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El Colegio de Periodistas de Andalucía reclama a la Junta que actúe ante los despidos en las cabeceras de Joly

El órgano colegial trasladará la situación a la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía para que revise los contratos de publicidad en relación a los medios que han despedido profesionales desde la aprobación del acuerdo de Consejo de Gobierno.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía expresa su más rotundo rechazo a los despidos planteados esta semana por el Grupo Joly y que afectarán a una veintena de personas en diversos puntos de la comunidad autónoma. Según la información que ha podido recabar la organización colegial, los últimos despidos afectan a empleados y empleadas de las provincias de Cádiz (Campo de Gibraltar) y Córdoba; en su mayoría periodistas pero también personal de las áreas comerciales, de administración y otras categorías profesionales. Este verano, la misma empresa ya anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Los últimos que hemos conocido, no hacen sino sumar a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando el grupo en los últimos años.

Para el Colegio de Periodistas de Andalucía, está claro que esta empresa está “desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos”, aunque el caso que hoy nos ocupa no es el único. El goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación es incesante desde que comenzó la crisis económica. “Informamos sobre manifestaciones laborales a diario, mientras las nuestras no ocupan ni una línea en ningún periódico”. Por ese motivo, la organización profesional cree que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una “campaña de vigilancia” para “evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces”.

“Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas -continúa el CPPA-; hablamos de empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios”. En 2017, la Consejería de Presidencia de la Junta Andalucía ha adjudicado dos contratos para “Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio y televisión, así como ejecución de los planes de medios para las acciones de comunicación” de esta Consejería, por valor de más de tres millones de euros (3.305.785,12 €) de los cuales, es probable, que parte se invierta en empresas del Grupo Joly u otras que durante este ejercicio hayan llevado a cabo despidos o reestructuraciones de plantilla. Por ello, reclama el Colegio, “las administraciones no pueden seguir indiferentes ante el despido de miles de personas” y recuerda el acuerdo del Consejo de Gobierno, de octubre de 2016, y que se resume en la “Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía“.

En esta Guía, se hace referencia expresa a criterios destinados a garantizar la estabilidad laboral en los contrataciones de las empresas adjudicatarias de ayudas, subvenciones o contratos por parte de la Junta de Andalucía, al respeto a los derechos de los trabajadores o a que las empresas con plantilla superior a los 250 empleados cuenten con plan de igualdad. En marzo de este año, se ha constituido la Comisión de Seguimiento para la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

El CPPA pondrá el asunto en conocimiento de esta Comisión para que “estén vigilantes con  estas situaciones de manera que se tomen las medidas más adecuadas y destinadas a garantizar una mayor estabilidad en el sector”  explica el Colegio de Periodistas. Al mismo tiempo, expresa su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por estos despidos y expresa su disposición a los colegiados y colegiadas para apoyarles en cuanto precisen.

La Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar también se ha pronunciado en apoyo de los trabajadores afectados en el territorio, a  través de un comunicado.

La consejera de Educación confirma que los periodistas docentes podrán seguir dando clases de Lenguas en Andalucía

Tal y como se comprometieron con la decana del Colegio, Eva B. Navarrete, la Consejera de Educación, Adelaida de la Calle ha confirmado de manera tajante en la Comisión de Educación del pasado 17 de mayo que “los profesionales que vienen ejerciendo en Andalucía desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor de la normativa estatal seguirán haciéndolo porque están amparados jurídicamente”, en referencia a los periodistas que imparten clase de Lenguas en centros concertados y privados de Andalucía. Así de contundente respondió la consejera a la pregunta que le formuló la portavoz y parlamentaria Marta Escrivá sobre la situación de inseguridad laboral en que se encuentran estos profesionales tras la reforma de las atribuciones docentes.

El amparo jurídico en el que se basa la consejera es la Directiva 2005/36/CE que en su artículo 4 establece que “la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares”. En 2013, el propio Ministerio de Educación habilitó a una titulada en periodismo para impartir clases de Lenguas en la Unión Europea, precedente que permite a los ya trabajadores seguir ejerciendo su docencia.

De la Calle indicó, igualmente, que “siguen trabajando sin descanso para avanzar en el desbloqueo de la situación”, aseverando que va a continuar “instando al Gobierno de la nación a que rectifique esta normativa básica cuanto antes”, uniéndose a la petición en la que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace meses y que ha sido apoyado por todos los Colegios de Periodistas de España y la FAPE.

En este sentido, el Ministerio de Educación ha respondido al Colegio de Periodistas de Andalucía, que las consideraciones y el argumentario facilitado por esta institución, “serán estudiadas con detenimiento de cara a una eventual modificación del ordenamiento educativo vigente”, toda vez, se entiende, que la vigente ley de educación, la LOMCE, está en vías de reformarse nuevamente. Por su parte, el Defensor del Pueblo, concretamente la adjunta segunda Concepció Ferrer i Casals, ha indicado esta misma semana a la plataforma de periodistas afectados que no actuará por el momento ya que “recientemente se habría llegado a un acuerdo en una reunión mantenida entre el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y representantes de la Plataforma de periodistas afectados –profesores titulados en Periodismo, de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas Extranjeras en centros de enseñanza concertados y privados de Andalucía- con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a fin de dar continuidad a la actividad de estos docentes”.

Y ello, continúa el Defensor del Pueblo, “conforme al anuncio del Gobierno de la nación de modificar en breve el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio” acuerdo pendiente de su plasmación escrita, “que contempla la actuación de la Inspección Central de la Consejería de Educación, caso por caso, para la continuidad de los docentes despedidos, una vez se reciba una comunicación del Ministerio en el sentido indicado”.

El Colegio de Andalucía junto con la FAPE han solicitado también un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España, CRUE, a fin de avanzar en la solución definitiva de esta situación, dado que se da la paradoja de que las facultades continúan ofreciendo  a los periodistas el MAES, máster preceptivo para impartir docencia, con la especialidad de lenguas a los periodistas como una oportunidad de empleo que, con la actual legislación, no sería posible en centros privados y/o concertados.

Intervención de la Consejera de Educación en la Comisión. Texto en pdf y video de la comparencia.

Los periodistas afectados por los cambios normativos en Educación piden al Ministerio que no alargue su agonía

Estos profesionales dedicados a la docencia en asignaturas de lenguas y afectados ahora por la aplicación de la normativa de 2010, pasan por situaciones familiares complicadas e instan, una vez desbloqueado el proceso, a llegar a un acuerdo firme lo antes posible.

Tras la reunión celebrada hace unas semanas entre la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete, con representantes de la Consejería de Educación, la Plataforma califica de “logro” que los compañeros que trabajan en centros privados o concertados antes de septiembre de 2015 mantengan sus puestos de trabajo. “Creemos en la buena voluntad de la Consejería, pero le pedimos que redacte por escrito a todos los Inspectores de referencia que los periodistas que impartían clase hasta la entrada en vigor del Real Decreto 665/2015, podrán seguir haciéndolo sin trabas, pues muchos de estos inspectores no transmiten la tranquilidad y estabilidad que promete la Junta”. Asimismo, piden una solución inmediata para los periodistas que fueron contratados tras la entrada en vigor del RD y los que cursaron y están cursando el Máster público de Profesorado con posterioridad, y que esperan poder optar a incorporarse a centros privados y concertados como el resto de estudiantes que aprobaron la especialidad en Lengua y Literatura o están en posesión de titulación oficial de idiomas. “No entendemos por qué un profesional con la misma formación que los que fueron contratados antes de 2015 ya no es apto para desempeñar el mismo trabajo”, comentan, “exigimos un acuerdo en el parlamento para volver a las condiciones que el colectivo tenía en 1995, de forma transitoria hasta que se modifique el Real Decreto”.

Para los periodistas que han sido evaluados con informe negativo por su titulación, sin posibilidad de réplica y cumpliendo los mismo requisitos que otros compañeros, exigen compensaciones. Para aquellos que comenzaron a trabajar antes de 2015 y que cambien de centro, piden que los derechos adquiridos sean respetados, para así evitar vacíos que puedan provocar nuevos despidos.

El Consejo Escolar Estatal ya se pronunció en contra de esta discriminación y recomendó, en un dictamen elaborado en 2015, la necesidad de volver a incluir a los periodistas como profesores de lenguas y así lo recordaron también los representantes del CPPA y la Plataforma en la reunión que mantuvieron con el Ministerio en el mes de marzo.

La Plataforma agradece el apoyo incondicional del Colegio de Periodistas de Andalucía, así los Colegios Profesionales de Periodistas de Galicia, País Vasco, Cantabria, Murcia, Rioja, Castilla y León y Cataluña, las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, las Asociaciones de la Prensa Navarra y Cantabria, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y las Facultades de Comunicación de las Universidades de Sevilla y Málaga, que han ratificado su apoyo al colectivo y suscrito la carta dirigida al Ministerio instando la modificación del Real Decreto, así como a las distintas organizaciones sindicales que lo apoyan. Valoran además la voluntad de diálogo de los partidos políticos regionales y su afán por desbloquear la situación, ya que todos los partidos con representación en el Parlamento Andaluz les han mostrado su apoyo explícito.

Carta al Ministerio y reunión con la Inspección Educativa

El Colegio de Periodistas ha dirigido esta misma semana una carta al Ministro de Educación exponiendo la situación y reclamando la modificación de la normativa estatal básica de forma que se vuelva a habilitar la titulación para impartir las clases, como venía sucediendo antes del RD de 2015. El escrito ha sido respaldado por todos los Colegios Profeisonales, la FAPE y las Asociaciones de la Prensa andaluzas, junto con las facultades de Sevilla y Málaga que imparten estas titulaciones y que suscribieron la petición que se dirigió en primer lugar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por su parte, la decana del CPPA ya ha solicitado una nueva reunión con la inspectora general de Educación para abordar el desarrollo del acuerdo adoptado en la reunión mantenida con el secretario general de Educación y Formación Profesional de la Junta, Manuel Alcaide con vistas al próximo curso y para garantiza que la programación recoja con garantías la titulación en Periodismo.

El Colegio de Periodistas de Andalucía desbloquea la situación de los periodistas que imparten docencia de lengua en centros concertados de Andalucía

La decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, Eva Navarrete ha mantenido hoy una nueva reunión con el secretario general de Educación y Formación Profesional de la consejería de Educación, Manuel Alcaide, para avanzar en el desbloqueo de la situación que afecta a los periodistas, con titulación universitaria en Periodismo, que imparten clases de lengua y literatura e idioma extranjero (con la preceptiva acreditación), en centros concertados y privados en Andalucía. En dicha reunión, se ha expresado por parte de los responsables de Educación un mensaje de tranquilidad hacia todos aquellos profesionales que venían impartiendo estas asignaturas desde el año 2010 y hasta la entrada en vigor del decreto de 2015, en los niveles de ESO y Bachillerato, puesto que su actividad está amparada jurídicamente y por tanto no existen obstáculos para que continúen haciéndolo.

Cuestión distinta es la perspectiva que con la normativa básica estatal del año 2015 se plantea, pues según la interpretación de la misma, sólo quienes cuenten con una titulación universitaria de la rama de Artes y Humanidades podrían impartir estas clases. En este sentido, y a fin de garantizar también una oportunidad de empleo a los egresados que quieran desarrollar esta faceta, –realizando el MAES específico y con la correspondiente certificación de idiomas en su caso–, el Colegio de Periodistas de Andalucía junta con los demás colegios profesionales, van a dirigir una petición al Ministerio de Educación, apoyada por la propia Consejería de Educación, para que se modifique el Real Decreto que regula esta docencia, toda vez que todas las  partes coinciden en la idoneidad de esta actuación.

El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.