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Arranca la campaña del Compromiso público por el empleo y la profesión periodística del Colegio de Periodistas de Andalucía

El pasado 19 de noviembre, la Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó por unanimidad el Acuerdo de Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística así como la campaña a desarrollar por los órganos de gobierno del Colegio para su promoción, con el objetivo de que este documento sea asumido por las distintas administraciones públicas.

La decana del Colegio, Eva Navarrete, ha trasladado a todos los colegiados que con esta iniciativa «pretendemos animar a las administraciones, en todas las provincias andaluzas y en todos los niveles de organización tanto local como provincial y autonómico, a asumir este compromiso con el periodismo dando ejemplo al resto de la sociedad». Además, el Colegio quiere con ello poner en valor la figura del periodista y que se tome conciencia de la necesidad de contar con estos perfiles en el ámbito de las administraciones públicas para desarrollar tareas fundamentales para las relaciones entre la ciudadanía y la administración, especialmente en el marco de la ley de transparencia.

Compromiso público por el empleo y la profesión periodística

Las claves del compromiso

La iniciativa tiene como objetivo no sólo que las administraciones tomen conciencia del papel fundamental que juegan los profesionales de la comunicación en el gobierno de la cosa pública tal y como se recoge en el espíritu del documento, sino que se den los pasos necesarios para:

  • Creación y dotación de puestos de estructura claramente definidos para el desarrollo de las funciones propias del periodismo en el ámbito de la comunicación social e institucional;
  • que para realizar estas funciones sea criterio de selección y acceso al puesto estar en posesión del título universitario correspondiente en periodismo, comunicación audiovisual o equivalente;
  • que las administraciones apliquen los mismos principios en la contratación a terceros de estos servicios cuando se opte por la externalización de estas actividades.

Descarga aquí el texto íntegro del documento.

Editorial: Matar al mensajero

Diciembre es un mes propicio para valorar el año que está a punto de terminar, y empezar a realizar nuestros propósitos de enmienda. Pues en este mes de reflexión, de sentimientos, y de despedida de un 2016 terrible por muchos motivos para nuestra profesión, lamentablemente resulta imprescindible recordar que el desarrollo del periodismo se sustenta en el artículo 20 de la Constitución Española, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, y que por tanto, el periodismo es una herramienta que garantiza la democracia, y que sustenta una sociedad libre, desarrollada, y de valores.

Tristemente, todavía en el siglo XXI asistimos atónitos a la puesta en cuestión de una conquista social tan importante, pilar de nuestro Estado de Derecho, por parte de quienes quieren convertir ese Derecho a la Información en ‘pena de telediario’.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha sido contundente al respecto, señalando que “los jueces, cuando han tenido que ponderar el posible conflicto con otros derechos individuales, como el derecho al honor, se han venido pronunciando reiteradamente a favor de la primera cuando se trata de figuras de relevancia pública y asuntos de interés general”.

Desde la Asociación de la Prensa de Madrid, se ha recordado acertadamente que “como subraya el Código Europeo de Ética Periodística, las personas que tienen funciones en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida privada, salvo en los casos en que ello pueda tener incidencias sobre la vida pública”.

Matar al mensajero no es el camino. Tampoco lo es prohibir el uso de teleobjetivos en la Cámara Alta, ni la tristemente conocida como ‘Ley Mordaza’, ni amenazar con la inclusión de nuevas restricciones en la Ley de Protección del Derecho al Honor, ni las ruedas de prensa tras la barrera del plasma. Tampoco dice mucho del talante democrático de quien lo practica el demonizar a los periodistas, insultarlos en su dignidad en el desarrollo de su profesión, vejarlos en un afán por denostar una profesión a la que a veces quieren enterrar bajo otro de los grandes males con que nos vemos obligados a convivir, como es el mal llamado ‘periodismo ciudadano’. Con ejemplos tan graves como los acaecidos la semana pasada durante un Pleno municipal del Ayuntamiento de Albox, cuando una compañera ha sido expulsada del mismo escoltada por la policía municipal, y así lo hemos denunciado públicamente.

Vaya por delante que una de las principales funciones del Colegio de Periodistas de Andalucía sea la defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, buscando el mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales. No podría ser de otra forma.

Huelga decir que como periodistas siempre debemos partir de la autocrítica, siempre.

Pero nunca olvidemos que tenemos la obligación de defender nuestra profesión con la cabeza alta; con la responsabilidad de debernos a la información al ciudadano; con la exigencia de la denuncia justa y la información transparente que requiere la supervivencia de un estado democrático.
Y por supuesto, con la conciencia tranquila.

Sonia Herrera

Miembro de la Demarcación de Jerez del CPPA

El Colegio de Periodistas de Andalucía se suma a la defensa de unas prácticas dignas para estudiantes de Periodismo

Con el objetivo de promover la modificación del Real decreto 592/2014, de 11 de julio regulador de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las entidades que defienden a la profesión periodística y a quienes la ejercen o quieren ejercerla, –FAPE, Colegios de Periodistas y otras entidades– han creado una Plataforma para exigir unas prácticas dignas para quienes cursan estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual en nuestro país. Las claves del documento aprobado el pasado 1 de diciembre se centran en que no se puedan ofertar prácticas sin ayuda económica, que los estudiantes no ocupen puestos estructurales en las empresas,  –lo que supone no realizar el trabajo que lleva a cabo  un profesional contratado–, que se garantice el cumplimiento correcto de las tutorías y que se asuma por las entidades que acogen alumnos en prácticas la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los periodos de prácticas.

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Los miembros de la plataforma realizarán gestiones ante el Gobierno y los grupos parlamentarios, con el fin de que promuevan las iniciativas necesarias encaminadas a la reforma de la actual legislación, en base al documento elaborado para justificar esta iniciativa y en el que se recogen los principales aspectos de la realidad que les ha llevado a adoptar esta medida, quienes son sus impulsores, –incluido el colectivo de estudiantes representado por Eduardo Robaina, de la Universidad Complutense de Madrid, promotor de la campaña en Internet contra las prácticas gratuitas— y los criterios a tener en cuenta en las posibles modificaciones de la normativa:  las prácticas no podrán exceder de cuatro horas diarias durante cuatro meses, excluyendo las noches, días festivos y fines de semana, salvo excepciones justificadas; los estudiantes en prácticas no superarán el 10% de la plantilla de cada sección o departamento -las empresas de menos de 10 trabajadores solo podrán tener a una persona en prácticas- y rotarán al menos por dos secciones o departamentos; el cumplimiento correcto de las tutorías; la regulación mediante convenio colectivo de las prácticas y prohibir que las universidades, empresas, instituciones o entidades oferten prácticas sin ninguna ayuda económica así como el encadenamiento de períodos de prácticas en una misma empresa.

La perspectiva europea

Como afirma el Consejo en la citada Recomendación, la crisis ha afectado especialmente a la población juvenil y de ahí que el recurso a las prácticas externas como vía para acceder al mercado de trabajo haya sido recurrente en muchos sectores de actividad. En el ámbito del periodismo y la comunicación audiovisual además, se ha convertido en fórmula habitual para cubrir puestos de estructura, obviando los criterios básicos que deben regular estas formas de aprendizaje complementarias a los estudios universitarios. Igualmente, el proyecto estrella de la Comisión Europea para paliar el desempleo entre la población más joven, la Garantía Juvenil, prevé como vía adecuada el ofrecer un período de prácticas, de cuatro meses de duración, para estudiantes que hayan finalizado sus estudios y se encuentren en desempleo.

En su pronunciamiento, el Consejo destaca además que «estudios y encuestas han revelado que un porcentaje importante de los períodos de prácticas presenta problemas de calidad, especialmente si no existe una institución de enseñanza o formación que se responsabilice directamente del contenido didáctico y de las condiciones laborales que ofrece» y proponen como premisa básica la necesidad de celebrar un convenio de prácticas por escrito, que incluya objetivos didácticos, condiciones laborales adecuadas, derechos y obligaciones y duración razonable de las prácticas.

Desde el CPPA hemos entendido que esta Recomendación es clave, –de ahí que haya propuesto su inclusión en el documento– y debe ser asumida por todas las partes implicadas en el diseño de los modelos de prácticas pues resume los principios básicos que han de regir estas fórmulas de aprendizaje e inmersión en el mundo laboral. Más aún cuando, según se recoge en la página de la Comisión Europea sobre el cumplimiento pro parte de los distintos países de las reglas sobre los programas de prácticas y aprendizaje, España debe aún mejorar su legislación para adaptarse a las recomendaciones del Consejo.

Documento elaborado por la plataforma.

Recomendación de Consejo de la Unión Europea sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas.

Informe de la Comisión sobre la implementación en España de la Recomendación del Consejo sobre prácticas y aprendizaje (en inglés).

Documento del Consejo de la Juventud de España sobre el Marco Europeo de Calidad para los Períodos de Prácticas.

La comunicación, la asignatura pendiente del mundo rural

La crisis económica que ha llevado al Periodismo al cierre de medios de comunicación tradicionales, expulsión de trabajadores de las redacciones de periódicos, televisiones y radios y a una mayor precariedad laboral, también ha afectado de lleno al periodista rural.

Los que trabajamos en esta profesión acogimos con agrado la iniciativa de muchos Grupos de Desarrollo Rural cuando incorporaron, hace unos años, en sus plantillas a profesionales del periodismo y la comunicación. Se tejió una magnífica red de corresponsales rurales que abrieron tímidamente un hueco en los grandes medios a las noticias del mundo rural. Informaciones rigurosas que hablaban de innovación, emprendimiento y autenticidad alejadas de los manidos clichés y estereotipos que siempre acompañan a lo rural.

Sin embargo, el recorte de fondos europeos y el consiguiente ajuste en los presupuestos del que dispone cada Grupo ha llevado a muchos compañeros de profesión a engrosar las listas del paro. Así que los primeros en caer han sido los técnicos de comunicación y periodistas que venían difundiendo en sus vastos territorios, no sin pocas dificultades, la realidad de sus comarcas y, sobre todo, nutriendo las redacciones de historias humanas, de gente corriente.

Aparte del componente social, el gran valor del periodista rural es, sin duda, su apego al territorio y su cercanía con la gente que hace que sus informaciones sean auténticas.

El mundo rural tiene una asignatura pendiente con la comunicación pues lejos de cubrir estos puestos, muchos Grupos de Desarrollo Rural han optado por asumir con personal propio la difusión y comunicación de la entidad. A pesar de la enorme voluntad y diligencia, les falta tiempo, medios y la formación necesaria para ejercer dichas funciones.

Sin embargo no todo son malas noticias para quienes desempeñan su labor en el medio rural, sobre todo gracias a la red de redes, que se ha convertido en una herramienta imprescindible para informar, intercambiar y compartir experiencias. El periodista rural no se ha quedado al margen y las redes sociales le han abierto un nuevo escenario de posibilidades llegando a igualarlo con el periodista que trabaja en la redacción y rompiendo la desigualdad mediática que siempre ha existido en el binomio ciudad-campo.

Las bondades de estos nuevos canales online van más allá y han democratizado el acceso de la ciudadanía a la información siempre y cuando contemos con una buena conexión a internet, algo que solemos dar por asumido pero de la que carecen aún muchos núcleos de población.

Aunque ahora con las nuevas herramientas on line cualquier empresa u organismo puede convertirse en un medio de comunicación con el que es posible interactuar, son necesarios profesionales del periodismo encargados de contrastar, canalizar, ordenar y ofrecer esa información con rigurosidad y contextualizada. Una información atractiva que compita por captar la atención del lector y en esas andamos.

Bien es cierto que las redes sociales amplifican la comunicación y son un excelente recurso para aquellos territorios e instituciones que no disponen de fondos para realizar inversiones publicitarias. Su uso y su capacidad por interactuar son también importantes para acercar el mundo rural a la sociedad y a los medios de comunicación ya que el espacio que ocupan las informaciones rurales no se corresponde con la imparable actividad que desarrollan sus ciudadanos.

Los Grupos de Desarrollo Rural han comenzado a tomar conciencia de las muchas ventajas de la comunicación online. Además de la rapidez, agilidad y feed-back, las redes sociales e internet no requieren de un excesivo desembolso económico, pero sí tiempo y dedicación, cualidad ésta última que sin duda alguna posee el periodista rural.

Yolanda Aguilera Delgado

Colegiada de la Demarcación de Granada del CPPA

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El 25 de noviembre es desde hace años el día escogido por la comunidad internacional para hacer un llamamiento a toda la sociedad y a su responsabilidad en la lucha contra la violencia hacia la mujer o la violencia de género. La Organización de Naciones Unidas ha planteado una campaña que comienza hoy y finaliza el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

La ONU define esta violencia como «todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada». Por su parte, nuestro ordenamiento la define como aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

Las últimas cifras del Portal Estadístico de Violencia de Género muestran que en lo que va de año han sido ya 40 las mujeres que han perdido la vida víctimas de la violencia de género y 25 los menores que han quedado huérfanos como consecuencia de ello. Esta información y los hechos concretos que rodean las cifras es trasladada a diario a través de los medios de comunicación, en general, y los periodistas, en particular. Todos juegan un papel central en su tratamiento y en la difusión de la información que sobre esta realidad se transmite a la sociedad y de ahí que como Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía nos sumemos a las iniciativas que desde distintas organizaciones públicas y privadas, se ponen marcha en este día y a lo largo del año para combatir esta lacra social.

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha lanzado una campaña que pone el énfasis en la realidad de las mujeres periodistas y la constatación del incremento de los casos de abuso, acoso sexual u otro tipo de violencia por su condición de mujer. Según el comunicado de la FIP, «estudios recientes demuestran que al menos un 65% de las mujeres que trabajan en medios de comunicación han experimentado intimidación, amenazas o abusos en relación a su trabajo y aproximadamente un cuarto han sufrido actos de violencia física».

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, en este 2016 hemos participado en la elaboración de la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género pero, tal y como se puso de manifiesto en nuestra última Asamblea, esta medida no es suficiente. Es necesario que los responsables de los medios se impliquen e inviertan en la formación continua de los profesionales y tomen conciencia del problema de fondo, fomentando el principio de no discriminación,  desarrollando planes de igualdad en las empresas y protocolos específicos de actuación para los casos de violencia y acoso.

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