Comunicado sobre las declaraciones del alcalde de Lecrín y la «puja para bailar con mujeres»

/0 Comentarios/en /por

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) apela “una vez más” al “respeto hacia los periodistas en el ejercicio de su labor informativa”. En esta ocasión, la reivindicación se produce a colación de unas declaraciones del alcalde de Lecrín, Salvador Ramírez, quien ha arremetido contra los periodistas en un intento de justificar su deseo de recuperar el baile de los inocentes, una tradición “a todas luces desfasada”, manifiesta el CPPA.

Las declaraciones de Ramírez a las que hace referencia el CPPA han sido recogidas por TG7, la radio televisión municipal de Granada. En ellas, el primer edil, además de expresar sus argumentos y justificar su actuación, ha descargado la responsabilidad en los periodistas que cubrieron la información, acusándolos de “analfabetos”, por “no saber discernir lo que es una puja y lo que es una subasta”, insinuando en sus declaraciones que sus palabras se habían tergiversado o malinterpretado.

El CPPA defiende la labor realizada por los equipos informativos de TG7 y el resto de medios que se hicieron eco del festejo, anunciado en rueda de prensa. La difusión del evento provocó la reacción de distintas formaciones políticas, suscitó una gran polémica y tuvo gran repercusión a nivel nacional y, en última instancia, ha supuesto que la Diputación de Granada pidiera su suspensión. “Los periodistas han cumplido con su deber de informar a la ciudadanía y han recogido con rigor los hechos”, manifiesta el CPPA. Sin embargo, “nos encontramos ante un nuevo caso de quienes ante un tratamiento informativo que no es conforme a sus intereses o simplemente no les gusta optan por insultar a los periodistas, en lugar de utilizar cauces más apropiados y civilizados para manifestar su desacuerdo con la labor del profesional”.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía invita a la ciudadanía y a quienes ostentan un cargo público a “abordar estas situaciones de disconformidad con el tratamiento periodístico de los hechos, mediante los cauces habilitados para ello, a través del propio Colegio o de su Comisión de Deontología y Garantías”, pero “evitando el enfrentamiento o cualquier otra fórmula de descrédito hacia el profesional”.

La Comisión de Deontología y Garantías del CPPA es un órgano colegiado que tiene entre sus funciones atender “tanto las quejas de las personas que tengan un interés directo en prácticas informativas que considere lesiva de sus derechos, como las de los profesionales que pudieran ver condicionada su independencia y su compromiso con la ciudadanía a contarle la verdad de manera completa y honesta”, segçun recoge su reglamento.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía es una corporación de derecho público destinada a defender el derecho constitucional a la información de la ciudadanía así como los requisitos profesionales de los periodistas y comunicadores audiovisuales que ejercen su labor. El presidente de la Demarcación Territorial del CPPA en Granada es José Antonio Barrionuevo Ortiz.

El Colegio de Periodistas mantiene la exigencia de titulación académica superior para optar a la gerencia de Onda Cádiz

/0 Comentarios/en , , /por

Representantes del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) en Cádiz han trasladado al presidente del consejo de administración de Onda Cádiz, Juan  Manuel Pérez Dorao, su decepción ante el nuevo procedimiento aprobado por este organismo para cubrir el puesto de gerente. En opinión del colectivo profesional, la convocatoria para este puesto concreto sigue careciendo de dos requisitos “imprescindibles” para las organizaciones de periodistas: “la exigencia de titulación académica superior y una retribución económica acorde con la responsabilidad del puesto”.

La presidenta del CPPA en Cádiz, Lorena Mejías Castaño y el miembro de la directiva Diego Calvo Gutiérrez (presidente además de la Asociación de la Prensa de Cádiz) han transmitido la sensación de que “podría haberse evitado buena parte de la polémica en torno a este asunto, si el consejo de administración de Onda Cádiz hubiera tenido en cuenta a las organizaciones profesionales de periodistas antes de aprobar el procedimiento”. Y aunque consideran “positivo” tanto que se abra una convocatoria de empleo, como que ahora pretenda aumentarse la difusión de la convocatoria, “no vemos ningún argumento ni jurídico ni, por supuesto, profesional que respalde la falta de exigencia de titulación superior”. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía sostiene que, “lo ideal para el CPPA es que se abra un procedimiento público de empleo, al que puedan optar personas con titulación superior, preferentemente en Periodismo y Comunicación Audiovisual, y cuya retribución económica sea similar a la del resto de personal con la misma categoría y responsabilidad”. “Cualquier procedimiento que suponga una devaluación de la titulación académica en Periodismo y Comunicación Audiovisual, la dignidad del empleo periodístico y la igualdad de oportunidades laborales carecerá del respaldo del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía”, han asegurado Mejías y Calvo.  Aún así, han expresado su compromiso de informar a los colegiados/as periodistas en cuanto el CPPA reciba la comunicación de la apertura de la convocatoria.

Por otro lado, la directiva del CPPA en Cádiz ha recibido con agrado la idea expuesta por Pérez Dorao de articular un acuerdo con el consejo de administración de Onda Cádiz para posibilitar una comunicación fluida entre ambas entidades. El objetivo es que el CPPA pueda ejercer su función de velar por el derecho a la información de la ciudadanía, desde un punto de vista profesional, tal y como viene solicitando el CPPA a las administraciones titulares de emisoras públicas. Desde el Colegio de Periodistas de Andalucía han pretendido dejar claro que el objetivo fundamental de la organización colegiada es velar por el interés público de la Información y el ejercicio digno de la profesión.

El encuentro de Lorena Mejías y Diego Calvo con Pérez Dorao se encuadra en las reuniones institucionales solicitadas por la nueva directiva del Colegio de Periodistas de Andalucía en Cádiz, con el fin de visibilizar a la organización colegial en el ámbito de la demarcación. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se constituyó en mayo de 2013, siguiendo los preceptos establecidos en la Ley 1/2012, de 30 de enero, por la que se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. El ámbito territorial de la organización colegial de los periodistas andaluces es la comunidad autónoma. El CPPA desarrolla sus funciones a través de 10 demarcaciones territoriales que ostentan la representación colegial en cada ámbito territorial. La demarcación de Cádiz se constituyó en noviembre de 2013. Sus objetivos son la defensa de los intereses profesionales, la lucha por la libertad de información y expresión, la creación de servicios de carácter común, la defensa de los principios deontológicos y el fomento de la formación permanente de los periodistas andaluces. 

La alcadía de Almonte se compromete a buscar una solución al pago de las nóminas de los trabajadores de Doñana Comunicación

/0 Comentarios/en /por

Tras la denuncia pública por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación de la situación de impago de nóminas por parte del Ayuntamiento de Almonte y la falta de presupuesto para garantizar su actividad en 2018, la corporación se ha comprometido a buscar una solución al primero y más acuciante de los problemas: abonar los salarios correspondientes a los dos últimos meses de este año y la extra de Navidad.

Esto ha sucedido tras la intervención en el Pleno de ayer de dos de los ocho miembros de la actual plantilla de la empresa municipal que han forzado un debate, en el turno de palabra del público asistente, entre la alcaldesa, el presidente del Consejo de Administración de la empresa y demás concejales que, por alusiones, han intervenido.

Al término del Pleno, la corporación ha dado luz verde a iniciar los trámites para la suscripción de una póliza de crédito que haría posible la regularización de los salarios, si bien esto no garantiza los problemas a los que se volverán a enfrentar los empleados de mantenerse la consignación de un presupuesto que, según denuncia la plantilla, hacen inviable el desarrollo del proyecto en 2018.

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha respaldado estas actuaciones y va a reclamar al ayuntamiento que resuelva esta situación de incertidumbre de cara al próximo ejercicio y considere que el mantenimiento de este servicio público y su calidad está directamente ligado al aseguramiento de unas condiciones dignas para los empleados, cuyos salarios máximos no superan los 1200 euros y algunos se sitúan por debajo de los mil euros.

En el texto leído ayer por el portavoz de la plantilla durante el Pleno, se habla de unas condiciones de «austeridad» que han asumido en los últimos tiempos por el compromiso con los vecinos y vecinas de la zona que son, en definitiva, quienes a través de sus impuestos sostienen la empresa. Además, recuerdan cómo por esa vocación de servicio y compromiso, contribuyeron a «tranquilizar a una ciudadanía angustiada y que corría hacia la playa o la carretera» durante el fin de semana en que ardió una área próxima al Parque Nacional de Doñana, el último fin de semana de junio. «Trabajamos por pura vocación y sin percibir ni una sola hora extra», han recordado.

Esta situación se da con más frecuencia de la que se conoce en muchos municipios andaluces que han considerado la necesidad de contar con medios de comunicación propios, de ámbito local o comarcal, poniendo de relieve el valor de los medios de proximidad, radio y televisión fundamentalmente. Este lunes muchos de ellos recibirán la distinción que desde hace cuatro años otorga la Junta de Andalucía en reconocimiento justamente al servicio que prestan estas entidades, la mayoría de ellas de titularidad pública municipal. Desde el Colegio hacemos un llamamiento a esos responsables públicos para que mantengan el compromiso con la ciudadanía pero también las condiciones mínimas para los trabajadores, periodistas y demás profesionales, que día a día informan, forman y entretienen a la sociedad, en cada localidad andaluza.

Acceso al vídeo de la sesión del Pleno celebrado el lunes 4 de diciembre y publicado por Doñana Comunicación.

Jornadas sobre Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales

/0 Comentarios/en /por

La celebración de las  elecciones autonómicas en Cataluña el próximo 21 de diciembre y los acontecimientos políticos que han estado en el origen de esta convocatoria electoral han colocado en el centro del debate social la cuestión de la imparcialidad de los medios públicos de comunicación. Al mismo tiempo, en el Parlamento de Andalucía continúan los trabajos de la comisión encargada de la reforma de la ley electoral de Andalucía, en la que han participado diversas organizaciones  profesionales  de periodistas, entre ellas el Colegio, que han coincidido en la necesidad de actualizar la regulación de la información política que transmiten los medios públicos de comunicación durante los períodos electorales.

Todos elementos han sido argumentos suficientes para que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía junto con el Grupo de Investigación sobre Información Electoral de la Universidad de Sevilla y el Centro de Estudios Andaluces organicen una Jornada sobre «Libertad de Información, Pluralismo y Debates Electorales«, que tendrá lugar el próximo lunes, 11 de diciembre, en el salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.

Y es que uno de los principales retos a afrontar en esta materia y al que se enfrentan periodistas, responsables de medios y legisladores es el de aunar la independencia e imparcialidad de los medios públicos de comunicación durante los procesos electorales con las necesidades informativas de la sociedad.

En la actualidad, la normativa que rige la cobertura informativa durante los periodos electorales impone un sistema de bloques informativos predeterminados, establecidos en relación a los resultados obtenidos por cada fuerza política en la legislatura anterior; pero este criterio se puso en duda cuando en las últimas elecciones confluyeron nuevas candidaturas que no contaban aún con representación parlamentaria. Los profesionales exigen que la ley otorgue mayor peso a los criterios informativos y periodísticos, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada; y ello, aún siendo evidente que son necesarios mecanismos de revisión y control que aseguren la imparcialidad en la aplicación de estos criterios. Al mismo tiempo, la ausencia de regulación específica sobre cuestiones como los debates electorales, su obligatoriedad o no y su formato, provocan una conflictividad a todas luces excesiva que debería evitarse desarrollando el mandato expreso del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Estas jornadas se plantean como un espacio en el que intercambiar opiniones sobre la materia por parte de los distintos actores implicados; de una parte, los distintos grupos políticos que tendrán ocasión de exponer sus posturas respecto a la cuestión y de otra, académicos, juristas, periodistas y jueces que podrán manifestar sus argumentos respectos a las diferentes circunstancias que serán objeto de debate. El objetivo es unificar criterios que ayuden a armonizar una cuestión en la que deben hacerse valer muchos intereses, pero por encima de todo el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, también durante los períodos electorales.

Igualmente, en esta jornada no se ha querido olvidar una realidad que escapa a la actual regulación y normalización como es la de la influencia consolidada de internet en la opinión pública y sus diferentes accesos a la información electoral (actos y mítines, y debates), así como el seguimiento de contenidos aparentemente informativos. ¿Qué hay de cierto en un fenómeno inquietante: сочетание (la “combinación”), o el conjunto de instrumentos de la guerra de la información que aúna ciberguerra, ciberinteligencia, desinformación, y propaganda?. ¿Ha existido en los últimos meses en Cataluña? ¿Con qué actores y objetivos?

Para abordar todos estos temas se ha diseñado un intenso programa, de una mañana de duración, cuyo acceso es gratuito y sin plazas limitadas.

Programa de las Jornadas

  • 9:30 horas Inauguración.
    • María del Mar Ramírez, Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
    • Eva B. Navarrete, Decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA)
    • Joaquín Urías, director del Grupo de investigación sobre información electoral de la Universidad de Sevilla
    • Centro de Estudios Andaluces (CENTRA)
  • 9:45 Mesa redonda «La regulación de la información y los debates electorales»
    • Ángeles Ferriz, representante del Grupo Parlamentario Socialista.
    • Guillermo García de Longoria, representante del Grupo Parlamentario Popular.
    • Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe, representante del Grupo parlamentario Podemos.
    • Julio José Díaz Robledo, representante del grupo parlamentario Ciudadanos.
    • Inmaculada Nieto, representante del grupo parlamentario Izquierda Unida.
  • 11:15 Pausa
  • 11:30 Mesa redonda «Posibilidades de desarrollo de la libertad de información y los debates electorales»
    • Salvador Contreras, Letrado del Servicio Jurídico de la RTVA .
    • Joaquín Urías, profesor de Derecho de la Información de la Universidad de Sevilla
    • M. Ángel Puche, periodista.
    • Francisco Collado, profesor de Ciencias Políticas.
  • 13:00 Conferencia de clausura «Elecciones, internet y ciberseguridad: información verus desinformación». A cargo de Jorge Coronado, CEO de QuantiKa14 y vocal de APTAN.

 

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide al Gobierno de Almonte que garantice la estabilidad y pague las nóminas a los trabajadores de Doñana Comunicación

/0 Comentarios/en /por

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación llevan años sufriendo los vaivenes de la gestión que el Ayuntamiento de Almonte realiza sobre la empresa Doñana Comunicación. En estos días, los profesionales que trabajan en esta empresa prestadora de servicios públicos de comunicación a Almonte (Huelva) y la comarca, como responsables de la televisión municipal, han denunciado las lamentables circunstancias que han soportado durante años y el futuro grave que se les presenta con un recorte en los presupuestos para 2018 que harían inviable la actividad al no cubrir los costes fijos para la prestación del servicio. De hecho, se les ha anunciado que no hay presupuesto para afrontar las nóminas de noviembre, diciembre y la paga extraordinaria de 2017.

Los trabajadores ha hecho públicas sus reclamaciones a través de un comunicado y un vídeo explicando la gravedad de la situación y la insostenibilidad del proyecto que el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa. Los profesionales incluso se han prestado a revisar el proyecto para adecuarlo y que este sea rentable, aplicando los conocimientos y los criterios expertos de quienes tienen sin duda más experiencia en hacer televisión que una persona cuya actividad está muy alejada de esta profesión.

Desde el Colegio se va a pedir explicaciones al equipo municipal, liderado por la alcaldesa de la localidad onubense de Almonte, Rocío Espinosa, del grupo socialista. La labor que realizan los profesionales de la televisión municipal es un servicio público indispensable para la comunidad y viene siendo reconocido por la propia Junta de Andalucía que premia desde hace cuatro años la comunicación local o de proximidad que se hace en la Comunidad. La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha recordado que el Gobierno socialista se ha comprometido a exigir el cumplimiento de unas cláusulas sociales a los terceros con los que contrata, referentes, entre otros temas, al respeto a los derechos laborales de los trabajadores, salarios y condiciones dignas y por tanto «deben ser primero las administraciones quienes cumplan con estos principios que exigen a empresas privadas». Un derecho básico e indiscutible es el de cobrar por el trabajo prestado y recuerda que «el impago o el retraso de las nóminas a los trabajadores es además una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social» pudiendo derivarse en caso de denuncia ante la Inspección de Trabajo multas de hasta más de ciento ochenta mil euros en su grado máximo.

La información es un derecho fundamental de la ciudadanía y para poder garantizarlo, las administraciones han de procurar que los profesionales que lo prestan gocen de una condiciones laborales y de estabilidad en el empleo suficientes como para no ver condicionada esta prestación o que esta pierda calidad.

Doñana Comunicación SA, un servicio público esencial para la comunidad

La empresa Doñana Comunicación se dedica según la información de la propia web del Ayuntamiento a ofrecer «servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de tv» y su objeto social es «la gestión de medios públicos del ayuntamiento de Almonte y la prestación de servicios de comunicación en general». Cuenta con un Consejo de Administración formado por 9 miembros entre consejeros, secretario y presidente (4 del PSOE, 3 del PP, 1 de IU y 1 de Podemos); en la empresa son un total de 8 trabajadores. En el organigrama del ayuntamiento se localiza dentro del apartado de «órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales», es decir, se sitúa en el mismo nivel que la «Empresa municipal para la inserción laboral del discapacitado» o la de «Servicios de Ayuda a Domicilio de Almonte»; sólo de la primera no se publica la relación de puestos de trabajo.

Plantilla de Doñana Comunicación

Texto íntegro de la nota difundida por los trabajadores

Nota de los trabajadores de Doñana Comunicación S.A.

  • Salvo periodos de tiempo concretos, los trabajadores de Doñana Comunicación hemos sufrido durante estos veinte años la incertidumbre a la hora de cobrar nuestras nóminas.
  • Esta situación ha regresado a propósito de las dos últimas nóminas y la paga extra de este año. Se nos ha informado por parte de los responsables económicos del Ayuntamiento que los números ‘son tozudos y que no hay dinero hasta 2018’.

¿Por qué reaccionamos de este modo a fecha 30 de noviembre?

En primer lugar, porque se nos ha planteado un escenario en el que la supervivencia misma del medio de comunicación queda comprometida, al ir acumulando cada vez más deudas.  A saber:

  • El presupuesto asignado a Doñana Comunicación  para este año y el que viene -200.000 euros- es inferior en 60.000 euros al que permite cubrir los gastos fijos de la empresa.
  • La única solución que se nos ofrece por el momento es que las nóminas se paguen con cargo al presupuesto del año que viene, pagaderas a partir de enero. Por lo tanto, padeceremos un periodo de dos meses sin percibir nuestro salario, y que coincidirá con las fiestas navideñas. Además, el año 2018 la empresa comenzará teniendo que abonar esas cantidades, agravándose su viabilidad económica en solo unos meses.
  • La situación de este final de año podría haber sido más grave si no fuera por los ingresos por publicidad, que han permitido el abono de las nóminas de octubre y otros pagos de la empresa.

A esto, hay que sumar la situación que padecen los trabajadores desde hace tiempo y hasta el día de hoy:

  • Atrasos acumulados por trabajadores de la empresa, con un coste superior a los 10.000 euros, y desde el año 2009. Al no haber partida para pagarlos, esta deuda se ha eternizado en el tiempo, pese a la disposición favorable expresada recientemente por el Consejo de Administración.
  • Las condiciones de precariedad que soportan los trabajadores. Sirvan como ejemplo, los medios materiales que emplean diariamente (cámaras en uso desde 1998), o la falta de un vehículo de empresa desde el año 2012, lo que les obliga a poner sus propios coches, pese a ser una herramienta fundamental en su labor.
  • La disposición de los trabajadores a no cobrar horas extras, pese a que el servicio prestado es de 24 horas los siete días de la semana festivos incluidos mediante guardias, aceptando en su lugar días libres.
  • La  no aplicación del convenio de los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte y sus organismos autónomos, entre los que se cuentan las empresas públicas, como es el caso de Doñana Comunicación. La falta de asignación presupuestaria impide la aplicación del convenio, pese al interés mostrado por todas las formaciones políticas en esta legislatura en dignificar las condiciones laborales de los trabajadores. Lamentamos en este sentido que se nos hay excluido por el momento de las reuniones sectoriales mantenidas con diferentes áreas municipales.

Los trabajadores de Doñana Comunicación somos conscientes y responsables a la hora de desempeñar nuestra labor de servicio público para con todas las entidades de Almonte y la comarca. Pero queremos de una vez por todas dignificar nuestra situación laboral, comenzando por el pago de nuestras nóminas a partir de este mes de noviembre, sin la preocupación de si cobraremos o no al término de cada mensualidad.»