Hacen falta más medios e invertir más dinero en Justicia en Almería. Es una de las conclusiones que pueden sacarse tras la segunda y última jornada del seminario Informar en Justicia, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en colaboración con el Colegio de Periodistas de Andalucía (CPPA), dentro del convenio entre ambas instituciones y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Los cinco jueces participantes han abordado los aspectos más importantes en materia de jurisdicción civil, social, contencioso administrativa, violencia de género y menores.

Así, Juan Rodríguez Ruiz-Rico ha explicado cómo funcionan las causas contencioso administrativas, tanto en su fórmula abreviada como en el procedimiento ordinario. En Almería, ahora mismo, hay tres juzgados para este tipo de asuntos, lo que a juicio de este juez de refuerzo territorial, no es suficiente, «ya que estamos bastante necesitados de más medios, tres juzgados es poco para todos los asuntos que se tramitan. 1.700 en lugar de los 600 asuntos que dice el Consejo General del Poder Judicial».

Procedimiento civil y laboral

Por su parte, Gonzalo Alcoba ha explicado el cambio en los procedimientos civiles, complejos de entender y de transmitir y que hasta ahora habían suscitado poco interés para la prensa. Algo que ha cambiado con la crisis, porque han entrado en juego numerosos litigios relacionados con los consumidores: «Hay un evidente desequilibrio entre grandes corporaciones y consumidores de a pie. Y el Tribunal de Justicia Europea lo ha asumido como propio, lo que nos obliga a buscar protección ante estos abusos diarios». Un cambio de criterio que se ha convertido en portada por culpa de las ejecuciones hipotecarias.

Para Alcoba, «la presencia del periodista en la Justicia no está bien abordada, ni resuelta, y eso que es elemento fundamental del Estado y la cultura democrática».

Por su parte, Óscar López, titular del Juzgado número dos de lo Social, ha analizado cómo surge y qué supone ahora el derecho laboral, «con casos llamativos, como la impugnación del ERE en la Radio Televisión Valenciana. Y es que el Derecho Laboral parece el hermano pobre, pero al final todo el mundo tiene un padre, amigo, hermana que tiene problemas laborales».

El derecho laboral, que también se rige por el principio de Justicia Rogada, tiende a favorecer al trabajador. Y el problema, nuevamente, es la falta de medios, ya que se están señalando juicios para el año 2018. «Hay una enorme carencia de medios -se explica el juez-; solo hay 4 juzgados. Es tristísimo el estado de la justicia. Porque una justicia sin rapidez no es justicia». Y eso a pesar de la enorme labor de los jueces, funcionarios y secretarios judiciales. En el caso laboral, se están celebrando 28 juicios a la semana, 14 cada uno de los dos días en que se celebran.

Luis Columna, juez decano, ha señalado que en el caso de lo social, en Almería «entran más de 1.300 asuntos judiciales al año . Hacen falta de 7 a 8 jueces de lo social». Para el juez decano de Almería, «hace falta un gran pacto de Estado para la Justicia».

Violencia de género y menores

Ignacio Angulo, magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia, ha abordado los matices especiales que tienen los delitos por violencia de género, que se diferencian de otros delitos penales por la inclusión en la Ley Integral «del concepto ‘de género’ del congreso de Pekín de la ONU. Sólo hay violencia de género cuando la víctima es una mujer y el agresor es un hombre con el que tiene una relación estable».

Angulo ha explicado la dificultad añadida que tiene establecer ese delito y tomar decisiones en este tipo de casos, «cuando muchas veces es la propia víctima la que no quiere seguir adelante. Por el sometimiento de la mujer, por miedo, por la dificultad de prueba. Incluso las declaraciones son muy complejas».

A juicio de Angulo, hay que mejorar todo el procedimiento, que supone que la víctima tenga que hacer la misma declaración ante la policía, el juez de guardia, el de instrucción, y el de violencia de género, lo que supone una segunda victimización de la mujer maltratada, porque, ha dicho, «tenemos un sistema inválido, se podría evitar con pruebas preconstituídas o que en las unidades de Policía se grabe la declaración y ya hacer un primer cribado. O que el fiscal pueda estar presente en la declaración».

Para Angulo, no hay una relación causa-efecto en el aumento de víctimas por aparecer noticias en los medios de comunicación. «Lo cierto es que hay más casos y más denuncias en vacaciones, cuando se convive».

La última intervención del seminario ha sido del juez decano Luis Columna, con una amplia experiencia como juez de menores que, precisamente ha abordado los aspectos más significativos de los procedimientos en que están implicados menores de 14 a 18 años, «y que siempre persiguen medidas en interés del menor»”. Columna ha destacado que antes la mayoría de delitos cometidos por menores eran hurtos, robos y delitos contra la propiedad. Pero desde el año 2000 han ido cambiando paulatinamente a delitos dentro del ámbito doméstico, por violencia hacia los padres.

La mayoría de los menores infractores proceden del ámbito urbano ya que «del 60% que viven en ciudades, provienen el 80% por ciento de delitos; mientras que del 40% que viven en el ámbito rural, sólo proceden el 20% delitos». Es muy complicado “además encontrar un hijo único que cometa delitos. Si en familias numerosas, donde normalmente es el tercero de los hijos. La gran mayoría no están escolarizados o son malos estudiantes».

En cuanto a las medidas a adoptar, Columna apuesta por la libertad vigilada, «que siempre conlleva que el menor tenga a su lado un educador a su disposición, que le enseña normas, a ir al colegio, hasta lavarse los dientes, cumplen muchas veces con una labor de padres», y ha ponderado el enorme trabajo que realizan educadores, psicólogos y demás profesionales con estos jóvenes infractores, porque los datos son claros: tan sólo un 10% de los menores infractores acaba cometiendo delitos una vez cumple los 18 años.

En el seminario han participado 56 personas entre periodistas y estudiantes del grado de Derecho y Trabajo Social de la Universidad de Almería. La acción formativa, primera de estas características en nuestra comunidad autónoma, se contempla dentro del convenio que tienen establecido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) y se llevará también a cabo en próximas fechas en otras demarcaciones territoriales colegiales (Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar). En Almería han colaborado la Demarcación Territorial del CPPA, la Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), la Universidad de Almería y el Decanato de los Jueces de Almería.