El Colegio de Periodistas de Andalucía se suma a la defensa de unas prácticas dignas para estudiantes de Periodismo
Con el objetivo de promover la modificación del Real decreto 592/2014, de 11 de julio regulador de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las entidades que defienden a la profesión periodística y a quienes la ejercen o quieren ejercerla, –FAPE, Colegios de Periodistas y otras entidades– han creado una Plataforma para exigir unas prácticas dignas para quienes cursan estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en nuestro país. Las claves del documento aprobado el pasado 1 de diciembre se centran en que no se puedan ofertar prácticas sin ayuda económica, que los estudiantes no ocupen puestos estructurales en las empresas, –lo que supone no realizar el trabajo que lleva a cabo un profesional contratado–, que se garantice el cumplimiento correcto de las tutorías y que se asuma por las entidades que acogen alumnos en prácticas la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas.
Los miembros de la plataforma realizarán gestiones ante el Gobierno y los grupos parlamentarios, con el fin de que promuevan las iniciativas necesarias encaminadas a la reforma de la actual legislación, en base al documento elaborado para justificar esta iniciativa y en el que se recogen los principales aspectos de la realidad que les ha llevado a adoptar esta medida, quienes son sus impulsores, –incluido el colectivo de estudiantes representado por Eduardo Robaina, de la Universidad Complutense de Madrid, promotor de la campaña en Internet contra las prácticas gratuitas— y los criterios a tener en cuenta en las posibles modificaciones de la normativa: las prácticas no podrán exceder de cuatro horas diarias durante cuatro meses, excluyendo las noches, días festivos y fines de semana, salvo excepciones justificadas; los estudiantes en prácticas no superarán el 10% de la plantilla de cada sección o departamento -las empresas de menos de 10 trabajadores solo podrán tener a una persona en prácticas- y rotarán al menos por dos secciones o departamentos; el cumplimiento correcto de las tutorías; la regulación mediante convenio colectivo de las prácticas y prohibir que las universidades, empresas, instituciones o entidades oferten prácticas sin ninguna ayuda económica así como el encadenamiento de períodos de prácticas en una misma empresa.
La perspectiva europea
Como afirma el Consejo en la citada Recomendación, la crisis ha afectado especialmente a la población juvenil y de ahí que el recurso a las prácticas externas como vía para acceder al mercado de trabajo haya sido recurrente en muchos sectores de actividad. En el ámbito del periodismo y la comunicación audiovisual además, se ha convertido en fórmula habitual para cubrir puestos de estructura, obviando los criterios básicos que deben regular estas formas de aprendizaje complementarias a los estudios universitarios. Igualmente, el proyecto estrella de la Comisión Europea para paliar el desempleo entre la población más joven, la Garantía Juvenil, prevé como vía adecuada el ofrecer un período de prácticas, de cuatro meses de duración, para estudiantes que hayan finalizado sus estudios y se encuentren en desempleo.
En su pronunciamiento, el Consejo destaca además que «estudios y encuestas han revelado que un porcentaje importante de los períodos de prácticas presenta problemas de calidad, especialmente si no existe una institución de enseñanza o formación que se responsabilice directamente del contenido didáctico y de las condiciones laborales que ofrece» y proponen como premisa básica la necesidad de celebrar un convenio de prácticas por escrito, que incluya objetivos didácticos, condiciones laborales adecuadas, derechos y obligaciones y duración razonable de las prácticas.
Desde el CPPA hemos entendido que esta Recomendación es clave, –de ahí que haya propuesto su inclusión en el documento– y debe ser asumida por todas las partes implicadas en el diseño de los modelos de prácticas pues resume los principios básicos que han de regir estas fórmulas de aprendizaje e inmersión en el mundo laboral. Más aún cuando, según se recoge en la página de la Comisión Europea sobre el cumplimiento pro parte de los distintos países de las reglas sobre los programas de prácticas y aprendizaje, España debe aún mejorar su legislación para adaptarse a las recomendaciones del Consejo.