La Red de Colegios Profesionales de Periodistas defiende la labor de los periodistas durante la campaña electoral

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La Red de Colegios Profesionales Periodistas muestra su total apoyo a los periodistas y medios de comunicación que están cubriendo la campaña electoral y recuerda la importancia que tiene para cualquier sociedad democrática la existencia de la libertad de prensa, que garantice el derecho a la información que tiene la ciudadanía. 

La importante labor informativa de los periodistas cobra aún más relevancia en periodos electorales, ya que son los encargados de informar a los ciudadanos de todo lo que acontece durante este proceso y hacer públicas todas las informaciones relacionadas con los partidos políticos que concurren a la cita electoral. Por esta razón, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas destaca que los posibles futuros representantes públicos deberían dar ejemplo y favorecer la pluralidad informativa para así garantizar los valores sobre los que se debe sustentar cualquier sociedad democrática, ya que atacar la labor profesional desempeñada por los periodistas
supone un menosprecio al derecho a la información. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con cada uno de los vetos que está llevando a cabo VOX a aquellos periodistas que según su criterio les perjudican con sus informaciones, obviando que la única limitación que debe tener un periodista es el respeto al código deontológico de la profesión.

Asimismo, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas rechaza el anuncio de cierre de medios de comunicación si Vox llega al poder, ya que este tipo de amenazas lo único que demuestran es un interés en reducir la pluralidad informativa que siempre debe existir en una democracia.

Red de Colegios Profesionales de Periodistas

La Red de Colegios Profesionales de Periodistas se constituyó el 14 de junio de 2018 y está formada por los nueve Colegios Profesionales de Periodistas que actualmente existen en España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco).

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide a la Junta de Andalucía que no contrate publicidad con medios que precarizan la profesión

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La dirección general de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha vuelto a licitar el “gran” contrato de publicidad institucional que servirá para dar cobertura a la planificación de medios y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión y ejecución de dichos planes, por un período de dos años.

Revisado el contenido de la documentación publicada en la plataforma, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) se ha observado la incorporación de cláusulas medioambientales, -permiten garantizar los criterios recogidos en la Guía que ha de regir toda la contratación pública-; la referencia al compromiso adoptado por el anterior Gobierno de no insertar publicidad institucional en soportes que publiquen anuncios de contactos; o la advertencia de que “en modo alguno se podrán contratar espacios para publicidad institucional en soportes regionales, o en emisoras locales/comarcales de esos soportes, que no cuenten con el preceptivo título administrativo habilitante para emitir”.

Sin embargo, no se tiene en cuenta, tal y como viene solicitando el CPPA, la petición de que en la contratación de espacios publicitarios se observen también cláusulas sociales y de empleo. Algo que permitiría, por ejemplo, valorar desde el cumplimiento de la normativa básica laboral hasta medidas de conciliación o igualdad en dichos medios.

Como persona responsable del contrato, figura el Jefe del Gabinete de Comunicación Institucional y firma la licitación, el titular de la dirección general, Juan de Dios Mellado. Justamente a Mellado fue a quien el Colegio Profesional de Periodistas, solicitó en la reunión mantenida a principios de este mes de abril, que introdujera en el pliego de prescripciones técnicas algunas cláusulas que permitieran garantizar que los medios contratados para inserciones publicitarias no precarizaban el empleo de los profesionales de la información, contribuyendo así a asegurar unas condiciones mínimas de calidad en el empleo en un sector muy castigado por la crisis.

En opinión del Colegio de Periodistas, esto contribuiría a mejorar la situación de los profesionales del sector de los medios y promovería la calidad de los empleos. Por este motivo, reiteran al gobierno de la Junta de Andalucía su petición de no contribuir a la precarización laboral del periodismo contratando publicidad con empresas que no respetan unas condiciones laborales mínimas sino que más bien se caracterizan por continuos recortes de plantilla, bajada de sueldos, horarios que impiden la conciliación laboral familiar y personal, ausencia de representación sindical, retrasos en el pago de las nóminas o contratos en categorías laborales inferiores a las correspondientes a las funciones o labores realizadas por los profesionales. Desde el CPPA advierten a la Junta de Andalucía de que esta situación es el día a día de cientos de trabajadores y trabajadoras de los medios en Andalucía y que esa precariedad afecta directamente a la calidad de la información que recibe la ciudadanía. Por tanto, al objeto de no convertirse en cómplices de la precariedad laboral del periodismo y la desinformación de la ciudadanía, el CPPA solicita a la Junta una rectificación del documento y la atención a las solicitudes expuestas en reiteradas ocasiones.

Información transparente sobre publicidad institucional

Y es que ya en la pasada legislatura, el Colegio trasladó la misma petición al Gobierno y para comprobar los efectos que pudieran tener las acciones de publicidad sobre los medios, solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre cuáles habían resultado perceptores de dichos contratos publicitarios ya que esta información no se publica. Después de varios meses de tramitación y tras presentar recurso ante el Consejo de Transparencia, la dirección general de Comunicación facilitó al Colegio el listado de los medios que habían percibido ingresos por publicidad institucional, si bien el Consejo no estimó la petición de conocer las cuantías que recibió cada uno. Y todo ello, con el objetivo de comparar si los medios que precarizaban el empleo de los periodistas habían sido destinatarios de esos contratos.

Amparados en la resolución del Consejo de Transparencia, que concede el derecho a esta Corporación a conocer los medios que perciben ingresos publicitarios, el Colegio vuelve a pedir que desde la dirección general de Comunicación Social se contemplen estas medidas dado que, con carácter previo a la compra de espacios, los planes de medios propuestos por la agencia que resulte ganadora del concurso para la gestión de la publicidad institucional, han de ser validados por el responsable del contrato. Al mismo tiempo, reclama que se publiquen qué medios son los que reciben publicidad y el importe que en cada caso reciben.

Un millón de euros más para medios digitales

El contrato realizado por el anterior equipo de gobierno extiende su duración hasta el próximo 3 de mayo de 2019, de ahí que el nuevo director general haya iniciado los trámites para la nueva contratación, que incorpora un incremento de un millón de euros en el Lote 1, dedicado a prensa, impresa y digital. El Lote 2, destinado a publicidad en radio y televisión, mantiene la cuantía de 2 millones de euros. La diferencia, según la memoria justificativa que consta en el expediente, se debe a que es el digital “un sector muy dinámico y cuyo mercado ha sufrido un significativo crecimiento con la aparición de nuevas cabeceras”.

Al respecto, la decana informó al director general que el Registro de Medios Digitales de Andalucía, ROMDA, desarrollado por el Colegio, sería un instrumento magnífico para ayudar a la administración a seleccionar los medios digitales que cumplen los requisitos de empleo, deontología periodística, calidad informativa y cumplimiento de los criterios de la Sociedad de la Información, por lo que invitó a que la administración lo utilice de referencia a la hora de contratar publicidad institucional, como garantía para la ciudadanía.

Desde que tomó posesión, la actual Junta de Gobierno del CPPA solicita ante las instituciones públicas medidas para evitar la precarización del sector periodístico, promover el empleo y la estabilidad laboral. En ese sentido, han solicitado a las administraciones su adhesión a lo que han llamado “moción contra la precariedad”, en la que se solicita a las administraciones que se tomen medidas para garantizar que las personas que trabajan en medios que reciben publicidad institucional lo hacen en unas condiciones dignas de empleo. Por el momento, solo el Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) ha tratado el asunto en su pleno.  

El Colegio de Periodistas traslada a los grupos parlamentarios sus demandas para la mejora de las condiciones sociolaborales de los profesionales

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El Colegio de Periodistas de Andalucía ha iniciado la ronda de contactos con los distintos grupos del Parlamento de Andalucía para trasladarles los objetivos de cara a esta recién estrenada legislatura, tras haberlos dado a conocer en la Asamblea ordinaria y en la reunión de demarcaciones provinciales celebrada a finales de marzo. Por el momento, la decana, Eva Navarrete, acompañada del secretario general, José Barrera, se ha reunido con Nacho Molina, de Adelante Andalucía, que será el responsable por este grupo de los asuntos relacionados con el sector en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e Interior; y más recientemente ha mantenido un encuentro con Francisco Conejo, del grupo socialista, que asume también las competencias en la misma Comisión, quedando  en la agenda Ciudadanos, el Grupo Popular y VOX.

Imagen del encuentro organizado por el CPPA en 2018 previo a las elecciones andaluzas, con Nacho Molina, Toni Martin, Paco Conejo y Pau Cambronero.

El objetivo fundamental de estos encuentros es exponer las principales demandas que se plantean desde el Colegio, con la única finalidad de mejorar las condiciones sociolaborales de los periodistas y profesionales de la comunicación. El documento recoge un total de 18 medidas enfocadas hacia actuaciones de iniciativa pública y privada. Entre el primer grupo, aquellas relacionadas con el Compromiso público por el Empleo y la Profesión Periodística; las cláusulas sociales, medioambientales y de empleo en la contratación pública de publicidad institucional o servicios de comunicación; la referencia al Registro de Medios Digitales (ROMDA); la participación institucional; el ámbito educativo y de formación y el apoyo a la Ley de Creación del Consejo General de Colegios Profesionales de Periodistas que se ha de impulsar y aprobar a nivel estatal. En lo que respecto al ámbito privado, el Colegio demanda el impulso de programas específicos de apoyo al emprendimiento en el sector privado de la comunicación; la creación de un epígrafe de actividad específico en el IAE para profesionales de la información y la comunicación; definir un nuevo y específico código de ocupaciones por parte de los servicios públicos de empleo, para identificar las que corresponden más claramente con las actividades para las que capacitan las titulaciones universitarias propias; o velar por el cumplimiento de la normativa sobre contratación, con especial atención sobre la figura del falso autónomo, los abusos de contratos de formación, auxiliares de redacción y prácticas.

Reunión con el director general de Comunicación Social

También esta misma semana, en la ronda de reuniones institucionales, Navarrete y Barrera han tenido una primera toma de contacto con Juan de Dios Mellado, el director general de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, responsable ahora de asuntos tan relevantes como impulsar el desarrollo de la Ley del Audiovisual y su reglamento, la gestión de las licencias de TDT o la planificación de la publicidad institucional, entre otras. En la reunión mantenida este miércoles en San Telmo, Navarrete ha trasladado el interés del Colegio por los efectos de la inversión publicitaria de la administración sobre el sector, especialmente por cuanto refiere a la incorporación de cláusulas en las licitaciones públicas para que sean consecuentes con la Guía en la que se recogen las cláusulas obligatorias y las recomendaciones en materia de contratación pública; en este sentido, y para el caso de los medios digitales, le ha invitado a poner en valor el ROMDA (Registro de Medios Digitales de Andalucía), como instrumento de apoyo para la adjudicación de contratos, como ya ha hecho por ejemplo el Ayuntamiento de Granada.

También se abordó la situación de los profesionales en el sector público y la creación de puestos de trabajo específicos, una cuestión que compete directamente al nuevo director de la Oficina de Comunicación, Sebastián Torres, con quien se ha solicitado también reunión. 

[Descarga el documento completo de las medidas].

 

El CPPA modifica las bases del Romda para incluir categorías de Sello según los empleos generados por los medios digitales

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Miembros del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) aprobaron en su última asamblea, celebrada en Vejer (Cádiz), el 23 de marzo de 2019, una modificación de las bases del Romda (Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía), gestionado por el propio CPPA.  El documento modificado, cuyo borrador se puso a disposición de la colegiatura de forma previa a la asamblea, para incorporar sus sugerencias,  supone el desarrollo de determinados procedimientos implícios en la socilitud de inscripción, así como la concreción de documentos y otras mejoras propuestas por la Comisión Romda a la Junta de Gobierno, a partir del trabajo realizado en este primer año de vida del Registro. 

Entre las principales novedades aprobadas, se encuentra el reconocimiento de los medios digitales inscritos según tres categorías, en función del número de empleos generados por la cabecera digital. Así, los medios digitales con plantillas compuestas por a partir de 11 personas pertenencientes, la mayoría, a puestos de redacción, serán reconocidos con la categoría A del Sello ROMDA. Los medios con entre 4 y 10 personas empleadas recibirán la categoría B. Mientras que los medios gestionados por de 1 a 3 personas recibirán la categoria C. De esta forma, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía pretende distinguir la promoción del empleo en un sector fuertemente castigado por la crisis y con el convencimiento de que las plantilllas de trabajo sólidas y en condiciones de estabilidad tienen la capacidad de generar mejores contenidos periodísticos. 

En cuanto a los procedimientos de inscripción, las nuevas bases recogen dos tipos de solicitud de acceso: la vía normal y la urgente. La vía normal supone resolver el expediente en el plazo máximo de tres meses. La vía urgente supone emitir resolución en el plazo máximo de un mes. 

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó las bases del ROMDA en la asamblea de 2017. La herramienta fue presentada durante la asamblea de 2018 en Alcalá La Real (Jaén).

El Colegio de Periodistas facilita las gestiones a las personas colegiadas y a la ciudadanía a través de su Ventanilla Única

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El pasado 23 de marzo, en el marco de la Asamblea General ordinaria del Colegio celebrada en Vejer de la Frontera (Cádiz), se presentó su ventanilla única, una herramienta mediante la cual tanto las personas colegiadas como la ciudadanía en general podrán dirigirse a la corporación para acceder a los servicios colegiales o formalizar cualquiera de los procedimientos recogidos en su Carta de Servicios.

Como recordó la decana, Eva Navarrete, durante su presentación, «contar con la ventanilla única es una de las funciones que los Estatutos del Colegio le asignan a la institución y en su desarrollo hemos trabajado a lo largo de estos últimos seis meses, con el objetivo de agilizar y facilitar las gestiones que los colegiados y colegiadas pueden realizar de cara a sus relaciones con la organización». Concretamente, el artículo 8 de los Estatutos prevé, en relación con la finalidad de ordenación, orientación y vigilancia del ejercicio profesional disponer de «herramientas telemáticas y recursos en red para informar, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio«; y por su parte, la Carta de Servicios lo recoge también en su apartado número 8 como compromiso de calidad.

De este modo, a través de la ventanilla única, las personas colegiadas pueden solicitar el alta o la baja en la colegiación; solicitar o renovar el carné de colegiado; presentar un recurso de amparo o solicitar asistencia jurídica.

Relaciones con la ciudadanía y personas consumidoras

Por otra parte, la Ventanilla Única recoge también los procedimientos y gestiones entre la ciudadanía en general y el Colegio. Así, y en base a lo previsto los Estatutos, a través de la Ventanilla Única el Colegio ofrece a la ciudadanía el “acceso al registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado». Por el momento, se puede comprobar introduciendo nombre y apellidos de la persona si esta está colegiada en el CPPA y, en breve,  se podrá conocer la titulación o el domicilio profesional, todo ello de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos. De este modo, se ofrecen garantías sobre la condición de colegiado o colegiada que pueda ostentar un profesional.

En este sentido, cualquier ciudadano podrá presentar una queja ante la Comisión de Deontología y Garantías, si considera que se ha vulnerado el código deontológico o realizado alguna mala praxis por parte de algún profesional y que esto le ha perjudicado; al mismo tiempo, las personas titulares de un medio digital podrá solicitar la inscripción en el Registro de Medios Digitales, ROMDA y por último, cualquier ciudadano o ciudadana o la propia administración podrá acceder a la información de transparencia.

Con esta herramienta, el Colegio facilita el acceso a los servicios que presta y las relaciones con sus miembros, pero también acerca a la ciudadanía y a los consumidores las gestiones que en el desempeño de sus funciones le competen, como representantes de la profesión y garantes del derecho a la información.