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Todos los Colegios de Periodistas de España respaldan el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística presentado por el Colegio de Periodistas de Andalucía

Esta iniciativa persigue que las administraciones locales, provinciales y autonómicas contraten a titulados en Periodismo y Comunicación Audiovisual para la gestión de la comunicación y creen puestos específicos para la realización de estas funciones.

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado este sábado 4 de marzo en Sevilla, el acuerdo Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, una iniciativa que pretende comprometer con el periodismo a todas las administraciones, en todos los territorios y en los distintos niveles de organización, tanto local como provincial y autonómico, dando ejemplo al resto de la sociedad.

La decana del Colegio andaluz, Eva Navarrete, junto con el vicedecano del Colegio de Cataluña, Marc Vidal, y la decana del Colegio de Asturias, Lucía Fraga, –estos últimos como representantes del Colegio más antiguo y más joven, respectivamente–, han destacado en sus intervenciones cómo “desde hace décadas, las universidades españolas imparten las titulaciones que confieren la formación necesaria para el desempeño de las funciones propias del periodismo y la comunicación audiovisual” y por tanto “estas titulaciones han de ser reconocidas y exigidas por las administraciones para la ocupación de puestos específicos para estos perfiles profesionales”. De ahí y de la preocupación por el empleo y su precarización en el sector nace este Compromiso que han respaldado y asumido todos los Colegios profesionales de periodistas de España. La decana señaló en su intervención que “resulta imposible ofrecer datos acerca de cuántos periodistas están trabajando en el sector público, ya que en la mayoría de las administraciones públicas no existen, salvo contadas excepciones, puestos específicos para estos perfiles profesionales y, cuando existen, suelen ser ocupados por personal de confianza y no se requiere titulación específica para realizar funciones”.

De izquierda a derecha, Lucía Fraga, Eva Navarrete y Marc Vidal durante la presentación del Compromiso,

De izquierda a derecha, Lucía Fraga, Eva Navarrete y Marc Vidal durante la presentación del Compromiso.

Igualmente, Navarrete destacó el papel que deben jugar los periodistas y profesionales del sector de la comunicación en el desarrollo de la ley de transparencia y aprovechó para “sugerir a nuestros gobernantes que valoren la posibilidad de incorporar a los distintos consejos autonómicos de transparencia una representación del sector del información y la comunicación” dado el papel que el periodismo juega en el desarrollo de la democracia.

El documento pretende no solo que las administraciones tomen conciencia del papel fundamental que juegan los profesionales de la comunicación en el Gobierno de la cosa pública sino también que se comprometan a dar los siguientes pasos:

  • creación y dotación de puestos de estructura claramente definidos para el desarrollo de las funciones propias del periodismo en el ámbito de la comunicación social e institucional;
  • que para realizar estas funciones sea criterio de selección y acceso al puesto estar en posesión del título universitario correspondiente en periodismo, comunicación audiovisual o equivalente;
  • que las administraciones apliquen los mismos principios en la contratación a terceros de estos servicios cuando se opte por la externalización de estas actividades.

Esta presentación se ha enmarcado dentro del primer Encuentro de Colegios Profesionales de Periodistas de España que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla con la intención de que, a partir de esta presentación y a través de las demarcaciones del Colegio en Andalucía y los distintos Colegios Profesionales y Asociaciones de la Prensa que hasta el momento lo han respaldado, se trabaje en cada territorio para que los objetivos propuestos se traduzcan en hechos: “Empezaremos por las administraciones públicas para después continuar con las empresas privadas de comunicación. Sólo en Andalucía, anualmente salen de las facultades de comunicación más de 500 egresados de Periodismo y Comunicación Audiovisual y debemos favorecer su integración en el mercado laboral, evitando que no haya más intrusismo en un sector tan castigado como el nuestro”.

Foto tras la presentación con los representantes de las entidades que ya han respaldado el compromiso

Foto tras la presentación con los representantes de las entidades que ya han respaldado el compromiso

Este acuerdo cuenta ya con el respaldo oficial de todos los colegios profesionales de periodistas como son Asturias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, País Vasco y La Rioja así como asociaciones de la prensa de Cantabria y Navarra, ambos territorios que están en vías de creación de su colegio profesional. Igualmente, han mostrado su apoyo y respaldo a esta iniciativa las organizaciones sindicales CCOO Andalucía, UGT Andalucía,  CSI-F, el SPA y UITA; la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE y las Asociaciones de la Prensa  de Huelva, Cádiz, Jerez, Campo de Gibraltar, Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y La Rioja; junto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y los centros universitarios EUSA, Loyola y CEADE.

Descarga el texto íntegro del Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística.

El Colegio de Periodistas considera desafortunada e inoportuna la Medalla de Andalucía para Antonio Caño

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) quiere manifestar su contrariedad por la concesión de una de las trece Medallas de Andalucía al periodista jiennense Antonio Caño por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El CPPA entiende que se trata de una decisión desafortunada e inoportuna. Sin entrar a valorar, ni poner en duda los méritos y valía profesional del actual director de El País en su carrera periodística, siempre sometidos a diferentes opiniones y puntos de vista, lo que está fuera de discusión es que Antonio Caño ha sido una de las cabezas visibles de una empresa que ha desmantelado hace apenas dos años la edición regional de su periódico. Por ello, parece a todas luces inapropiado que se premie a quien ha eliminado su aportación más diferenciada a la Comunidad Autónoma.

El Colegio Profesional no hace más que  hacerse eco del descontento que han manifestado muchos de sus miembros y otros colegas de profesión ante una decisión que no está suficientemente justificada. Para muchos de ellos esta medalla en la actual situación de precariedad es una manera de respaldar una política empresarial de cierres, despidos y recortes.

La cabecera de El País es historia del periodismo a nivel nacional e internacional y su contribución le ha convertido en un referente innegable para quienes lo ejercemos. Precisamente por ello, esta Medalla, en la coyuntura actual, y particularmente tras llevar al paro en 2015 en Andalucía a gran parte de su plantilla, llega en un momento inoportuno y avala una política, desgraciadamente generalizada en los Medios, de despidos y recortes.

El CPPA es consciente de que las empresas de comunicación han de mirar por su propio beneficio y no es tan ingenuo como para pensar que el periodismo de calidad va a primar en las decisiones empresariales por encima del rendimiento económico. Pero defendemos que la apuesta por contar con profesionales sobre el terreno termina siendo rentable además de reportar un beneficio social. Concesiones como ésta por parte de administraciones públicas contradicen nuestras tesis y perjudican a uno de los colectivos que, no olvidemos, ha sido de los que más empleo ha visto destruido en los últimos años.

Con anterioridad, desde el CPPA ya hemos advertido de las nefastas consecuencias que acarrea la deslocalización a la hora de informar. En este sentido compartimos y hacemos nuestras las palabras de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la entrega de los Premios Andalucía de Periodismo el pasado mes de diciembre, que abogaba porque “lo que pase en esta tierra se cuente desde aquí”. Una afirmación poco congruente con lo que representa esta concesión.

Arranca la campaña del Compromiso público por el empleo y la profesión periodística del Colegio de Periodistas de Andalucía

El pasado 19 de noviembre, la Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó por unanimidad el Acuerdo de Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística así como la campaña a desarrollar por los órganos de gobierno del Colegio para su promoción, con el objetivo de que este documento sea asumido por las distintas administraciones públicas.

La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha trasladado a todos los colegiados que con esta iniciativa «pretendemos animar a las administraciones, en todas las provincias andaluzas y en todos los niveles de organización tanto local como provincial y autonómico, a asumir este compromiso con el periodismo dando ejemplo al resto de la sociedad». Además, el Colegio quiere con ello poner en valor la figura del periodista y que se tome conciencia de la necesidad de contar con estos perfiles en el ámbito de las administraciones públicas para desarrollar tareas fundamentales para las relaciones entre la ciudadanía y la administración, especialmente en el marco de la ley de transparencia.

Compromiso público por el empleo y la profesión periodística

Las claves del compromiso

La iniciativa tiene como objetivo no sólo que las administraciones tomen conciencia del papel fundamental que juegan los profesionales de la comunicación en el gobierno de la cosa pública tal y como se recoge en el espíritu del documento, sino que se den los pasos necesarios para:

  • Creación y dotación de puestos de estructura claramente definidos para el desarrollo de las funciones propias del periodismo en el ámbito de la comunicación social e institucional;
  • que para realizar estas funciones sea criterio de selección y acceso al puesto estar en posesión del título universitario correspondiente en periodismo, comunicación audiovisual o equivalente;
  • que las administraciones apliquen los mismos principios en la contratación a terceros de estos servicios cuando se opte por la externalización de estas actividades.

Descarga aquí el texto íntegro del documento.

Editorial: Matar al mensajero

Diciembre es un mes propicio para valorar el año que está a punto de terminar, y empezar a realizar nuestros propósitos de enmienda. Pues en este mes de reflexión, de sentimientos, y de despedida de un 2016 terrible por muchos motivos para nuestra profesión, lamentablemente resulta imprescindible recordar que el desarrollo del periodismo se sustenta en el artículo 20 de la Constitución Española, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y que por tanto, el periodismo es una herramienta que garantiza la democracia, y que sustenta una sociedad libre, desarrollada, y de valores.

Tristemente, todavía en el siglo XXI asistimos atónitos a la puesta en cuestión de una conquista social tan importante, pilar de nuestro Estado de Derecho, por parte de quienes quieren convertir ese Derecho a la Información en ‘pena de telediario’.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha sido contundente al respecto, señalando que “los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto con otros derechos individuales, como el derecho al honor, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la primera cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general”.

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid, se ha recordado acertadamente que “como subraya el Código Europeo de Ética Periodística, las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública”.

Matar al mensajero no es el camino. Tampoco lo es prohibir el uso de teleobjetivos en la Cámara Alta, ni la tristemente conocida como ‘Ley Mordaza’, ni amenazar con la inclusión de nuevas restricciones en la Ley de Protección del Derecho al Honor, ni las ruedas de prensa tras la barrera del plasma. Tampoco dice mucho del talante democrático de quien lo practica el demonizar a los periodistas, insultarlos en su dignidad en el desarrollo de su profesión, vejarlos en un afán por denostar una profesión a la que a veces quieren enterrar bajo otro de los grandes males con que nos vemos obligados a convivir, como es el mal llamado ‘periodismo ciudadano’. Con ejemplos tan graves como los acaecidos la semana pasada durante un Pleno municipal del Ayuntamiento de Albox, cuando una compañera ha sido expulsada del mismo escoltada por la policía municipal, y así lo hemos denunciado públicamente.

Vaya por delante que una de las principales funciones del Colegio de Periodistas de Andalucía sea la defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, buscando el mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales. No podría ser de otra forma.

Huelga decir que como periodistas siempre debemos partir de la autocrítica, siempre.

Pero nunca olvidemos que tenemos la obligación de defender nuestra profesión con la cabeza alta; con la responsabilidad de debernos a la información al ciudadano; con la exigencia de la denuncia justa y la información transparente que requiere la supervivencia de un estado democrático.
Y por supuesto, con la conciencia tranquila.

Sonia Herrera

Miembro de la Demarcación de Jerez del CPPA

El Colegio de Periodistas de Andalucía se suma a la defensa de unas prácticas dignas para estudiantes de Periodismo

Con el objetivo de promover la modificación del Real decreto 592/2014, de 11 de julio regulador de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las entidades que defienden a la profesión periodística y a quienes la ejercen o quieren ejercerla, –FAPE, Colegios de Periodistas y otras entidades– han creado una Plataforma para exigir unas prácticas dignas para quienes cursan estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en nuestro país. Las claves del documento aprobado el pasado 1 de diciembre se centran en que no se puedan ofertar prácticas sin ayuda económica, que los estudiantes no ocupen puestos estructurales en las empresas,  –lo que supone no realizar el trabajo que lleva a cabo  un profesional contratado–, que se garantice el cumplimiento correcto de las tutorías y que se asuma por las entidades que acogen alumnos en prácticas la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas.

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Los miembros de la plataforma realizarán gestiones ante el Gobierno y los grupos parlamentarios, con el fin de que promuevan las iniciativas necesarias encaminadas a la reforma de la actual legislación, en base al documento elaborado para justificar esta iniciativa y en el que se recogen los principales aspectos de la realidad que les ha llevado a adoptar esta medida, quienes son sus impulsores, –incluido el colectivo de estudiantes representado por Eduardo Robaina, de la Universidad Complutense de Madrid, promotor de la campaña en Internet contra las prácticas gratuitas— y los criterios a tener en cuenta en las posibles modificaciones de la normativa:  las prácticas no podrán exceder de cuatro horas diarias durante cuatro meses, excluyendo las noches, días festivos y fines de semana, salvo excepciones justificadas; los estudiantes en prácticas no superarán el 10% de la plantilla de cada sección o departamento -las empresas de menos de 10 trabajadores solo podrán tener a una persona en prácticas- y rotarán al menos por dos secciones o departamentos; el cumplimiento correcto de las tutorías; la regulación mediante convenio colectivo de las prácticas y prohibir que las universidades, empresas, instituciones o entidades oferten prácticas sin ninguna ayuda económica así como el encadenamiento de períodos de prácticas en una misma empresa.

La perspectiva europea

Como afirma el Consejo en la citada Recomendación, la crisis ha afectado especialmente a la población juvenil y de ahí que el recurso a las prácticas externas como vía para acceder al mercado de trabajo haya sido recurrente en muchos sectores de actividad. En el ámbito del periodismo y la comunicación audiovisual además, se ha convertido en fórmula habitual para cubrir puestos de estructura, obviando los criterios básicos que deben regular estas formas de aprendizaje complementarias a los estudios universitarios. Igualmente, el proyecto estrella de la Comisión Europea para paliar el desempleo entre la población más joven, la Garantía Juvenil, prevé como vía adecuada el ofrecer un período de prácticas, de cuatro meses de duración, para estudiantes que hayan finalizado sus estudios y se encuentren en desempleo.

En su pronunciamiento, el Consejo destaca además que «estudios y encuestas han revelado que un porcentaje importante de los períodos de prácticas presenta problemas de calidad, especialmente si no existe una institución de enseñanza o formación que se responsabilice directamente del contenido didáctico y de las condiciones laborales que ofrece» y proponen como premisa básica la necesidad de celebrar un convenio de prácticas por escrito, que incluya objetivos didácticos, condiciones laborales adecuadas, derechos y obligaciones y duración razonable de las prácticas.

Desde el CPPA hemos entendido que esta Recomendación es clave, –de ahí que haya propuesto su inclusión en el documento– y debe ser asumida por todas las partes implicadas en el diseño de los modelos de prácticas pues resume los principios básicos que han de regir estas fórmulas de aprendizaje e inmersión en el mundo laboral. Más aún cuando, según se recoge en la página de la Comisión Europea sobre el cumplimiento pro parte de los distintos países de las reglas sobre los programas de prácticas y aprendizaje, España debe aún mejorar su legislación para adaptarse a las recomendaciones del Consejo.

Documento elaborado por la plataforma.

Recomendación de Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas.

Informe de la Comisión sobre la implementación en España de la Recomendación del Consejo sobre prácticas y aprendizaje (en inglés).

Documento del Consejo de la Juventud de España sobre el Marco Europeo de Calidad para los Períodos de Prácticas.

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