El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía exige al gobierno andaluz diálogo para abordar la reforma de la Ley Audiovisual de Andalucía tras haber tenido acceso al borrador del decreto-ley “de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía” aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes; un texto en el que, junto a otras normas, se incorporan, sin consulta alguna, modificaciones de gran calado tanto en la vigente Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía como en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
De manera concreta, el ejecutivo andaluz pretende eliminar de un plumazo elementos claves de la Ley Audiovisual con la que se pretendían garantizar un servicio público audiovisual de calidad para toda la ciudadanía, especialmente en el ámbito local, con la excusa de favorecer la actividad económica del sector y despejar las supuestas trabas burocráticas. Así, prevé eliminar “la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local del artículo 46.1 de la citada Ley”. Esta reforma, además de tener un difícil encaje en el artículo 210.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, permitirá a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público que ya no habrá de ser de gestión directa, para el que se les ha otorgado una concesión. Desde el Colegio Profesional de Periodistas entendemos que esta medida vendrá a precarizar aún más el sector al desentenderse la administración local de la observación de criterios básicos para la prestación del servicio como la profesionalización de los mismos, especialmente los contenidos informativos, y el cumplimiento de unas condiciones laborales mínimas. Sobre todo porque según justifica el propio gobierno en el texto, “de las 287 concesiones otorgadas a Ayuntamientos en Andalucía, aproximadamente la mitad no se mantienen vigentes. A su vez de estas 141, hay 87 que no las explotan, por lo que no prestan el servicio para el que fueron otorgadas, debido posiblemente a problemas de sostenibilidad económica”, lo que nos lleva a pensar en el empeoramiento de las condiciones en que vaya a prestar el servicio tanto en calidad como en condiciones de trabajo. Igualmente, las corporaciones locales evitarán el control de la administración al no tener que renovar la concesión y demostrar el cumplimiento de los requisitos de forma periódica con lo que podría darse el caso de mantener un servicio sin por ejemplo estar al corriente del pago de nóminas u otras obligaciones en materia de seguridad y empleo, circunstancias que incluso con explotaciones directas como las actuales se han producido en determinados municipios. Además, la reforma pretende que pueda ahora nuevamente contratar publicidad con emisoras “piratas” o sin licencia. Que un gobierno favorezca la economía irregular y el trabajo al margen de la norma no puede responder a ningún principio de flexibilidad de mercado y podría asemejarse a permitir que un centro sanitario o una farmacia operase sin la correspondiente autorización administrativa, generando además situaciones de competencia desleal entre quienes cumplen la ley y quienes no. Consideramos igualmente que, a falta de conocer el texto definitivo de la ley, el decreto podría ser contrario a derecho toda vez que incluso hay sentencias (SJCA 416/2019) que condenan la cesión íntegra de la gestión de una emisora municipal por entender que la “concesión del espectro radioelectrónico es un bien intransmisible que solo puede ser gestionado directamente”. En cualquier caso, esta medida hará mucho más difícil la lucha contra la ocupación del dominio público radioeléctrico y las emisiones ilegales.
Fin al proyecto del Estatuto de la Información
Siguiendo con las reformas, el Gobierno ni siquiera va a permitir la posibilidad de debatir sobre el Estatuto de la Información que la vigente Ley de Audiovisual recogía para su desarrollo en la disposición adicional cuarta y con el que se pretendía dotar a los profesionales de la información de un marco de garantías y seguridad adicionales a semejanza del Estatuto del artista para quien el Partido Popular sí consideró adecuada su regulación. Amparándose en una supuesta contradicción con las tendencias europeas y nacionales, sin mayores argumentos o datos que respalden este motivo, el proyecto cierra el camino a cualquier posibilidad de desarrollo de este Estatuto con el que se pretendía, entre otras cosas, describir la figura del “informador o informadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del informador” con la participación de los colegios profesionales representantes de tales sujetos. Una vez más se demuestra la falta de interés por dar independencia a los profesionales de la información frente a las numerosísimas injerencias que se producen en la actualidad y el permanente intrusismo que padece el sector, dejando libertad a quienes día a día amenazan el derecho a la información de la ciudadanía presionando y conculcando el ejercicio profesional del periodismo, vetando a periodistas, insultando y agrediendo de forma verbal a los y las informadores, y dejando en definitiva mayor margen a la censura y a la presión sobre los profesionales de la información.
Favorecer no es lo mismo que garantizar.
Continuando con los cambios que se pretenden introducir, el decreto ley pretende eliminar también la garantía de realización de los espacios informativos en los medios locales por profesionales de la información. El sutil cambio de la palabra “garantizar” por “favorecer” no hace sino contribuir a la desprofesionalización de un servicio público esencial para una comunidad como es el acceso a una información que cumpla con los criterios básicos del periodismo, fomentando nuevamente el intrusismo y dejando al albur de los intereses de cada corporación y su línea política de cada momento la gestión de un servicio básico para el desarrollo de una sociedad libre y democrática.
El pluralismo externo y la libre concurrencia se resienten.
Desde que la Ley de la televisión privada quedó derogada en 2010, la normativa estatal no establece limitaciones a la participación en el capital social de los prestadores locales de radio y televisión, dejando abierta de algún modo la posibilidad de que una sola persona posea todas las licencias de televisión en Andalucía. Este vacío normativo, además de no garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una comunicación audiovisual plural y de favorecer situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante, entre otras cosas empobrece la información, obstaculiza el fomento del sector audiovisual y la promoción de las singularidades y tradiciones locales.
Amparándose en este vacío normativo, el decreto-ley modifica algunas funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía en lo que respecta a la emisión de informes preceptivos. Consideramos que desregular e ir vaciando paulatinamente de contenido las competencias de esta institución de autogobierno no es la manera de garantizar el pluralismo externo y la libre concurrencia. La fórmula debería ser precisamente la contraria: dotar de mayores competencias a un organismo regulador independiente que vele por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad.
El Colegio de Periodista de Andalucía, a la espera de conocer el texto definitivo, confía en que el Ejecutivo dé marcha atrás en estas pretensiones que lejos de favorecer al sector lo debilita y precariza aún más y queda a disposición de los impulsores para facilitar cambios que conduzcan al incremento de la calidad de la información y el refuerzo de los servicios públicos de comunicación audiovisual en Andalucía.
