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La alcadía de Almonte se compromete a buscar una solución al pago de las nóminas de los trabajadores de Doñana Comunicación

Tras la denuncia pública por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación de la situación de impago de nóminas por parte del Ayuntamiento de Almonte y la falta de presupuesto para garantizar su actividad en 2018, la corporación se ha comprometido a buscar una solución al primero y más acuciante de los problemas: abonar los salarios correspondientes a los dos últimos meses de este año y la extra de Navidad.

Esto ha sucedido tras la intervención en el Pleno de ayer de dos de los ocho miembros de la actual plantilla de la empresa municipal que han forzado un debate, en el turno de palabra del público asistente, entre la alcaldesa, el presidente del Consejo de Administración de la empresa y demás concejales que, por alusiones, han intervenido.

Al término del Pleno, la corporación ha dado luz verde a iniciar los trámites para la suscripción de una póliza de crédito que haría posible la regularización de los salarios, si bien esto no garantiza los problemas a los que se volverán a enfrentar los empleados de mantenerse la consignación de un presupuesto que, según denuncia la plantilla, hacen inviable el desarrollo del proyecto en 2018.

El Colegio de Periodistas de Andalucía ha respaldado estas actuaciones y va a reclamar al ayuntamiento que resuelva esta situación de incertidumbre de cara al próximo ejercicio y considere que el mantenimiento de este servicio público y su calidad está directamente ligado al aseguramiento de unas condiciones dignas para los empleados, cuyos salarios máximos no superan los 1200 euros y algunos se sitúan por debajo de los mil euros.

En el texto leído ayer por el portavoz de la plantilla durante el Pleno, se habla de unas condiciones de “austeridad” que han asumido en los últimos tiempos por el compromiso con los vecinos y vecinas de la zona que son, en definitiva, quienes a través de sus impuestos sostienen la empresa. Además, recuerdan cómo por esa vocación de servicio y compromiso, contribuyeron a “tranquilizar a una ciudadanía angustiada y que corría hacia la playa o la carretera” durante el fin de semana en que ardió una área próxima al Parque Nacional de Doñana, el último fin de semana de junio. “Trabajamos por pura vocación y sin percibir ni una sola hora extra”, han recordado.

Esta situación se da con más frecuencia de la que se conoce en muchos municipios andaluces que han considerado la necesidad de contar con medios de comunicación propios, de ámbito local o comarcal, poniendo de relieve el valor de los medios de proximidad, radio y televisión fundamentalmente. Este lunes muchos de ellos recibirán la distinción que desde hace cuatro años otorga la Junta de Andalucía en reconocimiento justamente al servicio que prestan estas entidades, la mayoría de ellas de titularidad pública municipal. Desde el Colegio hacemos un llamamiento a esos responsables públicos para que mantengan el compromiso con la ciudadanía pero también las condiciones mínimas para los trabajadores, periodistas y demás profesionales, que día a día informan, forman y entretienen a la sociedad, en cada localidad andaluza.

Acceso al vídeo de la sesión del Pleno celebrado el lunes 4 de diciembre y publicado por Doñana Comunicación.

El Colegio de Periodistas de Andalucía pide al Gobierno de Almonte que garantice la estabilidad y pague las nóminas a los trabajadores de Doñana Comunicación

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Doñana Comunicación llevan años sufriendo los vaivenes de la gestión que el Ayuntamiento de Almonte realiza sobre la empresa Doñana Comunicación. En estos días, los profesionales que trabajan en esta empresa prestadora de servicios públicos de comunicación a Almonte (Huelva) y la comarca, como responsables de la televisión municipal, han denunciado las lamentables circunstancias que han soportado durante años y el futuro grave que se les presenta con un recorte en los presupuestos para 2018 que harían inviable la actividad al no cubrir los costes fijos para la prestación del servicio. De hecho, se les ha anunciado que no hay presupuesto para afrontar las nóminas de noviembre, diciembre y la paga extraordinaria de 2017.

Los trabajadores ha hecho públicas sus reclamaciones a través de un comunicado y un vídeo explicando la gravedad de la situación y la insostenibilidad del proyecto que el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa. Los profesionales incluso se han prestado a revisar el proyecto para adecuarlo y que este sea rentable, aplicando los conocimientos y los criterios expertos de quienes tienen sin duda más experiencia en hacer televisión que una persona cuya actividad está muy alejada de esta profesión.

Desde el Colegio se va a pedir explicaciones al equipo municipal, liderado por la alcaldesa de la localidad onubense de Almonte, Rocío Espinosa, del grupo socialista. La labor que realizan los profesionales de la televisión municipal es un servicio público indispensable para la comunidad y viene siendo reconocido por la propia Junta de Andalucía que premia desde hace cuatro años la comunicación local o de proximidad que se hace en la Comunidad. La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha recordado que el Gobierno socialista se ha comprometido a exigir el cumplimiento de unas cláusulas sociales a los terceros con los que contrata, referentes, entre otros temas, al respeto a los derechos laborales de los trabajadores, salarios y condiciones dignas y por tanto “deben ser primero las administraciones quienes cumplan con estos principios que exigen a empresas privadas”. Un derecho básico e indiscutible es el de cobrar por el trabajo prestado y recuerda que “el impago o el retraso de las nóminas a los trabajadores es además una infracción muy grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social” pudiendo derivarse en caso de denuncia ante la Inspección de Trabajo multas de hasta más de ciento ochenta mil euros en su grado máximo.

La información es un derecho fundamental de la ciudadanía y para poder garantizarlo, las administraciones han de procurar que los profesionales que lo prestan gocen de una condiciones laborales y de estabilidad en el empleo suficientes como para no ver condicionada esta prestación o que esta pierda calidad.

Doñana Comunicación SA, un servicio público esencial para la comunidad

La empresa Doñana Comunicación se dedica según la información de la propia web del Ayuntamiento a ofrecer “servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de tv” y su objeto social es “la gestión de medios públicos del ayuntamiento de Almonte y la prestación de servicios de comunicación en general”. Cuenta con un Consejo de Administración formado por 9 miembros entre consejeros, secretario y presidente (4 del PSOE, 3 del PP, 1 de IU y 1 de Podemos); en la empresa son un total de 8 trabajadores. En el organigrama del ayuntamiento se localiza dentro del apartado de “órganos descentralizados, entes instrumentales y sociedades municipales”, es decir, se sitúa en el mismo nivel que la “Empresa municipal para la inserción laboral del discapacitado” o la de “Servicios de Ayuda a Domicilio de Almonte”; sólo de la primera no se publica la relación de puestos de trabajo.

Plantilla de Doñana Comunicación

Texto íntegro de la nota difundida por los trabajadores

Nota de los trabajadores de Doñana Comunicación S.A.

  • Salvo periodos de tiempo concretos, los trabajadores de Doñana Comunicación hemos sufrido durante estos veinte años la incertidumbre a la hora de cobrar nuestras nóminas.
  • Esta situación ha regresado a propósito de las dos últimas nóminas y la paga extra de este año. Se nos ha informado por parte de los responsables económicos del Ayuntamiento que los números ‘son tozudos y que no hay dinero hasta 2018’.

¿Por qué reaccionamos de este modo a fecha 30 de noviembre?

En primer lugar, porque se nos ha planteado un escenario en el que la supervivencia misma del medio de comunicación queda comprometida, al ir acumulando cada vez más deudas.  A saber:

  • El presupuesto asignado a Doñana Comunicación  para este año y el que viene -200.000 euros- es inferior en 60.000 euros al que permite cubrir los gastos fijos de la empresa.
  • La única solución que se nos ofrece por el momento es que las nóminas se paguen con cargo al presupuesto del año que viene, pagaderas a partir de enero. Por lo tanto, padeceremos un periodo de dos meses sin percibir nuestro salario, y que coincidirá con las fiestas navideñas. Además, el año 2018 la empresa comenzará teniendo que abonar esas cantidades, agravándose su viabilidad económica en solo unos meses.
  • La situación de este final de año podría haber sido más grave si no fuera por los ingresos por publicidad, que han permitido el abono de las nóminas de octubre y otros pagos de la empresa.

A esto, hay que sumar la situación que padecen los trabajadores desde hace tiempo y hasta el día de hoy:

  • Atrasos acumulados por trabajadores de la empresa, con un coste superior a los 10.000 euros, y desde el año 2009. Al no haber partida para pagarlos, esta deuda se ha eternizado en el tiempo, pese a la disposición favorable expresada recientemente por el Consejo de Administración.
  • Las condiciones de precariedad que soportan los trabajadores. Sirvan como ejemplo, los medios materiales que emplean diariamente (cámaras en uso desde 1998), o la falta de un vehículo de empresa desde el año 2012, lo que les obliga a poner sus propios coches, pese a ser una herramienta fundamental en su labor.
  • La disposición de los trabajadores a no cobrar horas extras, pese a que el servicio prestado es de 24 horas los siete días de la semana festivos incluidos mediante guardias, aceptando en su lugar días libres.
  • La  no aplicación del convenio de los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte y sus organismos autónomos, entre los que se cuentan las empresas públicas, como es el caso de Doñana Comunicación. La falta de asignación presupuestaria impide la aplicación del convenio, pese al interés mostrado por todas las formaciones políticas en esta legislatura en dignificar las condiciones laborales de los trabajadores. Lamentamos en este sentido que se nos hay excluido por el momento de las reuniones sectoriales mantenidas con diferentes áreas municipales.

Los trabajadores de Doñana Comunicación somos conscientes y responsables a la hora de desempeñar nuestra labor de servicio público para con todas las entidades de Almonte y la comarca. Pero queremos de una vez por todas dignificar nuestra situación laboral, comenzando por el pago de nuestras nóminas a partir de este mes de noviembre, sin la preocupación de si cobraremos o no al término de cada mensualidad.”

El ayuntamiento de Granada se compromete con la estabilidad laboral de los periodistas

A petición del colectivo de trabajadores de los medios de comunicación de Granada y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad una declaración institucional relativa al cumplimiento de cláusulas sociales que garanticen la estabilidad laboral en los medios de comunicación.

En el pleno ordinario celebrado esta mañana, el consistorio de la capital se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Así mismo, como recoge la declaración institucional, el Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios y del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores.

Este es el texto completo de la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Granada esta mañana:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El periodismo es la forma en la que llega a nuestro entorno todo tipo de información, con el análisis de las noticias y crónicas que forman parte del día a día; con el relato de sucesos que ocurren tanto en nuestro ámbito más cercano como en cualquier parte del mundo. De media en España, cada ciudadano y ciudadana dedican 223 minutos al día a contemplar programas de televisión; entre ellos, los espacios informativos de la jornada se sitúan entre los 5 primeros de los más vistos.

La prensa reúne a cerca de diez millones y medio de personas a diario, según datos recabados por la Encuesta General de Medios (EGM). Certifica además que el 60% de la población sintoniza, en algún momento del día, una emisora de radio.

A pesar de los avances de las redes sociales en este campo, Facebook tiene menos cuentas en España que oyentes la radio. Las ediciones digitales de diarios superan al conjunto de entradas y visualizaciones en Twitter en nuestro país. La sociedad consume con avidez medios de comunicación porque le aportan un valor fundamental a cualquier democracia que se precie: la información. Y detrás de este contenido, existe el trabajo muy denodado de miles de trabajadores.

Para los periodistas, en los últimos años, la situación profesional se ha tornado más difícil. La creciente ‘autonomización’; la dificultad de acceso a un primer empleo para los más jóvenes; el aumento de becarios mal pagados, la caída de 17% del salario base medio de los periodistas o la desaparición de algunos medios, -según el informe de la federación de asociaciones de la Prensa-, son los principales factores de esta lamentable situación.

Es por ello, que desde el Ayuntamiento de Granada queremos hacernos eco de esta problemática para un colectivo de personas que es esencial en la búsqueda de una mejor calidad democrática para un país.

En los últimos años, se ha tomado conciencia, -y este Ayuntamiento es ahora ejemplo de ello-, que los contratos públicos no sólo constituyen exclusivamente un medio de abastecerse en condiciones más ventajosas sino que, en la actualidad, a través de la contratación pública, los poderes públicos pueden realizar una intervención en la vida económica, social y política del país. Los criterios sociales, laborales y medioambientales vienen admitidos y fomentados por muchas instituciones, entendiendo que lejos de restringir o limitar la libre competencia, suponen una excelente regulación de la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Granada que adopte los siguientes ACUERDOS:

Primero.- El Ayuntamiento de Granada se compromete a exigir a los responsables de las empresas de medios de comunicación el cumplimiento de cláusulas sociales que protejan los derechos de los trabajadores y garanticen una mejora de su estabilidad laboral en aquellas relaciones económicas que éste establezca.

Segundo.- El Ayuntamiento comprende y acoge la preocupación y reivindicación del colectivo de trabajadores de los medios e insta seriamente a los responsables de estas empresas de comunicación para que protejan los derechos de esos trabajadores. Sin periodistas no hay periodismo.

El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que actúe ante los despidos en las cabeceras de Joly

El órgano colegial trasladará la situación a la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía para que revise los contratos de publicidad en relación a los medios que han despedido profesionales desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Gobierno.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía expresa su más rotundo rechazo a los despidos planteados esta semana por el Grupo Joly y que afectarán a una veintena de personas en diversos puntos de la comunidad autónoma. Según la información que ha podido recabar la organización colegial, los últimos despidos afectan a empleados y empleadas de las provincias de Cádiz (Campo de Gibraltar) y Córdoba; en su mayoría periodistas pero también personal de las áreas comerciales, de administración y otras categorías profesionales. Este verano, la misma empresa ya anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Los últimos que hemos conocido, no hacen sino sumar a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando el grupo en los últimos años.

Para el Colegio de Periodistas de Andalucía, está claro que esta empresa está “desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos”, aunque el caso que hoy nos ocupa no es el único. El goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación es incesante desde que comenzó la crisis económica. “Informamos sobre manifestaciones laborales a diario, mientras las nuestras no ocupan ni una línea en ningún periódico”. Por ese motivo, la organización profesional cree que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una “campaña de vigilancia” para “evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces”.

“Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas -continúa el CPPA-; hablamos de empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios”. En 2017, la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía ha adjudicado dos contratos para “Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación” de esta Consejería, por valor de más de tres millones de euros (3.305.785,12 €) de los cuales, es probable, que parte se invierta en empresas del Grupo Joly u otras que durante este ejercicio hayan llevado a cabo despidos o reestructuraciones de plantilla. Por ello, reclama el Colegio, “las administraciones no pueden seguir indiferentes ante el despido de miles de personas” y recuerda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2016, y que se resume en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía“.

En esta Guía, se hace referencia expresa a criterios destinados a garantizar la estabilidad laboral en los contrataciones de las empresas adjudicatarias de ayudas, subvenciones o contratos por parte de la Junta de Andalucía, al respeto a los derechos de los trabajadores o a que las empresas con plantilla superior a los 250 empleados cuenten con plan de igualdad. En marzo de este año, se ha constituido la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

El CPPA pondrá el asunto en conocimiento de esta Comisión para que “estén vigilantes con  estas situaciones de manera que se tomen las medidas más adecuadas y destinadas a garantizar una mayor estabilidad en el sector”  explica el Colegio de Periodistas. Al mismo tiempo, expresa su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por estos despidos y expresa su disposición a los colegiados y colegiadas para apoyarles en cuanto precisen.

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar también se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores afectados en el territorio, a  través de un comunicado.

La consejera de Educación confirma que los periodistas docentes podrán seguir dando clases de Lenguas en Andalucía

Tal y como se comprometieron con la decana del Colegio, Eva B. Navarrete, la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle ha confirmado de manera tajante en la Comisión de Educación del pasado 17 de mayo que “los profesionales que vienen ejerciendo en Andalucía desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor de la normativa estatal seguirán haciéndolo porque están amparados jurídicamente”, en referencia a los periodistas que imparten clase de Lenguas en centros concertados y privados de Andalucía. Así de contundente respondió la consejera a la pregunta que le formuló la portavoz y parlamentaria Marta Escrivá sobre la situación de inseguridad laboral en que se encuentran estos profesionales tras la reforma de las atribuciones docentes.

El amparo jurídico en el que se basa la consejera es la Directiva 2005/36/CE que en su artículo 4 establece que “la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares”. En 2013, el propio Ministerio de Educación habilitó a una titulada en periodismo para impartir clases de Lenguas en la Unión Europea, precedente que permite a los ya trabajadores seguir ejerciendo su docencia.

De la Calle indicó, igualmente, que “siguen trabajando sin descanso para avanzar en el desbloqueo de la situación”, aseverando que va a continuar “instando al Gobierno de la nación a que rectifique esta normativa básica cuanto antes”, uniéndose a la petición en la que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace meses y que ha sido apoyado por todos los Colegios de Periodistas de España y la FAPE.

En este sentido, el Ministerio de Educación ha respondido al Colegio de Periodistas de Andalucía, que las consideraciones y el argumentario facilitado por esta institución, “serán estudiadas con detenimiento de cara a una eventual modificación del ordenamiento educativo vigente”, toda vez, se entiende, que la vigente ley de educación, la LOMCE, está en vías de reformarse nuevamente. Por su parte, el Defensor del Pueblo, concretamente la adjunta segunda Concepció Ferrer i Casals, ha indicado esta misma semana a la plataforma de periodistas afectados que no actuará por el momento ya que “recientemente se habría llegado a un acuerdo en una reunión mantenida entre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y representantes de la Plataforma de periodistas afectados –profesores titulados en Periodismo, de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas Extranjeras en centros de enseñanza concertados y privados de Andalucía- con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a fin de dar continuidad a la actividad de estos docentes”.

Y ello, continúa el Defensor del Pueblo, “conforme al anuncio del Gobierno de la nación de modificar en breve el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio” acuerdo pendiente de su plasmación escrita, “que contempla la actuación de la Inspección Central de la Consejería de Educación, caso por caso, para la continuidad de los docentes despedidos, una vez se reciba una comunicación del Ministerio en el sentido indicado”.

El Colegio de Andalucía junto con la FAPE han solicitado también un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, CRUE, a fin de avanzar en la solución definitiva de esta situación, dado que se da la paradoja de que las facultades continúan ofreciendo  a los periodistas el MAES, máster preceptivo para impartir docencia, con la especialidad de lenguas a los periodistas como una oportunidad de empleo que, con la actual legislación, no sería posible en centros privados y/o concertados.

Intervención de la Consejera de Educación en la Comisión. Texto en pdf y video de la comparencia.