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El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que aborde las medidas previstas en el Pacto contra la Violencia de Género en relación con los medios de comunicación y sus profesionales

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Este martes, el Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha anunciado en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno la aprobación del decreto por el que se regula la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género, que “contempla la creación de un grupo de trabajo para la puesta en marcha y el seguimiento de las actuaciones de este órgano colegiado y que vigilará las actuaciones derivadas del Pacto de Estado en materia de violencia de género en el ámbito de Andalucía”.

El papel incuestionable de los medios de comunicación y sus profesionales y su colaboración en la erradicación de la violencia de género, tantas veces verbalizado, queda recogido de forma clara y contundente en el documento refundido de medidas del Pacto De Estado Contra la Violencia de Género, de tal manera que del total de 292 actuaciones, que se presentan agrupadas en un total de 10 Ejes, 21 medidas hacen referencia expresa al sector audiovisual, la comunicación y la información y sus profesionales.

De manera concreta, dentro del Eje 1 “La ruptura del silencio: sensibilización y prevención”, se incorpora un apartado completo dedicado a los medios, en el que se recoge un total de diecinueve medidas dirigidas a las empresas y sus profesionales; dentro del Eje 5 “Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial”, se detalla una medida orientada expresamente a  “Impulsar la formación especializada en violencia de género para los y las profesionales de los medios de comunicación”; y en el Eje 7 sobre “Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones”, se insta al Gobierno de España a liderar, en el ámbito de la Unión Europea, la promoción de un Pacto sobre medios de comunicación y violencia de género.

En este sentido, y tras el anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz de que la dirección general de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad pondrá en marcha de manera inmediata una nueva línea de subvenciones para realizar actuaciones de formación de profesionales dotada con 650.000 euros, el Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que destine de forma expresa una partida para formar a los y las profesionales de los medios, actuando en todo el territorio de forma coordinada, a través de la institución que ostenta la representación de los profesionales del sector, como pretende realizar con los Colegios de Psicología y Trabajo Social.

Del mismo modo, desde el Colegio “instamos al Gobierno a incorporar esta institución a la Comisión que se creará para el seguimiento y desarrollo de las medidas”, garantizando así la presencia de los representantes del sector, conforme a los preceptos recogidos en la Ley de creación del Colegio Profesional y sus Estatutos y poder acometer adecuadamente las actuaciones que se pretendan realizar. El Colegio considera fundamental abordar de manera inmediata ambas iniciativas ya que para asegurar el tratamiento informativo adecuado de la violencia de género, primero hay que formar a sus profesionales. “Sólo así podremos luego exigirles rigor y responsabilidad en las informaciones que se publican y podremos igualmente contribuir a erradicar la violencia de género en nuestra sociedad”, ha declarado la decana, Eva Navarrete.

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta de Andalucía que no contrate publicidad con medios que precarizan la profesión

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La dirección general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a licitar el “gran” contrato de publicidad institucional que servirá para dar cobertura a la planificación de medios y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión y ejecución de dichos planes, por un período de dos años.

Revisado el contenido de la documentación publicada en la plataforma, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha observado la incorporación de cláusulas medioambientales, -permiten garantizar los criterios recogidos en la Guía que ha de regir toda la contratación pública-; la referencia al compromiso adoptado por el anterior Gobierno de no insertar publicidad institucional en soportes que publiquen anuncios de contactos; o la advertencia de que “en modo alguno se podrán contratar espacios para publicidad institucional en soportes regionales, o en emisoras locales/comarcales de esos soportes, que no cuenten con el preceptivo título administrativo habilitante para emitir”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta, tal y como viene solicitando el CPPA, la petición de que en la contratación de espacios publicitarios se observen también cláusulas sociales y de empleo. Algo que permitiría, por ejemplo, valorar desde el cumplimiento de la normativa básica laboral hasta medidas de conciliación o igualdad en dichos medios.

Como persona responsable del contrato, figura el Jefe del Gabinete de Comunicación Institucional y firma la licitación, el titular de la dirección general, Juan de Dios Mellado. Justamente a Mellado fue a quien el Colegio Profesional de Periodistas, solicitó en la reunión mantenida a principios de este mes de abril, que introdujera en el pliego de prescripciones técnicas algunas cláusulas que permitieran garantizar que los medios contratados para inserciones publicitarias no precarizaban el empleo de los profesionales de la información, contribuyendo así a asegurar unas condiciones mínimas de calidad en el empleo en un sector muy castigado por la crisis.

En opinión del Colegio de Periodistas, esto contribuiría a mejorar la situación de los profesionales del sector de los medios y promovería la calidad de los empleos. Por este motivo, reiteran al gobierno de la Junta de Andalucía su petición de no contribuir a la precarización laboral del periodismo contratando publicidad con empresas que no respetan unas condiciones laborales mínimas sino que más bien se caracterizan por continuos recortes de plantilla, bajada de sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, ausencia de representación sindical, retrasos en el pago de las nóminas o contratos en categorías laborales inferiores a las correspondientes a las funciones o labores realizadas por los profesionales. Desde el CPPA advierten a la Junta de Andalucía de que esta situación es el día a día de cientos de trabajadores y trabajadoras de los medios en Andalucía y que esa precariedad afecta directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por tanto, al objeto de no convertirse en cómplices de la precariedad laboral del periodismo y la desinformación de la ciudadanía, el CPPA solicita a la Junta una rectificación del documento y la atención a las solicitudes expuestas en reiteradas ocasiones.

Información transparente sobre publicidad institucional

Y es que ya en la pasada legislatura, el Colegio trasladó la misma petición al Gobierno y para comprobar los efectos que pudieran tener las acciones de publicidad sobre los medios, solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre cuáles habían resultado perceptores de dichos contratos publicitarios ya que esta información no se publica. Después de varios meses de tramitación y tras presentar recurso ante el Consejo de Transparencia, la dirección general de Comunicación facilitó al Colegio el listado de los medios que habían percibido ingresos por publicidad institucional, si bien el Consejo no estimó la petición de conocer las cuantías que recibió cada uno. Y todo ello, con el objetivo de comparar si los medios que precarizaban el empleo de los periodistas habían sido destinatarios de esos contratos.

Amparados en la resolución del Consejo de Transparencia, que concede el derecho a esta Corporación a conocer los medios que perciben ingresos publicitarios, el Colegio vuelve a pedir que desde la dirección general de Comunicación Social se contemplen estas medidas dado que, con carácter previo a la compra de espacios, los planes de medios propuestos por la agencia que resulte ganadora del concurso para la gestión de la publicidad institucional, han de ser validados por el responsable del contrato. Al mismo tiempo, reclama que se publiquen qué medios son los que reciben publicidad y el importe que en cada caso reciben.

Un millón de euros más para medios digitales

El contrato realizado por el anterior equipo de gobierno extiende su duración hasta el próximo 3 de mayo de 2019, de ahí que el nuevo director general haya iniciado los trámites para la nueva contratación, que incorpora un incremento de un millón de euros en el Lote 1, dedicado a prensa, impresa y digital. El Lote 2, destinado a publicidad en radio y televisión, mantiene la cuantía de 2 millones de euros. La diferencia, según la memoria justificativa que consta en el expediente, se debe a que es el digital “un sector muy dinámico y cuyo mercado ha sufrido un significativo crecimiento con la aparición de nuevas cabeceras”.

Al respecto, la decana informó al director general que el Registro de Medios Digitales de Andalucía, ROMDA, desarrollado por el Colegio, sería un instrumento magnífico para ayudar a la administración a seleccionar los medios digitales que cumplen los requisitos de empleo, deontología periodística, calidad informativa y cumplimiento de los criterios de la Sociedad de la Información, por lo que invitó a que la administración lo utilice de referencia a la hora de contratar publicidad institucional, como garantía para la ciudadanía.

Desde que tomó posesión, la actual Junta de Gobierno del CPPA solicita ante las instituciones públicas medidas para evitar la precarización del sector periodístico, promover el empleo y la estabilidad laboral. En ese sentido, han solicitado a las administraciones su adhesión a lo que han llamado “moción contra la precariedad”, en la que se solicita a las administraciones que se tomen medidas para garantizar que las personas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional lo hacen en unas condiciones dignas de empleo. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) ha tratado el asunto en su pleno.  

El nuevo Gobierno de la Junta continúa con el modelo de trabajadores eventuales para realizar las labores de comunicación institucional

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A pesar de las evidentes necesidades y del papel fundamental que la comunicación y la información tienen en la labor del Gobierno de la Administración de la Junta de Andalucía, los periodistas y profesionales de la comunicación siguen tratados como eventuales, sin garantías de estabilidad e independencia para realizar su trabajo

El BOJA de hoy recoge el “Decreto de Eventuales” anunciado por el Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que refleja, entre otros cambios, el recorte en cuanto al número de puestos asignados a esta figura y que una vez más, mantiene el modelo de contratación para quienes tienen encomendada la gestión técnica de la comunicación en la Junta de Andalucía.

Tras eliminar del organigrama la Secretaría General de la Oficina del Portavoz, el centro directivo que tenía las competencias informativas y de comunicación de la Junta de Andalucía, y crear la oficina de comunicación al frente de la cual se sitúa el periodista Sebastián Torres, la situación de los profesionales que trabajan en este centro (que no aparece aún recogido como tal en el organigrama), sigue siendo la misma o incluso ha empeorado.

Según el Decreto, que reproduce lo establecido en el artículo 11 del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual sólo realizará funciones “expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”. Así lo ha considerado en 151 casos, que se distribuyen en un variopinto elenco de denominaciones tales como asesorías de programa; asesorías de información y documentación; coordinaciones generales; direcciones de áreas; asistencia de protocolo; jefaturas de gabinete; vocalías asesoras; y asesorías de documentación. Bajo este último grupo se ocultan los periodistas o profesionales de la información y la comunicación, para quienes el nuevo Gobierno no ha considerado necesario ni tan siquiera denominar correctamente como técnicos de comunicación.

En total, se adscriben a la denominada Portavocía del Gobierno, un total de 24 asesorías de documentación, que prestarán servicio en Consejerías, Delegaciones del Gobierno de la Junta y Subdelegación del Campo de Gibraltar; el resto de periodistas es difícil de localizar por la falta de definición clara de las funciones y el puesto.

Y es que el nuevo Gobierno vuelve a prescindir y a evitar la conformación de una estructura estable que permita la realización de las tareas de comunicación e información por profesionales cualificados que ejerzan estas competencias y presten servicio a la ciudadanía en esta materia..

El Colegio de Periodistas de Andalucía había reclamado al nuevo Portavoz y Consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, que no reprodujera el modelo de los últimos 30 años y dotase de una estructura a la Oficina del Portavoz ahora Oficina de Comunicación o Portavocía del Gobierno; sin embargo, con la publicación de este Decreto se confirman las peores noticias: los periodistas siguen sin ser reconocidos como profesionales necesarios, con condiciones de estabilidad y garantías de independencia en la Junta de Andalucía.

Tras la reunión mantenida esta semana con el Director General de Comunicación Social., Juande Mellado, a quien se han trasladado entre otras cuestiones esta preocupación y estas demandas, el Colegio ha solicitado reunión con Sebastián Torres, responsable de la Oficina. Previamente, había requerido un encuentro al Consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien aún no ha dado respuesta.

El Colegio recuerda que la categoría de técnico de información está definida como tal en el Convenio del Personal Laboral de la Junta y siendo evidente y palmaria la necesidad de la prestación de estos servicios para facilitar la comunicación y la información a la ciudadanía, lo que procede y cuanto antes es crear esa estructura que dignifique además la figura del periodista en la administración de la Junta, como ya sucede en otras administraciones provinciales, locales y autonómicas.

El Colegio de Periodistas traslada a los grupos parlamentarios sus demandas para la mejora de las condiciones sociolaborales de los profesionales

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El Colegio de Periodistas de Andalucía ha iniciado la ronda de contactos con los distintos grupos del Parlamento de Andalucía para trasladarles los objetivos de cara a esta recién estrenada legislatura, tras haberlos dado a conocer en la Asamblea ordinaria y en la reunión de demarcaciones provinciales celebrada a finales de marzo. Por el momento, la decana, Eva Navarrete, acompañada del secretario general, José Barrera, se ha reunido con Nacho Molina, de Adelante Andalucía, que será el responsable por este grupo de los asuntos relacionados con el sector en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior; y más recientemente ha mantenido un encuentro con Francisco Conejo, del grupo socialista, que asume también las competencias en la misma Comisión, quedando  en la agenda Ciudadanos, el Grupo Popular y VOX.

Imagen del encuentro organizado por el CPPA en 2018 previo a las elecciones andaluzas, con Nacho Molina, Toni Martin, Paco Conejo y Pau Cambronero.

El objetivo fundamental de estos encuentros es exponer las principales demandas que se plantean desde el Colegio, con la única finalidad de mejorar las condiciones sociolaborales de los periodistas y profesionales de la comunicación. El documento recoge un total de 18 medidas enfocadas hacia actuaciones de iniciativa pública y privada. Entre el primer grupo, aquellas relacionadas con el Compromiso público por el Empleo y la Profesión Periodística; las cláusulas sociales, medioambientales y de empleo en la contratación pública de publicidad institucional o servicios de comunicación; la referencia al Registro de Medios Digitales (ROMDA); la participación institucional; el ámbito educativo y de formación y el apoyo a la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas que se ha de impulsar y aprobar a nivel estatal. En lo que respecto al ámbito privado, el Colegio demanda el impulso de programas específicos de apoyo al emprendimiento en el sector privado de la comunicación; la creación de un epígrafe de actividad específico en el IAE para profesionales de la información y la comunicación; definir un nuevo y específico código de ocupaciones por parte de los servicios públicos de empleo, para identificar las que corresponden más claramente con las actividades para las que capacitan las titulaciones universitarias propias; o velar por el cumplimiento de la normativa sobre contratación, con especial atención sobre la figura del falso autónomo, los abusos de contratos de formación, auxiliares de redacción y prácticas.

Reunión con el director general de Comunicación Social

También esta misma semana, en la ronda de reuniones institucionales, Navarrete y Barrera han tenido una primera toma de contacto con Juan de Dios Mellado, el director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, responsable ahora de asuntos tan relevantes como impulsar el desarrollo de la Ley del Audiovisual y su reglamento, la gestión de las licencias de TDT o la planificación de la publicidad institucional, entre otras. En la reunión mantenida este miércoles en San Telmo, Navarrete ha trasladado el interés del Colegio por los efectos de la inversión publicitaria de la administración sobre el sector, especialmente por cuanto refiere a la incorporación de cláusulas en las licitaciones públicas para que sean consecuentes con la Guía en la que se recogen las cláusulas obligatorias y las recomendaciones en materia de contratación pública; en este sentido, y para el caso de los medios digitales, le ha invitado a poner en valor el ROMDA (Registro de Medios Digitales de Andalucía), como instrumento de apoyo para la adjudicación de contratos, como ya ha hecho por ejemplo el Ayuntamiento de Granada.

También se abordó la situación de los profesionales en el sector público y la creación de puestos de trabajo específicos, una cuestión que compete directamente al nuevo director de la Oficina de Comunicación, Sebastián Torres, con quien se ha solicitado también reunión. 

[Descarga el documento completo de las medidas].