Los periodistas de Cádiz han mostrado su preocupación por el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz, con fecha del 13 de septiembre pasado, en el que dictamina el sobreseimiento y archivo de la causa contra el alcalde de la ciudad por sus declaraciones sobre el caso Loreto. Fue una denuncia del PP local porque desde la actual corporación se vertieron contra antiguos regidores de la ciudad graves acusaciones.

La señora jueza dictamina que no hay ni injurias ni calumnias y pone por delante algo sobradamente utilizado ya desde el ámbito judicial, como es la supremacía del derecho a la libertad de expresión y el hecho de que las partes son componentes de estructuras políticas sometidas a la crítica en mucho mayor grado que lo debe ser cualquier otro ciudadano. Argumentos indiscutibles.

Lo que llama la atención es que la jueza alude también a la “mala calidad” de la información periodística para justificar el tira y afloja entre PP y Podemos en su batalla política. No soy nada corporativista, pero me preocupa esta deriva, porque, como dicen mis compañeros de Cádiz, si ha habido actitudes fuera de lugar por parte de algún medio o algún periodista, las partes o la propia jueza deberían haber actuado en consecuencia y presentar la oportuna denuncia o abrir diligencias o, en su caso, haber llamado a algún periodista como testigo… todo es posible. Nada de esto se hizo, pero se utiliza como un argumento más para sustentar las tesis de la señora jueza. La prensa y los periodistas quedamos indefensos.

“La cuestión — dice — debe ser enlazada con la diligencia periodística exigible en la elaboración y publicación de informaciones lesivas para el honor o la reputación de los protagonistas de la noticia, la cual es especialmente delicada por la imposibilidad de establecer un canon o estándar abstracto o un catálogo de buenas prácticas ineludibles, en una materia forzosamente abocada al causismo por la gran variedad y plasticidad de las situaciones de hecho que se plantean y por las peculiaridades del sector profesional de que se trata, sujeto a múltiples y diversos factores condicionantes, como la premura de tiempo ante el cierre fatal de la edición en los medios tradicionales, el afán por la exclusiva o la primicia en un marco competitivo, la mayor o menos trascendencia de la información y complejidad técnica de la materia objeto de la misma, la inevitable subjetividad de la confianza depositaba en las fuentes, los posibles intentos de manipular u obstaculizar la información por portadores de intereses contrapuestos, el sesgo u orientación política del medio y muchos otros y como se puede tergiversar los hechos a efectos de conseguir un titular impactante que permita un incremento de las ventas”.

El texto, sin duda, revela la aceptación vía imposición social de que los medios son así y que de ellos se puede esperar poco en estos temas políticos. Ya digo que no es que no esté de acuerdo con algunas cosas que dice la señora jueza, pero elevarlo a la categoría de argumento en un auto nos pone a los periodistas a los pies de los caballos. Es como si, a partir de ahora, la dilación y lentitud angustiosa del sistema judicial español tuviera que aceptarse como normal y, de esta manera, el menoscabo de derechos a ciudadanos producidos por esta circunstancia se viera como inevitable e inamovible.

Señora jueza, yo creo en los poderes del Estado y en su división. Trabajemos porque el sistema judicial cambie y no tengamos que soportar su grave situación e igualmente ayúdenos usted a mejor el sistema informativo, porque tanto la Justicia como la Libertad de Expresión son bienes innegociables para la libertad de los ciudadanos y si acabamos aceptando las cosas como inevitables lo segundo es que la Democracia se está muriendo. A su disposición, señora jueza.

Antonio Manfredi

Periodista y miembro de la Junta de la Demarcación territorial del CPPA en Sevilla