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El CPPA denuncia que el puesto se ha adscrito a un nivel inferior (C1), para el que no se requiere titulación universitaria
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado recurso de reposición contra la Oferta de Empleo Público (OPE) del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz), en la que se reserva una plaza de “coordinador/a de comunicación municipal” en el turno de promoción interna para cuyo desempeño no se requiere titulación universitaria.
El CPPA mediante este recurso reclama la categoría A para esta plaza para la que se debe requerir titulación universitaria específica en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual ya que implica funciones especializadas propias de personal licenciado en Ciencias de la Información. Ubicar esta plaza en el nivel C1 —reservado a titulados de bachillerato— supone una infracción que vulnera el marco normativo de la función pública.
El Colegio de Periodistas considera que esta clasificación errónea no solo degrada el ejercicio profesional de la comunicación institucional en la administración pública, sino que también favorece el intrusismo laboral y perpetúa la precariedad en el sector.
Para el colectivo de periodistas profesionales, este tipo de decisiones afectan directamente a la calidad de la comunicación institucional y socavan los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalización que deben regir el empleo público. El recurso exige que se revise la oferta, se reclasifique el puesto al grupo A y se exija la titulación universitaria correspondiente.
El Colegio de Periodistas, como representante de la profesión en toda la comunidad autónoma, recuerda que está a disposición de todas las administraciones públicas y entidades privadas para revisar o aportar sugerencias a las bases de sus convocatorias de empleo para periodistas, contratación de servicios de comunicación, elaboración de RPT, pliegos y demás documentos relacionados con procedimientos que incluyan el desarrollo de tareas informativas.
Al tiempo, advierte que permanecerá vigilante y pondrá todos los recursos a su alcance para poner freno al intrusismo y la precarización enquistada en la profesión, y anima a dirigirse al Colegio para denunciar las convocatorias que pueden ser lesivas para los intereses de los profesionales del periodismo y la comunicación audiovisual, para poder emprender las acciones oportunas.
Los colectivos de periodistas de Cádiz han solicitado a la Universidad de Cádiz la rectificación de una convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de Titulado Superior de Prensa e Información en cuyos criterios de admisión no se requiere la titulación específica. La denominación y las funciones a desarrollar descritas en la convocatoria son las propias del trabajo periodístico en una institución pública, labores para las que sólo los estudios universitarios específicos aportan la formación necesaria para su posterior desempeño profesional.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Cádiz (CPPA) y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) han mantenido contactos con responsables de la UCA solicitando y argumentando la modificación de las bases. Sin embargo, ante la falta de respuesta a estas peticiones, el Colegio ha dado instrucción a sus servicios jurídicos para presentar recurrir la convocatoria. El recurso, ya registrado, solicita la anulación y posterior modificación de las bases, de modo que la titulación universitaria específica en Periodismo y Comunicación Audiovisual sea requisito obligatorio para formar parte de esta bolsa de trabajo.
La APC y el CPPA lamentan que la Universidad de Cádiz no sea capaz de poner en valor las titulaciones que expiden las propias universidades y que sea cómplice del intrusismo que tanto afecta al sector periodístico. Más aun tratándose de una institución pública, para las que ambos colectivos demandan ejemplaridad y excelencia a la hora de informar sobre su actividad y gestión ante la ciudadanía.
Se da la circunstancia, además, de que el Colegio Profesional llegó a demandar en los juzgados a la Universidad de Cádiz por este mismo motivo en una convocatoria para un puesto de periodista en 2021. El pleito se resolvió de forma extrajudicial, después de que la UCA indicara su adhesión al Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística (que entre otras cosas especifica el compromiso de requerir titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual para ejercer la labor en las administraciones públicas), así como la intención de la UCA de atender las pretensiones de los colectivos de periodistas en posteriores convocatorias.
Las organizaciones profesionales de periodistas en Cádiz recuerdan a la UCA aquel compromiso y reclaman su cumplimiento, por el bien de la ciudadanía y su derecho a recibir información veraz y responsable de las instituciones públicas.
El CPPA recurre al contencioso-administrativo tras la desestimación de su reclamación inicial.
El CPPA sigue considerando discriminatoria la convocatoria pública de un puesto de Director/a de Comunicación y Reputación Corporativa en Madrid para la que se exige de manera obligatoria un nivel C2 en lenguas cooficiales del Estado
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha decidido llevar a los tribunales a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), tras resolución negativa a su primer recurso de reposición contra la convocatoria de una plaza de Director/a de Comunicación y Reputación Corporativa en Madrid.
El Colegio Profesional entiende que la resolución desestimatoria del recurso de reposición lesiona los intereses de los profesionales colegiados al mantener la exigencia de la titulación nivel C2 en lenguas cooficiales del Estado español como requisito obligatorio de la convocatoria, y no como mérito opcional, lo que, según el CPPA, ha impedido que profesionales sin esta certificación puedan presentar su candidatura.
Un requisito sin base jurídica
El CPPA subraya en su recurso que imponer el dominio de una lengua cooficial en un puesto de ámbito nacional, sin vinculación territorial, carece de justificación legal. La entidad recuerda que la Ley para la Reforma de la Función Pública de 1984 establece que solo puede exigirse el conocimiento de una lengua cooficial en convocatorias que correspondan a una comunidad autónoma con doble oficialidad lingüística, y exclusivamente para la lengua propia de ese territorio.
Además, argumenta que esta condición vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española, ya que impide el acceso a la convocatoria a personas de comunidades sin lengua cooficial, como Andalucía, restringiendo injustificadamente la competencia por la plaza.
El acceso a la función pública debe regirse por mérito y capacidad
El CPPA denuncia que la selección de empleados públicos debe basarse en criterios objetivos de mérito y capacidad, garantizando la igualdad de oportunidades. La organización recalca que la única lengua oficial en todo el Estado es el castellano, por lo que establecer otros requisitos lingüísticos sin justificación afecta a la libre concurrencia y genera discriminación.
El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que las lenguas cooficiales no pueden ser impuestas fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Sin embargo, en este caso, ADIF exige un C2 en cualquier lengua cooficial sin especificar una comunidad concreta, lo que el CPPA considera una irregularidad administrativa.
Un llamamiento a la rectificación y a la transparencia
El Colegio de Periodistas de Andalucía seguirá defendiendo ante los tribunales la profesionalización del sector y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. Al mismo tiempo, reitera su disposición a dialogar con ADIF y otras administraciones para mejorar las bases de futuras convocatorias y garantizar la transparencia en los procesos de selección.
Compromiso por el empleo público
La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, que ha sido respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que «dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes».
Asimismo, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística establece que «para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación».
Por último, el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, «a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector».
Acceso al compromiso por el empleo público:
https://periodistasandalucia.es/compromiso-para-el-empleo-de-la-profesion-periodistica/
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