dar continuidad a la actividad de estos docentes”.
Y ello, continúa el Defensor del Pueblo, “conforme al anuncio del Gobierno de la nación de modificar en breve el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio” acuerdo pendiente de su plasmación escrita, “que contempla la actuación de la Inspección Central de la Consejería de Educación, caso por caso, para la continuidad de los docentes despedidos, una vez se reciba una comunicación del Ministerio en el sentido indicado”.
El Colegio de Andalucía junto con la FAPE han solicitado también un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, CRUE, a fin de avanzar en la solución definitiva de esta situación, dado que se da la paradoja de que las facultades continúan ofreciendo a los periodistas el MAES, máster preceptivo para impartir docencia, con la especialidad de lenguas a los periodistas como una oportunidad de empleo que, con la actual legislación, no sería posible en centros privados y/o concertados.
Intervención de la Consejera de Educación en la Comisión. Texto en pdf y video de la comparencia.
