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Recurso por la aprobación de la oferta pública de empleo de redactor sin su categoría en el Ayuntamiento de Casares

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El Colegio de Periodistas recurre la aprobación de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Casares

En ella se adscribe un puesto de redactor / locutor a la categoría C1, correspondiente a profesionales con formación de Bachillerato

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha interpuesto recurso de reposición contra la aprobación de la oferta de empleo público (OEP) de 2021 del Ayuntamiento de Casares por considerar que resulta lesiva para los intereses de los periodistas y comunicadores audiovisuales.

En esa oferta, el Ayuntamiento de Casares adscribe un puesto de redactor/locutor a la categoría C1. Esto requiere como formación para el acceso a la plaza el título de bachiller o técnico.

Las funciones a realizar en una plaza de redactor deben ser realizadas por un titulado superior en Periodismo o Comunicación Audiovisual. En tanto que “es la formación específica que va a desarrollar el servicio con mayor calidad, principio que debe defender la Administración en su actuación ante el ciudadano; de otra forma, se estaría avalando el intrusismo profesional”, recuerda el recurso. Como titulados universitarios, correspondería a esas plazas una categoría A1 o A2.

El Colegio también se muestra dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento de Casares. Con el fin de tratar de mejorar en lo posible la oferta de empleo público presentada. Así anima a esta institución a suscribir el Compromiso Público por el Empleo y la profesión periodística.

Compromiso por el empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística. Fue respaldado por los principales sindicatos de Andalucía, así como por el resto de las organizaciones profesionales nacionales y autonómicas. Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de autoorganización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar:

  • que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes;
  • que para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación;
  • contribuir también en el marco de sus competencias a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.

La Consejería de Empleo vuelve a dejar fuera de sus ayudas a los periodistas y al sector de la comunicación

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Las nuevas ayudas de 1.000 euros solo se dirigen a trabajadores autónomos de los sectores de la hostelería, pequeño comercio, servicios de peluquería de señora y caballero, transporte por taxi y feriantes para el mantenimiento de su actividad como consecuencia de la situación ocasionada por el Covid-19

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía ayudas para el sector de la comunicación y los periodistas autónomos ante el endurecimiento de la precariedad y las condiciones de trabajo a causa de la crisis sanitaria por COVID19. 

El periodista autónomo y el trabajador por cuenta ajena

El CPPA recuerda que ya reclamó durante la primera fase del estado de alarma que se recogieran las actividades profesionales del sector periodístico. En este sentido, tanto los periodistas que trabajan como autónomos, como los que trabajan para medios de comunicación. Y los que también trabajan para empresas del sector audiovisual y de la comunicación, entre las beneficiarias de la ayudas diseñadas por la Consejería de Empleo para paliar los efectos de la crisis. 

Sin embargo, por segunda vez, en esta nueva línea de ayudas que acaba de publicar la Junta en su página web (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/medidas-covid19/pymes-autonomos/paginas/ayudas-1000euros-autonomos.html) no quedan recogidos estos profesionales ni las actividades que desempeñan. 

Nuevamente el CPPA reitera su demanda y que la administración autonómica atienda la dificilísima situación de estos profesionales y vuelve a poner de manifiesto la necesidad de contar con un epígrafe específico del IAE, adecuado a la actividad que realizan los periodistas, para que las administraciones identifiquen claramente al sector y por tanto lo incluyan entre sus planes y programas. Insiste el Colegio que aún siendo el periodismo una actividad esencial durante la crisis sanitaria, no se ha previsto ninguna forma de establecer ayudas directas a este colectivo.

Epígrafe propio en el IAE

La falta de epígrafe propio es una denuncia histórica de nuestro colectivo. De hecho, esta nula identidad entre la actividad profesional del periodista, en cualquiera de sus facetas de comunicación (periodista freelance para medios, asesoramiento de comunicación,…), y su encaje en el IAE, tiene consecuencias directas sobre quienes ejercen como trabajadores autónomos o por cuenta propia en este sector; consecuencias negativas que alcanzan a un amplísimo número de profesionales que desarrollan su trabajo en esta modalidad laboral y que en 2019, según el Informe de la Profesión Periodística editado por la APM, suponían al menos  el 50% de quienes se dedicaron al periodismo o la comunicación en España; y estos datos son posiblemente extrapolables a Andalucía o incluso superiores.

Caída publicitaria y económica, efecto sobre el periodista autónomo y asalariado

Estas dificultades se han visto acrecentadas durante la pandemia, al afectar al sector de forma drástica la caída de la actividad económica en general y publicitaria en particular, con sus inevitables efectos sobre el empleo, con despidos y ERTEs en los medios que han aumentado la precariedad laboral ya existente. Y así se puso de manifiesto en la Asamblea General del Colegio celebrada este sábado. Por ejemplo, un medio digital local no puede sostenerse si no hay publicidad de sus anunciantes habituales, que suelen ser negocios locales que, ante la paralización económica, se ven obligados a retirar sus anuncios y esto repercute directamente sobre el empleo de los periodistas que sostienen el medio.

Lo que no está definido no es objeto de atención. Lo que se ha reconocido como un servicio esencial para la ciudadanía en tiempos de pandemia ni siquiera se reconoce como una actividad profesional por parte de las administraciones y no se protege. De ahí que nuevamente, solicitemos esa definición y asignación de epígrafe propio en el IAE y a la Consejería de Empleo, que atienda la petición del Colegio de contemplar como posibles beneficiarios a los periodistas autónomos.

La Asamblea del CPPA lanza una campaña contra la vulneración de los derechos de autor de los periodistas

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El Colegio de Periodistas reclama a los gobiernos central y autonómico medidas de apoyo para profesionales autónomos

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) expresa su preocupación por la situación de “desamparo” en que están quedando los profesionales autónomos del sector periodístico en Andalucía, cuyas solicitudes de ayudas están siendo rechazadas por no existir criterios únicos y claros en el desarrollo de la actividad profesional, indica la organización colegial. Con ese motivo, el colectivo profesional ha remitido sendos escritos dirigidos a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, en los que solicita iniciar las gestiones para incorporar la actividad periodística entre las actividades profesionales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), así como establecer medidas para garantizar que quienes ejercen de forma autónoma en el sector no quedan excluidos de las ayudas que se establezcan. 

Esta petición tiene que ver con el ‘Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)’ aprobado por la Junta de Andalucía. Aún siendo el periodismo una actividad esencial durante la crisis sanitaria, el mismo no prevé ninguna forma de establecer ayudas destinadas a profesionales periodistas que trabajan de forma autónoma, debido a, entre otras cosas, que la actividad periodística no aparece recogida en el catálogo de actividades del CNAE. 

El CPPA explica que cuando un periodista se da de alta como autónomo para realizar su trabajo, lo habitual es que se les incluya en otros epígrafes, sin que existan criterios únicos para decidir en cuál, siempre y cuando sea una actividad sujeta al 21 por ciento de IVA. Normalmente, en los grupos J, M, P, R y S sin que ninguna de las actividades incluidas en estos se ajuste exactamente a la profesión periodística en ninguna de sus manifestaciones. 

La ausencia de epígrafe propio es una denuncia histórica de nuestro colectivo. Una profesión que desarrolla una actividad esencial, tal y como ha quedado demostrado en esta crisis sanitaria, pero que sin embargo, no existe desde el punto de vista de la administración tributaria. Una discriminación en toda regla cuyas consecuencias se han hecho evidentes en circunstancias como ésta, en que las personas periodistas que trabajan de forma autónoma están quedando excluidas de las ayudas. Por no mencionar los agravios comparativos entre profesionales que ejercen la misma labor, pero que están sujetos a obligaciones tributarias diferentes según el epígrafe en el que han sido dados de alta de forma, prácticamente, arbitraria. 

El mismo día del anuncio de la convocatoria de ayudas de la Junta, el CPPA advirtió de esta circunstancia y de que el colectivo de profesionales de la información había sido excluido. Al tiempo, inició gestiones en la Consejería de Empleo. Éstas fueron recibidas de buen grado hasta el punto que desde la consejería precisaron que se valoraría la solicitud junto con las de otros colectivos, según se transmitió a la propia Decana, Eva Navarrete. 

Sin embargo, al CPPA está llegando información de que se están denegando las solicitudes de subvención realizadas por nuestro colectivo, sobre la base, justamente, de que no se ajustan a las actividades subvencionables. 

Por todo lo expuesto, el colectivo profesional solicita al Ministerio iniciar las gestiones para incorporar la actividad periodística en cualquiera de sus manifestaciones: “periodismo”, “información”, “comunicación periodística”, “redacción de contenidos periodísticos”, “producción de contenidos periodísticos”… entre las actividades profesionales de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Para el Colegio de Periodistas es una cuestión cuya resolución tiene que ver con mera voluntad política. Es más, recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó en público en abril del año pasado su compromiso de atender a esta demanda y crear un epígrafe propio para la actividad periodística.

Mientra tanto, solicita a ambas administraciones (Gobierno Central y Junta de Andalucía) que se establezcan medidas o se unifiquen criterios para garantizar que los autónomos del sector profesional de la información no queden excluidos de las ayudas que se establezcan por la ausencia de CNAE propio.

Además, solicita información sobre el conjunto de ayudas activadas por ambas administraciones y de las que podrían beneficiarse autónomos periodistas y, por último, al tiempo que reclamar que se “activen ayudas específicas destinadas al sector de los medios de información, al objeto de contrarrestar los efectos en el empleo provocados por la crisis sanitaria».

El Colegio de Periodistas solicita la anulación de las bases de una convocatoria en Sanlúcar de Barrameda

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El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha solicitado la anulación de las bases para la provisión de un puesto de Periodista en la empresa TDTL Costa Noroeste, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) . En opinión de la organización profesional, el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz con fecha 17 de diciembre de 2019 no responde a los intereses del colectivo de periodistas, cuya representación ostenta el CPPA. 

El CPPA ha tenido conocimiento de esta convocatoria a través de la Asociación de la Prensa de Cádiz y tras analizar con detenimiento su contenido ha decidido presentar recurso de reposición contra las bases. Considera que las funciones que se describen en la convocatoria no son las propias de la categoría profesional de periodista, sino que se corresponden a varios perfiles laborales. No está de acuerdo el Colegio con que la “polivalencia propia de los medios locales”, según recoge la convocatoria, sea característica de la función del periodista. Más bien, considera, es propia de la precariedad laboral que asola a la profesión y de la que los medios de titularidad pública (como es el caso) deben huir. El Colegio quiere asegurarse de que la persona seleccionada no acabará asumiendo más responsabilidades de las que su puesto requiere y que no acabará realizando el trabajo de varias personas por el salario de una. 

Además, en su solicitud, el colectivo solicita la incorporación de la titulación de Comunicación Audiovisual entre los requisitos exigidos, así como la mejora de la publicidad de las bases. 

El Colegio considera que es una buena noticia que se oferten plazas de periodistas, al amparo de la Ley Audiovisual de Andalucía, aunque cree que su función es velar por que esas convocatorias se ajusten a los intereses profesionales y a la función de servicio público que realizan. Por ello, ofrece su disponibilidad a la empresa y al Ayuntamiento de Sanlúcar para el asesoramiento en la redacción de unas nuevas bases acordes con los intereses del colectivo al que representan. Disponibilidad que hace extensiva a todas las administraciones, a fin de que puedan ir dotándose de profesionales con la debida titulación tanto en los gabinetes de prensa como en las emisoras de radio televisión públicas de toda la provincia. 

Con ese objetivo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía presentará una demanda al Consejo Audiovisual de Andalucía para que investigue hasta qué punto las emisoras de radio y televisión pública de la provincia están cumpliendo los preceptos de la Ley Audiovisual de Andalucía. Entre estos, la ley exige que el tratamiento de los servicios informativos sea llevado a cabo por profesionales de la información y prohíbe que la producción y edición sean externas. Estos puntos no se cumplen en la mayoría de las emisoras locales de la provincia, tal y como ha estado haciendo ver el Colegio en sus escritos remitidos a los ayuntamientos con emisoras de radio y televisión municipal. Transcurrido más de un año de la entrada en vigor de la Ley, el Colegio considera que ha habido tiempo de sobra para realizar las gestiones oportunas que llevan al cumplimiento de la Ley. Una vez más, el Colegio de Periodistas se pone a disposición de todas las administraciones implicadas para colaborar en lo posible.